DÍAS DE ABRIL

CORREO DEL ORINOCO, Caracas, 07 de Abril de 2012
Único decreto de Carmona restituyó créditos indexados
ABRIL DE GOLPE Y CONTRAGOLPE

Un solo decreto fue aprobado por Pedro Carmona Estanga en sus brevísimas horas de usurpación del cargo de presidente de la República en abril de 2002.

Sin pérdida de tiempo elaboró y públicó una disposición por la que suspendía los efectos de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba el recálculo de los llamados créditos indexados para adquisición de viviendas y de vehículos automotores.

La Sala Constitucional del máximo tribunal decidió, en una sentencia de enero de 2002, ordenar al Banco Central de Venezuela (BCV) a fijar la tasa de interés mensual máxima, desde el año 1996, a ser aplicada a la adquisición de viviendas, utilizando para ello fórmulas que beneficien al deudor y equilibren los recursos a percibir por la banca hipotecaria con la capacidad de pago de los deudores.

Asimismo suspendió la modalidad de estos créditos que establecían el cobro de intereses adicionales sobre los intereses causados por el crédito original.

Toda la banca se pronunció en contra de la sentencia y la cúpula empresarial encabezada por Fedecámaras alertó sobre los daños que podía causar.

El 5 de febrero, Pedro Carmona Estanga, a nombre del empresariado, dijo que la decisión “acentuará el proceso de desinversión en sectores tan importantes como la construcción y el inmobiliario. Se incrementa la inseguridad jurídica, la cual trae como consecuencia un clima de desconfianza hacia el país y sus instituciones”.

Pronosticó que aumentaría el desempleo y se acentuaría la pobreza. Alegaba que la medida provocaría desinversión en el sector de la construcción, considerado como motor de la economía.

Y el argumento más extremo era que los más afectados serían los propios deudores hipotecarios. “Tendrá efectos devastadores en la gran mayoría de los prestatarios al restringirse el acceso al crédito”, explicaba.

Decía que los actuales prestatarios en su gran mayoría estaban al día en sus acreencias con la banca y que así debían mantenerse, para evitar caer en mora y perjudicar su historial crediticio.

Por eso entre los primeros firmantes del llamado decreto Carmona estuvo Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria. Sus “intereses” bien valían un golpe.

VÍCTOR HUGO MAJANO/CIUDAD CCS

EL NACIONAL - Domingo 08 de Abril de 2012 Siete Días/1
Tres días que cambiaron el país
Esta semana se cumplirá una década de los hechos de abril de 2002. En 72 horas ocurrió una cadena de eventos que dejó una huella profunda en Venezuela. Las heridas siguen abiertas y separan a los venezolanos: mientras la oposición llama a la reconciliación, el Gobierno atiza la polarización
DAVID GONZÁLEZ

La década transcurrió para Juan Andrés Mejía. Ya no es el muchacho de 15 años de edad que quedó deslumbrado cuando vio el torrente de manifestantes que había marchado desde el Parque del Este hasta el edificio de Petróleos de Venezuela en Chuao, Caracas. Tampoco es el mismo estudiante de bachillerato que junto con un puñado de compañeros de clase se fundió con la marejada de personas ­se calculó entonces que fueron cerca de 1 millón­ a la que se le pidió seguir rumbo al Palacio de Miraflores para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez, quien acumulaba sus primeros 3 años de los 13 que ha estado en el poder. Dejó de ser el adolescente que, después de encontrar a sus padres en la protesta, debió huir de la plaza O’Leary de El Silencio en medio de una confusión de gases lacrimógenos, carreras sin dirección y detonaciones.

Hoy es otra persona, aunque recuerda con igual nitidez lo que vio mientras escapaba del pandemóniun en un autobús.

Dos hombres mantenían una discusión y uno de ellos la acabó cuando sacó un arma y disparó. La huida le impidió saber la suerte del herido, pero cuando rememora la escena surge una reflexión que ha madurado con él: "Si no nos entendemos, podemos matarnos".

Esa misma tarde, Eigleth Torregosa se encontraba a pocas calles de distancia de Mejía.

Había logrado aproximarse a una cuadra del puente Carmelitas, al que desde entonces se le conoce con otro nombre: Llaguno. Quería estar reunida con las personas que fueron llamadas para rodear el palacio presidencial y evitar la llegada de los opositores.

También puede recordar con idéntica angustia lo que vivió.

Relata que vio personas heridas por los disparos que se hicieron desde azoteas de los edificios cercanos. Tampoco es la misma joven de 22 años de edad de hace una década: "Lo ocurrido no se puede repetir, ni tampoco se puede olvidar".

