CONSTANTES HISTÓRICAS

La militarización y el aporte académico
Luis Barragán

La mayor particularidad del socialismo imperante en Venezuela, imposible de superar por la maquinaria propagandística del régimen, es la de su indefinición teórica. Delatado por los hechos, queda así el saldo de dos de las constantes históricas que marcan a un país incómodo con el nuevo siglo: el rentismo petrolero y el militarismo sagaz.

Múltiples, difíciles e hirientes las vicisitudes, la academia intenta aprehenderlas aportando una interpretación indispensable para el debate impostergable, colándose entre la censura y el bloqueo informativo, a través de la hazañosa impresión convencional y de la digital relacionada con el Estado Cuartel y el control civil, como la meritoria edición alusiva de la revista “Mundo Nuevo” (USB, Caracas, 2014: http://www.iaeal.usb.ve/mundonuevo/revistas/MN15/MN_15.pdf); la reciente publicación de “El Estado Cuartel en Venezuela”, bajo la coordinación de Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar (Negro Sobre Blanco, Caracas, 2014); o la difusión de la interesante disertación de Hernán Castillo en la Academia Nacional de Historia (Caracas, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=A9L8otQPiB8).

Las arbitrarias reacciones y desesperadas respuestas de los voceros gubernamentales, añadida la postura del titular del ministerio de la Defensa, ante el proceso referendario que pretenden detener, ejemplifica muy bien ese saldo calamitoso de las bayonetas que hablan. Incluso, se ha señalado, el gasto militar es cuatro veces mayor que el de los alimentos (http://www.lapatilla.com/site/2016/06/06/gasto-en-defensa-es-cuatro-veces-mayor-que-el-de-alimentacion), indicio suficientemente fundado de un pretorianismo que, a juicio del Dr. Luis Alberto Buttó, como otros de sus colegas,  yendo más allá de las prevenciones conceptuales del recordado Dr. Domingo Irwin, nos colocan en una definitiva etapa de militarización de la sociedad.

Sobran los testimonios personales al respecto, pues, es el caso de una persona amiga que salió del país por dos meses y de otra que nos visitó, luego de varios años ausente, sorprendidos por el incremento cada vez más marcado de las fuerzas militares en las calles que, por cierto, no impide el aumento de la ya cotidiana violencia hamponil. Aporía que se une a otra, pues, no hay un  país integrante de la  OPEP que experimente una crisis humanitaria como la nuestra, convertido en un irrespeto el pretexto de los bajos precios del petróleo, y – algo más que una anécdota – impresiona el vistazo a cualquier autopista repleta de automóviles que ilustran un atraso de numerosos años.

Sostenemos que el socialismo venezolano no menos real que los ya  conocidos, cuenta con una naturaleza mercantil y campamental innegable, como tuvimos ocasión de denunciarlo en algunas de nuestras modestas intervenciones en el pasado período legislativo de la Asamblea Nacional. A la urgencia de superarlo, se impone la de una adecuada interpretación y, sin dudas, la academia ha realizado importantes esfuerzos que una transición democrática ha de valorar para hacerse – sencillamente – viable.
Fotografía: http://sumarium.com/fuerza-armada-y-chavistas-inician-las-maniobras-militares-ordenadas-por-maduro/

12/06/2016

http://guayoyoenletras.net/2016/06/12/la-militarizacion-aporte-academico/

ÚNICA GARANTÍA

TAL CUAL, Caracas, 05 de mayo de 2014
El Estado Cuartel
Hernán Castillo

En Venezuela no hay razones para plantear, la coalición, o unión cívicomilitar que planteaba Lasswell, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, para la seguridad internacional de los países altamente industrializados

Tal como hemos vivido la política en Venezuela en estos últimos años, la lectura de "El Estado Guarnición" de Harold Lasswell, debería ser obligatoria en los centros de estudios militares del país. El título original en inglés: "The Garrison State", fue escrito en 1947, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Lasswell básicamente plantea que la política de la época se estaba dirigiendo hacia un mundo de Estados Guarniciones, con los militares como los más poderosos grupos de la sociedad coaligados con el liderazgo civil debido a la precaria seguridad internacional, particularmente de aquellos países con poderío nuclear suficiente para destruir el globo terráqueo.

