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viernes, 29 de diciembre de 2017

AMARGA RETROALIMENTACIÓN

Esbozo sistémico del problema universitario
Luis Barragán

A mediados del presente mes, advertimos una breve reseña de prensa en la que la ciudadana rectora de la Universidad Central de Venezuela se quejaba del insuficiente presupuesto asignado. Apenas, alegó con razón, alcanzará para cancelar los sueldos y salarios del personal.

Tardío el reclamo, el caso ilustra muy bien toda una particularidad del sistema político que sufrimos, pues, siendo tan harto previsible el resultado, por una parte, planteado el proyecto presupuestario de 2018 en la tal constituyente, usurpadas las competencias de la Asamblea Nacional, muchos sectores optaron por callar y, así, como si tal conducta hubiese sido posible reconocerla y hasta recompensarla,  pasaron por debajo de la mesa soslayando una polémica tan necesaria como oportuna.

El ya tradicional y muy bien calculado déficit presupuestario de las universidades públicas y autónomas, por otra parte, clamaba por una debida articulación de sus demandas e intereses. Sin embargo, siendo numerosas las autoridades rectorales que administraron su silencio con la detención de algunos emblemáticos profesores, por lo menos, pudieron diligenciar una respuesta pública contundente y convincente en relación a los recursos en camino.

La Asamblea Nacional, luego, pecó por omisión, desperdiciando una ocasión para debatir intensamente los problemas, riesgos y peligros que corren la autonomía y la noción misma de la universidad en Venezuela. En lugar de contribuir al indispensable esfuerzo, prefirió diluirse en la posibilidad del diálogo en República Dominicana, monumentalmente fracasado, incapaz de atender simultáneamente la obvia complejidad de un país en crónica emergencia.

Al respecto, los parlamentarios de Vente Venezuela nos dirigimos por escrito al presidente de la corporación legislativa, solicitando la inclusión del problemario universitario en la agenda de discusiones, sin obtener respuesta alguna, como tampoco la lograron los docentes agremiados de la Universidad Simón Bolívar que lo hicieron vehementemente, abierta la oportunidad en dos fechas importantes que coincidieron con el día de sesión ordinaria: el martes 21 de noviembre, Día del Estudiante, y el martes 5 de diciembre, Día del Profesor Universitario. Por consiguiente, el producto que arroja el sistema, tratándose de todo un régimen que sobrecondiciona a los actores, anticipando la respuesta, lleva la impronta de la propia oposición que, negligente,  sólo queda para quejarse amargamente, retroalimentándolo voluntaria e involuntariamente.

29/12/2017:
02/01/2018:

domingo, 29 de mayo de 2016

REENCUADERNACIÖN INSTITUCIONAL DE LOS PROBLEMAS



Parlamento, política exterior y Esequibo  [1] 

Luis Barragán  

Ciertamente, el Presidente de la República dirige la política exterior, pero no menos cierto es que, como política pública, está sujeta al control parlamentario de acuerdo con el ordinal 3° del artículo 187 de la Constitución vigente, entre otros controles directos e indirectos, derivados o no. Por consiguiente, los diputados individualmente considerados, integrantes de las respectivas comisiones de trabajo y de las fracciones de adscripción, son constitucionalmente competentes para agregar y procesar las exigencias, solicitudes o demandas que la ciudadanía tenga a bien formular, legitimando su concurso en una materia que se cree de una exclusiva y excluyente incumbencia presidencial.

Desde la perspectiva sistémica, en un texto ya clásico, Josko de Guerón asentó que «para comenzar a comprender la actuación del Congreso no basta conocer sus atribuciones constitucionales: es preciso examinar los insumos que éste recibe y, en especial, las demandas o incitaciones para que el Poder Legislativo actúe o deje de actuar, de determinada manera frente a problemas de las relaciones internacionales» [2].  Así, cobra mucha importancia que el  órgano del Poder Público reciba, trate y responda a las peticiones, inquietudes e iniciativas que surjan de la sociedad civil organizada, siendo el caso específico el de los académicos, activistas, gremios de una múltiple naturaleza y sectores de la opinión pública sensibilizados por la histórica reclamación del Esequibo, subrayando adicionalmente dos notas sustanciales.

Por una parte, significa superar el paradójico subterfugio de la  «diplomacia de los pueblos» que, al soslayar la  participación efectiva de la ciudadanía, considera inexpugnable a todo evento la jefatura de la política exterior. Además, Nicolás Maduro  carece del «carisma y capacidad de improvisación creativa del líder que ya no está» y, respecto a iniciativas como Petrocaribe, siendo Guyana uno de los beneficiarios del programa de solidaridad energética, al agotamiento de los recursos se suma – inferimos – una lamentable incompetencia para aplicar el «esquema de subimperialismo» [3].

