ETAPAS

La formación de los militares argentinos en democracia: panorama y desafíos futuros
Sabina Frederic

En los últimos 30 años la formación de los militares argentinos sufrió importantes cambios. El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, buscando generar un nuevo perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional. Si bien el saldo de este proceso es positivo, quedan todavía varios desafíos pendientes, entre ellos, avanzar en una mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.

¿Cuáles han sido los principales cambios atravesados por la educación de los militares en democracia? ¿Qué orientaciones tomaron a partir de la conducción civil efectiva de la educación para la Defensa? ¿De qué manera las huellas de esta transformación se encuentran moldeadas además por el período más prolongado de paz de la historia del Estado argentino? Hace escasos 30 años que las Fuerzas Armadas quedaron excluidas de toda intervención al interior del territorio nacional. Esta fase inédita de la historia contemporánea del país le debe mucho a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas –de entonces– en el terrorismo de Estado de los años ’70, la derrota militar en la guerra de Malvinas y la fuerza de la democratización encarnada en una corriente de reivindicación y expansión de los derechos humanos.

En este escenario, nos interesa poner en perspectiva aquellas preguntas para identificar tanto los trazos de la renovación educativa, los instrumentos para producirla y los principales obstáculos y dilemas. Destacaremos el plexo normativo, las modificaciones organizacionales, los cambios de contenido curricular y de los regímenes disciplinarios de los institutos de formación de oficiales y suboficiales. Por último, se enfatizarán las asignaturas pendientes de este derrotero para avanzar en una respuesta acerca de cómo podría continuar en el futuro.
De la autonomía castrense a la conducción política de la educación militar

Un conjunto de principios orientaron los cambios en la formación de los militares argentinos en los últimos 30 años. Sin embargo, a lo largo de este período existieron diferencias, algunas plenamente visibles y otras más sutiles, que nos gustaría destacar. Hay en esos principios instancias de decisión y contenidos cuyos contrastes nos permiten definir, a grandes rasgos, dos grandes etapas.

La primera de esas etapas se extiende desde comienzos de los años ’90 del siglo pasado hasta hace una década. Los principios que orientaron los cambios durante este período dependieron de una gran autonomía decisoria de las autoridades militares, convalidada por distintas instancias de la burocracia pública y los poderes legislativos. Es decir que no hubo en este período iniciativas de cambio de parte de los gobernantes políticos, aunque algunas fueron por supuesto consensuadas por estos. Respecto del contenido específico que caracterizó esta batería de cambios existen algunos de tipo normativo y otros de orden práctico.

Los cambios normativos buscaron el reconocimiento legal de sus estructuras de gestión y titulaciones académicas en el ámbito de la educación pública para civiles. Durante este primer período la educación militar consiguió que sus estructuras organizativas fueran reconocidas como institutos universitarios adecuándose a la ley de educación superior sancionada en 1995. Dado este paso, consiguieron dar otro crucial, tramitar los trayectos curriculares con los cuales los oficiales adquirían su grado y especialización militar, para que de este modo tuvieran un título acreditado por el Ministerio de Educación. Es así como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar y la Escuela de Aviación Militar, durante la década de los ’90 del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se convirtieron a ritmos descompasados en unidades académicas de sus respectivos institutos universitarios, entregando a sus egresados un título de licenciatura y el grado militar inicial de sus carreras de oficiales.

Cambios análogos a los anteriormente descriptos ocurrieron con la formación de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Aunque este proceso fue más tardío, también aquí se adecuaron los trayectos curriculares a la normativa que regía en el ámbito de la educación pública civil para las titulaciones técnicas tanto de nivel secundario como terciario no universitario. Es que las especializaciones de este cuerpo subalterno de militares responden en la mayoría de los casos a las de la aplicación de saberes técnicos.

Las condiciones generales que contribuyen a comprender el impulso tomado por las propias autoridades militares a la hora de introducir cambios en su formación son de diverso orden. Para sopesar tales decisiones, hay que recordar la importancia radical que para los militares tiene su formación básica en la actualización de lo que consideran su identidad; en rigor las instituciones educativas fueron tradicionalmente concebidas como santuarios de su esencia. Así, entre las principales condiciones que los llevó a mutar este ámbito dependiendo de las regulaciones educativas civiles cabe destacar, entre otras, cierta mirada crítica de las nuevas generaciones, en particular egresados en los años ’80 del siglo XX hacia la conducción ejercida por las viejas generaciones de militares; la necesidad de contrarrestar el desprestigio público de las Fuerzas Armadas adquirido sobre todo en las grandes ciudades argentinas; la importancia de incrementar los interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas; la suspensión del servicio militar obligatorio y el cambio que produjo en la relación de mando la disminución de una tropa no obligada a permanecer en las filas castrenses; así como la valoración social de las titulaciones universitarias y el conocimiento en los años ’90.

Contrariamente a la anterior, la segunda etapa, iniciada hace una década, estuvo signada por un ritmo intenso de nuevas orientaciones introducidas por la conducción política de la educación militar con asiento en el Ministerio de Defensa, desarticulando de este modo la tradicional autonomía militar en esta área. Desde el 2006 las iniciativas de cambio fueron tomadas por los gobernantes civiles de las Fuerzas Armadas, hecho que se tradujo, por un lado, en el fortalecimiento del conocimiento y supervisión de las políticas educativas por parte de ellos, y del otro, por una rearticulación de la relación con las autoridades militares para buscar acuerdos y consensos.