Para la política democrática internacional de los países altamente desarrollados, a mí juico, Lasswell estaba en un error, excepto la URSS, en donde el partido comunista y los militares se fusionaron, el resto de las potencias industriales de la época tuvieron distintas formas políticas de gobierno de supremacía civil sobre lo militar.

El tipo de relaciones civiles y militares que proponía Lasswell no funcionó; al contrario, mientras las sociedades altamente industrializadas aumentaban su poderío nuclear, el control y la supremacía civil sobre los militares, fue cada vez más mayor. No obstante, para las sociedades institucionalmente débiles en África, América Latina, y Asia, a pesar de que estos continentes no tenían amenazas internacionales a su seguridad nacional, Lasswell sí estaba en lo correcto. Para esta parte del mundo, luego de derrotado militarmente el nacionalsocialismo y al fascismo le siguieron inmediatamente una serie de formas tradicionales, clásicas y mixtas de alianzas políticas y coaliciones de relaciones de supremacía militar sobre lo civil.

El "Estado Guarnición" tiene como antecedente: "La crisis Chino-Japonesa: El Estado Guarnición versus El Estado Civil", originalmente en inglés: "Sino-Japanese Crisis: The Garrison State vs. The Civilian State," escrito diez años antes, en medio de la Segunda Mundial en 1937, publicado por China Quarterly, XI (1937), 643-49, es un artículo corto para la trascendencia política del problema que plantea.

En Venezuela no hay razones para plantear, la coalición, o unión cívicomilitar que planteaba Lasswell, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, para la seguridad internacional de los países altamente industrializados. Al contrario, colocar a los militares venezolanos al mismo nivel, o incluso a un nivel mayor, que la dirigencia civil en la conducción del Estado venezolano es una aberración, además de inconstitucional agrava todos los problemas de seguridad nacional y regional, incluso como país eminentemente petrolero; situación bien distinta al complejo industrial, tecnológico y científico de los países altamente industrializados. Es más, para Venezuela la garantía de su seguridad nacional está en la total y absoluta subordinación de los militares al sector civil.

Fuente:
http://www.talcualdigital.com/Nota/102411/el-estado-cuartel
Cfr.
Hernán Castillo. "Las Fuerzas Armadas Venezolanas y la tentación pretoriana": https://www.youtube.com/watch?v=A9L8otQPiB8
Edición revista "Mundo Nuevo" (2014), dedicada al Estado Cuartel:http://www.iaeal.usb.ve/mundonuevo/revistas/MN15/MN_15.pdf

PRETEXTOS

De la desautoridad moral
Luis Barragán

El gobierno venezolano, el mismo en más de una década y media, insiste en ocultar sus errores en relación a la histórica reclamación del Esequibo.  Valga la ironía, David Granger y todo el gobierno guyanés nos acusa de todo el atraso y acoso que  ha sufrido su país por más de medio siglo, al igual que Nicolás Maduro, como su antecesor,  responsabiliza al imperio estadounidense de todas nuestras desdichas, aplaudido el capitalismo chino con el que voluntariamente anudaron una ya agigantada deuda.

Moralmente desautorizados, solamente desea el régimen contextualizar la reclamación en la agenda de su mera supervivencia política  y, sospechamos, que no  cuenta con un suficiente plantel de especialistas en la materia que sea capaz de orientarlo. La única vez que ha permitido el oficialismo debatir el asunto en el parlamento, demostró una pobreza de argumentos – si es que lo fueron – para un dramático contraste con los alegatos de la oposición.

Moralmente desautorizados, pretendieron convertir a la oposición en los apátridas de siempre, apelando a un libreto que muy bien justifica el problema como una rencilla de vecindario, en lugar de confiarlo como inherente a la Política de Estado que bien merece y, por ello, celebran la simplicidad de un Maduro que anuncia que esperará a Granger sentado en una oficina de las Naciones Unidas, descalificándolo personalmente,  mientras que el vecino lanza dardos de mejor precisión política. Además, si de oposición se trata, ésta ha sido diligente al plantear constantemente la materia y las iniciativas que son necesarias, incluyendo dos o tres propuestas legislativas.

