Breve nota sobre Venezuela y Colombia
Luis Barragán
Ha sido tormentosa la relación colombo-venezolana a lo largo del presente siglo, por la naturaleza contrastante de sus gobiernos. En un constante hacer y deshacer de los vínculos diplomáticos y hasta consulares, añadida la orden de trasladar los blindados a la frontera, proferida bulliciosa y televisivamente por Chávez Frías, muy poca ha sido la quietud de Caracas de compararla con la paciencia de Bogotá.
Nuestra salida de la Comunidad Andina de Naciones, preferido Mercosur por un régimen de rumbos caprichosos, como inciertos, en el ámbito de la integración regional y subregional, promoviendo sendos aparatos o instancias de una visible y endeble vocación e interés político, dice restarle significación al entendimiento bilateral. La tal revolución bolivariana prefiere a otros vecinos en el Palacio de Nariño, no ahorra epíteto alguno en relación a sus actuales ocupantes y vocifera, acá, la atención dispensada a más de cinco millones de neogranadinos a los que también los tienta huir de la dictadura: ésta los trata como si nunca se hubiesen asimilado al país, compartiendo sentimiento e identidad.
La atención privilegiada que dispensamos, es hacia las fuerzas irregulares del vecino país. E, incluso, muy poco o ninguno ha sido el contacto de sus corporaciones castrenses, las constitucionalmente reconocidas en Venezuela y Colombia, a pesar de actuar en un común ámbito geopolítico que, sencillamente, obliga.
Podrá alegarse que no hay razones para una mínima vinculación entre ambas entidades castrenses, pues, la nuestra la prefiere con las FARC, por ejemplo, aunque haya que esperar un largo tiempo para que hipotéticamente ella asuma el poder. Olvidan que la otrora Cuba, exportadora de la insurrección continental, ya derrotada, trató de normalizar sus relaciones con los vecinos, interpretándose en una ineludible realidad geopolítica, abanicando la posibilidad de reinsertarse en la OEA, hasta que el prospecto Chávez Frías pisó el Palacio de Miraflores, macerando otras condiciones que ya no lucen tan promisorias.
La falla está en las posibilidades que ventiló el Foro de Sao Paulo para una propuesta que ya el petróleo no puede financiar y, marcando un regreso arrepentido a la razón, en los tiempos venideros implicará un vasto reacomodo de factores que, por siempre, se dijeron alternativos, así no revelasen novedad alguna, excepto en el historial autoritario que caracteriza a América Latina. El problema reside en la sustentación material, de esos factores, agotada la vía de Obredecht, abierta la puerta maldita de la globalización, no otra que la delincuencial, para el descrédito de la puerta bendita de una era que tarda en llegar definitivamente en este lado del mundo.
03/09/2018:
http://www.diariocontraste.com/2018/09/breve-nota-sobre-venezuela-y-colombia-por-luis-barragan-luisbarraganj/
Fotografía: https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/455269-colombia-refuerza-controles-frontera-venezuela-ola/
Mostrando entradas con la etiqueta FARC. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta FARC. Mostrar todas las entradas
lunes, 3 de septiembre de 2018
domingo, 4 de diciembre de 2016
ALGO MÁS QUE UN JUEGO
EL MUNDO, Barcelona.
EDITORIAL
El fin de las FARC es incompatible con la impunidad
Mauricio González
06/11/2016
El rechazo de los colombianos al acuerdo de paz que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y los cabecillas de las FARC fue, además de un hecho inesperado para la comunidad internacional, un triunfo político de Álvaro Uribe. Un 50,2% de los 13 millones de colombianos que acudieron a votar en la consulta del 3 de octubre rechazó los términos del plan que busca cerrar un conflicto -el más largo de Latinoamérica- que ha segado la vida de 225.000 personas y ha provocado 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados. Uribe, pese a no disponer de los medios propagandísticos al alcance del Gobierno, no dudó en liderar la campaña del no a un acuerdo que para los colombianos suponía pagar un precio demasiado elevado por la paz.
Desde entonces, el ex mandatario colombiano ha exhibido un talante conciliador que invita a proseguir con el diálogo para materializar el ocaso de la narcoguerrilla. En la entrevista exclusiva que hoy publica EL MUNDO, Uribe puntualiza con acierto que las FARC comenzaron como una guerrilla marxista-leninista y han acabado en el narcotráfico hasta ser el mayor cártel de cocaína del mundo. En todo caso, la clave que explica por qué los colombianos rehusaron el plan auspiciado por Santos es la impunidad. "Si las FARC obtienen un premio, otros verán en el narcotráfico y el terrorismo un incentivo", apostilla Uribe.
Las FARC constituyen una organización criminal responsable del secuestro de más de 11.700 niños y la violación de 6.800 mujeres a lo largo de medio siglo de actividad terrorista. Este periódico ha defendido en todo momento la necesidad de dar respuesta a la voluntad de paz de los colombianos. Pero no puede hacerse a cualquier precio. El mecanismo especial de justicia que contemplaba el pacto tumbado en el referéndum puede calificarse de excesivamente laxo para los execrables crímenes cometidos por las FARC. Es verdad que los guerrilleros se enfrentaban a penas de 20 años de cárcel. Sin embargo, quienes admitieran su responsabilidad hubieran redimido su condena con labores sociales, evitando así su ingreso en prisión. Otra concesión que siempre hemos juzgado excesiva estriba en reservar a las FARC reconvertidas en movimiento político hasta 10 escaños fijos en las dos Cámaras del Congreso hasta 2022.
Santos ha asegurado en más de una ocasión que la paz en Colombia no es compatible con una "justicia perfecta". En realidad, lo que resulta incompatible con el fin de esta guerra es la impunidad de quienes asesinaron, secuestraron, chantajearon y extorsionaron en nombre del Estado paralelo en que se han convertido las FARC.Por tanto, no basta con el perdón entonado por sus portavoces, ni tampoco escudarse en el subterfugio de que el fin de la violencia requiere concesiones que nunca serán tan perniciosas como la continuación del conflicto armado.
El presidente colombiano no tenía la obligación legal de convocar un referéndum para ratificar la hoja de ruta que rubricó con Rodrigo Londoño, Timoshenko, y el resto de jefes de las FARC. Si lo hizo es porque estaba convencido de que iba a ser refrendada, máxime después de rebajar el umbral mínimo de participación al 13% y de resumir en una simple pregunta un documento de 297 páginas. Tras el fracaso de sus planes, Bogotá debe aprovechar que las FARC han decidido respetar el alto el fuego para renegociar el acuerdo y endurecer las condiciones para los terroristas -especialmente para quienes tienen a sus espaldas delitos de sangre-, además de fijar unos requisitos severos a la hora de habilitar el acceso de las FARC a la política. La memoria de las víctimas tiene que estar muy presente a la hora de alcanzar la paz en Colombia en una nueva oportunidad que, cabe esperar, sea la definitiva.
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/06/581e253eca47416b3d8b4621.html?cid=MNOT23801&s_kw=el_fin_de_las_farc_es_incompatible_con_la_impunidad
Ilustración: Ciertamente, no es motivo de alegría la consabida tragedia del Chapecoense, en Medellín. Sin embargo, traemos acá la ilustración por su virtuosismo e ingenio al rendir tributo al equipo de fútbol que pasó a la eternidad cerca de Medellín. Elaborada o no, con un programa informático, la creemos una estupenda pieza y homenaje que El Mundo de Barcelona rinde: http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/04/5842f0bc46163f96368b45bb.html
EDITORIAL
El fin de las FARC es incompatible con la impunidad
Mauricio González
06/11/2016
El rechazo de los colombianos al acuerdo de paz que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y los cabecillas de las FARC fue, además de un hecho inesperado para la comunidad internacional, un triunfo político de Álvaro Uribe. Un 50,2% de los 13 millones de colombianos que acudieron a votar en la consulta del 3 de octubre rechazó los términos del plan que busca cerrar un conflicto -el más largo de Latinoamérica- que ha segado la vida de 225.000 personas y ha provocado 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados. Uribe, pese a no disponer de los medios propagandísticos al alcance del Gobierno, no dudó en liderar la campaña del no a un acuerdo que para los colombianos suponía pagar un precio demasiado elevado por la paz.