Por consiguiente, en el campo de la educación castrense la gestión de los procesos de transformación destinados a democratizar, profesionalizar y modernizar las Fuerzas Armadas exigieron un profundo y extenso diagnóstico de lo existente. Para ello, en el 2006 la ministra de Defensa Nilda Garré crea un consejo consultivo de expertos civiles y autoridades militares con el propósito de definir el rumbo a seguir a partir del análisis de planes de estudio, contenidos curriculares, esquemas de transmisión de conocimiento teórico y práctico, normativa, problemas registrados y principales tendencias. Entre las decisiones tomadas a partir de esta evaluación estuvieron la creación de una dependencia con rango de subsecretaría destinada a la gestión de todos los espacios de la educación militar y civil para la Defensa.

En 2007, creada la subsecretaría de formación, se introdujeron una serie de medidas orientadas por la definición de un perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional, junto con el principio de integrar la formación y capacitación militar al sistema de educación civil pública. Estas inspiraron la determinación sobre aquellos conocimientos ausentes o desactualizados para el perfil de un cuerpo de funcionarios públicos encargados del uso de una parte de la fuerza pública en un Estado de derecho. Entonces se diseñaron e implementaron una serie de asignaturas obligatorias para las escuelas de formación de oficiales y ejes de contenido para las de suboficiales. Las asignaturas introducidas a partir del 2008 fueron: 1) Estado, Sociedad y Mercado; 2) Historia Argentina 1810/1990; 3) Nuevos Escenarios de la Relaciones Internacionales, Globalización y Regionalización; 4) Sociología de las Organizaciones; 5) Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; 6) Derecho Militar, Código de Justicia Militar y Derecho aplicado a cada Fuerza; 7) Derecho Internacional Público, Derechos Humanos (DD.HH.), Derecho Internacional Humanitario; y 8) Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). En cuanto a la formación de los aspirantes a suboficiales se fortalecieron los contenidos de algunas materias con el propósito de promover el perfil del ciudadano militar como funcionario público y profesional. En este orden esos contenidos se integraron en tres grandes núcleos: jurídico, humanístico e histórico nacional.

Al mismo tiempo se creó la Escuela Superior de Guerra Conjunta para la formación de los oficiales superiores de las tres fuerzas, resultado en parte de las lecciones aprendidas en Malvinas y las nuevas exigencias operativas que imponen por ejemplo las operaciones de paz. También se aprobó la resolución para la creación del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas finalmente inaugurado en 2012 donde se concentraron las escuelas superiores de guerra de cada fuerza creando un espacio de sociabilidad y articulación curricular de los trayectos de perfeccionamiento superior específico de cada fuerza con el perfeccionamiento conjunto.

Posteriormente a esta primera generación de reformas el ministerio consideró necesario analizar y supervisar la eficacia de las medidas tomadas. Este monitoreo no debía ser externo, sino parte del ejercicio de la conducción. Para ello, a fines de 2008 se realizaron entrevistas y reuniones de diagnóstico con autoridades militares, jefes de cuerpo de cadetes y aspirantes y profesores. Al año siguiente se implementaron cursos de actualización curricular con los docentes de las escuelas encargados de dictar las asignaturas antes mencionadas.

Al mismo tiempo se puso en marcha el primer Curso Conjunto de Formación de Instructores Militares, que reunió a los instructores de los siete establecimientos educativos que forman oficiales y suboficiales en talleres periódicos de análisis de casos provistos por los mismos instructores. Entre ellos podemos mencionar: consumo de drogas ilegales, abuso de poder, aborto, discriminación por género, entre otros. Esta experiencia inédita permitió discutir con los jóvenes instructores los regímenes disciplinarios (manuales del cadete) y el perfil del militar en democracia. Fundamentalmente, se debían poner en perspectiva las restricciones impuestas por los derechos y garantías de las personas a cierta manera de practicar la formación en la obediencia y el mando. Allí pudimos apreciar tendencias contrapuestas al interior de un universo falsamente considerado uniforme. Por ejemplo se observaron posiciones como la de aquellos instructores que rechazaban la manera abusiva y discrecional en la que se habían formado, reclamaban la importancia de convencer al subalterno con órdenes sensatas, defendían la independencia entre el comportamiento privado y el realizado en la escuela para la aplicación de las sanciones disciplinarias, y justificaban su posición y la necesidad de un cambio en este sentido en la realidad de las unidades militares. Otros defendían también abiertamente una posición basada en el valor de sostener las formas más tradicionales de la enseñanza del mando, en las que ellos se habían formado, y argumentaban sobre un ideal de conflicto bélico que las escuelas debían defender. Curiosamente, no podía trazarse un corte generacional entre estas posturas, con frecuencia los instructores más jóvenes, formados en el cambio de planes de estudio hacia el modelo universitario, a veces eran los más refractarios a formas del mando que se alejaban de la obediencia debida.

El conocimiento adquirido por los funcionarios de Defensa acerca de las tensiones generadas por estos modelos de mando militar, su coexistencia con el modelo universitario de formación, y la identificación del bajísimo rendimiento tanto académico como militar de los cadetes producido por esta encrucijada, llevó al Ministerio de Defensa durante el 2010 a diseñar una batería de reformas de segunda generación. Estas fueron ideadas junto con las autoridades militares educativas argentinas a instancias de un seminario internacional del cual participaron sus pares de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y Francia, así como especialistas y académicos argentinos. Allí se contrastaron sus modelos de formación de oficiales, todos convertidos a la formación universitaria con excepción de Brasil, con los modelos de cada fuerza en la Argentina. La reforma de los planes de estudio y regímenes disciplinarios se diseñó y aprobó en 2011 para implementarse con los ingresantes 2012.

