El Nacional, Caracas, 03/06/1986.
Mostrando entradas con la etiqueta Política militar. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Política militar. Mostrar todas las entradas
jueves, 31 de mayo de 2018
domingo, 3 de septiembre de 2017
PERISCOPIO
Luis Barragán
En un sentido, hay política militar con la inevitable conducción jerárquica que explica a la corporación, orientándola en el desarrollo de sus posibilidades operativas; y, en otro, no la hay, con la ausencia de un reconocido contrapeso institucional, capaz de ejercer el control de lo que, en definitiva, es una política pública debidamente contextualizada. La propia inexistencia de un régimen de convincentes libertades públicas, acentúa la autosuficiencia de la Fuerza Armada que, en la práctica, deviene partido político y, en principio, adhiere al de su Comandante en Jefe, civil para más señas, para luego subordinarlo, como ocurre con el llamado Estado Cuartel.
En el presente siglo, es evidente la involución de las relaciones civiles – militares, pues, siendo el caso, conocimos de un pretorianismo atenuado, décadas atrás, con el papel desempeñado por el entonces Congreso de la República y sus comisiones permanentes de Defensa. Más allá de la aprobación de los ascensos de la oficialidad superior, bajo la responsabilidad del senado, incluyendo a los diputados incursionaba en distintos campos, como el presupuestario, el programa de adquisiciones, el mantenimiento de los equipos y dispositivos, como la propia formulación de una política de seguridad y defensa, probablemente sin la suficiencia y eficiencia que era de esperar, temerosos de la polémica pública.
Valga la paradoja, las otrora Fuerzas Armadas Nacionales derrotaron la consabida insurrección de la década de los sesenta del XX, para luego entenderse con quienes antes las habían combatido, trastocados en parlamentarios tras la exitosa política de pacificación. En días pasados, hurgando entre las viejas fotografías que reordenaban en la biblioteca de la Asamblea Nacional, hallamos - por ejemplo - una significativa pieza en la que también el diputado Radamés Larrazábal, prominente dirigente del PCV, visitaba uno de los submarinos de la Armada venezolana.
La señalada circunstancia, no tiene equivalente en la presente centuria, pues, en el anterior mandato legislativo, la Comisión de Defensa fue de exclusivo desempeño del oficialismo, siendo la oposición una convidada de piedra. De acuerdo a la vigente Constitución, los ascensos militares son de exclusiva competencia presidencial, quedando la citada Comisión para procesar los proyectos de leyes de interés para la Fuerza Armada, diligencia facilitada por los militares retirados que la presidieron, vedados cualesquiera otros de los aspectos de una política militar que lo es, en la medida que haya interlocución, contradicción y real superación de las diferencias. Muy atrás quedan los debates parlamentarios que, directa o indirectamente, involucraban a la institución castrense, a propósito de los ascensos, las municiones yugoeslavas o los tanques AMX que, además, ventilaban libremente los medios de comunicación, pues, la opacidad es hoy una de las características fundamentales de las compras militares que acercan a Venezuela a los peores casos del planeta. Sin contrapeso institucional o control parlamentario, no hay política militar, sino el mantenimiento y despliegue operacional del partido en el que inexorablemente se convierte.
Fotografía: El diputado Radamés Larrazábal y otro integrante no identificado de la comisión que visita un submarino de la Armada venezolana. Fecha imprecisa. Colección de la biblioteca de la Asamblea Nacional.
Breve nota LB: La edición digital de Vente Venezuela cuenta con una magnífica fotografía de María Cecilia Peña, la cual agradecemos.
04/09/2017:
http://www.noticierodigital.com/2017/09/luis-barragan-no-hay-politica-militar/
lunes, 28 de diciembre de 2015
DE UNA RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
Luis Barragán
Materia delicada, si bien es cierto que Nicolás Maduro ejerce como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada (grado vitalicio, infiere Manuel Rachadell en su último libro), no menos lo es que la militar constituye una política pública y, por tal, sujeta al control parlamentario, consabido el principio constitucional de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil en el ámbito de la seguridad y defensa de la Nación.
