ALGO MÁS QUE UN JUEGO

EL MUNDO, Barcelona.
 EDITORIAL
El fin de las FARC es incompatible con la impunidad
Mauricio González
06/11/2016

El rechazo de los colombianos al acuerdo de paz que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y los cabecillas de las FARC fue, además de un hecho inesperado para la comunidad internacional, un triunfo político de Álvaro Uribe. Un 50,2% de los 13 millones de colombianos que acudieron a votar en la consulta del 3 de octubre rechazó los términos del plan que busca cerrar un conflicto -el más largo de Latinoamérica- que ha segado la vida de 225.000 personas y ha provocado 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados. Uribe, pese a no disponer de los medios propagandísticos al alcance del Gobierno, no dudó en liderar la campaña del no a un acuerdo que para los colombianos suponía pagar un precio demasiado elevado por la paz.
Desde entonces, el ex mandatario colombiano ha exhibido un talante conciliador que invita a proseguir con el diálogo para materializar el ocaso de la narcoguerrilla. En la entrevista exclusiva que hoy publica EL MUNDO, Uribe puntualiza con acierto que las FARC comenzaron como una guerrilla marxista-leninista y han acabado en el narcotráfico hasta ser el mayor cártel de cocaína del mundo. En todo caso, la clave que explica por qué los colombianos rehusaron el plan auspiciado por Santos es la impunidad. "Si las FARC obtienen un premio, otros verán en el narcotráfico y el terrorismo un incentivo", apostilla Uribe.
Las FARC constituyen una organización criminal responsable del secuestro de más de 11.700 niños y la violación de 6.800 mujeres a lo largo de medio siglo de actividad terrorista. Este periódico ha defendido en todo momento la necesidad de dar respuesta a la voluntad de paz de los colombianos. Pero no puede hacerse a cualquier precio. El mecanismo especial de justicia que contemplaba el pacto tumbado en el referéndum puede calificarse de excesivamente laxo para los execrables crímenes cometidos por las FARC. Es verdad que los guerrilleros se enfrentaban a penas de 20 años de cárcel. Sin embargo, quienes admitieran su responsabilidad hubieran redimido su condena con labores sociales, evitando así su ingreso en prisión. Otra concesión que siempre hemos juzgado excesiva estriba en reservar a las FARC reconvertidas en movimiento político hasta 10 escaños fijos en las dos Cámaras del Congreso hasta 2022.
Santos ha asegurado en más de una ocasión que la paz en Colombia no es compatible con una "justicia perfecta". En realidad, lo que resulta incompatible con el fin de esta guerra es la impunidad de quienes asesinaron, secuestraron, chantajearon y extorsionaron en nombre del Estado paralelo en que se han convertido las FARC.Por tanto, no basta con el perdón entonado por sus portavoces, ni tampoco escudarse en el subterfugio de que el fin de la violencia requiere concesiones que nunca serán tan perniciosas como la continuación del conflicto armado.
El presidente colombiano no tenía la obligación legal de convocar un referéndum para ratificar la hoja de ruta que rubricó con Rodrigo Londoño, Timoshenko, y el resto de jefes de las FARC. Si lo hizo es porque estaba convencido de que iba a ser refrendada, máxime después de rebajar el umbral mínimo de participación al 13% y de resumir en una simple pregunta un documento de 297 páginas. Tras el fracaso de sus planes, Bogotá debe aprovechar que las FARC han decidido respetar el alto el fuego para renegociar el acuerdo y endurecer las condiciones para los terroristas -especialmente para quienes tienen a sus espaldas delitos de sangre-, además de fijar unos requisitos severos a la hora de habilitar el acceso de las FARC a la política. La memoria de las víctimas tiene que estar muy presente a la hora de alcanzar la paz en Colombia en una nueva oportunidad que, cabe esperar, sea la definitiva.

Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/06/581e253eca47416b3d8b4621.html?cid=MNOT23801&s_kw=el_fin_de_las_farc_es_incompatible_con_la_impunidad
Ilustración: Ciertamente, no es motivo de alegría la consabida tragedia del Chapecoense, en Medellín. Sin embargo, traemos acá la ilustración por su virtuosismo e ingenio al rendir tributo al equipo de fútbol que pasó a la eternidad cerca de Medellín. Elaborada o no, con un programa informático, la creemos una estupenda pieza y homenaje que El Mundo de Barcelona rinde: http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/04/5842f0bc46163f96368b45bb.html

REDOBLE POR RANCAS

Premiación que estigmatiza
Luis Barragán

Observamos con cautela el proceso de paz en Colombia, sorprendidos – como muchos – por el resultado de la consulta democrática. Arroja luces sobre el propio proceso que experimentaremos, encaminados en Venezuela a una transición democrática que tarda, pero llegará. No obstante, no  mayor sorpresa ha sido la reciente decisión del jurado sueco.

La concesión del Nobel de la Paz para el presidente Santos, abre polémicas que van más allá de una simple circunstancia. Incluso, algunos estiman que ha debido compartirlo con las FARC y hasta, negándoselos, Uribe ha debido ser el único acreedor.

Lo cierto es que la premiación hacia la sola tentativa de paz, pretendiéndose toda una pedagogía de los distintos esfuerzos que se realizan en el mundo, no basta, porque suele olvidar complejidades y frustraciones muy marcadas que dejan atrás cualquier alborozo.  La menor diligencia, por maliciosa e ineficaz que fuese, luce nobelable.

El pueblo colombiano es firme partidario de la paz, pero tuvo el coraje de decir “así no” por obra de  las condiciones orientadas a un chantaje, como deducimos de un resultado que no fue fruto de una gigantesca y bien orquestada campaña imperial, según la lectura de los proponentes que ansían una interpretación útil para el evidente fracaso. Digamos que no siempre será digno de reconocimiento, por ejemplo, alguna deserción táctica del yihadismo que se siente a la mesa para dialogar, después del desastre ocasionado.

Parece más interesante despejar la incógnita sobre el Nobel de Literatura y, aunque no seamos lectores profesionales, lo creemos entre Amos Oz y Philip Roth, corriendo el riesgo nada peligroso del desacierto. Ahora, con el de la Paz, el peligro es el de la confusión por la consiguiente estigmatización de  los que dijeron estar de acuerdo en Colombia con el proceso, pero “así no”.

09/10/2016:

http://guayoyoenletras.net/2016/10/09/premiacion-que-estigmatiza/

http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:177536

http://class987fm.com/2016/10/11/premiacion-que-estigmatiza-escrito-por-luisbarraganj/