Desde entonces, el ex mandatario colombiano ha exhibido un talante conciliador que invita a proseguir con el diálogo para materializar el ocaso de la narcoguerrilla. En la entrevista exclusiva que hoy publica EL MUNDO, Uribe puntualiza con acierto que las FARC comenzaron como una guerrilla marxista-leninista y han acabado en el narcotráfico hasta ser el mayor cártel de cocaína del mundo. En todo caso, la clave que explica por qué los colombianos rehusaron el plan auspiciado por Santos es la impunidad. "Si las FARC obtienen un premio, otros verán en el narcotráfico y el terrorismo un incentivo", apostilla Uribe.
Las FARC constituyen una organización criminal responsable del secuestro de más de 11.700 niños y la violación de 6.800 mujeres a lo largo de medio siglo de actividad terrorista. Este periódico ha defendido en todo momento la necesidad de dar respuesta a la voluntad de paz de los colombianos. Pero no puede hacerse a cualquier precio. El mecanismo especial de justicia que contemplaba el pacto tumbado en el referéndum puede calificarse de excesivamente laxo para los execrables crímenes cometidos por las FARC. Es verdad que los guerrilleros se enfrentaban a penas de 20 años de cárcel. Sin embargo, quienes admitieran su responsabilidad hubieran redimido su condena con labores sociales, evitando así su ingreso en prisión. Otra concesión que siempre hemos juzgado excesiva estriba en reservar a las FARC reconvertidas en movimiento político hasta 10 escaños fijos en las dos Cámaras del Congreso hasta 2022.
Santos ha asegurado en más de una ocasión que la paz en Colombia no es compatible con una "justicia perfecta". En realidad, lo que resulta incompatible con el fin de esta guerra es la impunidad de quienes asesinaron, secuestraron, chantajearon y extorsionaron en nombre del Estado paralelo en que se han convertido las FARC.Por tanto, no basta con el perdón entonado por sus portavoces, ni tampoco escudarse en el subterfugio de que el fin de la violencia requiere concesiones que nunca serán tan perniciosas como la continuación del conflicto armado.
El presidente colombiano no tenía la obligación legal de convocar un referéndum para ratificar la hoja de ruta que rubricó con Rodrigo Londoño, Timoshenko, y el resto de jefes de las FARC. Si lo hizo es porque estaba convencido de que iba a ser refrendada, máxime después de rebajar el umbral mínimo de participación al 13% y de resumir en una simple pregunta un documento de 297 páginas. Tras el fracaso de sus planes, Bogotá debe aprovechar que las FARC han decidido respetar el alto el fuego para renegociar el acuerdo y endurecer las condiciones para los terroristas -especialmente para quienes tienen a sus espaldas delitos de sangre-, además de fijar unos requisitos severos a la hora de habilitar el acceso de las FARC a la política. La memoria de las víctimas tiene que estar muy presente a la hora de alcanzar la paz en Colombia en una nueva oportunidad que, cabe esperar, sea la definitiva.
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/06/581e253eca47416b3d8b4621.html?cid=MNOT23801&s_kw=el_fin_de_las_farc_es_incompatible_con_la_impunidad
Ilustración: Ciertamente, no es motivo de alegría la consabida tragedia del Chapecoense, en Medellín. Sin embargo, traemos acá la ilustración por su virtuosismo e ingenio al rendir tributo al equipo de fútbol que pasó a la eternidad cerca de Medellín. Elaborada o no, con un programa informático, la creemos una estupenda pieza y homenaje que El Mundo de Barcelona rinde: http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/04/5842f0bc46163f96368b45bb.html
Etiquetas:
Alvaro Uribe,
Chapecoense,
Colombia,
FARC,
Juan Manuel Santos,
Mauricio González
martes, 28 de junio de 2016
¿QUIÉNES SON LOS MÁS DESCONFIABLES?
EL PAÍS, Madrid, 27 de junio de 2016
COLUMNA
La participación política de las FARC
Cuando las FARC intentaron participar en política en los ochenta los masacraron, eso no se puede repetir
León Valencia / Ariel Ávila
Cada vez está más cerca la firma del acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el anunció del cese bilateral al fuego y de hostilidades confirma que estamos a algunas semanas de la firma del acuerdo final. Dicha firma significará, ni más ni menos, el fin de la vieja tradición de justificar políticamente la lucha armada.
Los temas de apertura democrática y ampliación de los espacios de participación quedaron plasmados en el acuerdo dos, allí se suscribió la figura que permitirá el tránsito de movimiento guerrillero a movimiento político. El punto dos contempla una reforma al sistema político Colombiano y dentro de sus puntos se propone crear unas circunscripciones especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Estas circunscripciones serán el mecanismo por el cual se podrá pagar una deuda histórica con las poblaciones que han sido excluidas del proceso democrático en Colombia.
Para que el proceso de apertura democrática se materialice en el país, permitiendo la inclusión de los sectores marginados de la Colombia profunda y la participación política de la guerrilla de las FARC, consideramos las siguientes propuestas:
1. Las FARC deberán tener una participación directa en el Senado de la Republica. Serían nueve cupos directos. La defensa de los nueve cupos directos se motiva en dos argumentos. En primer lugar, la negociación entre el Gobierno y las FARC tiene el propósito de terminar la guerra, pero también de ofrecer espacios de participación política al grupo insurgente. La participación directa en el Congreso por periodos transitorios aseguraría el juego de las FARC en el ejercicio político. Segundo, no se puede olvidar, que a mediados de los años 80 del siglo XX, producto del avance de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica (UP). En esta unión confluían miembros cercanos a las FARC, el Partido Comunista y organizaciones sociales y cívicas. Por esas mismas fechas la presión social por el cambio político era importante y ante esta presión se permitió que los alcaldes y gobernadores fueran elegidos popularmente mediante el voto. Los resultados para la UP fueron importantes: 25 alcaldías de forma directa, 123 por coalición y 14 congresistas, además de cientos de concejales y decenas de diputados en concejos y asambleas.
Sin embargo, el Estado falló en la protección este movimiento político y se produjo un genocidio político. De los 14 congresistas asesinados, 9 eran Senadores y 5 Representantes a la Cámara. En la medida que el modelo de justicia del proceso de paz es restaurativa, y a las FARC les vamos a pedir, como es normal, que digan la verdad, que reparen y pidan perdón, el Estado debe hacer lo mismo. Por tanto se propone regresarle a las FARC 9 curules directas al Senado una vez firmado el acuerdo, es decir, apenas termine la dejación de armas, seis meses después de la firma del acuerdo general. No olvidemos que la masacre de la UP fue producto de una confluencia entre narcotraficantes, paramilitares, élites políticas locales y agentes estatales. Estas curules operarían por 2 periodos electorales, más el tiempo que va del 2017 al 2018. Los periodos serían: 1) Marzo 2017-junio de 2018. 2)20 de julio del 2018- junio de 2022. Y 3). 20 de julio de 2022- junio de 2026.
2. La segunda propuesta es que las curules directas no son las mismas que se abrirán por medio de las circunscripciones especiales de paz, el número de estas curules y su distribución temporal deben cumplir el criterio de equidad y apertura democrática, es decir, se debe privilegiar a las poblaciones más excluidas del sistema democrático. Desde esta premisa, se propone que sean al menos 17 circunscripciones, las cuales serán permanentes, es decir, indefinidas.
El criterio de las circuscripciones no depende de la división política administrativa del país, sino que reúne un conjunto de municipios que han sido altamente afectados por la violencia y que en consecuencia han estado marginados de los procesos de integración política, de allí que se encuentren regiones que se configuran con municipios de dos o más departamentos. La creación de estas circunscripciones estará acompañadas de una reforma al sistema político y electoral colombiano. Actualmente, la Cámara de Representantes cuenta con 166 congresistas y las 17 que se proponen serían adicionales.