En el actual período, cuya conclusión – por cierto – es inevitable, no trascendió debate alguno – porque no lo hubo – en la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, a menos que se tenga por tal las ocasionales e interesadas notas de prensa. Reservada la materia por la habilitación presidencial, muy pocas sesiones plenarias se ocuparon de la legislación, incluida la aprobación y – a la semana siguiente – el inmediato levantamiento de la sanción que suscitó el Proyecto de Ley de Disciplina Militar; frecuentemente, las solicitudes de crédito adicional - favorables al ministerio del ramo – estimularon un poco más la discusión; y hubo silencio gubernamental ante problemas concretos, como el esequibano, salvo aquellos momentos en los que le fue imposible evadirse, privilegiada toda inspiración panegírica para tratar a la corporación castrense en sendos proyectos de acuerdo.
Más allá de las acostumbradas consignas, quedamos pendientes de una interpretación marxista de la institución armada que es lo menos que se les podía pedir a tan apasionados panegiristas, sobre todo cuando – en varias oportunidades – intervinimos en demanda de una definición y consideración de la naturaleza adquirida en el marco del socialismo rentístico, multiplicándose las firmas mercantiles beneficiarias de tales créditos. Sentimos displicencia y quizá ignorancia de los voceros gubernamentales, añadidos quienes son militares retirados, como el propio piloto que bombardeó décadas atrás a un grupo guerrillero y ahora es adalid de la revolución.
Inútil espera, porque ni siquiera Mario Esteban Carranza y su clásico “Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina” (Siglo XXI Editores, México, 1978), apegado a las tesis de Nicos Poulantzas, royó el seño de nuestros pretendidos interlocutores. Los contentó y aplaudieron, el carácter partidista que la entidad armada adquirió por todos estos años y, bastando con revisar los viejos Diarios de Debates, contrastaron dramáticamente con las posturas hasta conceptuales de los parlamentarios – afines ideológicamente – que reivindican como sus predecesores (si les llega la noticia, claro está).
Al iniciarse el novísimo período legislativo, la Comisión Permanente de Defensa ha de retomar sus obvias tareas, contribuyendo a una política pública militar estrictamente apegada a la vigente Constitución de la República. No está exceptuada de tan importante consideración y oficio, así no le corresponda autorizar los ascensos, pues, habida cuenta de nuestras fortalezas y vulnerabilidades, entre otros de los factores a considerar, por lo pronto lucen aconsejables tres orientaciones básicas.
Digamos, por una parte, la reprofesionalización de una Fuerza Armada que está al servicio de la Nación, descontaminándola de toda parcialidad y sectarismo político; y, por otra, explicándola por los actuales escenarios que en nada abonan a los que hicieron – ya muy antes - la Guerra Fría, sufragados por las anacrónicas tesis anti-imperialistas y que, incluso, bien observó el almirante brasileño Mario César Flores en su “Bases para una política militar” (Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1996), refiriéndose a la solidaridad regional que “será más fácilmente concretada cuando menos influida esté por la interferencia de instrumentos de orden estratégico del tiempo de la guerra fría, que pierden su razón de ser al finalizar el enfrentamiento este-oeste”. Según nuestra modesta e inexperta opinión, el fenómeno de la guerra hoy está preñado de nuevas realidades, vicisitudes y significaciones.
Finalmente, importa recobrar la subordinación de los mandos decisivos de la Fuerza Armada al poder civil en el contexto de unas adecuadas relaciones de las que trata un especialista como Luis Alberto Buttó, en su extraordinario breviario “Civiles y militares. Manual indispensable” (Negro Sobre Blanco, Caracas, 2015). La venidera Comisión Permanente de Defensa requiere de una mayoría de la oposición democrática con la necesaria prudencia, pero también con la convicción y decisión que la haga defender a cabalidad la Constitución, acaso dándole continuidad a la consulta – así parece – evacuada por el ministro de la Defensa y el Comando Mayor en la sede de Fuerte Tiuna (http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151221/el-constitucionalista-herman-escarra-propone-a-la-fan-un-pacto-de-esta), con Hermann Escarrá, toda una curiosidad de los días post-electorales.
