CORREO DEL ORINOCO, Caracas, 07 de Abril de 2012
Único decreto de Carmona restituyó créditos indexadosABRIL DE GOLPE Y CONTRAGOLPE
Un solo decreto fue aprobado por Pedro Carmona Estanga en sus brevísimas horas de usurpación del cargo de presidente de la República en abril de 2002.
Sin pérdida de tiempo elaboró y públicó una disposición por la que suspendía los efectos de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba el recálculo de los llamados créditos indexados para adquisición de viviendas y de vehículos automotores.
La Sala Constitucional del máximo tribunal decidió, en una sentencia de enero de 2002, ordenar al Banco Central de Venezuela (BCV) a fijar la tasa de interés mensual máxima, desde el año 1996, a ser aplicada a la adquisición de viviendas, utilizando para ello fórmulas que beneficien al deudor y equilibren los recursos a percibir por la banca hipotecaria con la capacidad de pago de los deudores.
Asimismo suspendió la modalidad de estos créditos que establecían el cobro de intereses adicionales sobre los intereses causados por el crédito original.
Toda la banca se pronunció en contra de la sentencia y la cúpula empresarial encabezada por Fedecámaras alertó sobre los daños que podía causar.
El 5 de febrero, Pedro Carmona Estanga, a nombre del empresariado, dijo que la decisión “acentuará el proceso de desinversión en sectores tan importantes como la construcción y el inmobiliario. Se incrementa la inseguridad jurídica, la cual trae como consecuencia un clima de desconfianza hacia el país y sus instituciones”.
Pronosticó que aumentaría el desempleo y se acentuaría la pobreza. Alegaba que la medida provocaría desinversión en el sector de la construcción, considerado como motor de la economía.
Y el argumento más extremo era que los más afectados serían los propios deudores hipotecarios. “Tendrá efectos devastadores en la gran mayoría de los prestatarios al restringirse el acceso al crédito”, explicaba.
Decía que los actuales prestatarios en su gran mayoría estaban al día en sus acreencias con la banca y que así debían mantenerse, para evitar caer en mora y perjudicar su historial crediticio.
Por eso entre los primeros firmantes del llamado decreto Carmona estuvo Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria. Sus “intereses” bien valían un golpe.
VÍCTOR HUGO MAJANO/CIUDAD CCS
EL NACIONAL - Domingo 08 de Abril de 2012 Siete Días/1
Tres días que cambiaron el paísEsta semana se cumplirá una década de los hechos de abril de 2002. En 72 horas ocurrió una cadena de eventos que dejó una huella profunda en Venezuela. Las heridas siguen abiertas y separan a los venezolanos: mientras la oposición llama a la reconciliación, el Gobierno atiza la polarización
DAVID GONZÁLEZ
La década transcurrió para Juan Andrés Mejía. Ya no es el muchacho de 15 años de edad que quedó deslumbrado cuando vio el torrente de manifestantes que había marchado desde el Parque del Este hasta el edificio de Petróleos de Venezuela en Chuao, Caracas. Tampoco es el mismo estudiante de bachillerato que junto con un puñado de compañeros de clase se fundió con la marejada de personas se calculó entonces que fueron cerca de 1 millón a la que se le pidió seguir rumbo al Palacio de Miraflores para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez, quien acumulaba sus primeros 3 años de los 13 que ha estado en el poder. Dejó de ser el adolescente que, después de encontrar a sus padres en la protesta, debió huir de la plaza O’Leary de El Silencio en medio de una confusión de gases lacrimógenos, carreras sin dirección y detonaciones.
Hoy es otra persona, aunque recuerda con igual nitidez lo que vio mientras escapaba del pandemóniun en un autobús.
Dos hombres mantenían una discusión y uno de ellos la acabó cuando sacó un arma y disparó. La huida le impidió saber la suerte del herido, pero cuando rememora la escena surge una reflexión que ha madurado con él: "Si no nos entendemos, podemos matarnos".
Esa misma tarde, Eigleth Torregosa se encontraba a pocas calles de distancia de Mejía.
Había logrado aproximarse a una cuadra del puente Carmelitas, al que desde entonces se le conoce con otro nombre: Llaguno. Quería estar reunida con las personas que fueron llamadas para rodear el palacio presidencial y evitar la llegada de los opositores.
También puede recordar con idéntica angustia lo que vivió.
Relata que vio personas heridas por los disparos que se hicieron desde azoteas de los edificios cercanos. Tampoco es la misma joven de 22 años de edad de hace una década: "Lo ocurrido no se puede repetir, ni tampoco se puede olvidar".