El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, para modernizar efectiva y no nominalmente la formación profesional. Se actualizaron las asignaturas aprobadas en el 2008 y se introdujo la problemática de género transversalmente a una serie de materias. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de asignaturas al promedio dictado por las licenciaturas que habilitan a profesiones civiles, y fundamentalmente se moduló la enseñanza teórica y la enseñanza teórico-práctica en períodos diferenciados para que las semanas de instrucción o capacitación profesional sean más extensas e independientes de las semanas de enseñanza teórica en aulas. Además se introdujo un régimen de evaluación acorde con las metodologías de transmisión de conocimiento universitario para preservar su calidad y adaptarla a los requerimientos de la formación castrense. La resolución del ministerio mediante la cual se diseñaron los nuevos planes de estudio y regímenes disciplinarios contiene los siguientes criterios: 1) integrar contenidos teóricos y prácticos específicos, combinando la educación académica, la formación profesional y la instrucción militar; 2) profundizar los criterios propios de la educación universitaria tales como el pensamiento creativo, reflexivo, analítico y autónomo con el fin de promover la resolución creativa y eficiente de problemas impredecibles, propios de escenarios inciertos en los que se desempeña un militar (como la guerra y/o situaciones de catástrofes); y 3) promover la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje basada en el desarrollo de la responsabilidad del cadete sobre su desempeño y rendimiento, hasta en los niveles menores de liderazgo.

Los sucesivos cambios de ministro producidos con la asunción de Arturo Puricelli en 2010 y Agustín Rossi en 2013 no atentaron en lo sustantivo con la continuidad de las medidas tomadas en el intenso período que va desde 2005 a 2011. Los funcionarios del área educativa sostuvieron las políticas diseñadas e implementadas más allá de sus estilos y su necesidad de darles una impronta particular.

Sin embargo, en esta segunda etapa, donde la conducción política por primera vez en la historia argentina toma las riendas de la educación militar, sí encontramos discrepancias en cuanto al estilo de la gestión de los militares y las concepciones sobre cómo se gobierna eficazmente esta área. Esta diferencia queda subrayada en los vaivenes de una idea: la conversión de todos los institutos universitarios en una universidad nacional, que peregrinó la gestión de Garré y fue retirada de la agenda hasta que finalmente la gestión de Rossi la tomó como uno de los temas centrales de su agenda.

Es así como a fines de 2014 el Congreso de la Nación sancionó la ley que creó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Su promulgación despertó cierta polémica aunque sólo en la trastienda de la opinión pública, más ocupada en la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Dicha polémica tuvo como telón de fondo dos cuestiones: la primera fue si esa inversión en la ampliación de la estructura organizacional realmente resolvía los problemas estructurales de la formación, como por ejemplo la cuestión docente, o si por el contrario solo desviaba esfuerzos respecto del eje de la modernización y profesionalización de la educación de los militares; la segunda cuestión fue si la conversión de los institutos universitarios a una universidad no ampliaría finalmente su autonomía respecto de la conducción civil. En cualquier caso la sanción de la ley ha puesto a las estructuras de gestión militar y civil de la educación en el camino de, como allí se ordena, redactar el proyecto institucional y proyecto de estatuto provisorio.
Desafíos pendientes

Al cabo de una década de transitar esta nueva etapa de fortalecimiento de la formación militar integrando a ella esquemas de transmisión y contenidos que eleven la calidad educativa y fortalezcan al mismo tiempo los principios democráticos de gobierno, cabe destacar algunos temas pendientes.

En primer lugar, parece fundamental retomar el principio de integración efectiva del ámbito civil y militar –y no sólo de complementariedad establecido por la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas– en cuanto a la formación y producción de conocimiento del sistema universitario y científico especialmente en el campo de las ciencias sociales y humanas. Realmente no es posible llevar este objetivo adelante si las universidades nacionales no abren sus puertas a la posibilidad, como lo hacen en otros lugares del mundo occidental, de que militares –en tanto tales– desarrollen una parte de su trayecto curricular. Pero tampoco es posible sostener un elevado nivel académico si las carreras docentes de los profesores que dictan clases en las academias militares que otorgan títulos universitarios no cuentan con análogas condiciones a las que rigen el ámbito civil. ¿Cómo retener jóvenes profesores bien formados sin una carrera académica como la que se ofrece en otras universidades? ¿Cómo fortalecer la investigación exigida para la acreditación por parte de la CONEAU si los docentes cobran bajo un sistema de horas cátedra como lo hacen en los niveles de enseñanza secundaria o terciaria? Deberá realizarse un esfuerzo sustantivo para que la UNDEF resuelva este problema medular de la formación y la democratización del conocimiento en el ámbito militar.

En segundo lugar, respecto de los trayectos curriculares y su conexión con los planes de carrera queda una revisión integral de la formación de suboficiales y su actualización con vistas a redefinir tal vez los niveles de responsabilidad que efectivamente tienen o debieran tener. También analizar cómo el perfeccionamiento en el nivel de las escuelas de guerra, ya acreditadas como carreras de posgrado, se articula con la formación de grado y hacia adelante con la capacitación conjunta. A la luz de los estudios realizados, todo parece indicar que hace falta mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.

