apenas, una puerta

EL NACIONAL - Domingo 12 de Septiembre de 2010 Siete Días/1
¿Quién dijo austeridad?
El año pasado se aprobó el decreto de eliminación del gasto superfluo en el sector público. Sin embargo, los gastos del Despacho de la Presidencia no se corresponden con una política de mesura. La Asamblea Nacional saliente aprobó para el resto de la administración 131 créditos adicionales en 2010
LAURA HELENA CASTILLO

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 12 del artículo 236 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda un crédito adicional para comprar productos de tocador para Miraflores y las residencias presidenciales.

Lo dice textualmente la Gaceta Oficial 39479 del 3 de agosto de 2010.

Faltando cinco meses para que termine 2010, al Ministerio del Despacho de la Presidencia se le acabó el dinero que le dieron a comienzos de año para el champú, la comida y la bebida, los aguinaldos de los obreros, los servicios de veterinaria y las donaciones corrientes a personas, entre otros asuntos.

Para ayudar a reabastecer la despensa de Miraflores ­y, dice el decreto oficial, apoyar la refundación de la nación­ la Asamblea Nacional, cuyos representantes serán renovados en 15 días, aprobó un crédito adicional, que saldrá del Fonden, de 50 millones de bolívares y, 10 días después, uno por 4 millones de bolívares para transferencias a entes descentralizados y mantenimiento de la infraestructura de la Universidad Bolivariana.

Antes, el 17 de junio, también fueron desembolsados 28,5 millones de bolívares para comprar repuestos y arreglar el transporte asignado al Presidente para viajes. La flota, se entiende, no es tan resistente como la peregrina espada de Bolívar.

En total, 82,5 millones de bolívares en créditos adicionales que se suman al presupuesto inicial de 3,32 millardos de bolívares para el Despacho de la Presidencia, siete veces más costoso que el de 2009 porque este año incluyó 2,82 millardos de bolívares para las misiones sociales, que ahora administra Hugo Chávez. Entonces, para los otros gastos del despacho quedaron 540 millones de bolívares. En 2009, ese mismo ministerio recibió 449,77 millones de bolívares y solicitó 25,8 millones de bolívares en créditos adicionales para mantenimiento, seguridad y viajes al exterior. Esto quiere decir que las necesidades del entorno presidencial, adicionales a la "mesada" de 2010, triplicaron las de 2009.

Esta hilera de créditos se aprueban en tiempos en los que está vigente el decreto 6649 para la eliminación del gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional, aprobado el 25 de marzo de 2009, tiempo en el que el presidente Hugo Chávez y sus ministros predicaban austeridad y recortes presupuestarios para prevenir, en lugar de lamentar, los efectos de la crisis económica mundial.

El instructivo debe estar engavetado en los escritorios de las oficinas públicas. De él no se ha vuelto a hablar.

En marzo de 2009, mes de decisiones con criterio de escasez, los gastos del presupuesto venezolano fueron recalculados con una reducción de 6,7%: de 167,47 millardos de bolívares a 156,39 millardos de bolívares. En la Ley de Presupuesto de 2010 también se tomaron medidas convocando a la mesura, porque el monto quedó casi igual al del año anterior: 159,4 millardos de bolívares.

Los gastos de Miraflores. La desmesura, sin embargo, vendría a través de créditos adicionales, como es ya usual en este gobierno, con o sin decretos de austeridad. Aunque el resto de la administración pública solicitó un porcentaje similar de créditos adicionales al de 2009, los requerimientos del Despacho de la Presidencia fueron menos frugales, a pesar de que la crisis económica llegó a Venezuela y el producto interno bruto lleva cuatro períodos en recesión.

Los 50 millones de bolívares recién asignados a Miraflores están destinados a un variopinto catálogo. Lo más grueso ­32,5 millones de bolívares­ fue destinado al proyecto de proveer servicios logísticos y de mantenimiento a las áreas sustantivas y de apoyo al ministerio y las residencias presidenciales. Es decir, gastos del hogar.

Lo anterior incluye la subpartida de 13,6 millones de bolívares para "alimentos y bebidas para personas". El monto es elevado porque, es de suponer, incluye la preparación de las hallacas y el dulce de lechosa típicos de la época decembrina. También responde a una realidad de la que nadie escapa: la inflación acumulada llegó a 19,9%.

A principios de año se le adjudicó a esta subpartida 5,8 millones de bolívares, lo que da un total de 19,44 millones de bolívares sólo en comida y bebidas. Esto equivale a comprar 14.817 canastas básicas en un año, a 1.312 bolívares cada una, según calcula el valor de esta cesta el Instituto Nacional de Estadística.

En marzo, cuando era imperativo hablar de ahorro ­y no había ninguna elección cerca­, Chávez narró con orgullo una anécdota delante del tren ministerial de la época: "Hace como tres años, una noche de diciembre, oí una música por allá, en alto volumen. Yo dije: `¿Qué será esto aquí?’. ¡Un fiestón! Y era la gente de seguridad, mi seguridad, despidiendo el año. Saqué a más de uno de aquí. Y whisky. ¡Qué es esto! Pero es la vieja cultura. Son, como dice Fidel Castro, los reflejos condicionados que tenemos ahí sembrados por dentro. Como una mina, cuando siembran una mina. Aquí tenemos que ser ejemplo, chico, de austeridad".