NEFASTO Y CONFUSO PRAGMATISMO

El confuso Santos y la respuesta de Maduro
Julio César Moreno León

Alvaro Uribe se despidió de la presidencia en 2010, acusando al gobierno venezolano de proteger a las guerrillas de las FARC. Su embajador Luis Alfonso Hoyos denunció el 22 de julio de ese año, en el Consejo Permanente de la OEA, la presencia de 1500 narco-guerrilleros en territorio fronterizo venezolano bajo el comando de Iván Márquez.
La contundente documentación satelital presentada de manera oficial por el Estado colombiano, demostró que bajo el amparo de las fuerzas de seguridad de nuestro país se refugian, se entrenan, y establecen relaciones de cooperación las FARC, ETA y otros grupos narcoterroristas internacionales. De esa manera, un costado de nuestra geografía se constituyó en santuario de bandas armadas implicadas en secuestros, tráfico de drogas y crímenes horrendos.
Propuso el representante colombiano que una comisión de embajadores acompañada por la prensa internacional, “en un plazo no mayor de 30 días”, inspeccionara la zona señalada como asiento de los campamentos y comprobara fehacientemente la existencia de éstos. El gobierno venezolano respondió tajantemente ante los comprometedores señalamientos. Desconoció las facultades de la OEA para efectuar la investigación, rompió relaciones diplomáticas con Bogotá y ordenó movilizar efectivos militares.
A pocas semanas de plantearse la delicada controversia asume la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos, quien sorpresivamente deja sin efecto la denuncia de su antecesor Alvaro Uribe, y anuncia que se convierte en el mejor amigo del gobierno chavista salvándolo de afrontar una realidad que desnudaría ante la comunidad internacional sus nexos y compromisos con las FARC, el ELN, ETA, IRA y otras organizaciones criminales.
El nuevo mandatario colombiano, torciendo el rumbo político trazado por su mentor, y a pesar de haber sido como Ministro de la Defensa el más destacado Delfín del régimen de Seguridad Democrática, deja sin efecto la denuncia y encubre de esa manera delitos que afectan no sólo a Colombia y Venezuela, sino también a otros países que han sufrido y sufren la acción del narcotráfico y de las bandas terroristas refugiadas y protegidas en nuestro territorio.
Hace cinco años y varios meses, al asumir el gobierno Juan Manuel Santos anunció una nueva política con Venezuela, que a nuestro juicio resultó una especie de salto mortal sin redes protectoras. Las consecuencias de aquella decisión apenas ahora comienzan a sentirse. En ese entonces Santos desconoció una de las más graves denuncias que en la historia de la OEA haya presentado un Estado contra otro. Con el agravante de que quien asumió esa decisión es corresponsable directo de la misma política que llevó a Uribe a tomar la trascendental iniciativa.
El mismo que había sido artífice de la llamada “Operación Fénix”, que en marzo de 2008 dio de baja en la población ecuatoriana de Sucumbío a Edgar Debia (alias Raúl Reyes), y a 22 guerrilleros más, es el que decide ignorar la naturaleza contumaz de estos enemigos de la paz y la democracia de Colombia, y en la práctica les convierte en factor beligerante con el que negocia el destino de su país. No importa, por cierto, que mientras tanto en las selvas venezolanas estos bandidos ejerzan soberanía y continúen realizando sus acciones delictuales.
La OEA, en 2010 quedó eximida por Santos en su obligación de preservar la seguridad fronteriza y la paz continental amenazada por el narco-terrorismo. Ese mismo organismo, contaminado por un entramado de pragmáticos intereses, es el que ahora niega al atribulado ocupante de la Casa de Mariño la aplicación de medidas que detengan la brutal ofensiva desatada por Nicolás Maduro contra el pueblo colombiano y su gobierno.
El cambio ocurrido en las relaciones colombo-venezolanas han servido para dejar intactas al bandidaje y a las estructuras criminales que denunció con pelos y señales Alvaro Uribe. El Presidente Santos en un nefasto y confuso pragmatismo permitió que eso ocurriera, a cambio de la supuesta cooperación y el acompañamiento de Venezuela en el llamado proceso de paz. Esta política, realizada en medio del más hermético secretismo, sacó a Chávez de la engorrosa situación en la que le había colocado su odiado contrincante Alvaro Uribe.
Ninguno de los dos gobiernos dio explicaciones a sus países o a la comunidad internacional sobre la existencia de los cuarteles terroristas de las FARC. Por el contrario y gracias a sus equivocados cálculos, el presidente colombiano regularizó con su actitud la existencia de esos campamentos que siguen violando nuestra soberanía, y continúan actuando contra la seguridad y la paz de Colombia.
En su intento de pactar y convivir con un enemigo cuyos reales objetivos son incompatibles con los regímenes democráticos, Santos resulta ahora sorprendido por una brusca y brutal ofensiva que implica, entre otras calamidades el desplazamiento forzoso de decenas de miles de sus connacionales, la destrucción de sus propiedades y la violación despiadada de sus derechos humanos.
Por obra y gracia de la tramposa dialéctica de los “mejores nuevos amigos”, es ahora Colombia el país acusado de proteger a los grupos armados irregulares, de incentivar la violencia en la frontera, de practicar el negocio de la droga y el contrabando, de la devaluación de nuestra moneda, y además, de permitir que su población marginal venga a chulearse los beneficios que con cédula y todo otorgaron las misiones del paraíso “bolivariano”.
De acuerdo con el libreto de Nicolás Maduro, los grupos armados que perturban la paz en la frontera no son ya los que desde hace más de 50 años, en nombre de la hoz y el martillo, han practicado sistemáticamente el crimen, los secuestros y el comercio de la droga. En cambio los perseguidos por la guardia y el ejército de nuestro país son en estos tiempos, los cerca de diez mil seres humanos que han sido desplazados con violencia inaudita por las autoridades venezolanas.
Descalificada la OEA, ahora quedan Santos y Colombia en manos de la mediación y la supuesta buena voluntad de los gobiernos de Ecuador, Uruguay, Brasil o Argentina. Todos ellos comprometidos deudores, y cómplices amarrados a los beneficios de la otrora abundante chequera chavista.
Ninguno de los gobiernos del continente, como tampoco las organizaciones regionales existentes (UNASUR, ALBA, CELAC, MERCOSUR), ha sido capaz de condenar la actuación represiva del gobierno de Nicolás Maduro.
Con gran prudencia, para no despertar la ira del heredero de Chávez, a lo más que se han atrevido algunos de los preocupados mandatarios latinoamericanos, es plantear una incierta mediación que, de entrada sitúa en plan de iguales a agresores y agredidos. Mediación que coloca al vecino país en una condición humillante que estimula los resentimientos y la justa indignación de los neogranadinos.