Por último, la trayectoria descripta da cuenta de la experiencia acumulada por varias camadas de funcionarios y asesores civiles respecto de las especificidades que conlleva conducir la educación militar. Las diferencias señaladas obligan también a una reflexión sobre el peso de la producción de políticas que articulen tanto la perspectiva de aquellos como de sus beneficiarios: las próximas generaciones de militares argentinos.

Fuente:
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-formaci%C3%B3n-de-los-militares-argentinos-en-democracia-panorama-y-desaf%C3%ADos-futuros

VICTORIA DE SU PROPIA MADUREZ

LA OTRA CARA DEL PROBLEMA

EL PAIS, Madrid, 10 de noviembre de 2017
RADIOGRAFÍAS AMERICANAS
El fuero constitucional
Francisco Martín Moreno

Cuando tuve conocimiento de la detención de Julio de Vido, exministro de Planificación acusado de diversos cargos criminales durante la Administración de Cristina Kirchner en Argentina, quedó clara la maniobra política de la expresidenta de buscar, a como diera lugar, una senaduría para gozar de fuero constitucional y escapar, de esta suerte, al lacónico golpe de un mallete asestado por la autoridad judicial. Ella no estaba dispuesta a correr la misma suerte de su antiguo colaborador.

En diversos países se considera al fuero (o inmunidad parlamentaria) como un eficiente certificado de seguridad para quienes ejerzan cargos de elección popular, entre otros más, y puedan conducirse con absoluta libertad en sus gestiones como representantes populares. Sin embargo, dicho fuero se ha convertido en varias naciones del hemisferio sur, México absolutamente incluido, en un refugio de delincuentes perseguidos por la ley, a través del cual adquieren un mecanismo de impunidad para evitar sanciones penales, por más que exista el proceso de desafuero que, entre otros recursos jurídicos dilatorios, podría dictarse burocráticamente cuando ya hubieran caducado las facultades legales para investigar hechos constitutivos de delito.

¿La señora Kirchner, acusada de encubrimiento por favorecimiento personal, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros cargos más, no podría ser detenida si ya fue electa como senadora o bien se le podría impedir su admisión en el Congreso? Los expertos en estas cuestiones sostienen que ella no podría ser privada de la libertad aun cuando un juez dictara la orden de arresto hasta en tanto los propios senadores no voten el desafuero. El Poder Judicial tiene entonces las manos amarradas y sus resoluciones se estrellarán en las puertas de los recintos legislativos.

¡Claro que el fuero debe otorgar las debidas protecciones a los legisladores y a otros funcionarios para que puedan cumplir con sus funciones y gozar, por ejemplo, el de la libre expresión de las ideas! Sin embargo, esta excepción a favor de los legisladores y de otras autoridades, misma que no puede ser solicitada ni alegada a favor de los ciudadanos de a pie en contra del principio de igualdad, no puede ser entendida como un reducto de pillos que cometieron delitos antes o durante sus gestiones legislativas para vivir impunemente al margen de la ley.

En México empieza a existir un movimiento en torno a la validez y el límite de la figura jurídica del fuero. En varias entidades ya fue eliminada y en otras simplemente acotada, en efecto, pero existen mociones entre los partidos políticos para que ni el presidente de la República, con algunas excepciones, ni los legisladores federales, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni magistrados, ni secretarios de Estado, entre otros funcionarios más, puedan gozar de dicho fuero. Esta iniciativa legal, que constituye un auténtico clamor popular, fue saboteada con razones inconfesables por el PRI, claro está, imposible que hubiera sido de otra manera, y por Morena, un partido político propiedad de López Obrador, ambos abiertos defensores de la impunidad que tiene harta a la sociedad mexicana.

Es evidente que el caso de la expresidenta Kirchner se da y se repite en buena parte de América Latina. Las naciones progresistas, deseosas de construir un genuino Estado de derecho, deben insistir en lograr la igualdad ciudadana ante la ley de modo que los delincuentes que intenten parapetarse en los Congresos, en donde se debe proponer la edificación de una patria limpia, eficiente y libre de parásitos, no se encuentre viciada por sujetos perseguidos por la justicia que poco o nada pueden aportar en la consecución de este sano y promisorio objetivo.

Para fortalecer a las instituciones democráticas resulta inaplazable acotar los alcances del fuero constitucional, de modo que se garanticen los derechos a disentir públicamente dentro del contexto de la libre expresión de las ideas, pero, claro está, sin que esta libertad se convierta en un libertinaje aprovechado por los delincuentes para escapar de los golpes sonoros de los malletes, el cincel y el martillo imprescindibles para construir países en donde todos seamos iguales ante la ley.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2017/11/10/america/1510270517_402281.html

TRES OPINIONES (5)

EL PAÍS, Madrid, 22 de Abril de 2012
EL NACIONAL - Domingo 29 de Abril de 2012     Siete Días/6
Opiniones
La guerra perdida
MARIO VARGAS LLOSA