Por otra, apuntamos a lo que Easton refirió como el desempeño funcional de los partidos, grupos de interés y líderes de opinión para la composición y recomposición de las demandas, cuya síntesis y homogeneidad sean capaces de convertirlas en un «programa viable y simplificado de acción» y, procure, simultáneamente, ampliar las bases de sustentación, a objeto de competir con otras, en el marco de los más agudos e inmediatos  problemas. Y es que, un sistema debidamente retroalimentado, orientado a su auto-transformación creadora, también habilita a sus actores para «regular, controlar, dirigir, modificar e innovar» los elementos y procesos correspondientes, suscitando el necesario equilibrio constitucional que supone una tácita premisa ética: la del compromiso o avenencia, concesiones recíprocas, frenos mutuos, propios de la democracia [4].

Comprendemos y asumimos que hay muy marcadas prioridades de orden interno que ocupan a los asambleístas, pero no debemos obviar que la política exterior y, concretamente, el citado diferendo territorial siguen su curso, preocupando a la academia y a sobrias entidades que promueven y defienden el Esequibo, como nos hemos percatado al asistir por estos meses a varios coloquios de un responsable y alto nivel, y constatado en las redes sociales con el seguimiento y la denuncia de las actuaciones de la cancillería guyanesa, el fondeo de embarcaciones de exploración petrolera en la Fachada Atlántica o el ecocidio de un territorio bajo concesiones que escapan del Acuerdo de Ginebra. Por lo pronto, camino a  la especialización institucional del tema, programaremos una serie de foros en la sede parlamentaria que nos imponga de las exigencias ciudadanas, actualizándolas.

[1]        Excepto el último párrafo, el texto forma parte del trabajo inédito  aportado a una compilación que publicará a finales de año la Universidad Metropolitana sobre el Esequibo, junto a los suscritos por los Dres. Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar,   Manuel Donís, Claudio Briceño Monzón y Germán Guía. Compilación que tiene por origen el Foro “Litigios fronterizos: viejos conflictos, nuevas dimensiones”, promovido por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar (Sartenejas, 22/10/2015).
[2]        Eva Josko de Guerón, (1978) «El Congreso y la política exterior en Venezuela», en: Politeia, N° 7, 1978, Caracas;  Cfr. María J. Roca, (1999) «El control parlamentario y constitucional del poder exterior», en: Revista Española de Derecho Constitucional, N° 56, Madrid
[3]        Félix G. Arellano P., (2013) «Política exterior bolivariana: un legado de contradicciones»,  en: Simón Bolívar Analytic, N° 28, Sartenejas
[4]        David Easton, «Esquema para el análisis político», Amorrurtu, Buenos Aires: 1965, p. 169; Vid. David Easton, «Política moderna. Un estudio sobre la situación de la ciencia política», Letras, México, 1968, pp. 292-305 ss.; Cfr. David Easton, «Categorías para el análisis sistémico de la política», en: Enfoques sobre teoría política, Amorrurtu, Buenos Aires: 1973, pp. 216-231.

jueves, 27 de diciembre de 2012

SISTÉMICAMENTE, SUYO

EL PAÍS, Madrid, 27 de Diciembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Crisis sistémica y cambio de ciclo vital
La etapa de acumulación financiera iniciada en los años setenta atraviesa hoy por una fase de madurez que augura un cambio de paradigma, no solo económico sino también institucional y de democracia representativa
Enrique Gil Calvo

