Parlamento,
política exterior y Esequibo [1]
Luis
Barragán
Ciertamente,
el Presidente de la República dirige la política exterior, pero no menos cierto
es que, como política pública, está sujeta al control parlamentario de acuerdo
con el ordinal 3° del artículo 187 de la Constitución vigente, entre otros
controles directos e indirectos, derivados o no. Por consiguiente, los
diputados individualmente considerados, integrantes de las respectivas
comisiones de trabajo y de las fracciones de adscripción, son constitucionalmente
competentes para agregar y procesar las exigencias, solicitudes o demandas que
la ciudadanía tenga a bien formular, legitimando su concurso en una materia que
se cree de una exclusiva y excluyente incumbencia presidencial.
Desde
la perspectiva sistémica, en un texto ya clásico, Josko de Guerón asentó que
«para comenzar a comprender la actuación del Congreso no basta conocer sus
atribuciones constitucionales: es preciso examinar los insumos que éste recibe
y, en especial, las demandas o incitaciones para que el Poder Legislativo actúe
o deje de actuar, de determinada manera frente a problemas de las relaciones
internacionales» [2]. Así, cobra mucha
importancia que el órgano del Poder
Público reciba, trate y responda a las peticiones, inquietudes e iniciativas
que surjan de la sociedad civil organizada, siendo el caso específico el de los
académicos, activistas, gremios de una múltiple naturaleza y sectores de la
opinión pública sensibilizados por la histórica reclamación del Esequibo, subrayando
adicionalmente dos notas sustanciales.
Por
una parte, significa superar el paradójico subterfugio de la «diplomacia de los pueblos» que, al soslayar
la participación efectiva de la
ciudadanía, considera inexpugnable a todo evento la jefatura de la política
exterior. Además, Nicolás Maduro carece
del «carisma y capacidad de improvisación creativa del líder que ya no está» y,
respecto a iniciativas como Petrocaribe, siendo Guyana uno de los beneficiarios
del programa de solidaridad energética, al agotamiento de los recursos se suma
– inferimos – una lamentable incompetencia para aplicar el «esquema de
subimperialismo» [3].
Por
otra, apuntamos a lo que Easton refirió como el desempeño funcional de los
partidos, grupos de interés y líderes de opinión para la composición y
recomposición de las demandas, cuya síntesis y homogeneidad sean capaces de
convertirlas en un «programa viable y simplificado de acción» y, procure,
simultáneamente, ampliar las bases de sustentación, a objeto de competir con
otras, en el marco de los más agudos e inmediatos problemas. Y es que, un sistema debidamente retroalimentado,
orientado a su auto-transformación creadora, también habilita a sus actores
para «regular, controlar, dirigir, modificar e innovar» los elementos y
procesos correspondientes, suscitando el necesario equilibrio constitucional
que supone una tácita premisa ética: la del compromiso o avenencia, concesiones
recíprocas, frenos mutuos, propios de la democracia [4].
Comprendemos
y asumimos que hay muy marcadas prioridades de orden interno que ocupan a los
asambleístas, pero no debemos obviar que la política exterior y, concretamente,
el citado diferendo territorial siguen su curso, preocupando a la academia y a
sobrias entidades que promueven y defienden el Esequibo, como nos hemos
percatado al asistir por estos meses a varios coloquios de un responsable y
alto nivel, y constatado en las redes sociales con el seguimiento y la denuncia
de las actuaciones de la cancillería guyanesa, el fondeo de embarcaciones de
exploración petrolera en la Fachada Atlántica o el ecocidio de un territorio
bajo concesiones que escapan del Acuerdo de Ginebra. Por lo pronto, camino
a la especialización institucional del
tema, programaremos una serie de foros en la sede parlamentaria que nos imponga
de las exigencias ciudadanas, actualizándolas.
[1] Excepto el último párrafo, el texto
forma parte del trabajo inédito aportado
a una compilación que publicará a finales de año la Universidad Metropolitana
sobre el Esequibo, junto a los suscritos por los Dres. Luis Alberto Buttó, José
Alberto Olivar, Manuel Donís, Claudio
Briceño Monzón y Germán Guía. Compilación que tiene por origen el Foro
“Litigios fronterizos: viejos conflictos, nuevas dimensiones”, promovido por el
Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar
(Sartenejas, 22/10/2015).
[2]
Eva Josko de Guerón, (1978) «El
Congreso y la política exterior en Venezuela», en: Politeia, N° 7, 1978,
Caracas; Cfr. María J. Roca, (1999) «El
control parlamentario y constitucional del poder exterior», en: Revista
Española de Derecho Constitucional, N° 56, Madrid
[3] Félix G. Arellano P., (2013) «Política
exterior bolivariana: un legado de contradicciones», en: Simón Bolívar Analytic, N° 28, Sartenejas
[4] David
Easton, «Esquema para el análisis político», Amorrurtu, Buenos Aires: 1965, p.
169; Vid. David Easton, «Política moderna. Un estudio sobre la situación de la
ciencia política», Letras, México, 1968, pp. 292-305 ss.; Cfr. David Easton,
«Categorías para el análisis sistémico de la política», en: Enfoques sobre
teoría política, Amorrurtu, Buenos Aires: 1973, pp. 216-231.
Pieza: Enrico Castellani.
30/05/2016