11 de abril de 2002. Fue la fecha que reunió a Mejía y Torregosa en dos puntos cercanos del centro de Caracas. A pesar de su juventud, ambos fueron partícipes de una cadena de eventos de 72 horas que influyó, como ningún otro hecho, en la vida política y social de Venezuela de la última década.
El miércoles próximo se cumplirá el décimo aniversario de ese día. Venezolanos que salieron a expresarse en contra y a favor de Chávez no están presentes hoy para contar los hechos: 19 de ellos perdieron la vida y se calcula que otras 150 fueron heridos, como si se hubieran convertido en blancos de una práctica de tiro.
Los acontecimientos se aceleraron desde esa tarde a un ritmo cuyo recuerdo aún produce vértigo. Oficiales de la cúpula militar se negaron a activar el Plan Ávila y desconocieron la autoridad de Chávez, cuya renuncia fue anunciada al país el 12 de abril en la madrugada por el general en jefe Lucas Rincón, entonces inspector general de la FAN. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autojuramentó luego como jefe de un gobierno de transición que eliminó por decreto los poderes públicos en un acto que cerraba lo que muchos calificaron de golpe de Estado. El posterior retiro del apoyo militar al dirigente empresarial sumado a la respuesta de seguidores de Chávez y de oficiales leales a él prepararon su camino de regreso a Miraflores en medio de las noticias que desmentían que había dimitido. Del palacio había sido sacado apenas horas antes en plena negociación de los términos de su salida del poder con miembros de la cúpula militar.
La anterior es sólo una síntesis de tres días de sucesos cuya complejidad rebasa a los analistas. Hay historiadores que advierten que una década constituye poco tiempo para examinar con serenidad todas las secuelas que dejó la crisis de abril de 2002, la cual, sin embargo, tuvo un efecto inmediato: hincarse como una herida que aún divide a buena parte de la sociedad venezolana en dos polos políticos, con interpretaciones que se mueven en extremos, la que señala que los opositores organizaron una gran conspiración para derrocar a Chávez y la que afirma que el Presidente ordenó reprimir a cualquier costo una gran protesta democrática.
"Faltan muchas piezas por encajar, atar cabos sueltos, conocer hechos que no se conocen o no están totalmente claros", dice Lucía Raynero, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB.
Basta recordar, por ejemplo, que el Poder Judicial todavía no ha establecido y, en consecuencia, tampoco ha castigado a los autores materiales de la mayoría de los homicidios por los cuales persisten las acusaciones mutuas y los reclamos contra la imparcialidad y la efectividad de la justicia.
Recomposición. Mejía pasó de ser el manifestante que atendió el llamado de la CTV y Fedecámaras en la huelga general de abril de 2002 a formar parte del movimiento estudiantil que ayudó a derrotar con votos la reforma de la Constitución propuesta por Chávez en 2007. Después se convirtió en dirigente de una nueva organización: Voluntad Popular.
"Entendí que el problema del país no se reduce a una persona, sino a derrotar males como la exclusión y la desigualdad".
La parábola de su trayectoria también podría ilustrar en parte los cambios ocurridos en el campo opositor. Benigno Alarcón, director de la Unidad de Estudios en Políticas Públicas de la UCAB, considera que en el transcurso de la década ha ocurrido un reacomodo que confirma que hubo lecciones aprendidas: "Un grupo de políticos moderados ha conducido a la oposición en un camino progresivo de recuperación de la legitimidad y el Gobierno sabe que eso está pasando".
Una clave ha sido la persuasión para mantener la fe de los activistas en el riel como una fórmula para ocupar espacios políticos. En los últimos 6 años el caudal de votos de quienes no están alineados en las filas del mandatario pasó de 4,2 millones de sufragios conseguidos por Manuel Rosales en las elecciones de 2006 a 5,7 millones de votos obtenidos en los comicios parlamentarios de 2010, que representaron 52% de los electores. La victoria de Henrique Capriles Radonski y el segundo lugar de Pablo Pérez en las elecciones primarias de la MUD del 12 de febrero han sido interpretadas como un respaldo de la base a un discurso de reconciliación.
Alarcón considera que ese discurso crea condiciones favorables a una transición, porque ayuda a presentar la idea de la entrega del poder por parte de quienes lo detentan como algo menos costoso y más tolerable: "La gente entendió el mensaje de que no se quiere perseguir a nadie, ni barrer a los otros".