11 de abril de 2002. Fue la fecha que reunió a Mejía y Torregosa en dos puntos cercanos del centro de Caracas. A pesar de su juventud, ambos fueron partícipes de una cadena de eventos de 72 horas que influyó, como ningún otro hecho, en la vida política y social de Venezuela de la última década.

El miércoles próximo se cumplirá el décimo aniversario de ese día. Venezolanos que salieron a expresarse en contra y a favor de Chávez no están presentes hoy para contar los hechos: 19 de ellos perdieron la vida y se calcula que otras 150 fueron heridos, como si se hubieran convertido en blancos de una práctica de tiro.

Los acontecimientos se aceleraron desde esa tarde a un ritmo cuyo recuerdo aún produce vértigo. Oficiales de la cúpula militar se negaron a activar el Plan Ávila y desconocieron la autoridad de Chávez, cuya renuncia fue anunciada al país el 12 de abril en la madrugada por el general en jefe Lucas Rincón, entonces inspector general de la FAN. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autojuramentó luego como jefe de un gobierno de transición que eliminó por decreto los poderes públicos en un acto que cerraba lo que muchos calificaron de golpe de Estado. El posterior retiro del apoyo militar al dirigente empresarial sumado a la respuesta de seguidores de Chávez y de oficiales leales a él prepararon su camino de regreso a Miraflores en medio de las noticias que desmentían que había dimitido. Del palacio había sido sacado apenas horas antes en plena negociación de los términos de su salida del poder con miembros de la cúpula militar.

La anterior es sólo una síntesis de tres días de sucesos cuya complejidad rebasa a los analistas. Hay historiadores que advierten que una década constituye poco tiempo para examinar con serenidad todas las secuelas que dejó la crisis de abril de 2002, la cual, sin embargo, tuvo un efecto inmediato: hincarse como una herida que aún divide a buena parte de la sociedad venezolana en dos polos políticos, con interpretaciones que se mueven en extremos, la que señala que los opositores organizaron una gran conspiración para derrocar a Chávez y la que afirma que el Presidente ordenó reprimir a cualquier costo una gran protesta democrática.

"Faltan muchas piezas por encajar, atar cabos sueltos, conocer hechos que no se conocen o no están totalmente claros", dice Lucía Raynero, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB.

Basta recordar, por ejemplo, que el Poder Judicial todavía no ha establecido y, en consecuencia, tampoco ha castigado a los autores materiales de la mayoría de los homicidios por los cuales persisten las acusaciones mutuas y los reclamos contra la imparcialidad y la efectividad de la justicia.

Recomposición. Mejía pasó de ser el manifestante que atendió el llamado de la CTV y Fedecámaras en la huelga general de abril de 2002 a formar parte del movimiento estudiantil que ayudó a derrotar con votos la reforma de la Constitución propuesta por Chávez en 2007. Después se convirtió en dirigente de una nueva organización: Voluntad Popular.

"Entendí que el problema del país no se reduce a una persona, sino a derrotar males como la exclusión y la desigualdad".

La parábola de su trayectoria también podría ilustrar en parte los cambios ocurridos en el campo opositor. Benigno Alarcón, director de la Unidad de Estudios en Políticas Públicas de la UCAB, considera que en el transcurso de la década ha ocurrido un reacomodo que confirma que hubo lecciones aprendidas: "Un grupo de políticos moderados ha conducido a la oposición en un camino progresivo de recuperación de la legitimidad y el Gobierno sabe que eso está pasando".

Una clave ha sido la persuasión para mantener la fe de los activistas en el riel como una fórmula para ocupar espacios políticos. En los últimos 6 años el caudal de votos de quienes no están alineados en las filas del mandatario pasó de 4,2 millones de sufragios conseguidos por Manuel Rosales en las elecciones de 2006 a 5,7 millones de votos obtenidos en los comicios parlamentarios de 2010, que representaron 52% de los electores. La victoria de Henrique Capriles Radonski y el segundo lugar de Pablo Pérez en las elecciones primarias de la MUD del 12 de febrero han sido interpretadas como un respaldo de la base a un discurso de reconciliación.

Alarcón considera que ese discurso crea condiciones favorables a una transición, porque ayuda a presentar la idea de la entrega del poder por parte de quienes lo detentan como algo menos costoso y más tolerable: "La gente entendió el mensaje de que no se quiere perseguir a nadie, ni barrer a los otros".