Moralmente desautorizados, parece que la historia no favorece a la escuela, porque – al revisar los Diarios de Debates que modestamente hemos acumulado  de décadas anteriores – ha sido, por lo menos, confusa la postura de sus predecesores marxistas.  E, incluso, Hernán Castillo, autor que ha examinado las ya remotas disquisiciones de diputados y senadores, en torno al Esequibo, las ha dictaminado con una severidad que compartimos, asomando hipótesis – acotemos –sobre la posible denuncia del Acuerdo de Ginebra por Guyana,  ventiladas por uno de los tribunos de entonces (en: “Problemas militares venezolanos”, UCAB-UPEL, Caracas, 2009).

Moralmente desautorizados, se equivoca el gobierno guyanés, porque Venezuela jamás ha agredido a su pueblo, insistiendo en el trámite pacífico de una reclamación que no ha negado nuestra contribución para su desarrollo, incluyendo la propia independencia de Gran Bretaña, mucho antes que Chávez Frías errara. Irresponsablemente, el mandatario del este, pretende culparnos de la situación en la que se encuentra un país de asombrosas contradicciones internas al que desea conducirlo temerariamente a un tribunal internacional en el que puede perder el “chivo y el mecate”, perturbándolo para aglutinar un apoyo que posiblemente afectará a toda la región.

Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/23917-de-la-desautoridad-moral

PARTICIPACIÓN SOBRIA Y RESPONSABLE

Del Consejo de Defensa de la Nación y la oposición
Luis Barragán

Contrastando con décadas anteriores,  pocas han sido las veces que mencionan los términos de seguridad y defensa (SD) en el parlamento, excepto se trate de algún objetivo propagandístico del régimen. A pesar de las circunstancias que éste ha invocado, como el celebérrimo decreto de Obama, dándole toda una interesada gravedad, no se ha atrevido a un debate prolongado y de fondo que la sola noticia de las concesiones petroleras de Guyana amerita; e, incluso, supimos del Consejo de Defensa de la Nación al día siguiente de nuestra modesta interrogación en la obamizada sesión plenaria (https://www.youtube.com/watch?v=d62WMI7LwUU), expuesto su secretario general en el marco de una declaración – si mal no recordamos – vicepresidencial, al día siguiente.

Hernán Castillo, por ejemplo, ha ilustrado la actividad del otrora Congreso de la República respecto a la política exterior  venezolana y la SD en el período 1959-1969 (en: “Problemas militares venezolanos”, UCAB-UPEL, Caracas, 2009: 29-64), destacando el conflicto esequibano. Una rápida revisión de los diarios de debates de la segunda mitad del siglo pasado, nos impone de la recurrente denuncia de la violación de los derechos humanos a partir de la doctrina de SD y – sobre todo – de la discusión de la respectiva ley orgánica, a mediados de los setenta, con la libre participación de quienes abandonaron la insurrección armada,  gracias a la política de pacificación.

El gobierno intentó la consabida épica anti-imperialista tras el aludido decreto, clamando por una unidad nacional que paradójicamente lo llevó a dictaminar y a segregar a los supuestos apátridas que le agobian.  Luce razonable concluir que esa amenaza no tuvo la pesadez y trascendencia esgrimida, forzada la habilitación legislativa, como la tuvo – irrefutablemente -  la crisis del Caldas en los años ochenta que apersonó a toda la oposición en Miraflores, yendo más allá de las simples circunstancias políticas que el país valoró.

Cada vez más, la cuestión guyanesa adquiere rasgos preocupantes que aconsejan – redescubriéndola – una Política de Estado, con la participación de todos los sectores de la vida nacional. No basta con inculpar a la mítica IV República, como reciente y fácilmente sentenció la ministro de una despacho diferente a los asuntos exteriores, porque – de comparar – la no menos mítica V República quedaría muy mal por sus acciones y omisiones.

Contribuiría a concebir y desarrollar una Política de Estado respecto a las pretensiones de Georgetown, ampliando su base de apoyo, por una parte, la propia ampliación del Consejo de Defensa de la Nación, “máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público” (artículo 323 constitucional), con una calificada y veraz representación de la oposición parlamentaria, amén de las individualidades de reconocido prestigio en la materia, permitiéndolo el único aparte del artículo 35 de la vigente Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), sobre el cual no abundó el constituyente,  susceptible de la debida reforma legislativa para acercarse – por lo menos -  al artículo 12 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (LOSD), promulgada en  1976, que le permitía al jefe de Estado incorporar a los distintos comités a “cualquier funcionario público o de particulares cuyas actividades sean de interés para la seguridad y defensa de la República”. Valga acotar, el nuestro es un planteamiento de vieja data, formulado como subsecretario general nacional de COPEI, en 2005 (http://www.eluniversal.com/2005/04/25/pol_ava_25A554493); diputado electo en el marco de una propuesta de reformas legales, en 2010 (http://www.dailymotion.com/video/xidikx_copei-trabaja-en-una-serie-de-leyes-que-regularian-el-ambito_news);  y como subjefe de la fracción de Independientes (Vente) en la Asamblea Nacional, 2015 (http://www.opinionynoticias.com/noticiasenvenezuela/21989-barragan-y-el-debate-de-la-habilitante-hay-una-legislacion-ordinaria-que-hace-ociosa-y-peligrosa-la-solicitud#.VQCijrO6K6A.twitterv).