El camino que condujo a esa nueva situación fue accidentado. El desprestigio de los partidos tradicionales había dejado la escena servida en 2002 para que gremios de empresarios, trabajadores, organizaciones civiles y personalidades ocuparan la primera línea de una oposición que se radicalizó ante la ejecutoria oficial. El Gobierno había aprovechado la dispersión de sus contrarios entre 1999 y 2001 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente prácticamente monocolor a pesar de que obtuvo cerca de 60% de los votos; para saltarse las exigencias de la Constitución recién aprobada en la designación de las cabezas de los poderes públicos y para que se le permitiera a Chávez modificar 47 leyes, la mayoría económicas, a través de decretos habilitantes. Los conflictos entre los gerentes de Pdvsa y el Ejecutivo por la denunciada politización de la compañía abonaron el choque. El clímax ocurrió el 7 de abril, cuando Chávez despidió por TV y con pito incluido a 7 ejecutivos, un gesto que, reconoció, fue para provocar.
La estrategia radical se mantuvo después de abril con el paro petrolero calificado de sabotaje por el Gobierno que se llevó a cabo entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Durante el período fueron despedidos 18.000 trabajadores de la empresa estatal. Luego sobrevino el revés en el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, cuyos resultados se consideraron fraudulentos y provocó frustración por denuncias de desventaja en las condiciones de competencia. Más tarde llegó el abstencionismo en las elecciones de 2005 que dejaron un Parlamento sin disidencia. Mucha fue la diferencia 5 años después, cuando se recibió como una brisa fresca el cambio de balance de poder en la Asamblea, a pesar de que la ley dificultó obtener una mayoría de escaños.
Organizaciones que tuvieron protagonismo en abril de 2002 procuran enviar señales de cambio en su actuación pública. A pesar de los controles y expropiaciones que para muchos cercan al capital privado, Fedecámaras hoy se asume como un actor que busca influir en las políticas y en la legislación sin involucrarse en luchas de poder. "Nos reunimos con comunidades, líderes sindicales y estudiantes para recuperar el rol como actor social.
En declaraciones recientes la directiva ha dicho que no es responsable de lo que hizo Carmona Estanga", recuerda Ricardo Cussano, tesorero de la institución. Hay trabajadores, por otra parte, que lamentan los hechos de hace una década porque consideran que decapitaron un proceso relegitimación de la CTV, cuyos hitos principales ocurrieron en 2000 con la victoria de Carlos Ortega en las elecciones de la organización y con la exitosa negociación del contrato colectivo petrolero. Arquímedes Licett, hoy operador de grúas en Sidor y ex sindicalista, dice que los hechos de hace una década hicieron mucho daño y facilitaron el trabajo del Gobierno, que quiere acabar los sindicatos. "Ahora quieren ponernos a elegir a una cúpula del PSUV en una central que no nos representa a todos".
Experiencia negativa. Torregosa no sólo salió a la calle el 11 sino también el 13 de abril de 2002. Una concentración de seguidores del Presidente se organizó espontáneamente en Petare. Fue al Palacio de Miraflores, donde estuvo hasta la medianoche. "Sólo había votado una vez y por Chávez. Estábamos indignados porque nos querían arrebatar nuestra decisión y en los medios ponían comiquitas en lugar de informar lo que estaba pasando".
Hoy forma parte de la Juventud del PSUV en el municipio Sucre y reconoce que aquel fue un momento decisivo de formación política: "Fue un despertar, los pobres entendieron qué era el poder popular que se organizó luego con misiones y consejos comunales".
El Presidente de la República ha dicho cuál fue la lección que aprendió: "El Chávez pendejo quedó en 2002". Los sucesos de entonces condujeron a una radicalización del gobernante y de sus seguidores. Alarcón interpreta que para el jefe del Estado es más que nunca prioritario evitar la moderación dentro de sus filas en víspera de las elecciones presidenciales. Por eso, señala, ha colocado en puestos clave de dirección política y militar a quienes tienen menos tolerancia a la idea de un cambio de poder que les resultaría costoso: "Evitan abrir espacios para entendimientos con los moderados que están al frente". Dice que los mensajes según los cuales una victoria opositora arriesgaría las misiones o traería violencia pretenden mostrar que la derrota también perjudicaría a la base.