El camino que condujo a esa nueva situación fue accidentado. El desprestigio de los partidos tradicionales había dejado la escena servida en 2002 para que gremios de empresarios, trabajadores, organizaciones civiles y personalidades ocuparan la primera línea de una oposición que se radicalizó ante la ejecutoria oficial. El Gobierno había aprovechado la dispersión de sus contrarios entre 1999 y 2001 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente prácticamente monocolor a pesar de que obtuvo cerca de 60% de los votos; para saltarse las exigencias de la Constitución recién aprobada en la designación de las cabezas de los poderes públicos y para que se le permitiera a Chávez modificar 47 leyes, la mayoría económicas, a través de decretos habilitantes. Los conflictos entre los gerentes de Pdvsa y el Ejecutivo por la denunciada politización de la compañía abonaron el choque. El clímax ocurrió el 7 de abril, cuando Chávez despidió por TV y con pito incluido a 7 ejecutivos, un gesto que, reconoció, fue para provocar.

La estrategia radical se mantuvo después de abril con el paro petrolero ­calificado de sabotaje por el Gobierno­ que se llevó a cabo entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Durante el período fueron despedidos 18.000 trabajadores de la empresa estatal. Luego sobrevino el revés en el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, cuyos resultados se consideraron fraudulentos y provocó frustración por denuncias de desventaja en las condiciones de competencia. Más tarde llegó el abstencionismo en las elecciones de 2005 que dejaron un Parlamento sin disidencia. Mucha fue la diferencia 5 años después, cuando se recibió como una brisa fresca el cambio de balance de poder en la Asamblea, a pesar de que la ley dificultó obtener una mayoría de escaños.

Organizaciones que tuvieron protagonismo en abril de 2002 procuran enviar señales de cambio en su actuación pública. A pesar de los controles y expropiaciones que para muchos cercan al capital privado, Fedecámaras hoy se asume como un actor que busca influir en las políticas y en la legislación sin involucrarse en luchas de poder. "Nos reunimos con comunidades, líderes sindicales y estudiantes para recuperar el rol como actor social.

En declaraciones recientes la directiva ha dicho que no es responsable de lo que hizo Carmona Estanga", recuerda Ricardo Cussano, tesorero de la institución. Hay trabajadores, por otra parte, que lamentan los hechos de hace una década porque consideran que decapitaron un proceso relegitimación de la CTV, cuyos hitos principales ocurrieron en 2000 con la victoria de Carlos Ortega en las elecciones de la organización y con la exitosa negociación del contrato colectivo petrolero. Arquímedes Licett, hoy operador de grúas en Sidor y ex sindicalista, dice que los hechos de hace una década hicieron mucho daño y facilitaron el trabajo del Gobierno, que quiere acabar los sindicatos. "Ahora quieren ponernos a elegir a una cúpula del PSUV en una central que no nos representa a todos".

Experiencia negativa. Torregosa no sólo salió a la calle el 11 sino también el 13 de abril de 2002. Una concentración de seguidores del Presidente se organizó espontáneamente en Petare. Fue al Palacio de Miraflores, donde estuvo hasta la medianoche. "Sólo había votado una vez y por Chávez. Estábamos indignados porque nos querían arrebatar nuestra decisión y en los medios ponían comiquitas en lugar de informar lo que estaba pasando".

Hoy forma parte de la Juventud del PSUV en el municipio Sucre y reconoce que aquel fue un momento decisivo de formación política: "Fue un despertar, los pobres entendieron qué era el poder popular que se organizó luego con misiones y consejos comunales".

El Presidente de la República ha dicho cuál fue la lección que aprendió: "El Chávez pendejo quedó en 2002". Los sucesos de entonces condujeron a una radicalización del gobernante y de sus seguidores. Alarcón interpreta que para el jefe del Estado es más que nunca prioritario evitar la moderación dentro de sus filas en víspera de las elecciones presidenciales. Por eso, señala, ha colocado en puestos clave de dirección política y militar a quienes tienen menos tolerancia a la idea de un cambio de poder que les resultaría costoso: "Evitan abrir espacios para entendimientos con los moderados que están al frente". Dice que los mensajes según los cuales una victoria opositora arriesgaría las misiones o traería violencia pretenden mostrar que la derrota también perjudicaría a la base.

Después de abril de 2002 arreciaron las denuncias de retaliaciones por parte del Ejecutivo ­hay que recordar el uso de la llamada Lista Tascón­ y utilizó las instituciones para neutralizar opositores. Pero además de esas acciones, hubo cambios estructurales. En el ámbito militar no sólo se ejecutaron purgas de oficiales, sino que también se creó la milicia popular, construida, para muchos, con la arquitectura de la lealtad política. Vale recordar, por ejemplo, que existe un cuerpo de 1.500 motorizados asentado en Caracas llamado 13 de Abril. En el mundo de las comunicaciones ­la prensa privada hace una década fue duramente cuestionada por omitir información al público­ el Gobierno creó un sistema de medios comunitarios y públicos afectos. Uno de ellos, TVES, transmite con la señal y equipos que fueron de RCTV, clausurada en 2007.