VUELTA IMPRESA POR LA UTOPÍA

¿Qué dijo Capriles?
Nicomedes Febres

* Estoy convencido que mucha gente escucha solo para refutar lo oído en base a sus prejuicios, pero nunca lo hacen para pensar. Creo que la gente tiene el derecho de expresar su opinión, pero también tiene el deber moral de retractarse cuando se equivoca. Dado los aspavientos de algunos individuos que como mariposas enloquecidas comenzaron a criticar a Capriles por presuntamente haberle dicho al cachaco Santos que no acusara al gobierno de Venezuela por la violación de los derechos humanos, eso me alarmó. Ello me motivó a oír cuidadosamente las declaraciones de Henrique por Unión Radio, las cuales oí tres veces para saber con exactitud lo que había dicho nuestro gobernador. La afirmación que hacen nuestros talibancitos de pacotilla, además de una imbecilidad, es absolutamente falso. Por un lado Capriles y Santos son amigos personales, lo que en política no obliga a uno u otro, pues ambos deben defender a sus países. Lo que dijo Capriles fue que maduro no representa a Venezuela, y no lo hace, en primer lugar, por el inmenso repudio que inspira entre la población, segundo por su ilegitimidad de origen y de gestión, tercero, porque es solo la máscara de los peores sectores del país que son los únicos que lo apoyan, además Santos está obligado a pensar en la Historia común y en el futuro de ambas naciones hermanas, que es mandante para cualquier gobernante de ambos países cuyos madres no sean cotidianamente expertas en el comercio sexual con su cuerpo. Ni Colombia ni Venezuela se van a mudar del mapa. También dijo Capriles que maduro tenía como jugada política arroparse con la bandera del patrioterismo para sacar beneficios electorales. En ningún momento le recomendó al cachaco lo que tenía que hacer. Esta reacción histérica, digna de gente simultáneamente mal intencionada y lerda, fatua e ignorante, se ve que es debida a las reacciones viscerales de gente que detrás de la computadora buscan degradar al liderazgo opositor de la MUD, pero ni suben cerro, ni ofrecen opciones creíbles más allá de la necedad, ni arriesgan las gónadas cada día como si lo hace el liderazgo opositor. La otra razón posible es que estén recibiendo por debajo de la mesa dinero proveniente de la sala situacional de Miraflores, cosa que no me interesa averiguar porque no pierdo mi tiempo con pendejos. Si fueran serios, oirían las declaraciones de Capriles y se retractarían. Si tanta rabia le tienen al liderazgo opositor, ya habrá tiempo de contarnos cuando esta tragedia que vivimos la hayamos superado.

* El libro Ida y Vuelta de la Utopía, que concluí ayer, es de lectura obligatoria para la gente que le gusta la política y la Historia. Héctor Rodríguez Bauza, su autor, fue miembro del Buró Político del Partido Comunista desde la caída de Pérez Jiménez hasta que salió de la cárcel con la pacificación. En tono ameno y coloquial, narra sus vivencias como el hombre que representaba y traía el oro de Moscú y de Pekin en los años de la lucha armada. Allí cuenta sus reuniones y discusiones con Fidel castro, las intimidades de la relación de castro con los diversos grupos en Venezuela, sus reuniones con el Ché Guevara, con el primer ministro ruso Kruschev, con el primer ministro chino Chou en Lai y con Mao Tse Tung; además con otros líderes socialistas del mundo y su progresivo desencanto del comunismo que culminó con su incorporación al MAS, al punto que lo mejor de ir a Moscú, terminaba siendo la estadía en París. De allí el título del libro: Ida y Vuelta de la Utopía. Gracias a Héctor por los elogiosos comentarios hacia el suscrito en la dedicatoria personal.