E, igualmente,  constituye un importante aporte el de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, especializadas en la materia, requieren de los órganos de la Asamblea Nacional para expresarse y, por ello, un número importante de diputados suscribimos una petición de palabra en la Comisión Permanente de Política Exterior, a objeto de proponer – entre otros aspectos - la articulación con una sociedad civil que es corresponsable con el Estado en el campo de la SD (artículo 326 constitucional), siendo de interés para el Consejo Nacional de Defensa. Subrayemos, situación muy distinta a la de los consejos comunales, por varios motivos: por su naturaleza, conformación, financiamiento y adscripción harto conocidos, están reñidos con el inevitable reconocimiento del principio de pluralidad política y participación ciudadana de acuerdo al artículo 8 de la LOSN; disposiciones como las establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC), como la del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), abonan a la movilización y defensa civil en el contexto de la SD que a su propia problematización, concepción, desarrollo y seguimiento como política pública; agreguemos, el numeral 8 del artículo 25 de la LOCC, reformada en 2009,  concretó la coordinación con la Milicia Bolivariana para la defensa integral de la Nación, aunque nos parece con un poco más de alcance el reemplazado numeral 9 del artículo 21 de la LOCC de 2006 que versó sobre la promoción  del “ejercicio y defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación”.

El articulado constitucional y legal – finalmente – nos remite a las condiciones que garanticen la efectiva SD, en el orden político, social, económico, cultural, geográfico, ambiental y militar con la clara atención al artículo 2 constitucional.  Por lo pronto, la controversia con el gobierno guyanés nos permite replantear la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/22837-del-consejo-de-defensa-de-la-nacion-y-la-oposicion

BORDEAR

La agenda militar
Hernán Castillo  

Modernamente, la problemática de las relaciones civiles y militares aparece con la formación del Ejército Nacional. En la segunda mitad del siglo XX, con la supremacía, en términos generales, de la institucionalidad sobre otros aspectos de la vida social avanza la profesionalización militar venezolana. De allí en adelante, las posibilidades del cambio sociopolítico en Venezuela siempre estuvieron asociadas a la institución militar y no contra su carácter profesional. En Venezuela, cualquier intento de cambio, con una orientación distinta al profesionalismo militar, siempre estuvo destinado al fracaso. En estos últimos años, en que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por destruir la profesión militar, no tiene porqué ser diferente. Las circunstancias que hacen posible el profesionalismo militar, son básicamente: 1.
La formación de un Cuerpo de Oficiales que respondan con lealtad a los valores establecidos en la Constitución. 2. La especialización técnica en la administración de la violencia militar, bajo la supremacía de las autoridades civiles legítimamente electas. Y 3.
El nacionalismo que hace de la defensa de la soberanía, a la organización militar, una necesidad.
En otras palabras, cuando los militares anteponen intereses partidistas a lo militar, sacrifican el profesionalismo para convertirse en pretorianos. En las actuales circunstancias por las que atraviesa Venezuela, la agenda militar se debe centrar en cinco puntos: 1. Desarrollar la idea según la cual los militares están subordinados a la Constitución, a la cual tienen la obligación de defender.
2. Profundizar y consolidar el profesionalismo militar, según el cual, en una sociedad democrática las armas y el manejo de la violencia, bajo control político, le corresponde a la institución militar constitucionalmente establecida, no a los "Colectivos paramilitares", ni a la inconstitucional Milicia. 3. El adoctrinamiento y la partidización de los militares destruyen valores esenciales como la meritocracia, la jerarquía y la disciplina militar. 4.
Rechazar la injerencia en la política interna de Estados, organizaciones y fuerzas extranjeras, entre ellas principalmente la actividad de militares cubanos en Venezuela. Y 5. Aumentar el apresto operacional.
Finalmente, la designación de un "Comandante Supremo"; la creación de la Milicia y los "Colectivos" paramilitares; la nominación de "Bolivariana" de las Fuerzas Armadas Nacionales; la incorporación a las Fuerzas Armadas, en condiciones de militares activos, de funcionarios públicos de elección popular como el presidente actual de la Asamblea Nacional y los ascensos militares de los gobernadores de los estados Guárico, Portuguesa y Zulia; entre otras graves irregularidades, constituyen motivo de destrucción y desprofesionalización militar en Venezuela; lo cual, militares y civiles, tenemos que protestar.