Los episodios de abril han sido capitalizados para mantener viva la polarización. "El mesianismo del Presidente fue exacerbado. Se le ayudó a construir una epopeya", dice un antiguo colaborador del mandatario. La maquinaria gubernamental ha construido una historia que no admite lugar a gradaciones. Hasta el presente el Gobierno y sus seguidores siguen acusando a la oposición de mantener la misma "agenda golpista y violenta" de 2002. A Capriles Radonski, entonces alcalde de Baruta, aún lo acusan de haber allanado la Embajada de Cuba el 12-A, cargo por el cual fue exculpado después de haber estado preso.

Tiempo. Luego del 11-A los más pesimistas anticipaban que al país no le quedaba otro camino que la violencia. Hoy existen quienes están convencidos de lo contrario. Luisa Pernalete, una maestra de Fe y Alegría que se ha dedicado a dictar talleres para promover la paz como forma de prevención de la violencia delictiva e intrafamiliar, aporta una visión que incluye la justicia, pero también el reencuentro.

"Tenemos que encontrarnos de nuevo. Poco a poco esa aproximación va sucediendo cuando nos ponemos a ver cuáles son los problemas comunes, aunque todavía haya polarización". Puede que hoy palabras como ésas no lleguen a los oídos de todos. "Son procesos que toman tiempo". Cita a uno de sus autores predilectos, Johan Galtung, fundador del Instituto Internacional de Investigación de Paz para decir que la obligación de un trabajador por la paz es abrir los ojos de los demás. Tarde o temprano, confía, sucederá.

EL NACIONAL - Domingo 08 de Abril de 2012 Siete Días/3
NO TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO CALIFICARON DE GOLPE DE ESTADO LOS HECHOS
¿Qué fue lo que pasó ayer?
Al día siguiente del 11 de abril, las versiones de los altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez ­y de algunos expertos legales­ sobre lo ocurrido eran disímiles. Aunque no todos lo calificaron de golpe de Estado, la mayoría asumió que la transición había iniciado su camino
LAURA HELENA CASTILLO

--¿Hubo golpe o no hubo golpe? --Obviamente que hubo un pronunciamiento de la Fuerza Armada que depuso al Presidente.

--¿O sea que hubo un golpe de Estado? --Hubo un pronunciamiento de la Fuerza Armada que depuso al Presidente.

--¿Por qué no lo califica como tal? --Eso es un problema semántico.

El viernes 12 de abril de 2002, José Vicente Rangel, ministro de la Defensa del recién depuesto gobierno de Hugo Chávez, prefirió hablar de la semántica y sus problemas. En una entrevista telefónica a El Nacional dio por sentado el fin del mandato de Chávez y hasta perfiló lo que sería su nueva y reposada vida fuera del cargo: "Descansaré un tiempo, me cambiaré el casete y volveré a escribir". Antes, envió un mensaje al país: "Tengan mucha calma. Reivindico las cualidades democráticas del país.

Eso es lo más importante, que todos podamos vivir en paz y democracia. Eso es lo que yo deseo".

También aseguró que la Fuerza Armada dio garantías de seguridad a Chávez, como jefe de Estado y como ciudadano.

A pesar de estas valoraciones y de que el Presidente regresó a sus funciones al día siguiente, Rangel no salió del Gobierno ni cambió de casete: pasó a ser vicepresidente de la República hasta 2007.

Horas después de la marcha y sus muertos, la momentánea salida del aire de las televisoras, las declaraciones de desacato al Gobierno de militares del Alto Mando, el anuncio de su renuncia y la creación de una junta provisional de gobierno, el 12 de abril, un día de calma elástica, funcionarios de alta jerarquía del Ejecutivo fijaron posición frente a los hechos.

La mayoría ­aún sin tener claro cuál sería su destino­ asumió que la transición era inevitable y abogó por el respeto a los derechos humanos, además de reconocer que antes de los sucesos de abril los venezolanos padecían la exclusión y el sectarismo político.

También reaccionaron Amnistía Internacional y los presidentes latinoamericanos. Pidieron respeto a las garantías constitucionales e investigaciones por las muertes, así como la realización de elecciones libres. Pero la respuesta no fue homogénea: Estados Unidos culpó al gobierno de Chávez de causar la crisis y aseguró que el Presidente había renunciado.