Sobre la mesa existen al menos tres propuestas, las cuales aumentarían el número total de representantes por medio de la inclusión de curules en el marco de las Circunscripciones especiales de Paz.
Las circunscripciones especiales de paz tendrán que entrar en funcionamiento una vez termina el proceso de dejación de armas, es decir, seis meses después de la firma del acuerdo final. Esto significaría que si en julio el Gobierno y la guerrilla firman el acuerdo final, se presume que el proceso de dejación de armas terminaría en Enero de 2017, tiempo en el que iniciaría la contienda electoral en las regiones arriba señaladas, la campaña política sería de tres meses, de tal modo que las elecciones atípicas serían para mediados de 2017.
En 2018 se repetirían elecciones de estas circunscripciones especiales de paz y se votarán desde ese momento en las elecciones ordinarias. Los ciudadanos de los municipios donde operen estas circunscripciones tendrán la oportunidad de marcar dos tarjetones, el de las elecciones ordinarias y las especiales de paz.
Una propuesta como estas es arriesgada y polémica, pero estos son los costos de la democracia y de que el proceso de apertura política e inclusión de sectores que hasta el momento han sido marginados sea efectivo. Además, bajo el principio de justicia restaurativa a las FARC se le debe devolver los cupos directos a Senado. No debe de olvidarse que las FARC intentaron participar en política en los años ochenta del siglo XX y cuando lo intentaron los masacraron. Eso no se puede repetir. El debate ha comenzado y las propuestas no se harán esperar.
León Valencia y Áriel Ávila son director y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación
Si Quino tomó prestado el graffiti se lo endosó a la madura precocidad de la niña, quien agobiada por los conflictos y guerras compartía su angustia con millones de seguidores.
Así nos sentimos hoy los venezolanos, abrumados por el régimen “revolucionario”, intentando salir de un laberinto en el que nos metimos, y por alargarlo, estamos atrapados.
Si “que se pare el mundo que me quiero bajar” lo comparamos con el de “párenle el mundo a Nicolás Maduro”, sentimos lo que los franceses de la época.
“Que se pare el mundo”, es como que dejen de pasar una serie de acontecimientos, que no quiero estar más presente en ellos, que me quiero olvidar de todo, bajarme de allí, buscar la salida, comenzar un juego nuevo.
“Paren el mundo, me quiero bajar”. Ni la infinita sabiduría de Mafalda podría arreglar tanta irracionalidad junta ante el desorden, la confusión y la violencia desmedida de hoy.
Que el mundo siga andando pero sin Nicolás Maduro ni su lugarteniente Diosdado Cabello. Renunciar a sus posiciones radicales o sacarlo en revocatorio, es una escapatoria política y concertada a la grave crisis que sufre Venezuela, lo más saludable para que se caigan de ese espacio en el que han estado girando.
Que la tierra continúe dando vueltas pero con la construcción de una salida pacífica, constitucional, electoral, democrática y concertada a este aprieto que tenemos. Permitir que Venezuela tenga un nuevo gobierno que inspire confianza en el universo con poder de convocatoria en lo interno. Así de sencillo.
“Que se pare el mundo, que nos queremos bajar”, es como nos sentimos ahora, ya, en este momento, porque no queremos estar donde estamos, porque no queremos ser lo que somos.
Misión imposible, por cierto, escribir sobre un país que en las últimas semanas hasta parece haberse salido de su eje. Párenlo. Aquí hay millones que se quieren bajar, como Mafalda, o quienes lo hicieron en aquel Mayo Francés.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/colombia/1467029972_590350.html
COLUMNA
La participación política de las FARC
Cuando las FARC intentaron participar en política en los ochenta los masacraron, eso no se puede repetir
León Valencia / Ariel Ávila
Cada vez está más cerca la firma del acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el anunció del cese bilateral al fuego y de hostilidades confirma que estamos a algunas semanas de la firma del acuerdo final. Dicha firma significará, ni más ni menos, el fin de la vieja tradición de justificar políticamente la lucha armada.
Los temas de apertura democrática y ampliación de los espacios de participación quedaron plasmados en el acuerdo dos, allí se suscribió la figura que permitirá el tránsito de movimiento guerrillero a movimiento político. El punto dos contempla una reforma al sistema político Colombiano y dentro de sus puntos se propone crear unas circunscripciones especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Estas circunscripciones serán el mecanismo por el cual se podrá pagar una deuda histórica con las poblaciones que han sido excluidas del proceso democrático en Colombia.
Para que el proceso de apertura democrática se materialice en el país, permitiendo la inclusión de los sectores marginados de la Colombia profunda y la participación política de la guerrilla de las FARC, consideramos las siguientes propuestas:
1. Las FARC deberán tener una participación directa en el Senado de la Republica. Serían nueve cupos directos. La defensa de los nueve cupos directos se motiva en dos argumentos. En primer lugar, la negociación entre el Gobierno y las FARC tiene el propósito de terminar la guerra, pero también de ofrecer espacios de participación política al grupo insurgente. La participación directa en el Congreso por periodos transitorios aseguraría el juego de las FARC en el ejercicio político. Segundo, no se puede olvidar, que a mediados de los años 80 del siglo XX, producto del avance de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica (UP). En esta unión confluían miembros cercanos a las FARC, el Partido Comunista y organizaciones sociales y cívicas. Por esas mismas fechas la presión social por el cambio político era importante y ante esta presión se permitió que los alcaldes y gobernadores fueran elegidos popularmente mediante el voto. Los resultados para la UP fueron importantes: 25 alcaldías de forma directa, 123 por coalición y 14 congresistas, además de cientos de concejales y decenas de diputados en concejos y asambleas.
Sin embargo, el Estado falló en la protección este movimiento político y se produjo un genocidio político. De los 14 congresistas asesinados, 9 eran Senadores y 5 Representantes a la Cámara. En la medida que el modelo de justicia del proceso de paz es restaurativa, y a las FARC les vamos a pedir, como es normal, que digan la verdad, que reparen y pidan perdón, el Estado debe hacer lo mismo. Por tanto se propone regresarle a las FARC 9 curules directas al Senado una vez firmado el acuerdo, es decir, apenas termine la dejación de armas, seis meses después de la firma del acuerdo general. No olvidemos que la masacre de la UP fue producto de una confluencia entre narcotraficantes, paramilitares, élites políticas locales y agentes estatales. Estas curules operarían por 2 periodos electorales, más el tiempo que va del 2017 al 2018. Los periodos serían: 1) Marzo 2017-junio de 2018. 2)20 de julio del 2018- junio de 2022. Y 3). 20 de julio de 2022- junio de 2026.
2. La segunda propuesta es que las curules directas no son las mismas que se abrirán por medio de las circunscripciones especiales de paz, el número de estas curules y su distribución temporal deben cumplir el criterio de equidad y apertura democrática, es decir, se debe privilegiar a las poblaciones más excluidas del sistema democrático. Desde esta premisa, se propone que sean al menos 17 circunscripciones, las cuales serán permanentes, es decir, indefinidas.
El criterio de las circuscripciones no depende de la división política administrativa del país, sino que reúne un conjunto de municipios que han sido altamente afectados por la violencia y que en consecuencia han estado marginados de los procesos de integración política, de allí que se encuentren regiones que se configuran con municipios de dos o más departamentos. La creación de estas circunscripciones estará acompañadas de una reforma al sistema político y electoral colombiano. Actualmente, la Cámara de Representantes cuenta con 166 congresistas y las 17 que se proponen serían adicionales.
Sobre la mesa existen al menos tres propuestas, las cuales aumentarían el número total de representantes por medio de la inclusión de curules en el marco de las Circunscripciones especiales de Paz.