Al parecer, no todas las minas rumberas han sido detectadas por el Presidente, porque de acuerdo con el clasificador presupuestario de recursos y egresos elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto el ítem "alimentos y bebidas para personas" se refiere a "todo tipo de bebidas alcohólicas o no, tales como: vinos, cervezas, licores; refrescos y agua embotellada".

Además, el crédito adicional también incluye 4,25 millones de bolívares para "relaciones sociales" de las viviendas presidenciales, a pesar de que el decreto de eliminación del gasto superfluo dice que se prohíbe "la celebración de agasajos que correspondan a razones protocolares", a menos que sean autorizados por el vicepresidente ejecutivo. La agenda social de Miraflores, con tantos cortejos para invitados internacionales, requiere un bolsillo amplio.

Otro monto grueso que se lee en la Gaceta Oficial son los 4,18 millones de bolívares para "viáticos y pasajes fuera del país" de Chávez. A otras categorías del tipo cosmético, como la subpartida correspondiente a "productos de tocador" (que se refiere, según el clasificador presupuestario, a jabón de baño, perfumes, esencias, cremas, aceites, tintes y lacas para el cabello) le destinaron 700.000 bolívares. Este dato de vanidad no se ajusta a aquella propuesta presidencial de bañarse en 3 minutos y, de ser posible, con totuma.

El sencillo. Aportes más menudos para estos últimos meses del año son los 100.000 bolívares para textiles; 20.000 bolívares para piedra, arcilla, arena y tierra; 100.000 bolívares para útiles de limpieza y aseo; 20.000 bolívares para herramientas menores y cuchillería; y 55.000 bolívares para útiles de cocina y comedor.

El diputado del PSUV Andrés Eloy Méndez, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, indicó que 7 millones de bolívares de este crédito se usarán para cubrir donaciones y transferencias al poder popular y 10 millones para pagar el sueldo de trabajadores. Añadió que otra parte del dinero ­no especificó cuánto ni cuál­ servirá para asistir a Oficina de la Esperanza, que es donde se reciben las peticiones que llegan a través de la cuenta de Twitter @chavezcandanga Al Presidente le ruegan a través de esa red social por casas, vehículos, terrenos, trabajos, operaciones, entre otras enormes necesidades.

"Se quiere manipular y decir que estos créditos son para gastos del Presidente o que van a sus comodidades y necesidades. Eso es absolutamente falso, porque está detallado cuánto dinero irá a cada destino, que también incluye las misiones que ahora se dirigen desde la Presidencia", dijo a la Agencia Venezolana de Noticias. Añadió que el jefe del Estado decidió atender personalmente a 8% de las personas que viven en pobreza extrema en Venezuela.

"El Despacho de la Presidencia no tiene la estructura administrativa, y menos la función constitucional, de manejar esa cantidad de recursos, si lo que se busca es que haya mayor control de los recursos públicos", dice Carlos Berrizbeitia, ex diputado de Proyecto Venezuela que se ha dedicado a analizar las leyes presupuestarias.

El crédito tiene categorías de interés social. A la subpartida "Donaciones corrientes a personas" le fueron asignados 6,28 millones de bolívares. En el clasificador presupuestario se explica que esta categoría tiene que ver con "donativos y ayudas que no revisten carácter permanente acordados a personas naturales", así como subvenciones para comprar trofeos y medallas. Es decir, se trata de una dimensión de difícil contraloría por lo informal de su naturaleza.

Para "atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que acuden al Palacio de Miraflores", aprobaron un total de 785.720 bolívares, lo que incluye traslado aéreo de pacientes a Cuba a través del convenio Cuba-Venezuela. La Misión Milagro recibió un monto similar al destinado a la laca y el jabón de baño.

Miguel Ángel Santos, economista y profesor del IESA, señala que el Despacho de la Presidencia tenía, tradicionalmente, gastos relacionados con el mantenimiento de las residencias. "Ahora es otra caja negra, igual que fuentes de financiamiento como el Fonden y Pdvsa, que son inauditables", dice.

En el papel. El decreto de eliminación del gasto suntuario es muy claro en dos numerales: el artículo 3 ordena un "ajuste en los niveles superiores en la nómina del personal contratado en la administración pública nacional", y el 4 añade "establecimiento de límites máximos en las remuneraciones totales del personal de alto nivel de la administración pública nacional central y descentralizada, de conformidad con las directrices que emita el vicepresidente ejecutivo".

Ningún sueldo fue ni revisado ni rebajado.

El 10 de agosto, el congelamiento de la discusión de la Ley de Emolumentos ­que establece límites a los sueldos de los funcionarios de alto rango­ fue una mala señal acerca de la voluntad política de los diputados para hacer cumplir el decreto.

En la exposición de motivos del proyecto de esta ley, aprobado el 16 de diciembre de 2009, se indica: "Hablamos de salarios de aproximadamente 20 millones de bolívares, comparados con 512.325 bolívares. ¿Qué clase de sociedad sobreestima a un funcionario y desestima tanto a otro?".