Hace poco asistí a una mesa redonda en un congreso de sociología donde se debatía la crisis sistémica. Allí pude argumentar que nuestra profesión no ha sabido proponer un relato propio sobre la crisis, pues se ha limitado a criticar sus efectos en materia de recorte de derechos y ascenso del desclasamiento y la desigualdad. Por tanto, el único relato maestro con que contamos sobre la crisis es el propuesto por el pensamiento económico dominante. Según su paradigma, la crisis fue causada por la irrupción de una contingencia imprevista, emergida por generación espontánea de la mano invisible del mercado, que rompió el equilibrio general del sistema. Y desde entonces los mercados han quedado colapsados por un desequilibrio sistémico autosostenido, como si se hubieran “colgado” entrando en un bucle sinfín. De ahí la necesidad de “resetear” el sistema mediante un choque de ajustes estructurales de cualquier signo capaces de reequilibrarlo, ya sean estímulos expansivos a lo Bernanke-Obama o devaluaciones internas a lo Merkel-Schauble.
¿Podría oponerse a este modelo de equilibrio neoclásico algún otro relato más dinámico, capaz de explicar mejor el desequilibrio general? Una posible pista es recurrir al modelo de crisis por cambio de ciclo vital. Esta figura proviene de la historia natural, como en los ciclos de ascenso y caída de los imperios o cualquier otro fenómeno cuyo curso de vida se despliegue a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el lapso vital humano presenta cuatro crisis: el nacimiento (crisis de inicio), la juventud (crisis de ascenso), la madurez (crisis de inflexión hacia el declive) y la muerte (crisis de desenlace). Pues bien, aplicando por analogía estos términos, podría postularse que nos enfrentamos a una crisis de madurez sistémica. Es el tipo de inflexión biográfica que antes se llamaba crisis de los 40 (ahora retrasada por aplazamiento de la emancipación juvenil), cuando el ascenso adulto se detiene y comienza a declinar.
Y recurriendo al mismo esquema cabe pensar que el ciclo de acumulación financiera iniciado en los años 70, cuando quebró por inflación el anterior ciclo productivo de industrialización fordista, está atravesando hoy su crisis de los 40. Aquel naciente ciclo postindustrial centrado en el mercado financiero generó una mercantilización globalizada que desarticuló la estructura social, emergiendo la posmoderna sociedad low cost. El consiguiente crecimiento de la financiarización alcanzó su saturación con el cambio de siglo, entrando a partir de ahí en crisis recurrentes tras cruzar el umbral de madurez: es la crisis crónica como la llamé en otro lugar. En suma, la actual regresión no es más que un efecto retardado del progreso anterior, cuando el ciclo de acumulación financiera ascendía hacia lo alto desde las ruinas de la quiebra industrial de los 70. Y este modelo de final de ciclo por crisis de madurez es aplicable a toda Europa occidental. La crisis actual del euro es un efecto retardado de la irresponsable arquitectura de la unión monetaria decidida en Maastricht, a su vez improvisada para salir de la crisis de la serpiente monetaria creada en los 70 con el ingreso del Reino Unido en la CE. Y en el caso español, la crisis de deuda derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria procede también de los 70, pues el boom especulativo no se inició con la Ley del Suelo de Aznar sino bastante más atrás, con la beautiful people de González, Boyer y Solana y antes con los Pactos de la Moncloa de Fuentes Quintana y Abril Martorell.
Cuando se frustra el ascenso de la juventud, el sistema social entra en un periodo de desplome
Pero este ciclo de acumulación financiera no atraviesa su crisis de madurez a solas, pues los demás ciclos institucionales que iniciaron entonces su andadura también atraviesan sus respectivas crisis de los 40. De ahí que al agregarse sus crisis coincidentes estén integrando una crisis sistémica de madurez institucional. ¿A qué otros ciclos institucionales me estoy refiriendo? Ya he citado la crisis de la UE, pero lo mismo cabe decir del modelo de gobernanza estatal, cuya administración burocrática está perdiendo crédito tras ser abducida por la privatización mercantil desde los 70; del modelo de democracia representativa, cuya clase política también está perdiendo legitimidad tras profesionalizarse mercenariamente a partir de los 70; o del modelo de formación de la opinión pública, dada la agónica crisis existencial que sufre la prensa escrita, pues todos atraviesan hoy sus respectivas crisis de madurez en el conjunto del mundo occidental. Especialmente en el caso español.