* la foto del día es la portada del libro Ida y Vuelta de la Utopía. Cómprenlo, no se arrepentirán.

Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206993619579702&set=a.2324650196458.132741.1255727869&type=1&theater

¿QUÉ PASA EN LA CASA DE AL LADO?

EL PAÍS, Caracas, 7 de Septiembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Colombia: el desafío de hacer política
La negociación entre el Gobierno y las FARC implica que se subordinen los elementos belicistas a la búsqueda de acuerdos. Pero el tema del tráfico de drogas puede hacer que sectores de la guerrilla no participen
Luis Fernando Medina

En la prensa colombiana no pasa mucho tiempo sin que alguien cite el aforismo de Clausewitz según el cual la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Pero por más que esta frase se haya vuelto el requisito ineludible para hacer gala de erudición y granjearse la atención del público se trata de una simplificación peligrosa: los medios cambian los fines, el caballo que se dejaba cabalgar comienza a arrastrar al jinete, el fiel servidor de ayer se convierte en el chantajista de hoy. Esa parece ser la lección que han aprendido tanto la clase dirigente colombiana como la guerrilla, a juzgar no solo por la decisión de dialogar sino por los mecanismos que han acordado para hacerlo.
Comencemos por el caso de las FARC. Nacida de un alzamiento campesino que el gobierno trató de sofocar con bombardeos a mediados de los 60 (¡hace ya casi 50 años!), por decenios subordinó la acción política a los imperativos militares y con esta percepción acudió a las mesas de negociación. El fallido proceso de paz de 1999-2002 es un ejemplo. La frondosa agenda de diálogo se estancó en los temas sustantivos mientras se discutían en detalle los aspectos militares (zona de despeje y canjes de prisioneros, por ejemplo). Desde el punto de vista de las FARC, su formidable aparato militar de aquel entonces era el mecanismo para colocar contra la pared al establishment y forzarlo a hacer las reformas que de otro modo no aceptaría.
El resultado: la mayor cadena de fracasos políticos y militares de las FARC en su larga historia. Por una parte, el gobierno colombiano respondió fortaleciendo su Ejército. Se suele olvidar que la Administración Pastrana, la misma que adelantó aquellos diálogos, también introdujo con apoyo norteamericano el Plan Colombia, uno de los mayores aumentos en el presupuesto militar que haya registrado el país, aun antes de la ofensiva lanzada por la Administración Uribe. Pero el daño que el militarismo le hizo a las FARC también venía de adentro. Como las armas cuestan dinero, sus frentes más rentables (es decir, aquellos más involucrados con el narcotráfico y el secuestro) adquirieron más peso relativo dentro de la organización, lo cual se traducía en peores patrones de reclutamiento y en más violencia contra la población civil: ni el secuestro ni el narcotráfico requieren de manifiestos. Es probable que las FARC no hayan aún medido la descomunal deslegitimación que se infligieron a sí mismas con tales tácticas. La máquina de guerra que se presentaba como una herramienta para la política terminó destruyendo la política.
La guerrilla aún no ha medido la descomunal deslegitimación que se infligió con el narcotráfico
Pero las élites colombianas también han visto cómo los medios terminan por cobrar vida propia. La campaña contrainsurgente que se lanzó desde mediados de los 80 con base en grupos paramilitares, fruto de la alianza non sancta entre terratenientes de zonas de conflicto, miembros del ejército y narcotraficantes, prometía acabar con la guerrilla sin necesidad de ninguna concesión. Pero, no solamente este camino no logró la derrota definitiva de las FARC, sino que también terminó por cambiar el equilibrio de poder dentro del establishment. Los numerosos congresistas con nexos con grupos paramilitares son solo la manifestación más visible de una estructura de poder político y económico en las provincias que compite con las élites tradicionales y que, ahora comienza a verse, pone en peligro sus intereses.
Políticos advenedizos que disputan viejos feudos a partir del proselitismo armado, nuevos empresarios con nexos mafiosos, conglomerados agroindustriales construidos sobre tierras apropiadas por paramilitares, minería ilegal o con licencias dudosas, son solo algunos ejemplos de este proceso mediante el cual los antiguos subordinados militares se convierten en un poder rival.