"Ese decreto se quedó en el papel. Ningún funcionario de la administración pública se rebajó el sueldo y los gastos siguen siendo escandalosos", dice Berrizbeitia.

La Ley de Emolumentos afectaría los ingresos de los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

En el mismo Consejo de Ministros, en marzo de 2009, el Presidente afirmó: "Exhortamos a los demás poderes a que revisen los niveles superiores de salario. Si a mí alguien me pregunta ¿mira Chávez, cuál es tu sueldo?, y yo tuviera que decir 10.000 bolívares fuertes, me daría pena".

Indica Berrizbeitia que lo presupuestado para los servicios de Miraflores en 2010 fue: agua, 47,25 millones de bolívares y teléfono, 160 millones de bolívares.

En el Aló, Presidente del 22 de marzo del año pasado, en el sector Mamoncito, en Guárico, Chávez fue enfático: "Mañana voy a firmar un decreto prohibiendo, por ejemplo, la compra de vehículos nuevos en el Gobierno. Si tú tienes un catanare asignado al Instituto de Ferrocarriles, sigue con tu catanare; aquí tienen que acabarse los privilegios".

Berrizbeitia señala que, según la partida 404040100, el presupuesto para compra de vehículos del Despacho de la Presidencia fue de 45,6 millones de bolívares, lo que alcanzaría para comprar aproximadamente 227 camionetas nuevas, a 200.000 bolívares cada una. Algunos catanares cambiaron de dueño.

Chávez maneja el dinero de 11 misiones sociales En la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto de 2010 explican una novedad en la distribución de los recursos de la nación: para garantizar "la optimización de la ejecución de las misiones", sus asignaciones serán centralizadas en el Ministerio del Despacho de la Presidencia y ya no serán manejadas por el ministerio afín a la misión. El monto otorgado asciende a 2,82 millardos de bolívares, financiados con recursos ordinarios, y representan 85,1% del presupuesto del despacho.

Con la adición del dinero de las misiones al despacho, el presupuesto inicial de éste en 2010 llegó a 3,32 millardos de bolívares, más de lo que recibieron los ministerios de Alimentación, de Energía y Petróleo, de Agricultura y Tierras, de Ambiente, de Industrias Básicas y Minería, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. De esto se entiende que las misiones continúan siendo una prioridad en la política social del Gobierno y que ahora el Presidente tomó la decisión de manejar el presupuesto a discreción. "Dando cumplimiento de la orden emanada del ciudadano Hugo Chávez Frías, comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se crea una nueva acción específica, a objeto de centralizar los recursos de financiamiento de las misiones sociales", se lee en la Ley de Presupuesto. Esto, dice el documento, para lograr la nueva ética socialista.

En la medida en que muchas acciones del gobierno de Chávez han demostrado la visión centralizadora del proyecto bolivariano en torno al Ejecutivo, el Despacho de la Presidencia, el más cercano al jefe del Estado, no se ha quedado atrás.

De ser, tradicionalmente, un ministerio encargado de la logística de las residencias y la seguridad presidencial, ahora asume los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y entre sus objetivos principales está la atención a las necesidades sociales de los ciudadanos que acuden al Palacio de Miraflores buscando ayuda.

El financiamiento y la contraloría de las misiones sociales ha sido un tema complejo. Inicialmente, nacieron ­en el año 2003­ como instancias de una estructura paralela a la administración pública, que recibía recursos de varios organismos.

Después, fueron absorbidas por los ministerios afines al propósito de cada una y a través de estos se otorgaba el financiamiento. A partir de este año el dinero de 11 misiones va al Despacho de la Presidencia y desde allí se administra.

Las tres restantes continúan adscritas a ministerios.

La reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, vía Ley Habilitante el 15 de julio de 2008, las reconoce como una "novedad legislativa" y las define como organismo de ejecución de políticas públicas para la satisfacción de necesidades fundamentales y urgentes de la población. Sin embargo, no las norma ni establece mecanismos de rendición de cuentas.

La Fundación Misión Barrio Adentro fue la que más dinero recibió, con 841,5 millones de bolívares (29,8%); luego, la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, con 713,2 millones de bolívares (25,2%); y en tercer lugar, la Fundación Misión Sucre con 495 millones de bolívares (17,5%). Le sigue la Fundación Samuel Robinson con 301,8 millones de bolívares (10,7%) y para el resto de las misiones asignaron 474,7 millones de bolívares (16,8%).

Los tres planes sociales que seguirán ejecutándose por órganos distintos al Despacho de la Presidencia son la Misión Alimentación, dependiente del Ministerio de Alimentación y que recibió 2,7 millardos de bolívares; y las misiones José Gregorio Hernández y Niños y Niñas del Barrio, que dependen del Ministerio de las Comunas y Protección Social, que recibieron en conjunto 155,9 millones de bolívares.

En la Ley de Presupuesto 2010 dice claramente que la directriz estratégica que justifica los recursos para las misiones es la "construcción de la suprema felicidad". Lo complicado, en todo caso, no sería construirla, sino auditarla.