(*) A falta de Diario de Debates, pueden verse algunos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ws3Kn7h1do
https://www.youtube.com/watch?v=XQccTBfwrR8
https://www.youtube.com/watch?v=tuqcwbnfUxE
https://www.youtube.com/watch?v=XGFXi3R7UI8
https://www.youtube.com/watch?v=faHOSuI0NPc
https://www.youtube.com/watch?v=EAOmwO1Jq3k
https://www.youtube.com/watch?v=T0b6pX4MWS0
https://www.youtube.com/watch?v=rO3cUcfCsg4
https://www.youtube.com/watch?v=3xej5bvYTqY
https://www.youtube.com/watch?v=M8c6K73KVJw
https://www.youtube.com/watch?v=D5vr4Bps8Os
Fuentes:
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/27/luis-barragan-parlamento-y-fuerza-armada/
http://www.guia.com.ve/noti/134046/parlamento-y-fuerza-armada-luis-barragan
jueves, 1 de mayo de 2014
CONDUCTAS
Militares y control civil
Juan Páez Avila
En momentos en que Venezuela se ha instaurado un régimen militar-civil, en el que predomina, desde luego, el poder militar, cuyos representantes ocupan ministerios, viceministerios, presidencias de institutos autónomos y 10 gobernaciones de Estado, y en el que aparece el presidente civil, Nicolás Maduro, ejerciendo limitadas facultades constitucionales, el Dr. en Historia, profesor de la Universidad Bolívar, Hernán Castillo, acaba de publicar un importante libro acerca de las relaciones entre el poder civil y el militar en la década de los años 60, época de golpes de Estado y subversión guerrillera, derrotados por la acción conjunta de Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, unidos en el Pacto de Punto Fijo, que también suscribió Jóvito Villalba, pero lo abandonó muy pronto. Si en nuestro país existiera una seria preocupación, no sólo por la teoría militar, sino también por el rol que han jugado los militares a través de la Historia Republicana, este libro debería provocar un gran debate sobre algo que ha sido y es vital en la vida política venezolana, e incluso latinoamericana. Y aunque el período investigado se limita a una década de gobierno democrático, el análisis que Castillo se puede extrapolar a toda nuestra historia republicana, con la seguridad de que los resultados y conclusiones serían más deplorables, sobre todo por la intervención directa de los militares en la política, por la destrucción de la economía en la época de guerras civiles, y la liquidación de las instituciones fundamentales del Estado en períodos de paz aparente, al aplicar a la política la acción vertical y centralista del mundo militar. Para quienes quieran formarse una opinión más fundamentada de quien escribe este libro, es importante destacar que Hernán Castillo es también egresado del Defense Planning and Resource Management Seminar, National Defense University NDU,2000. Washsington, D. C. USA. Master en Seguridad y Defensa Nacional, 1998, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, IAEDEN, Caracas, Venezuela. Egresado del Center Hemisferic for Defense Studies CHDS en cursos sobre Terrorismo y Contrainteligencia. Sólo en la cuatro décadas de gobiernos democráticos, que van del 58 al 98, se puede observar una política militar dirigida a crear una institución armada garante del sistema democrático y defensor de la soberanía nacional. Sin embargo, no obstante que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales respetaron y apoyaron el gobierno civil, no se produjo un verdadero y total control del poder militar por el civil, como impera en los países desarrollados y civilizados del mundo de hoy. La cultura libertaria no forma todavía en la conciencia de los venezolanos, civiles y militares, un conjunto de valores civilizatorios que hagan de la relación entre el poder civil y el militar, un hecho de la cotidianidad democrática, aceptado por unos y por otros. Por lo contrario siempre ha existido una conducta conspirativa en importes sectores de la Fuerza Armada, tendente, a utilizar las armas de la nación para asaltar y apoderarse del gobierno, en la creencia de que ellos son capaces de conducir la administración pública con eficacia, como se conduce un cuartel. Incluso hay civiles que estimulan la conspiración en abierta violación del Estado de Derecho. De la investigación que realiza Hernán Castillo de las relaciones del poder militar y el civil, se desprende que es necesario un debate sobre el tema, que tenga entre sus prioridades la educación civilista y democrática, no sólo del militar sino también del político civil que ve en la acción inconstitucional de los hombres de armas, un aliado para violar el Estado de Derecho. En una breve reseña sobre un libro de singular importancia para el presente y futuro del país, hay que destacar la jerarquía que el autor les asigna a los militares desde el punto de vista profesional y constitucional.
miércoles, 16 de abril de 2014
DOS TEXTOS MILITARES
Fuentes: 2001, Caracas, 02/07/1991 y El Nacional, 03/06/1986.