Las circunscripciones especiales de paz tendrán que entrar en funcionamiento una vez termina el proceso de dejación de armas, es decir, seis meses después de la firma del acuerdo final. Esto significaría que si en julio el Gobierno y la guerrilla firman el acuerdo final, se presume que el proceso de dejación de armas terminaría en Enero de 2017, tiempo en el que iniciaría la contienda electoral en las regiones arriba señaladas, la campaña política sería de tres meses, de tal modo que las elecciones atípicas serían para mediados de 2017.
En 2018 se repetirían elecciones de estas circunscripciones especiales de paz y se votarán desde ese momento en las elecciones ordinarias. Los ciudadanos de los municipios donde operen estas circunscripciones tendrán la oportunidad de marcar dos tarjetones, el de las elecciones ordinarias y las especiales de paz.
Una propuesta como estas es arriesgada y polémica, pero estos son los costos de la democracia y de que el proceso de apertura política e inclusión de sectores que hasta el momento han sido marginados sea efectivo. Además, bajo el principio de justicia restaurativa a las FARC se le debe devolver los cupos directos a Senado. No debe de olvidarse que las FARC intentaron participar en política en los años ochenta del siglo XX y cuando lo intentaron los masacraron. Eso no se puede repetir. El debate ha comenzado y las propuestas no se harán esperar.
León Valencia y Áriel Ávila son director y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación
Si Quino tomó prestado el graffiti se lo endosó a la madura precocidad de la niña, quien agobiada por los conflictos y guerras compartía su angustia con millones de seguidores.
Así nos sentimos hoy los venezolanos, abrumados por el régimen “revolucionario”, intentando salir de un laberinto en el que nos metimos, y por alargarlo, estamos atrapados.
Si “que se pare el mundo que me quiero bajar” lo comparamos con el de “párenle el mundo a Nicolás Maduro”, sentimos lo que los franceses de la época.
“Que se pare el mundo”, es como que dejen de pasar una serie de acontecimientos, que no quiero estar más presente en ellos, que me quiero olvidar de todo, bajarme de allí, buscar la salida, comenzar un juego nuevo.
“Paren el mundo, me quiero bajar”. Ni la infinita sabiduría de Mafalda podría arreglar tanta irracionalidad junta ante el desorden, la confusión y la violencia desmedida de hoy.
Que el mundo siga andando pero sin Nicolás Maduro ni su lugarteniente Diosdado Cabello. Renunciar a sus posiciones radicales o sacarlo en revocatorio, es una escapatoria política y concertada a la grave crisis que sufre Venezuela, lo más saludable para que se caigan de ese espacio en el que han estado girando.
Que la tierra continúe dando vueltas pero con la construcción de una salida pacífica, constitucional, electoral, democrática y concertada a este aprieto que tenemos. Permitir que Venezuela tenga un nuevo gobierno que inspire confianza en el universo con poder de convocatoria en lo interno. Así de sencillo.
“Que se pare el mundo, que nos queremos bajar”, es como nos sentimos ahora, ya, en este momento, porque no queremos estar donde estamos, porque no queremos ser lo que somos.
Misión imposible, por cierto, escribir sobre un país que en las últimas semanas hasta parece haberse salido de su eje. Párenlo. Aquí hay millones que se quieren bajar, como Mafalda, o quienes lo hicieron en aquel Mayo Francés.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/colombia/1467029972_590350.html
Etiquetas:
Acuerdos de Paz,
Ariel Ávila,
Colombia,
FARC,
León Valencia
viernes, 7 de septiembre de 2012
¿QUÉ PASA EN LA CASA DE AL LADO?
EL PAÍS, Caracas, 7 de Septiembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Colombia: el desafío de hacer política
La negociación entre el Gobierno y las FARC implica que se subordinen los elementos belicistas a la búsqueda de acuerdos. Pero el tema del tráfico de drogas puede hacer que sectores de la guerrilla no participen
Luis Fernando Medina
En la prensa colombiana no pasa mucho tiempo sin que alguien cite el aforismo de Clausewitz según el cual la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Pero por más que esta frase se haya vuelto el requisito ineludible para hacer gala de erudición y granjearse la atención del público se trata de una simplificación peligrosa: los medios cambian los fines, el caballo que se dejaba cabalgar comienza a arrastrar al jinete, el fiel servidor de ayer se convierte en el chantajista de hoy. Esa parece ser la lección que han aprendido tanto la clase dirigente colombiana como la guerrilla, a juzgar no solo por la decisión de dialogar sino por los mecanismos que han acordado para hacerlo.
Comencemos por el caso de las FARC. Nacida de un alzamiento campesino que el gobierno trató de sofocar con bombardeos a mediados de los 60 (¡hace ya casi 50 años!), por decenios subordinó la acción política a los imperativos militares y con esta percepción acudió a las mesas de negociación. El fallido proceso de paz de 1999-2002 es un ejemplo. La frondosa agenda de diálogo se estancó en los temas sustantivos mientras se discutían en detalle los aspectos militares (zona de despeje y canjes de prisioneros, por ejemplo). Desde el punto de vista de las FARC, su formidable aparato militar de aquel entonces era el mecanismo para colocar contra la pared al establishment y forzarlo a hacer las reformas que de otro modo no aceptaría.
El resultado: la mayor cadena de fracasos políticos y militares de las FARC en su larga historia. Por una parte, el gobierno colombiano respondió fortaleciendo su Ejército. Se suele olvidar que la Administración Pastrana, la misma que adelantó aquellos diálogos, también introdujo con apoyo norteamericano el Plan Colombia, uno de los mayores aumentos en el presupuesto militar que haya registrado el país, aun antes de la ofensiva lanzada por la Administración Uribe. Pero el daño que el militarismo le hizo a las FARC también venía de adentro. Como las armas cuestan dinero, sus frentes más rentables (es decir, aquellos más involucrados con el narcotráfico y el secuestro) adquirieron más peso relativo dentro de la organización, lo cual se traducía en peores patrones de reclutamiento y en más violencia contra la población civil: ni el secuestro ni el narcotráfico requieren de manifiestos. Es probable que las FARC no hayan aún medido la descomunal deslegitimación que se infligieron a sí mismas con tales tácticas. La máquina de guerra que se presentaba como una herramienta para la política terminó destruyendo la política.
La guerrilla aún no ha medido la descomunal deslegitimación que se infligió con el narcotráfico
Pero las élites colombianas también han visto cómo los medios terminan por cobrar vida propia. La campaña contrainsurgente que se lanzó desde mediados de los 80 con base en grupos paramilitares, fruto de la alianza non sancta entre terratenientes de zonas de conflicto, miembros del ejército y narcotraficantes, prometía acabar con la guerrilla sin necesidad de ninguna concesión. Pero, no solamente este camino no logró la derrota definitiva de las FARC, sino que también terminó por cambiar el equilibrio de poder dentro del establishment. Los numerosos congresistas con nexos con grupos paramilitares son solo la manifestación más visible de una estructura de poder político y económico en las provincias que compite con las élites tradicionales y que, ahora comienza a verse, pone en peligro sus intereses.
Políticos advenedizos que disputan viejos feudos a partir del proselitismo armado, nuevos empresarios con nexos mafiosos, conglomerados agroindustriales construidos sobre tierras apropiadas por paramilitares, minería ilegal o con licencias dudosas, son solo algunos ejemplos de este proceso mediante el cual los antiguos subordinados militares se convierten en un poder rival.
Aun dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura. El presupuesto de defensa del país ronda el 6% del PIB, suficiente para duplicar el ingreso del 20% más pobre de la población, más que el flujo neto de capitales hacia el país que, según el mismo discurso del gobierno, ha llegado atraído por las mejoras en seguridad.
El esquema de diálogo acordado por el gobierno y las FARC sugiere que ambos sectores están buscando la forma de subordinar sus elementos belicistas a los dictados del proceso político. Así lo ilustra elocuentemente el hecho de que el primer punto que se discutirá en la agenda de negociación sea el del desarrollo económico y social de las zonas rurales del país.