Así ocurre con el declive de nuestra democracia, cuya transición se inició en los 70 con grandes esperanzas de progreso cívico pero que hoy atraviesa una evidente crisis de madurez, dado su déficit de representación y el fuerte desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción, lo que ha provocado crecientes exigencias de proceder a profundas reformas electorales y constitucionales. En análogo punto de inflexión se sitúa nuestro modelo de desarrollo autonómico, tras la inicial descentralización administrativa, para derivar hacia una preocupante espiral de emulación competitiva que ha alcanzado su clímax con la demanda de secesión Cataluña, lo que también ha despertado propuestas antagónicas de recentralización. Lo mismo sucede con el ciclo de ascenso y caída de nuestro Estado de bienestar, que tras universalizar los derechos sociales en los 70 y 80 está entrando en crisis ahora, desmantelado por drásticos recortes y crecientes amenazas de privatización. Y algo análogo pasa con la enseñanza pública, que con la transición inició su expansión hacia la escolarización universal, obteniendo éxitos tan señalados como lograr que la escolarización femenina superase a la masculina, pero que hoy se enfrenta a una grave crisis de segregación clasista derivada de su creciente privatización a la vez que se devalúan su prestigio académico, dada su incapacidad meritocrática para favorecer la carrera profesional de los mileuristas titulados.
Esto determina que también haya hecho crisis el modelo de juventud iniciado con la transición a la democracia, cuando los jóvenes de ambos sexos comenzaron a diferir su acceso al mercado de trabajo y la formación de familia para anteponer la prolongación de su escolaridad, a fin de mejorar sus oportunidades de ascenso retrasando sine die su salida del hogar progenitor. Pero así se inició un ciclo de prolongación de la dependencia familiar de los jóvenes que, tras bloquearse su proceso de emancipación a causa de la crisis, ha terminado por impedir que aprendan a responsabilizarse de sí mismos, hasta el punto de crear una generación perdida solo entregada al panem et circenses del botellón y las descargas gratuitas, mientras su fracción más crítica se congrega en los enjambres indignados del 15M. Esto explica que el ciclo expansivo de nuestra pirámide demográfica, iniciado en los 70 con el cese de la emigración exterior e interior, y proseguido después por la creciente inmigración de efectivos foráneos, también haya entrado en regresión, cruzándose el año pasado su punto de inflexión cuando la balanza migratoria arrojó saldo negativo tras reiniciarse la migración al exterior de nuestro titulados incapaces de seguir aquí su carrera profesional.
Los jóvenes desertan hoy de las instituciones que integraron a sus predecesores
Y es que, cuando se frustran las expectativas de ascenso de la juventud, todo el sistema social entra en una nueva fase de desplome por desclasamiento, invirtiendo el sentido de su principio rector centrado en la movilidad ascendente. De ahí la involución del metabolismo generacional, que mueve a las actuales cohortes juveniles a desertar de todas las instituciones que articularon la integración social de sus predecesoras. Esto explica que hoy los jóvenes no puedan reconocerse en las instituciones excesivamente maduras que antaño articularon la transición: el sistema de partidos, las centrales sindicales, la prensa escrita… Así es como al coincidir transversalmente las diversas crisis que se realimentan en espiral, entran en resonancia generado una emergente crisis sistémica. Pero los ordenamientos sociales no son cuerpos vivos predestinados a morir sino entramados institucionales cuyas crisis de madurez pueden resolverse con éxito mediante su reestructuración organizativa, lo que exige cambiar las reglas de juego tras pactarlas con amplio consenso. Es el decisivo reto que hoy nos aguarda en España y en Europa occidental como tarea prioritaria y cada vez más urgente.