Breve nota LB: La primera constatación consiste en la posibilidad cierta de plantear públicamente la tesis de un partido y, para más señas, en un medio hoy perseguido. La segunda, el tema recurrente en Tarre Murzi, a juzgar - sobre todo - por la década de los sesenta, incluyendo sus denuncias sobre un golpe de Estado. Sería interesante editar en un futuro, las opiniones vertidas sobre el tema añadida las intervenciones parlamentarias.
lunes, 9 de julio de 2012
ENTRE EL CIELO Y EL SUELO, HAY ALGO
Luis Barragán
Reiterativas, largas y tediosas, las cadenas presidenciales no constituyen garantía alguna de conocimiento y convencimiento público. Suerte de cartel judicial, escondido entre los pliegues de un diario, aunque eficaz, la indiferencia – precisamente – general en torno a los radiotelevisados ascensos militares, ajenos a toda crítica extraña, los revela como un fenómeno exclusivo y excluyente de la corporación, sincerando la consigna de la tal alianza cívico-militar, sustitutiva de la antiquísima de obreros y campesinos.
Mal podríamos aspirar a que la promoción de los oficiales dependiera de un plebiscito o de alguna de las rifas electorales que suelen caricaturizar a la democracia participativa, porque también se trata del resultado evaluador del nivel profesional, de la excelencia y el mérito alcanzado. No obstante, por la fundamental importancia de la entidad armada, es necesario insistir en el error del constituyente al dejar la materia en las manos soberanas del presidente de la República que, siendo Jefe de Estado y de Gobierno, igualmente es y ha sido Candidato Presidencial Continuista, adedado por sí mismo, con las consecuencias del caso: una de ellas, el haber ascendido a altos oficiales que, antes y después, descendieron y descienden a una extrema y contraproducente defensa partidista del benefactor, poniendo en duda el inequívoco articulado constitucional.
Luce indispensable contar con una adecuada cota de participación de la sociedad que legitime el desenvolvimiento de aquellos a quienes les ha confiado las armas, a través de los medios parlamentarios o de opinión. Fue evidentemente falaz el argumento sobre la injerencia del extinto Congreso de la República en los ascensos, pues, recordemos, el constituyente Alberto Franchesqui advertió que los proponentes del monopolio presidencial desconfiaban hasta del elenco parlamentario oficialista del futuro para considerarlos. Y, agreguemos, no es por casualidad que, en más de una década, ni la política militar misma ha inspirado y menos fatigado la agenda de la Asamblea Nacional: por lo menos, ella palidece frente a los antiguos debates, como el escenificado por los diputados hacia finales de 1969, a propósito de unas declaraciones del otrora ministro de la Defensa (recalquemos: en ejercicio).
Importante logro democrático, polémicas que contribuyeron a romper con los tabúes que hoy vuelven, indemnes. Y, por cierto, aseguran el pronto olvido de casos como el que aqueja a un familiar cercano de Rocío San Miguel, demasiado presuntamente involucrada en un delito contra la seguridad de la nación.
Quienes hoy suelen rasgarse las vestiduras en nombre de la Constitución, aunque tomando a título de inventario el principio de la supremacía constitucional, olvidan aquellos ascensos festejados por julio de 1999, en claro y contundente desafío a la Carta de 1961. El entonces Procurador General de la República, aconsejó recurrir a la Corte Suprema señalándoles gentilmente los plazos a los disidentes, pero no tardó en agotar los propios por obra de la historia siempre implacable de toda experiencia autoritaria.
La conducción y la política militares, conciernen al país que ha de discutirlas para generar la necesarísima certidumbre y confianza que merecen. El problema de ahora no es tanto el de la festividad de las armas nuevas, sino el del exacto reconocimiento no sólo de los resultados electorales, limpios y transparentes, sino el del principio de la supremacía constitucional tan pendiente de realizar.
Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/12234-de-un-tema-tabu-asciendolos-y-descenderan
Fotografía: Yoset Montes / AVN (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/115561/la-imagen-el-dron-venezolano-arpia-fue-una-de-las-atracciones-del-desfile-del-5-de-julio/)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)