La expropiación de 51% del capital de YPF, propiedad del grupo Repsol, decidida por el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, no va a devolver a Argentina "la soberanía energética", como alega la mandataria. Va, simplemente, a distraer por un corto período a la opinión pública de los graves problemas sociales y económicos que la afectan con una pasajera borrachera de patrioterismo nacionalista, hasta que, una vez que llegue la hora de la resaca, descubra que aquella medida ha traído al país muchos más perjuicios que beneficios y agravado la crisis provocada por una política populista y demagógica que va acercándolo al abismo.
Las semejanzas de lo ocurrido a Repsol en Buenos Aires con los métodos de que se ha valido el comandante Hugo Chávez en Venezuela para nacionalizar empresas agrícolas e industriales son tan grandes que parecen obedecer a un mismo modelo. Primero, someterlas a un hostigamiento sistemático que les impida operar con normalidad y las vaya empobreciendo y arruinando y, luego, cuando las tenga ya con la soga al cuello, "quedarse con ellas a precio de saldo", como ha explicado Antonio Brufau, el presidente de Repsol, en la conferencia de prensa en la que valoró en alrededor de 8.000 millones de euros el precio de los activos de la empresa víctima del expolio.
Durante algunos años, la opinión pública venezolana se dejó engañar con estas "recuperaciones patrióticas" y "golpes al capitalismo" mediante los cuales se iba construyendo el socialismo del siglo XXI, hasta que vino el amargo despertar y descubrió las consecuencias de esos desafueros: un empobrecimiento generalizado, una caída brutal de los niveles de vida, la más alta inflación del continente, una corrupción vertiginosa y una violencia que ha convertido a Caracas en la ciudad con el más alto índice de criminalidad de todo el planeta.
Desde hace algún tiempo el Gobierno argentino multiplica estas operaciones de distracción, para compensar mediante gestos y desplantes demagógicos la grave crisis social que ha provocado él mismo con su política insensata de subsidios al consumo, de intervencionismo en la vida económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la inseguridad que han generado su falta de transparencia y constantes retoques y mudanzas de las reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. No es sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y Uruguay principalmente, aumente cada día, y que la imagen internacional del país se haya venido deteriorando de manera sistemática.
Primero fue la guerra contra los diarios más prestigiosos del país, La Nación y Clarín, con acusaciones y amenazas que parecían preceder su secuestro y clausura ­espada de Damocles que aún pende sobre ellos, pese a lo cual ambos órganos han mantenido valerosamente su independencia­ y, luego, más recientemente, la resurrección del tema de las Malvinas. En la reciente Cumbre de Cartagena la presidenta Fernández de Kirchner experimentó una seria decepción al no obtener de sus colegas latinoamericanos el aval beligerante que esperaba, pues estos se limitaron a ofrecerle un apoyo más retórico que práctico, temerosos de verse arrastrados a un conflicto de muy serias consecuencias económicas en un continente donde las inversiones británicas y europeas son cuantiosas. Inmediatamente luego de ese fracaso ha venido la expropiación de Repsol, el nuevo enemigo que la jefa del Estado argentino lanza a las masas peronistas como ominoso responsable de los males que padece el país (en este caso, el desabastecimiento energético). Mínimas victorias en una guerra perdida sin remedio.

En verdad, los males que padece ese gran país que fue Argentina ­el más próspero y el más culto del continente desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX­ no se deben a la prensa libre y crítica, ni al colonialismo británico ni a las empresas extranjeras que trajeron sus capitales y su tecnología al país creyendo ingenuamente que éste respetaría la legalidad y cumpliría con los contratos que firmaba su gobierno, sino al peronismo, con su confusa ideología, en la que se mezclan las más contradictorias aportaciones, el nacionalismo, el marxismo, el fascismo, el populismo, el caudillismo, y prácticamente todos los ismos que han hecho de América Latina el continente pobre y atrasado que es. Hay un misterio, para mí indescifrable, en la lealtad de una porción considerable del pueblo argentino hacia una fuerza política que, a lo largo de todas las veces que ha ocupado el poder, ha ido empobreciendo el país, malgastando sus enormes riquezas con políticas demagógicas, azuzando sus divisiones y enconos, destruyendo los altísimos logros que había alcanzado en los campos de la educación y la cultura, y retrocediéndolo a unos niveles de subdesarrollo que había dejado atrás antes que ningún otro país latinoamericano. No se necesita tener dotes de profeta para saber que la expropiación de Repsol va a acelerar esta lamentable decadencia.
Lo peor de todo es que el daño que esta injustificada medida significa no afecta sólo a Argentina, sino a América Latina en general, pues siembra la desconfianza de los inversores sobre una región del mundo que, desde hace algunos años, ha emprendido en general, con pocas excepciones, el camino de la sensatez política, al optar por la democracia, y del realismo económico, al abrir sus economías, integrarse a los mercados del mundo, estimular la inversión extranjera y respetar sus compromisos internacionales. Y con resultados magníficos, como los que pueden exhibir en los últimos años países como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, buena parte de América Central y México, en creación de empleo, disminución de la pobreza, desarrollo de las clases medias y consolidación institucional. En vez de seguir este modelo exitoso, la señora Fernández de Kirchner ha preferido enrolarse en el catastrófico paradigma del comandante Hugo Chávez y sus discípulos (Nicaragua, Bolivia y Ecuador).
Por fortuna, no toda Argentina vive hechizada por los cantos de sirena populistas del peronismo. Dentro del propio partido de gobierno hay sectores, por desgracia minoritarios, conscientes del giro antimoderno y antihistórico que ha venido adoptando el gobierno de la señora Fernández de Kirchner y de las consecuencias trágicas que tendrá ello a la corta o a la larga para el conjunto de la sociedad. En la dividida oposición ha habido en estos días, por fortuna, algunas voces lúcidas para oponerse a la euforia nacionalista con que fue recibida la noticia de la expropiación de Repsol, como la del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien declaró: "La expropiación nos endeuda y nos aleja del mundo. En un año estaremos peor que hoy".
Es un augurio muy exacto.
Los problemas energéticos de Argentina no son la falta de recursos, sino de tecnología y, sobre todo, de capitales.
Como el país carece de ellos, debe traerlos de afuera. Y, con este precedente, no será fácil convencer a las empresas grandes y eficientes que vuelquen sus esfuerzos en un país que acaba de dar un ejemplo tan poco serio y responsable frente a sus compromisos adquiridos. A Argentina le van a llover las demandas de reparación ante todas las cortes e instituciones de comercio internacionales, y sus relaciones no sólo con España sino con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, se han vuelto ahora conflictivas. Todo este riesgo ¿para qué? Para gozar por unos días de la grita frenética de las bandas de piqueteros eufóricos y de las loas encendidas de una prensa servil.
¿Valía la pena? Dentro de la América Latina de nuestros días, lo ocurrido con Repsol tiene un curioso sabor anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya desapareció. Porque, la verdad es que, de México a Brasil, aunque haya todavía enormes problemas que enfrentar ­entre ellos, los principales, los de la corrupción y el narcotráfico­ parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del desarrollo hacia dentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y miseria nos deparó. Parece mentira que tan horrendo pasado resucite una vez más y nada menos que en el país de un Sarmiento, un Alberdi y un Borges, que fueron, cada uno en su tiempo y en su campo, los adalides de la modernidad.
Ilustraciones: Fernando Vicente y Ugo.