El conflicto por la tierra ha sido por décadas el que ha dado los ímpetus a la violencia en Colombia. En los años recientes, a la sombra de la acometida contrainsurgente, los grupos paramilitares, en connivencia con poderes económicos locales, expropiaron millones de hectáreas en una “contrarreforma agraria” que representa la mayor redistribución de tierra de la historia reciente del país. La Administración Santos ha lanzado esfuerzos aún incipientes para revertir este proceso mediante la llamada “Ley de Víctimas”. Su decisión de poner el tema agrario como el primero a discutir apunta en el mismo sentido. De continuar, este camino lleva a que las élites políticas y económicas del país, que incluyen sectores para los que la propiedad agraria ya no es tan importante como en el pasado, asuman la defensa de sus intereses en la mesa de negociaciones prescindiendo de los elementos armados que antes se presentaban como los “salvadores de la patria”. El equipo de negociadores del gobierno incluye a un dirigente gremial estrechamente ligado a los industriales colombianos mientras que los sectores latifundistas brillan por su ausencia. Además, los voceros de la derecha más recalcitrante han lanzado ya tantas y tan altisonantes críticas al proceso de paz que no es exagerado decir que se han autoexcluido del diálogo subsiguiente.
Aunque dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura
Dentro de las FARC puede darse un proceso análogo. El nuevo procedimiento prioriza los acuerdos sustantivos de manera que, si avanzan los diálogos, el aparato militar de la guerrilla deja de ser el garante de las reformas para enfrentarse a un dilema inédito: si persevera en su actuar, lejos de presionar por más concesiones lo que logrará será sabotear aquellas concesiones que ya se hayan obtenido en la mesa.
Nada de esto es garantía de éxito pero sí sirve para advertir los posibles peligros. Para que el esquema funcione es necesario que ambas partes logren conservar su unidad interna durante el proceso.
El caso de las FARC ofrece varios interrogantes. Una de las guerrillas más viejas del mundo, ha logrado mantener una férrea unidad de mando durante décadas a pesar de todas las tensiones internas y del asedio constante de las armas del Estado. Esto hace pensar que su actual liderazgo puede llevarlas en bloque hasta la desmovilización final. Pero, y la agenda de negociaciones reconoce este punto, si no se atiende con creatividad el tema del narcotráfico, sectores muy poderosos de las FARC pueden optar por salirse del proceso en una peligrosa deriva hacia la delincuencia común, repitiendo un patrón que se observó en los años 50 en Colombia.
Por su parte, el presidente Santos ha dado muestras de entender que entre sus antiguos aliados pueden surgir nuevos “enemigos agazapados de la paz”, para usar la expresión acuñada en el primer proceso de paz del año 83. Ya se ha visto cómo uno de los obstáculos a la restitución de tierras ha sido el asesinato y la intimidación de líderes campesinos. Si esto ha ocurrido sin haber negociaciones con la guerrilla, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando se vaya a implementar un nuevo acuerdo sobre propiedad rural.
A pesar de los riesgos de fracaso que todos los colombianos reconocen, hay razones para el optimismo. Cada uno a su manera, ambos bandos han salido escaldados de sus escarceos con Clausewitz. Los más eruditos de ambas partes tal vez puedan acudir a la máxima de Aristóteles que describía la política como “el arte de lo posible”. A aquellos menos dados a altos vuelos literarios tal vez les baste con repetir con Perogrullo que la mejor forma de avanzar en política es haciendo política.
(*) Luis Fernando Medina es investigador senior del CEACS-Fundación Juan March.
Ilustración: Enrique Flores.
LA CUARTA PÁGINA
Colombia: el desafío de hacer política
La negociación entre el Gobierno y las FARC implica que se subordinen los elementos belicistas a la búsqueda de acuerdos. Pero el tema del tráfico de drogas puede hacer que sectores de la guerrilla no participen
Luis Fernando Medina
En la prensa colombiana no pasa mucho tiempo sin que alguien cite el aforismo de Clausewitz según el cual la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Pero por más que esta frase se haya vuelto el requisito ineludible para hacer gala de erudición y granjearse la atención del público se trata de una simplificación peligrosa: los medios cambian los fines, el caballo que se dejaba cabalgar comienza a arrastrar al jinete, el fiel servidor de ayer se convierte en el chantajista de hoy. Esa parece ser la lección que han aprendido tanto la clase dirigente colombiana como la guerrilla, a juzgar no solo por la decisión de dialogar sino por los mecanismos que han acordado para hacerlo.
Comencemos por el caso de las FARC. Nacida de un alzamiento campesino que el gobierno trató de sofocar con bombardeos a mediados de los 60 (¡hace ya casi 50 años!), por decenios subordinó la acción política a los imperativos militares y con esta percepción acudió a las mesas de negociación. El fallido proceso de paz de 1999-2002 es un ejemplo. La frondosa agenda de diálogo se estancó en los temas sustantivos mientras se discutían en detalle los aspectos militares (zona de despeje y canjes de prisioneros, por ejemplo). Desde el punto de vista de las FARC, su formidable aparato militar de aquel entonces era el mecanismo para colocar contra la pared al establishment y forzarlo a hacer las reformas que de otro modo no aceptaría.
El resultado: la mayor cadena de fracasos políticos y militares de las FARC en su larga historia. Por una parte, el gobierno colombiano respondió fortaleciendo su Ejército. Se suele olvidar que la Administración Pastrana, la misma que adelantó aquellos diálogos, también introdujo con apoyo norteamericano el Plan Colombia, uno de los mayores aumentos en el presupuesto militar que haya registrado el país, aun antes de la ofensiva lanzada por la Administración Uribe. Pero el daño que el militarismo le hizo a las FARC también venía de adentro. Como las armas cuestan dinero, sus frentes más rentables (es decir, aquellos más involucrados con el narcotráfico y el secuestro) adquirieron más peso relativo dentro de la organización, lo cual se traducía en peores patrones de reclutamiento y en más violencia contra la población civil: ni el secuestro ni el narcotráfico requieren de manifiestos. Es probable que las FARC no hayan aún medido la descomunal deslegitimación que se infligieron a sí mismas con tales tácticas. La máquina de guerra que se presentaba como una herramienta para la política terminó destruyendo la política.
La guerrilla aún no ha medido la descomunal deslegitimación que se infligió con el narcotráfico
Pero las élites colombianas también han visto cómo los medios terminan por cobrar vida propia. La campaña contrainsurgente que se lanzó desde mediados de los 80 con base en grupos paramilitares, fruto de la alianza non sancta entre terratenientes de zonas de conflicto, miembros del ejército y narcotraficantes, prometía acabar con la guerrilla sin necesidad de ninguna concesión. Pero, no solamente este camino no logró la derrota definitiva de las FARC, sino que también terminó por cambiar el equilibrio de poder dentro del establishment. Los numerosos congresistas con nexos con grupos paramilitares son solo la manifestación más visible de una estructura de poder político y económico en las provincias que compite con las élites tradicionales y que, ahora comienza a verse, pone en peligro sus intereses.
Políticos advenedizos que disputan viejos feudos a partir del proselitismo armado, nuevos empresarios con nexos mafiosos, conglomerados agroindustriales construidos sobre tierras apropiadas por paramilitares, minería ilegal o con licencias dudosas, son solo algunos ejemplos de este proceso mediante el cual los antiguos subordinados militares se convierten en un poder rival.
Aun dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura. El presupuesto de defensa del país ronda el 6% del PIB, suficiente para duplicar el ingreso del 20% más pobre de la población, más que el flujo neto de capitales hacia el país que, según el mismo discurso del gobierno, ha llegado atraído por las mejoras en seguridad.
El esquema de diálogo acordado por el gobierno y las FARC sugiere que ambos sectores están buscando la forma de subordinar sus elementos belicistas a los dictados del proceso político. Así lo ilustra elocuentemente el hecho de que el primer punto que se discutirá en la agenda de negociación sea el del desarrollo económico y social de las zonas rurales del país.