Ilustración: Eulogia Merle.

sábado, 7 de julio de 2012

DE LA VIEJA URDIMBRE


ECONOMÍA HOY, Caracas, 28 de Septiembre de 1994
Lo económico en el campo penal
Luis Barragán


La probable agudización de los conflictos según el ritmo combinado del ajuste y la renta, el déficit fiscal, los compromisos contraídos con el FMI o la desinversión, ilustra la mermada capacidad de respuesta del sistema frente a las crecientes demandas que soporta con algún heroísmo. Independientemente de la opinión que nos merezca, obliga a una deliberada intervención del gobierno en atención a sus objetivos, a través de una estrategia -ortodoxa o heterodoxa-  fundada en el esfuerzo compartido de los sectores público y privado, a fin de superar la crisis o, al menos, conservar un determinado nivel de vida para las grandes mayorías, en el marco de la democracia y el Estado de Derecho.
La (re) conciliación de la política económica con los postulados esenciales del Estado Social de Derecho, genera no pocas dificultades en el ámbito penal. Sin dudas, en el propiamente económico traduce - con los equivalentes del caso- una exigua cultura de consumo, obviando, además, la posibilidad de recurrir a sendas juntas de consumidores o usuarios, asociaciones de teleoyentes o sociedades calificadoras de riesgo, para salvaguardarla.
El problema de la pérdida  delictiva de   poder     adquisitivo   incumbe  (todavía ) más a los órganos administrativos, en lugar de la directa y apropiada injerencia de los judiciales. Así, se evidencia una sobrecarga de tensiones en el subsistema político, impedido de abordar los aspectos criminológico y jurídico-penal (sustantivo y adjetivo) de la vida económica, vista la confusión de insumos y productos de distinta naturaleza que (también) le impide obtener los indispensables recursos de equilibrio para la sociedad global.
Ligados a etapas de aparente prosperidad, abundan los ejemplos delictivos a propósito de la actividad privada de la economía (individual y/o corporativa): ejercicio deshonesto de las profesiones liberales, sociedades fantasmas, falsas liquidaciones, adulteración de alimentos y fármacos, explotación ilegal de espacios públicos, espionaje industrial, fraude inmobiliario, hiperhabilidad cambiaria (incluyendo las consabidos y múltiples), falsa representación publicitaria, asombrosos caminos que llevaron a la debacle bancaria y que, curiosamente, publicaciones como “Gerente” (Marzo de 1993), habían asomado. Podemos subsumirlos en los delitos contra la patria, la propiedad o la fe pública, insistir en la competencia desleal como un hecho ilícito (artículo 1185 del Código Civil) o privilegiar la normativa administrativa que aminora la carga penal, en materia de protección al consumidor. No obstante, luce más apropiado el campo penal, pues, sin necesidad del asistencialismo estatal,  presto al delito de cuello blanco, pocas probabilidades existen de incurrir en fraudes cuando el consumidor o usuario puede recurrir a los tribunales penales y, en breve tiempo, obtener una sentencia favorable, convincente y eficaz.
El proceso de modernización pendiente no está exento, pues, de una consideración penal, habida cuenta de los medios de comisión que lo anuncian con una irresistible carga profética. Sugiere la progresiva y radical expansión de los delitos “cerebrales”, tan afines a las actividades económicas ( y financieras), generada no tanto por el crecimiento cuantitativo (y no cualitativo) del aparato educativo como por el acceso y consumo crecientes de productos de alta tecnología que, en cierta forma, compensan el analfabetismo funcional y alientan el misticismo pragmático, disparando libérima la imaginación.
No ha de extrañar la enorme variedad de casos de la llamada “tarjeta inteligente” (aún cuando no expresen la caja de conversión electrónica a la que aspiran muchos en tanto dinero), el modem-fax, el holograma que, entre otros, contribuyen a la simulación de hechos y desafían todo lo conocido en el terreno probatorio. Por lo demás, si en la actualidad es difícil realizar ciertas operaciones sin el cheque, resultará quizás necesario el dinero electrónico y pocos escaparán de la interrelación productiva capaz de traducir. Y a ésta universalidad, globalización interna podemos sumar la externa, al considerar el fenómeno de la integración regional de mercados que llevará a situaciones francamente inéditas.
Tal contexto significa que el delito abriría distintos horizontes, incluyendo su incidencia política y dejando atrás los procedimientos artesanales que ayer colmaron las páginas rojas. El Estado tendrá que actualizar su responsabilidad castigativa, asumiendo aquellos elementos que doctrinariamente pueden “independizar” las figuras atentatorias contra la producción, el consumo, la productividad, la distribución, la lícita especulación, en relación al derecho ordinario. Constituye una tarea que requiere de ideas y experiencia, madurez y humildad para precisar insospechados tipos penales, el interés jurídico protegido y la sanción consiguiente, con tanto o más afán que concebir y ejecutar una determinada política económica. De no ser así, el delito irá parejo a ésta o cualquier política pública que se pretenda, haciéndose un fenómeno natural hasta de las relaciones no mercantiles.
Por ello, resulta importante el fiel seguimiento del proceso incoado a las personas presuntamente involucradas en la no tan distante crisis bancaria, pues, seguramente conocerán del recurso de casación y es mucha la polémica que puede provocar entre los entendidos, orientada a la seguridad jurídica, por cierto, frecuentemente olvidada a la hora de implementar las medidas de ajuste macroeconómico y reforma estructural.
Y todo lo anterior, sin caer en la tentación economicista del derecho penal, ampliando el campo de protección de tal manera que, al versar sobre un determinado modelo de desarrollo, pisa los linderos constitucionales, privilegia la visión administrativista de las cosas y confina los aspectos financieros a los exclusivamente fiscales y presupuestarios del Estado, marcando algunos filones autoritarios. Y es que ganar la especificidad penal en el terreno de las actividades privadas o no estatales de la economía, reparando en el posible desarrollo de las empresas autogestionarias, significa visualizar a la Venezuela de los posnoventa inmersa en la revolución del conocimiento estratégico y borrar el prolongado reflejo de prácticas propias de los años cincuenta.

Ilustración: Ieoh Ming Pei, "Pyramide du Louvre" (Paris, 1984-1989)