Después de abril de 2002 arreciaron las denuncias de retaliaciones por parte del Ejecutivo hay que recordar el uso de la llamada Lista Tascón y utilizó las instituciones para neutralizar opositores. Pero además de esas acciones, hubo cambios estructurales. En el ámbito militar no sólo se ejecutaron purgas de oficiales, sino que también se creó la milicia popular, construida, para muchos, con la arquitectura de la lealtad política. Vale recordar, por ejemplo, que existe un cuerpo de 1.500 motorizados asentado en Caracas llamado 13 de Abril. En el mundo de las comunicaciones la prensa privada hace una década fue duramente cuestionada por omitir información al público el Gobierno creó un sistema de medios comunitarios y públicos afectos. Uno de ellos, TVES, transmite con la señal y equipos que fueron de RCTV, clausurada en 2007.
Los episodios de abril han sido capitalizados para mantener viva la polarización. "El mesianismo del Presidente fue exacerbado. Se le ayudó a construir una epopeya", dice un antiguo colaborador del mandatario. La maquinaria gubernamental ha construido una historia que no admite lugar a gradaciones. Hasta el presente el Gobierno y sus seguidores siguen acusando a la oposición de mantener la misma "agenda golpista y violenta" de 2002. A Capriles Radonski, entonces alcalde de Baruta, aún lo acusan de haber allanado la Embajada de Cuba el 12-A, cargo por el cual fue exculpado después de haber estado preso.
Tiempo. Luego del 11-A los más pesimistas anticipaban que al país no le quedaba otro camino que la violencia. Hoy existen quienes están convencidos de lo contrario. Luisa Pernalete, una maestra de Fe y Alegría que se ha dedicado a dictar talleres para promover la paz como forma de prevención de la violencia delictiva e intrafamiliar, aporta una visión que incluye la justicia, pero también el reencuentro.
"Tenemos que encontrarnos de nuevo. Poco a poco esa aproximación va sucediendo cuando nos ponemos a ver cuáles son los problemas comunes, aunque todavía haya polarización". Puede que hoy palabras como ésas no lleguen a los oídos de todos. "Son procesos que toman tiempo". Cita a uno de sus autores predilectos, Johan Galtung, fundador del Instituto Internacional de Investigación de Paz para decir que la obligación de un trabajador por la paz es abrir los ojos de los demás. Tarde o temprano, confía, sucederá.
EL NACIONAL - Domingo 08 de Abril de 2012 Siete Días/3
NO TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO CALIFICARON DE GOLPE DE ESTADO LOS HECHOS
¿Qué fue lo que pasó ayer?Al día siguiente del 11 de abril, las versiones de los altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y de algunos expertos legales sobre lo ocurrido eran disímiles. Aunque no todos lo calificaron de golpe de Estado, la mayoría asumió que la transición había iniciado su camino
LAURA HELENA CASTILLO
--¿Hubo golpe o no hubo golpe? --Obviamente que hubo un pronunciamiento de la Fuerza Armada que depuso al Presidente.
--¿O sea que hubo un golpe de Estado? --Hubo un pronunciamiento de la Fuerza Armada que depuso al Presidente.
--¿Por qué no lo califica como tal? --Eso es un problema semántico.
El viernes 12 de abril de 2002, José Vicente Rangel, ministro de la Defensa del recién depuesto gobierno de Hugo Chávez, prefirió hablar de la semántica y sus problemas. En una entrevista telefónica a El Nacional dio por sentado el fin del mandato de Chávez y hasta perfiló lo que sería su nueva y reposada vida fuera del cargo: "Descansaré un tiempo, me cambiaré el casete y volveré a escribir". Antes, envió un mensaje al país: "Tengan mucha calma. Reivindico las cualidades democráticas del país.
Eso es lo más importante, que todos podamos vivir en paz y democracia. Eso es lo que yo deseo".
También aseguró que la Fuerza Armada dio garantías de seguridad a Chávez, como jefe de Estado y como ciudadano.
A pesar de estas valoraciones y de que el Presidente regresó a sus funciones al día siguiente, Rangel no salió del Gobierno ni cambió de casete: pasó a ser vicepresidente de la República hasta 2007.
Horas después de la marcha y sus muertos, la momentánea salida del aire de las televisoras, las declaraciones de desacato al Gobierno de militares del Alto Mando, el anuncio de su renuncia y la creación de una junta provisional de gobierno, el 12 de abril, un día de calma elástica, funcionarios de alta jerarquía del Ejecutivo fijaron posición frente a los hechos.
La mayoría aún sin tener claro cuál sería su destino asumió que la transición era inevitable y abogó por el respeto a los derechos humanos, además de reconocer que antes de los sucesos de abril los venezolanos padecían la exclusión y el sectarismo político.