KIRCHNERIATO

EL NACIONAL - Martes 02 de Octubre de 2012     Opinión/9
¿Último tango en Argentina?
SIN-MING SHAW*

A veces da la impresión de que Argentina y la crisis económica hubieran nacido al mismo tiempo, como siameses. De hecho, se trata del único país desarrollado (lo era hasta alrededor de la Segunda Guerra Mundial) que ha logrado salir de ese grupo a golpes de desorganización y desgobierno.
Sin embargo, con todos sus defectos, a las élites que gobiernan Argentina nunca les ha faltado arrogancia, y se ven al mismo nivel que las grandes potencias y sin temer jamás enfrentarlas cara a cara.
Esa desfachatez o frescura ha permitido que la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner insista en que la inflación en Argentina, que se eleva muy por sobre 20%, sigue bajo 10%. En 2007, reemplazó a estadísticos profesionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos con protegidos políticos cuando el instituto comenzó a publicar índices inflacionarios que se elevaban a un ritmo alarmante. Desde entonces, las cifras oficiales y la realidad han seguido caminos distintos Más aún, los académicos y economistas del sector privado han advertido que publicar cifras diferentes podría ser motivo de juicios penales por difusión de falsos rumores. De hecho, un académico recibió una multa de 125.000 dólares por publicar cifras de inflación bastante mayores que los datos oficiales.
Por supuesto, si uno controla la agencia oficial de estadísticas puede afirmar que el índice inflacionario es cualquiera, pero eso no hace que el pan baje de precio.
El que compre comida en el supermercado o use taxis sabe que la verdadera tasa de inflación de los últimos años ha estado entre 20% y 30%. Está claro que el mercado ha dado su propio veredicto, que se refleja en la brecha entre el tipo de cambio oficial de 4,6 pesos argentinos por dólar y el tipo del mercado negro, que hace poco llegó a los 6,8. Algunos economistas susurran que no va a pasar mucho tiempo antes de que alcance los 8 pesos.
Argentina no sólo se ha negado a pagar los 100.000 millones de dólares de deuda externa por los que entró en impago hace una década: también se ha encogido de hombros ante las críticas a la expropiación en abril de la petrolera española Repsol. Ha ofrecido compensarle a un valor de mercado "justo" que se determinará en alguna fecha futura, supuestamente cuando las acciones de la compañía dejen de estar por los suelos: al principio cayeron 60% con respecto a su nivel más alto, y todavía siguen 40% por debajo.
A pesar de que siguen aumentando las señales de que la crisis económica está empeorando, el Gobierno no da señales de preocupación. Las autoridades han desafiado al Fondo Monetario Internacional, dejado de pagar sus deudas y proclamado con altanería que Argentina ha trascendido las reglas de la economía tradicional. El Gobierno sigue "en negociaciones" con el FMI sobre la mejor manera de reunir, medir e informar la inflación.
Puede que la altanería de Argentina la haya llevado a convertirse en una economía de segundo orden, pero la misma actitud le ha funcionado bien en su gran y única contribución a la cultura mundial: el tango, reconocido por la Unesco como parte del "patrimonio cultural intangible" del mundo.
Bailar bien el tango no es sólo asunto de habilidades técnicas, que se pueden aprender. Los japoneses las dominan con maestría sin igual y han participado en las competencias internacionales desde sus comienzos, en 2003.
En 2009 una pareja japonesa hizo historia al ganar el campeonato de Tango de Salón, en que una conexión amorosa entre los bailarines es más importante que una actitud altanera. En el Tango Escénico, donde la altivez es fundamental, sólo una vez una japonesa logró llegar a los primeros lugares... y eso sólo por bailar con un varón argentino.
Juan Fabbri, dueño de Tango Porteño y Esquina Carlos Gardel, los dos clubes de tango más exclusivos y costosos de Buenos Aires, cree que a los extranjeros les falta el factor "el Cachafaz". Se trata del sobrenombre de José "Benito" Bianquet, un legendario bailarín de principios del siglo XX. La palabra, que viene del "lunfardo", evoca impudicia, peligro, hombría, malicia y desvergüenza.
Mario Morales, un importante coreógrafo de tango que ha entrenado a una serie de campeones de tango, me lo expresó de manera ligeramente distinta: "Para bailar bien el tango, se necesita corazón y pasión. Los extranjeros son más circunspectos.
Los argentinos ponemos primero el corazón y tal vez pensamos después".
Probablemente esa sea la mejor explicación de por qué Argentina destaca en el tango y no logra permanecer en ese primer mundo en el que estuvo alguna vez.
(*) Ex investigador visitante de la Universidad de Oxford © Project Syndicate, 2012