Aun dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura. El presupuesto de defensa del país ronda el 6% del PIB, suficiente para duplicar el ingreso del 20% más pobre de la población, más que el flujo neto de capitales hacia el país que, según el mismo discurso del gobierno, ha llegado atraído por las mejoras en seguridad.
El esquema de diálogo acordado por el gobierno y las FARC sugiere que ambos sectores están buscando la forma de subordinar sus elementos belicistas a los dictados del proceso político. Así lo ilustra elocuentemente el hecho de que el primer punto que se discutirá en la agenda de negociación sea el del desarrollo económico y social de las zonas rurales del país.
El conflicto por la tierra ha sido por décadas el que ha dado los ímpetus a la violencia en Colombia. En los años recientes, a la sombra de la acometida contrainsurgente, los grupos paramilitares, en connivencia con poderes económicos locales, expropiaron millones de hectáreas en una “contrarreforma agraria” que representa la mayor redistribución de tierra de la historia reciente del país. La Administración Santos ha lanzado esfuerzos aún incipientes para revertir este proceso mediante la llamada “Ley de Víctimas”. Su decisión de poner el tema agrario como el primero a discutir apunta en el mismo sentido. De continuar, este camino lleva a que las élites políticas y económicas del país, que incluyen sectores para los que la propiedad agraria ya no es tan importante como en el pasado, asuman la defensa de sus intereses en la mesa de negociaciones prescindiendo de los elementos armados que antes se presentaban como los “salvadores de la patria”. El equipo de negociadores del gobierno incluye a un dirigente gremial estrechamente ligado a los industriales colombianos mientras que los sectores latifundistas brillan por su ausencia. Además, los voceros de la derecha más recalcitrante han lanzado ya tantas y tan altisonantes críticas al proceso de paz que no es exagerado decir que se han autoexcluido del diálogo subsiguiente.
Aunque dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura
Dentro de las FARC puede darse un proceso análogo. El nuevo procedimiento prioriza los acuerdos sustantivos de manera que, si avanzan los diálogos, el aparato militar de la guerrilla deja de ser el garante de las reformas para enfrentarse a un dilema inédito: si persevera en su actuar, lejos de presionar por más concesiones lo que logrará será sabotear aquellas concesiones que ya se hayan obtenido en la mesa.
Nada de esto es garantía de éxito pero sí sirve para advertir los posibles peligros. Para que el esquema funcione es necesario que ambas partes logren conservar su unidad interna durante el proceso.
El caso de las FARC ofrece varios interrogantes. Una de las guerrillas más viejas del mundo, ha logrado mantener una férrea unidad de mando durante décadas a pesar de todas las tensiones internas y del asedio constante de las armas del Estado. Esto hace pensar que su actual liderazgo puede llevarlas en bloque hasta la desmovilización final. Pero, y la agenda de negociaciones reconoce este punto, si no se atiende con creatividad el tema del narcotráfico, sectores muy poderosos de las FARC pueden optar por salirse del proceso en una peligrosa deriva hacia la delincuencia común, repitiendo un patrón que se observó en los años 50 en Colombia.
Por su parte, el presidente Santos ha dado muestras de entender que entre sus antiguos aliados pueden surgir nuevos “enemigos agazapados de la paz”, para usar la expresión acuñada en el primer proceso de paz del año 83. Ya se ha visto cómo uno de los obstáculos a la restitución de tierras ha sido el asesinato y la intimidación de líderes campesinos. Si esto ha ocurrido sin haber negociaciones con la guerrilla, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando se vaya a implementar un nuevo acuerdo sobre propiedad rural.
A pesar de los riesgos de fracaso que todos los colombianos reconocen, hay razones para el optimismo. Cada uno a su manera, ambos bandos han salido escaldados de sus escarceos con Clausewitz. Los más eruditos de ambas partes tal vez puedan acudir a la máxima de Aristóteles que describía la política como “el arte de lo posible”. A aquellos menos dados a altos vuelos literarios tal vez les baste con repetir con Perogrullo que la mejor forma de avanzar en política es haciendo política.
(*) Luis Fernando Medina es investigador senior del CEACS-Fundación Juan March.

Ilustración: Enrique Flores.