El conflicto por la tierra ha sido por décadas el que ha dado los ímpetus a la violencia en Colombia. En los años recientes, a la sombra de la acometida contrainsurgente, los grupos paramilitares, en connivencia con poderes económicos locales, expropiaron millones de hectáreas en una “contrarreforma agraria” que representa la mayor redistribución de tierra de la historia reciente del país. La Administración Santos ha lanzado esfuerzos aún incipientes para revertir este proceso mediante la llamada “Ley de Víctimas”. Su decisión de poner el tema agrario como el primero a discutir apunta en el mismo sentido. De continuar, este camino lleva a que las élites políticas y económicas del país, que incluyen sectores para los que la propiedad agraria ya no es tan importante como en el pasado, asuman la defensa de sus intereses en la mesa de negociaciones prescindiendo de los elementos armados que antes se presentaban como los “salvadores de la patria”. El equipo de negociadores del gobierno incluye a un dirigente gremial estrechamente ligado a los industriales colombianos mientras que los sectores latifundistas brillan por su ausencia. Además, los voceros de la derecha más recalcitrante han lanzado ya tantas y tan altisonantes críticas al proceso de paz que no es exagerado decir que se han autoexcluido del diálogo subsiguiente.
Aunque dentro de la legalidad, el énfasis militarista está pasando una pesada factura
Dentro de las FARC puede darse un proceso análogo. El nuevo procedimiento prioriza los acuerdos sustantivos de manera que, si avanzan los diálogos, el aparato militar de la guerrilla deja de ser el garante de las reformas para enfrentarse a un dilema inédito: si persevera en su actuar, lejos de presionar por más concesiones lo que logrará será sabotear aquellas concesiones que ya se hayan obtenido en la mesa.
Nada de esto es garantía de éxito pero sí sirve para advertir los posibles peligros. Para que el esquema funcione es necesario que ambas partes logren conservar su unidad interna durante el proceso.
El caso de las FARC ofrece varios interrogantes. Una de las guerrillas más viejas del mundo, ha logrado mantener una férrea unidad de mando durante décadas a pesar de todas las tensiones internas y del asedio constante de las armas del Estado. Esto hace pensar que su actual liderazgo puede llevarlas en bloque hasta la desmovilización final. Pero, y la agenda de negociaciones reconoce este punto, si no se atiende con creatividad el tema del narcotráfico, sectores muy poderosos de las FARC pueden optar por salirse del proceso en una peligrosa deriva hacia la delincuencia común, repitiendo un patrón que se observó en los años 50 en Colombia.
Por su parte, el presidente Santos ha dado muestras de entender que entre sus antiguos aliados pueden surgir nuevos “enemigos agazapados de la paz”, para usar la expresión acuñada en el primer proceso de paz del año 83. Ya se ha visto cómo uno de los obstáculos a la restitución de tierras ha sido el asesinato y la intimidación de líderes campesinos. Si esto ha ocurrido sin haber negociaciones con la guerrilla, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando se vaya a implementar un nuevo acuerdo sobre propiedad rural.
A pesar de los riesgos de fracaso que todos los colombianos reconocen, hay razones para el optimismo. Cada uno a su manera, ambos bandos han salido escaldados de sus escarceos con Clausewitz. Los más eruditos de ambas partes tal vez puedan acudir a la máxima de Aristóteles que describía la política como “el arte de lo posible”. A aquellos menos dados a altos vuelos literarios tal vez les baste con repetir con Perogrullo que la mejor forma de avanzar en política es haciendo política.
(*) Luis Fernando Medina es investigador senior del CEACS-Fundación Juan March.
Ilustración: Enrique Flores.
Etiquetas:
Colombia,
Enrique Flores,
FARC,
Guerra civil,
Juan Manuel Santos,
Luis Fernando Molina,
Política
miércoles, 5 de septiembre de 2012
CONVICCIÓN
EL NACIONAL - Miércoles 15 de Agosto de 2012 Opinión/9
Fantasías bélicas
ANÍBAL ROMERO
Hace pocos días María Corina Machado, destacada parlamentaria democrática, denunció la existencia de un plan secreto, denominado Plan Sucre, que transforma sustancialmente la concepción estratégica del estamento militar venezolano. Con base en lo expuesto por Machado, los dos aspectos más importantes del plan son, por una parte, la conversión de Estados Unidos en el enemigo principal de Venezuela, y en segundo lugar, la formulación de una doctrina de guerra popular prolongada para combatirlo. La combinación de ambos elementos indica que el régimen revolucionario venezolano considera que la hipótesis bélica más apremiante para el país, ante la cual deben crearse los sistemas de defensa y operativos de la FAN, es la invasión de nuestro territorio por parte de Estados Unidos.
Es posible que imaginen algo parecido a los casos de Vietnam, Irak y Afganistán, con peculiaridades propias de nuestra situación geográfica y condiciones socioeconómicas.
Pienso que estas ideas son producto de fantasías sin fundamento. Para empezar, el único escenario concebible para un ataque militar significativo por parte de Washington a nuestro país surgiría si a los revolucionarios, en otro acto de temeridad, se les ocurriese desplegar armas ofensivas (por ejemplo, misiles iraníes) capaces de golpear a Estados Unidos desde nuestro territorio y copiar los eventos de 1962 en Cuba. No creo que Teherán sea tan imprudente como para confiar armamentos avanzados a Hugo Chávez, pero si se atreviese a ello, Washington no requeriría invadir a Venezuela, sino ejecutar operaciones aéreas puntuales y quirúrgicas contra la amenaza. Aunque quizás nuestros disparatados "bolivarianos" no lo sepan, Venezuela no es un interés primordial para Washington. Es importante, pero no primordial. Chávez se ha esforzado en provocar a Estados Unidos, pero allá lo ven como una especie de piedra en el zapato: incómodo, pero tolerable. Ni siquiera el petróleo venezolano, que Chávez les sigue vendiendo, les quita el sueño, y con tantas quimeras y delirios el gobierno revolucionario no se ha percatado de los cambios en el panorama energético del "imperio" y sus gigantescos desarrollos en petróleo y gas natural.
El Presidente y sus seguidores cercanos viven en un mundo paralelo, dominado por la fantasía. Es inexplicable que si de veras creen en la posibilidad de una guerra popular prolongada adquieran a la vez armamentos convencionales como tanques, aviones de combate, sistemas antiaéreos y otra parafernalia de guerras ortodoxas para equipar a la FAN. Esas armas sirven para desfilar y entretener niños, pero no mucho más, y serían presas fáciles en cualquier enfrentamiento en serio contra los ultrasofisticados artefactos tecnológicos estadounidenses. No se entiende que Venezuela, llena de miseria, desencanto y atraso, invierta miles de millones de dólares en un aparataje que a la postre no es más que mucho ruido y pocas nueces. Tenemos más generales y almirantes que el Ejército de Israel, pero que yo sepa nuestros militares pocas veces han disparado un tiro contra un enemigo extranjero, y los adversarios de antes, como las FARC y el ELN, ahora se han transformado en aliados no tan disimulados.
La brecha entre nuestras verdaderas necesidades estratégicas y los armamentos de la FAN no es un problema nuevo, y tampoco la desproporción de oficiales superiores con respecto al componente militar global y a nuestros genuinos retos geopolíticos, pero con la revolución y sus desmanes todo ello se ha agravado. Este es otro legado funesto que habrá de corregirse cuando Venezuela comience un nuevo camino.
Fantasías bélicas
ANÍBAL ROMERO
Hace pocos días María Corina Machado, destacada parlamentaria democrática, denunció la existencia de un plan secreto, denominado Plan Sucre, que transforma sustancialmente la concepción estratégica del estamento militar venezolano. Con base en lo expuesto por Machado, los dos aspectos más importantes del plan son, por una parte, la conversión de Estados Unidos en el enemigo principal de Venezuela, y en segundo lugar, la formulación de una doctrina de guerra popular prolongada para combatirlo. La combinación de ambos elementos indica que el régimen revolucionario venezolano considera que la hipótesis bélica más apremiante para el país, ante la cual deben crearse los sistemas de defensa y operativos de la FAN, es la invasión de nuestro territorio por parte de Estados Unidos.