CARACAS A DIARIO, 21 de Abril de 2012
LETRA SUELTA/ De petróleo, elefantes, súbditos y ciudadanos
CAROLA CHÁVEZ

Mientras el pueblo español rasca bolsillos intentando sobrevivir inhumanos recortes presupuestarios. Mientras el desempleo roza el 25% y los empleados, para seguir siéndolo, renuncian forzosamente a sus conquistas laborales. Mientras el Gobierno sigue creyendo que el hombre está al servicio de la economía y no lo contrario. Mientras el mismo FMI que nos exprimió en los 90 decide exprimir a los pueblos mediterráneos, ¡ay, España! y tú tan frente al mar. Mientras el estado de bienestar se desdibuja ante los ojos atónitos de una sociedad paralizada. Mientras tantas cosas pasan, Juan Carlos, el rey, se tambalea, cae y rompe su cadera; no sin antes matar a varios “carísimos” animales salvajes, para horror muchos y del World Wildlife Fund que el mismo rey elefanticida preside.

Titulan los grandes medios: “Exitosa cirugía del Rey” y relatan detalles de la cacería, del accidente, de la operación, con picantes chismes de pasillo de este nuevo bochornoso episodio de la bochornosa vida del bribón Borbón. Más abajo, más atrás, unas letras chiquiticas, desteñidas, susurran que los pensionados tendrán que asumir el co-pago de sus medicinas, hasta ayer gratuitas. Las caderas y huevos rotos de los plebeyos pensionados jamás harán grandes titulares.

Por estos lados, Argentina se levanta. Libres del FMI, la pesadilla neoliberal impuesta a nuestros pueblos empieza a quedar atrás. Recogiendo pedazos recobramos, entre otras cosas, empresas públicas que nunca debieron dejar de ser nuestras y, de paso, la dignidad política, ayer vendida en el paquete privatizador. Pues, Argentina, peronistamente, decidió recuperar la mayoría accionaria de su empresa petrolera YPF. ¡Ay, España! No faltará quien en tu nombre te patee.

Mariano Rajoy, el mismo que saca el pan con tumaca de la boca del pueblo español, asegura que la honra su país reside en Repsol, una empresa privada de capital mayoritariamente extranjero, y denuncia airoso “un ataque a España”, promete represalias, y arenga a su pueblo hambriento y recortado contra el soberano pueblo argentino.

Titulan los grandes medios: “Argentina intenta tapar crisis interna con expropiación de YPS”. Mas las siempre escondidas letras chiquiticas nos dicen: “Las matrículas universitarias suben 50%”, “Enésima jornada de volatilidad en la Bolsa, en una semana nefasta”, “Francia y Alemania quieren suspender el Pacto Schengen (la libre circulación de ciudadanos) mientras dure la crisis”… Curiosamente no hablan del país suramericano, hablan -¡Me cago en diez!- de España.

Hoy, mientras Argentina recibe, oootra vez, a miles de jóvenes españoles que buscan futuro, un sevillano se convierte en titulares colgando en su bar un cartel: “No se aceptan argentinos”.

SEGUIDILLA

EL NACIONAL - Lunes 12 de Marzo de 2012 Opinión/7
Argentina, siguiendo nuestros pasos
Se está estudiando una nueva política monetaria y se teme que con ella se pretenda utilizar las reservas internacionales para financiar gasto, de forma similar a lo sucedido en Venezuela
PEDRO A. PALMA

En una visita reciente a Buenos Aires noté entre los colegas, empresarios y académicos con los que conversé un gran interés por lo que sucedía en Venezuela. Ello se debía a una preocupación generalizada que los inquietaba por las múltiples similitudes en materia de políticas públicas entre los dos países, según las cuales el gobierno de la presidenta Kirchner estaba implantando, o intentaba aplicar, una serie de medidas muy parecidas a las tomadas por el Gobierno bolivariano. Adicionalmente, se habían materializado situaciones externas parecidas que se reflejaban en forma muy similar en ambas economías; destacaban el importante incremento de los precios de los productos básicos de exportación de ambas naciones durante los últimos años, el petróleo para nosotros y el maíz, el trigo, la soya y otros commodities agrícolas para ellos.

Como en nuestro caso, los notables incrementos de ingresos de exportación le permitieron al Gobierno argentino implantar políticas expansivas de gasto público, a través de las cuales se inyectaron a la economía los ingresos adicionales de la exportación, y se expandió así el dinero en poder del público, máxime cuando también se puso en marcha una política monetaria laxa.

Como resultado, la demanda interna experimentó un gran dinamismo, particularmente el consumo privado debido a la alta concentración de gastos en programas sociales dirigidos a personas de bajos ingresos y con alta propensión a consumir, el aumento del consumo se tradujo en estímulo productivo y alto crecimiento económico.

