Luis Barragán
En un sentido, hay política militar con la inevitable conducción jerárquica que explica a la corporación, orientándola en el desarrollo de sus posibilidades operativas; y, en otro, no la hay, con la ausencia de un reconocido contrapeso institucional, capaz de ejercer el control de lo que, en definitiva, es una política pública debidamente contextualizada. La propia inexistencia de un régimen de convincentes libertades públicas, acentúa la autosuficiencia de la Fuerza Armada que, en la práctica, deviene partido político y, en principio, adhiere al de su Comandante en Jefe, civil para más señas, para luego subordinarlo, como ocurre con el llamado Estado Cuartel.
En el presente siglo, es evidente la involución de las relaciones civiles – militares, pues, siendo el caso, conocimos de un pretorianismo atenuado, décadas atrás, con el papel desempeñado por el entonces Congreso de la República y sus comisiones permanentes de Defensa. Más allá de la aprobación de los ascensos de la oficialidad superior, bajo la responsabilidad del senado, incluyendo a los diputados incursionaba en distintos campos, como el presupuestario, el programa de adquisiciones, el mantenimiento de los equipos y dispositivos, como la propia formulación de una política de seguridad y defensa, probablemente sin la suficiencia y eficiencia que era de esperar, temerosos de la polémica pública.
Valga la paradoja, las otrora Fuerzas Armadas Nacionales derrotaron la consabida insurrección de la década de los sesenta del XX, para luego entenderse con quienes antes las habían combatido, trastocados en parlamentarios tras la exitosa política de pacificación. En días pasados, hurgando entre las viejas fotografías que reordenaban en la biblioteca de la Asamblea Nacional, hallamos - por ejemplo - una significativa pieza en la que también el diputado Radamés Larrazábal, prominente dirigente del PCV, visitaba uno de los submarinos de la Armada venezolana.
La señalada circunstancia, no tiene equivalente en la presente centuria, pues, en el anterior mandato legislativo, la Comisión de Defensa fue de exclusivo desempeño del oficialismo, siendo la oposición una convidada de piedra. De acuerdo a la vigente Constitución, los ascensos militares son de exclusiva competencia presidencial, quedando la citada Comisión para procesar los proyectos de leyes de interés para la Fuerza Armada, diligencia facilitada por los militares retirados que la presidieron, vedados cualesquiera otros de los aspectos de una política militar que lo es, en la medida que haya interlocución, contradicción y real superación de las diferencias. Muy atrás quedan los debates parlamentarios que, directa o indirectamente, involucraban a la institución castrense, a propósito de los ascensos, las municiones yugoeslavas o los tanques AMX que, además, ventilaban libremente los medios de comunicación, pues, la opacidad es hoy una de las características fundamentales de las compras militares que acercan a Venezuela a los peores casos del planeta. Sin contrapeso institucional o control parlamentario, no hay política militar, sino el mantenimiento y despliegue operacional del partido en el que inexorablemente se convierte.
Fotografía: El diputado Radamés Larrazábal y otro integrante no identificado de la comisión que visita un submarino de la Armada venezolana. Fecha imprecisa. Colección de la biblioteca de la Asamblea Nacional.
Breve nota LB: La edición digital de Vente Venezuela cuenta con una magnífica fotografía de María Cecilia Peña, la cual agradecemos.
04/09/2017:
http://www.noticierodigital.com/2017/09/luis-barragan-no-hay-politica-militar/