Es posible que imaginen algo parecido a los casos de Vietnam, Irak y Afganistán, con peculiaridades propias de nuestra situación geográfica y condiciones socioeconómicas.
Pienso que estas ideas son producto de fantasías sin fundamento. Para empezar, el único escenario concebible para un ataque militar significativo por parte de Washington a nuestro país surgiría si a los revolucionarios, en otro acto de temeridad, se les ocurriese desplegar armas ofensivas (por ejemplo, misiles iraníes) capaces de golpear a Estados Unidos desde nuestro territorio y copiar los eventos de 1962 en Cuba. No creo que Teherán sea tan imprudente como para confiar armamentos avanzados a Hugo Chávez, pero si se atreviese a ello, Washington no requeriría invadir a Venezuela, sino ejecutar operaciones aéreas puntuales y quirúrgicas contra la amenaza. Aunque quizás nuestros disparatados "bolivarianos" no lo sepan, Venezuela no es un interés primordial para Washington. Es importante, pero no primordial. Chávez se ha esforzado en provocar a Estados Unidos, pero allá lo ven como una especie de piedra en el zapato: incómodo, pero tolerable. Ni siquiera el petróleo venezolano, que Chávez les sigue vendiendo, les quita el sueño, y con tantas quimeras y delirios el gobierno revolucionario no se ha percatado de los cambios en el panorama energético del "imperio" y sus gigantescos desarrollos en petróleo y gas natural.
El Presidente y sus seguidores cercanos viven en un mundo paralelo, dominado por la fantasía. Es inexplicable que si de veras creen en la posibilidad de una guerra popular prolongada adquieran a la vez armamentos convencionales como tanques, aviones de combate, sistemas antiaéreos y otra parafernalia de guerras ortodoxas para equipar a la FAN. Esas armas sirven para desfilar y entretener niños, pero no mucho más, y serían presas fáciles en cualquier enfrentamiento en serio contra los ultrasofisticados artefactos tecnológicos estadounidenses. No se entiende que Venezuela, llena de miseria, desencanto y atraso, invierta miles de millones de dólares en un aparataje que a la postre no es más que mucho ruido y pocas nueces. Tenemos más generales y almirantes que el Ejército de Israel, pero que yo sepa nuestros militares pocas veces han disparado un tiro contra un enemigo extranjero, y los adversarios de antes, como las FARC y el ELN, ahora se han transformado en aliados no tan disimulados.
La brecha entre nuestras verdaderas necesidades estratégicas y los armamentos de la FAN no es un problema nuevo, y tampoco la desproporción de oficiales superiores con respecto al componente militar global y a nuestros genuinos retos geopolíticos, pero con la revolución y sus desmanes todo ello se ha agravado. Este es otro legado funesto que habrá de corregirse cuando Venezuela comience un nuevo camino.
domingo, 3 de junio de 2012
TENTATIVA DE ... TIPIFICACIÓN
CIUDAD CARACAS, 3 de Junio de 2012
LETRA FRÍA/ Cambalaches
HUMBERTO MÁRQUEZ
Más allá de, como dice el tango de Discépolo, “el mundo fue y será una porquería, ya lo sé”, y que el diccionario acuña la palabreja como “trueque de objetos de poco valor, a veces con intención de engañar”, sigo con la idea de esta nota, que no es otra de preguntar por qué las FARC no pidieron cambalachear a Langlois, por el también periodista Pérez Becerra, que sin ser ya colombiano, está privado de su libertad vía extradición de Venezuela, por un alerta roja de Interpol, activado mientras volaba a Caracas, y que su delito es opinar en una web desde Europa. Las malas lenguas dicen que ahí sí funcionó el cambalache cuando en el forcejeo gringo por lograr la extradición de Makled, Colombia escogió a Venezuela, en los mismitos días de la extradición más rápida ocurrida en el país. Ese Santos no vuela porque le tiene miedo a las escopetas.
La otra gran casualidad es que la liberación de Langlois – que dicho sea paso vivió el cuarto de hora más alto de un periodista, al ser arte y parte de su propia noticia-, ocurre cuando se cumple un año de la detención de Julián Conrado. Otro guerrillero cambalacheable por vías diplomáticas porque por la vía del chantaje, ni Chávez, ni nadie les iba a parar. Habría que ver la carta que le mandaron a Hollande con Langlois.
De Conrado se ha hablado mucho en los últimos días, gracias al excelente y comprometido trabajo que adelantan Ernesto Navarro e Indira Carpio en Alba Ciudad, y una voz serena, docta y sabia como la de Luis Britto García, con el peso específico de ser un brillante escritor, abogado y recientemente miembro del Consejo de Estado. O sea nada que ver con este realengo sin causa que yo mismo soy.
“Conrado es un extraordinario creador, una fuente de composiciones, de inspiraciones para nuestros pueblos y sería verdaderamente criminal la entrega de un gran poeta y un gran trovador. Entregar a Julián es… no sé… imaginen que repentinamente alguien alegara una acusación contra Alí Primera y lo entregáramos a un sitio donde lo van a meter en una cárcel, donde corre peligro su vida y esa es otra causa para evitar la extradición por razones políticas”. Y agrega que desde el punto de vista jurídico “es inaceptable” la entrega de Conrado
“El único delito de Julián, si eso pudiera llamarse delito, es ser fiel a sus convicciones. Hay una canción mexicana que dice si es pecado quererte que me condenen a muerte. Si es pecado ser fiel a convicciones ideológicas habría muchísimos condenados a muerte en Latinoamérica y en Venezuela”.
Como dice el tango Cambalache, ¡da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón!…
LETRA FRÍA/ Cambalaches
HUMBERTO MÁRQUEZ
Más allá de, como dice el tango de Discépolo, “el mundo fue y será una porquería, ya lo sé”, y que el diccionario acuña la palabreja como “trueque de objetos de poco valor, a veces con intención de engañar”, sigo con la idea de esta nota, que no es otra de preguntar por qué las FARC no pidieron cambalachear a Langlois, por el también periodista Pérez Becerra, que sin ser ya colombiano, está privado de su libertad vía extradición de Venezuela, por un alerta roja de Interpol, activado mientras volaba a Caracas, y que su delito es opinar en una web desde Europa. Las malas lenguas dicen que ahí sí funcionó el cambalache cuando en el forcejeo gringo por lograr la extradición de Makled, Colombia escogió a Venezuela, en los mismitos días de la extradición más rápida ocurrida en el país. Ese Santos no vuela porque le tiene miedo a las escopetas.
La otra gran casualidad es que la liberación de Langlois – que dicho sea paso vivió el cuarto de hora más alto de un periodista, al ser arte y parte de su propia noticia-, ocurre cuando se cumple un año de la detención de Julián Conrado. Otro guerrillero cambalacheable por vías diplomáticas porque por la vía del chantaje, ni Chávez, ni nadie les iba a parar. Habría que ver la carta que le mandaron a Hollande con Langlois.
De Conrado se ha hablado mucho en los últimos días, gracias al excelente y comprometido trabajo que adelantan Ernesto Navarro e Indira Carpio en Alba Ciudad, y una voz serena, docta y sabia como la de Luis Britto García, con el peso específico de ser un brillante escritor, abogado y recientemente miembro del Consejo de Estado. O sea nada que ver con este realengo sin causa que yo mismo soy.
“Conrado es un extraordinario creador, una fuente de composiciones, de inspiraciones para nuestros pueblos y sería verdaderamente criminal la entrega de un gran poeta y un gran trovador. Entregar a Julián es… no sé… imaginen que repentinamente alguien alegara una acusación contra Alí Primera y lo entregáramos a un sitio donde lo van a meter en una cárcel, donde corre peligro su vida y esa es otra causa para evitar la extradición por razones políticas”. Y agrega que desde el punto de vista jurídico “es inaceptable” la entrega de Conrado
“El único delito de Julián, si eso pudiera llamarse delito, es ser fiel a sus convicciones. Hay una canción mexicana que dice si es pecado quererte que me condenen a muerte. Si es pecado ser fiel a convicciones ideológicas habría muchísimos condenados a muerte en Latinoamérica y en Venezuela”.