Tal fue el impulso del gasto público que rápidamente se obvió la necesidad de buscar recursos adicionales, y se echó mano de los fondos de pensiones de los trabajadores, que pasaron a ser controlados por el Gobierno; en la actualidad se está estudiando una nueva política monetaria y se teme que con ella se pretenda utilizar las reservas internacionales para financiar gasto, de forma similar a lo sucedido en Venezuela con la transferencia masiva de reservas del BCV al Fonden sin compensación alguna para el instituto emisor.

La implantación de aquellas políticas fiscal y monetaria francamente expansivas han contribuido a la materialización de fuertes presiones inflacionarias en Argentina, las cuales se han tratado de afrontar, al igual que en Venezuela, a través de controles de precios cada vez más estrictos, pero también ineficaces.

Incluso se ha intentado esconder la intensidad de la inflación a través de subestimaciones oficiales en las que ya nadie cree, y el convencimiento general es que ésta ya está por encima de 20%, y no por debajo de 10% como lo anuncia el Gobierno.

El tipo de cambio, por su parte, no ha mostrado un dinamismo cónsono con el diferencial inflacionario interno y externo, lo que hace que hoy el peso esté sobrevaluado, ya que lo que compra localmente el peso, que vale un dólar, es menos de lo que se puede adquirir con ese dólar fuera. En otras palabras, para el visitante extranjero Argentina está cara.

Esta situación, además de restarles capacidad competitiva a los productores argentinos, ha limitado la capacidad de compra de los trabajadores, pues sus salarios no suben al ritmo que lo hacen los precios, y ha estimulado la salida de capitales ante el convencimiento de que la corrección de aquella sobrevaluación de la moneda implicará una inevitable devaluación. Como respuesta a la fuga de divisas el Gobierno implantó recientemente un control cambiario que, se teme, podría seguir el mismo rumbo del que existe en Venezuela desde hace más de nueve años.

Ojalá los hermanos argentinos reaccionen y no sigan el ejemplo reciente de Venezuela, caracterizado, entre otras cosas, por las expropiaciones, el hostigamiento a la empresa privada, el desincentivo a la inversión, los controles irracionales y el financiamiento irrestricto de gasto público por el BCV, porque si siguen ese rumbo equivocado, a la larga los resultados les serán muy adversos.

LEGADO

EL NACIONAL - Domingo 08 de Mayo de 2011 Siete Días/7
Sábato o Nunca más
TULIO HERNÁNDEZ

La prueba de la profunda lesión histórica que produce la polarización política en las naciones que la han padecido podemos encontrarla en la vida política de Ernesto Sábato y en la polémica que, aun ahora que la muerte le ha visitado, se produce por estos días en Argentina sobre sus actuaciones públicas.

Sábato, es cosa sabida, fue un escritor que se mantuvo atento a las responsabilidades ciudadanas y no eludió la toma de partido en asuntos políticos. Como muchos otros intelectuales, estuvo en el ojo del huracán al oponerse abiertamente al peronismo en su momento de mayor efervescencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Sábato intentó reelaborar sus radicales posiciones iniciales, que le llevaron a asociar peronismo con fascismo y a explicarlo como un producto del resentimiento social, para terminar hilando un poco más fino y explicar la complejidad del sentimiento que Perón y Evita generaban en Argentina, especialmente entre los pobres.

Camino inverso recorrió con el comunismo. En tiempos juveniles vivió el encantamiento que la Revolución Bolchevique suscitó en cierta intelectualidad latinoamericana y europea, pero más temprano que tarde, al mirar de cerca lo que ocurría en la Unión Soviética, se horrorizó con el totalitarismo estalinista y públicamente se deshizo de un credo al que siguieron complacientemente atados notables intelectuales.

Pero la actuación política más importante de su vida ocurrió al aceptar presidir la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, cuando Argentina regresaba a la democracia luego de padecer una de las más crueles y sangrientas dictaduras que haya conocido la región.

La Conadep dejó un documento tan impactante como excepcional. Un informe de 480 páginas titulado Nunca más en el que se detallan los horrores de la guerra genocida que desataron los milicos argentinos para combatir la violencia guerrillera iniciada por los Montoneros, el ala izquierda del peronismo.

De ese documento, el prólogo debería ser una lectura obligatoria en las naciones latinoamericanas siempre propensas, como bien lo sabemos en Venezuela, al asedio del golpismo, el militarismo y la tentación de las revueltas armadas. Tres lecciones básicas nos dejó Sábato en ese texto. La primera, conocida, que no queda duda de que la violencia política, venga de donde venga, engendra más violencia aún. La segunda, que, sin embargo, el terror ejercido por los particulares no puede ser combatido con terrorismo de Estado: que nada puede justificar la impunidad ejercida desde el poder para secuestrar, torturar y asesinar en nombre de la seguridad nacional. Y la tercera, la más importante, que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo del espeluznante horror que vivieron los argentinos de aquel tiempo. Lo expresó con sabias palabra: "Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante la dictadura (...) servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia (...) puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana".

Se conoce con exactitud los riesgos que Sábato y los demás miembros de la Conadep corrieron para elaborar ese informe. Y, sin embargo, una buena parte de los mensajes que por estos días han circulado en Argentina, en blogs, Twitter y artículos de prensa, son pases de factura que minimizan su aporte a la democracia y frases burlonas referidas al famoso almuerzo con el dictador Videla al que Sábato efectivamente asistió en compañía, entre otros, de Jorge Luis Borges en 1976.

Es la polarización que, aun pasado el tiempo, no perdona ni siquiera a aquellos que tuvieron el acierto de rectificar.