http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/19305-la-agenda-militar

CONDUCTAS

EL IMPULSO, Barquisimeto, 26 de abril de 2014
Militares y control civil
Juan Páez Avila

En momentos  en que Venezuela se ha instaurado un régimen militar-civil, en el que predomina, desde luego, el poder militar, cuyos representantes ocupan ministerios, viceministerios, presidencias de institutos autónomos y 10 gobernaciones de Estado, y en el que aparece el presidente civil, Nicolás Maduro, ejerciendo limitadas facultades constitucionales, el Dr. en Historia, profesor de la Universidad Bolívar, Hernán Castillo, acaba de publicar un importante libro acerca de las relaciones entre el poder civil y el militar en la década de los años 60, época de golpes de Estado y subversión guerrillera, derrotados por la acción conjunta de Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, unidos en el Pacto de Punto Fijo, que también suscribió Jóvito Villalba, pero lo abandonó muy pronto. Si en nuestro país existiera una seria preocupación, no sólo por la teoría militar, sino también por el rol que han jugado los militares a través de la Historia Republicana, este libro debería provocar un gran debate sobre algo que ha sido y es vital en la vida política venezolana, e incluso latinoamericana. Y aunque el período investigado se limita a una década de gobierno democrático, el análisis que Castillo se puede extrapolar a toda nuestra historia republicana, con la seguridad de que los resultados y conclusiones serían más deplorables, sobre todo por la intervención directa de los militares en la política, por la destrucción de la economía en la época de guerras civiles, y la liquidación de las instituciones fundamentales del Estado en períodos de paz aparente, al aplicar a la política la acción vertical y centralista del mundo militar. Para quienes quieran formarse una opinión más fundamentada de quien escribe este libro, es importante destacar que Hernán Castillo es también egresado del Defense Planning and Resource Management Seminar, National Defense University NDU,2000. Washsington, D. C. USA. Master en Seguridad y Defensa Nacional, 1998, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, IAEDEN, Caracas, Venezuela. Egresado del Center Hemisferic for Defense Studies CHDS en cursos sobre Terrorismo y Contrainteligencia. Sólo en la cuatro décadas de gobiernos democráticos, que van del 58 al 98, se puede observar una política militar dirigida a crear una institución armada garante del sistema democrático y defensor de la soberanía nacional. Sin embargo, no obstante que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales respetaron y apoyaron el gobierno civil, no se produjo un verdadero y total control del poder militar por el civil, como impera en los países desarrollados y civilizados del mundo de hoy. La cultura libertaria  no forma todavía en  la conciencia de los venezolanos, civiles y militares, un conjunto de valores civilizatorios que  hagan de la relación entre el poder civil y el militar, un hecho de la cotidianidad democrática, aceptado por unos y por otros. Por lo contrario siempre ha existido una conducta conspirativa en importes sectores de la Fuerza Armada, tendente, a utilizar las armas de la nación para asaltar y apoderarse del  gobierno, en la creencia de que ellos son capaces de conducir la administración pública con eficacia, como se conduce un cuartel. Incluso hay civiles que estimulan la conspiración en abierta violación del Estado de Derecho. De la investigación que realiza Hernán Castillo  de las relaciones del poder militar y el civil, se desprende que es necesario un debate sobre el tema, que tenga entre sus prioridades la educación civilista y democrática, no sólo del militar sino también del político civil que ve en la acción inconstitucional de los hombres de armas, un aliado para violar el Estado de Derecho. En una breve reseña sobre un libro de singular importancia para el presente y futuro del  país, hay que destacar la jerarquía que el autor les asigna a los militares desde el punto de vista profesional y constitucional.