Como dice el tango Cambalache, ¡da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón!…
Etiquetas:
Cambalache,
FARC,
Humberto Márquez
lunes, 12 de diciembre de 2011
SANTORALES

El comunismo como fe
Héctor Abad Faciolince
El lugar común dice que las Farc son una banda terrorista dedicada al narcotráfico y al secuestro, que ha hecho de estos crímenes un modus vivendi, y que ya la ideología comunista no tiene ninguna importancia dentro de su accionar armado, como no sea en un discurso de dientes para afuera.
Esta semana, contradiciendo este estereotipo, Mauricio García sostenía en Twitter que, por el contrario, “es el exceso de ideología (dogmática y fundamentalista) y no la falta de ideología, lo que les impide a las Farc negociar”.
Bien pensado, el comunismo marxista debe ser visto como la última religión surgida en Occidente, una religión fanática, con millones de fieles, “científica” y sin dioses, pero con toda una escatología llena de paralelismos con el cristianismo. En el libro Marxismo y cristianismo, Daniel Chirot y Clark McCauley resumen así las imágenes religiosas de la fe comunista:
“En el principio había un mundo perfecto, sin propiedad privada y sin clases, sin explotadores ni alienación: el Jardín del Edén. Vino luego el pecado original, la propiedad privada, y con ella la explotación del hombre por el hombre. La Humanidad fue expulsada del Paraíso para sufrir desigualdades y necesidad. (…) Llegó finalmente el profeta verdadero con su mensaje de redención, Karl Marx, que predicó la ciencia verdadera. Prometió la salvación, y sus discípulos, de la mano del proletariado, los depositarios de la fe genuina, con ayuda de algunos elegidos (los líderes del Partido), se unieron para perfeccionar el mundo. Al fin una gran revolución borrará el capitalismo de la faz de la tierra, acabará con la alienación, la explotación y las desigualdades. Tras lo cual terminará la historia porque llegaremos a la perfección en este mundo, y todos los creyentes se salvarán”.
La fábula de la fe comunista, en la que tantas buenas gentes han creído con ingenuidad, al perseguir un fin de infinita bondad, igualdad y hermandad entre todos los hombres, ha hecho que se cierre un ojo ante el terror y los sacrificios que hay que soportar mientras se llega a esa luminosa meta soñada. Las purgas de Stalin (con decenas de millones de muertos), los genocidios de Mao (con más muertos aún), los paredones de Castro, el mismo desmoronamiento de la Unión Soviética, no son sino pequeños baches en el camino de la redención. Como se persigue el bien supremo del Paraíso sobre la tierra, qué importancia tienen unos cuantos miles de secuestrados, unas cuantas pipetas en iglesias y escuelas, o una tonelada de más o de menos de cocaína exportada al Imperio. Un paso adelante, dos atrás.
La paz con las Farc es tan difícil, precisamente, porque ellos se creen los últimos representantes heroicos de la secular religión marxista leninista. La misma crisis económica europea, o los bajos índices de crecimiento en EE.UU., son los más recientes anuncios de que la profecía es verdadera: el capitalismo está a punto de colapsar. Los estertores finales del capitalismo financiero anuncian la alborada del paraíso comunista. Y el que no quiera ver esto es porque es un bobo de cucurucho.
Lo típico de una fe religiosa es que ésta (a diferencia de la ciencia) no se siente tocada por ningún contraejemplo factual. Si el comunismo trajo más miseria que bienestar, qué sé yo, en Lituania o en Corea del Norte, eso es por desviaciones y errores de sus dirigentes, no por fallas en la doctrina. Así como un puñado de obispos pedófilos no demuestran nada contra la Iglesia Católica, no serán un Kim Il Sung o un Pol Pot quienes hagan renegar de la fe verdadera en el marxismo leninismo. Es mucho más fácil convencer a un cristiano de que no hay Paraíso celestial, que convencer a un comunista de que su receta no lleva al Paraíso terrenal. Por esta ideología ciega y totalitaria es que es tan difícil negociar con las Farc. Son fanáticos de su fe, convencidos dueños de la Verdad, y no será la marcha de “un puñado de burgueses” lo que los haga cambiar de opinión.
Fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-315876-el-comunismo-fe
Etiquetas:
Comunismo,
FARC,
Héctor Abad Faciolince
domingo, 22 de mayo de 2011
¿Y LA FOLIATURA?

EL NACIONAL - Domingo 22 de Mayo de 2011 Opinión/9
Expediente
ELSA CARDOZO
En el expediente de las relaciones del gobierno de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, leo dos historias: la de los gravísimos y recurrentes reclamos del Gobierno colombiano, y la de las denuncias y exigencias de investigación de los venezolanos, preocupados por los efectos que los entendimientos que se asomaron desde 1999 tendrían, y en efecto tuvieron, para nuestra seguridad como ciudadanos y como país. En la primera historia, hubo ciertas atenciones, aunque inconsistentes, a los reclamos; en la segunda, se impuso la descalificación de los denunciantes.
Los archivos publicados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ordenan piezas centrales de un rompecabezas que los venezolanos comenzamos a armar y padecer hace doce años. A medida que se sumaban evidencias del acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, veíamos cómo eran desmontados los instrumentos y acuerdos que debían protegernos de la legitimación de la violencia y sus turbios negocios.
Esta segunda historia, valga seleccionar algunos episodios, se inicia formalmente el 22 de febrero de 1999 cuando, a pocos días de juramentado, Chávez se sintió investido para reconocer a los guerrilleros colombianos como combatientes "en un conflicto interno en el cual nosotros somos neutrales". Seis meses después, el 10 de agosto, tras un violento ataque guerrillero, el Presidente insistió en que no iba a "cambiar una estrategia por hechos tácticos", y esa estrategia contemplaba un encuentro con los jefes de las FARC, con o sin autorización del Presidente de Colombia. Enseguida, el entonces canciller José Vicente Rangel sostenía respecto a ese encuentro, dizque para beneficio de la seguridad de Venezuela: "Las relaciones se tienen con quien tiene el poder".
En los tres años siguientes, a las afrentas de invitar a una representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para discutir el Plan Colombia en la sección venezolana del Parlamento Latinoamericano y de retener en Caracas al guerrillero José María Ballestas apresado en un operativo conjunto en nuestra ciudad capital se sumó la difusión, por cuatro periodistas venezolanas, de un video que mostraba a militares nuestros, en territorio colombiano, tratando secretamente con la guerrilla.
El ex embajador en Colombia y recién designado canciller, Roy Chaderton, declaraba después, en febrero de 2002: "Me perturba mucho menos el exceso de celo en la defensa y protección de nuestros intereses nacionales que el exceso de precaución" a la vez que admitía "contactos heterodoxos", según el ministro, "para asegurar la protección de los intereses, la vida y los bienes de los ciudadanos".
Durante el gobierno de Uribe se acumularon evidencias sobre operaciones y presencia de jefes de la guerrilla en Venezuela. Informes de aquí, sobre los severos daños y padecimientos de nuestros pobladores y productores fronterizos, fueron una y otra vez descalificados por el Gobierno.
En enero de 2008, hablando impropiamente por todos los venezolanos, el Presidente no ocultó sus intereses y proyectos al exigir desde la Asamblea Nacional: "Hay que darles reconocimiento a las FARC y al ELN porque son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político bolivariano que aquí es respetado".
Los arreglos entre Santos y Chávez no pueden echar tierra, entre nosotros, sobre las transacciones turbias hechas al precio de vidas, bienes, principios e intereses de los venezolanos. En eso no hay vuelta de hoja.
Fotografía: LB
Etiquetas:
Chavezato,
Elsa Cardozo,
FARC,
Guerrilla colombiana,
LB
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