También reaccionaron Amnistía Internacional y los presidentes latinoamericanos. Pidieron respeto a las garantías constitucionales e investigaciones por las muertes, así como la realización de elecciones libres. Pero la respuesta no fue homogénea: Estados Unidos culpó al gobierno de Chávez de causar la crisis y aseguró que el Presidente había renunciado.
Camino libre. Un sorpresivo aviso llegó desde el Tribunal Supremo de Justicia el 12 de abril. Su presidente, Iván Rincón Urdaneta, tampoco se apresuró para determinar un concepto traslúcido de lo sucedido el día anterior. En una carta de tres líneas dirigida a los venezolanos y enviada a los medios de comunicación comunicó su decisión de dejar el camino libre: "A objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, pongo a la orden el cargo de magistrado de la Sala Constitucional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia". El 18 de agosto de ese mismo año el máximo tribunal desestimó la tesis de golpe de Estado al sentenciar que no podía procesarse a los militares involucrados en la rebelión, tal como lo solicitó el fiscal general, porque éste no habría sustentado suficientemente la acusación. El 14 de marzo de 2005 el mismo TSJ anuló esta sentencia.
Otras voces del mundo legal se escucharon durante esas horas de tensión, órdenes y contraórdenes. En un terreno técnico-jurídico se situó la jurista Hildegard Rondón de Sansó, suegra del actual ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. El mismo 12 de abril ofreció a El Nacional un análisis de lo ocurrido. Aseguró que sí se había roto el hilo constitucional, pero insistió en que no fue por razones de fuerza sino por las imprevisiones de la carta magna sobre la forma de suplir la falta absoluta derivada de la renuncia tanto del Presidente como del vicepresidente ejecutivo de la República, pues Diosdado Cabello para la fecha ocupaba el segundo cargo se encontraba en la clandestinidad. La ex magistrada de la otrora Corte Suprema de Justicia señaló que la historia demuestra que los regímenes de facto no necesariamente implican una situación que impida los derechos fundamentales.
Una pieza una importante le hacía falta a este rompecabezas y Cecilia Sosa Gómez, también ex magistrada, lo dejó claro: "No he visto por escrito la renuncia del presidente Chávez. Ese elemento debe demostrarse si vamos a invocar que ése fue el mecanismo". Agregó que la junta de gobierno debía restituir la Constitución. "Sería un grave error crear un estatuto constitucional provisorio, porque sería un invento para maquillar un golpe de Estado".
Sí fue. Otros, como Isaías Rodríguez, manifestaron más resistencia. El entonces fiscal general de la República que celebró con amplia sonrisa y brazos alzados en las puertas de Miraflores cuando Chávez regresó al poder en una de las imágenes emblemáticas del 13 de abril fue uno de los que definió de manera más clara lo ocurrido el día anterior: "Esto es un golpe de Estado. Los hechos, tal como están planteados en este momento en Venezuela, violan el Protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana", dijo a las 3:00 pm..
Sobre la junta provisional, Rodríguez fue enfático: "Quienes piensan que están resolviendo el problema del país con esto, se equivocan".
En las oficinas de la Contraloría General de la República, vestido de manera informal, estaba Clodosbaldo Russián.
Allí aseguró, antes de informar que pondría su cargo a la orden, que se había roto el hilo constitucional y eso equivalía a un golpe de Estado.
Pero, ante el desconcierto, la cautela fue la posición de algunos. El entonces defensor del pueblo, Germán Mundaraín, ni renunció ni emitió opinión alguna sobre la legitimidad del gobierno provisional. "Esperaré a que se pronuncie Carmona y la Asamblea Nacional para fijar una posición al respecto".
El 12 de abril en la tarde, Pedro Carmona Estanga, presidente interino, se pronunció.
Dijo al país que estaba asumiendo el reto de conducir la nación, sin resquemor ni exceso de poder. Sin embargo, en el acto en el Palacio de Miraflores, se leyó el decreto que disolvió todos los poderes legalmente constituidos. Ahí comenzó el fin de su breve mandato.
Mientras esto sucedía, en Caracas se evidenciaba la ausencia de controles. Mundaraín denunció que en la sede de la Disip (actual Sebin) en el Helicoide había por lo menos 120 personas detenidas ilegalmente. "Estamos viendo desarrollar una especie de cruzada de venganza, justo ahora cuando el país pide a gritos la conciliación, justo ahora cuando Venezuela necesita más que nunca que se cierren las heridas y se acaben definitivamente las visiones excluyentes". Una década después, el grito de conciliación todavía se escucha.