Camino libre. Un sorpresivo aviso llegó desde el Tribunal Supremo de Justicia el 12 de abril. Su presidente, Iván Rincón Urdaneta, tampoco se apresuró para determinar un concepto traslúcido de lo sucedido el día anterior. En una carta de tres líneas dirigida a los venezolanos y enviada a los medios de comunicación comunicó su decisión de dejar el camino libre: "A objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, pongo a la orden el cargo de magistrado de la Sala Constitucional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia". El 18 de agosto de ese mismo año el máximo tribunal desestimó la tesis de golpe de Estado al sentenciar que no podía procesarse a los militares involucrados en la rebelión, tal como lo solicitó el fiscal general, porque éste no habría sustentado suficientemente la acusación. El 14 de marzo de 2005 el mismo TSJ anuló esta sentencia.

Otras voces del mundo legal se escucharon durante esas horas de tensión, órdenes y contraórdenes. En un terreno técnico-jurídico se situó la jurista Hildegard Rondón de Sansó, suegra del actual ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. El mismo 12 de abril ofreció a El Nacional un análisis de lo ocurrido. Aseguró que sí se había roto el hilo constitucional, pero insistió en que no fue por razones de fuerza sino por las imprevisiones de la carta magna sobre la forma de suplir la falta absoluta derivada de la renuncia tanto del Presidente como del vicepresidente ejecutivo de la República, pues Diosdado Cabello ­para la fecha ocupaba el segundo cargo­ se encontraba en la clandestinidad. La ex magistrada de la otrora Corte Suprema de Justicia señaló que la historia demuestra que los regímenes de facto no necesariamente implican una situación que impida los derechos fundamentales.

Una pieza ­una importante­ le hacía falta a este rompecabezas y Cecilia Sosa Gómez, también ex magistrada, lo dejó claro: "No he visto por escrito la renuncia del presidente Chávez. Ese elemento debe demostrarse si vamos a invocar que ése fue el mecanismo". Agregó que la junta de gobierno debía restituir la Constitución. "Sería un grave error crear un estatuto constitucional provisorio, porque sería un invento para maquillar un golpe de Estado".


Sí fue. Otros, como Isaías Rodríguez, manifestaron más resistencia. El entonces fiscal general de la República ­que celebró con amplia sonrisa y brazos alzados en las puertas de Miraflores cuando Chávez regresó al poder en una de las imágenes emblemáticas del 13 de abril­ fue uno de los que definió de manera más clara lo ocurrido el día anterior: "Esto es un golpe de Estado. Los hechos, tal como están planteados en este momento en Venezuela, violan el Protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana", dijo a las 3:00 pm..

Sobre la junta provisional, Rodríguez fue enfático: "Quienes piensan que están resolviendo el problema del país con esto, se equivocan".

En las oficinas de la Contraloría General de la República, vestido de manera informal, estaba Clodosbaldo Russián.

Allí aseguró, antes de informar que pondría su cargo a la orden, que se había roto el hilo constitucional y eso equivalía a un golpe de Estado.

Pero, ante el desconcierto, la cautela fue la posición de algunos. El entonces defensor del pueblo, Germán Mundaraín, ni renunció ni emitió opinión alguna sobre la legitimidad del gobierno provisional. "Esperaré a que se pronuncie Carmona y la Asamblea Nacional para fijar una posición al respecto".

El 12 de abril en la tarde, Pedro Carmona Estanga, presidente interino, se pronunció.

Dijo al país que estaba asumiendo el reto de conducir la nación, sin resquemor ni exceso de poder. Sin embargo, en el acto en el Palacio de Miraflores, se leyó el decreto que disolvió todos los poderes legalmente constituidos. Ahí comenzó el fin de su breve mandato.

Mientras esto sucedía, en Caracas se evidenciaba la ausencia de controles. Mundaraín denunció que en la sede de la Disip (actual Sebin) en el Helicoide había por lo menos 120 personas detenidas ilegalmente. "Estamos viendo desarrollar una especie de cruzada de venganza, justo ahora cuando el país pide a gritos la conciliación, justo ahora cuando Venezuela necesita más que nunca que se cierren las heridas y se acaben definitivamente las visiones excluyentes". Una década después, el grito de conciliación todavía se escucha.

minoridades mayores (uno)

EL NACIONAL - Domingo 13 de Febrero de 2011 Siete Días/1
Una exclusión que mata
La población joven es la más vulnerable a padecer la violencia criminal. Los expertos reclaman al Estado la aplicación de una política preventiva focalizada en ella y piden que se le amplíen los horizontes de realización personal que hoy están bloqueados
DAVID GONZÁLEZ

Hace lo posible por sacarse de la mente el deseo de venganza. Pero la frustración no le da tregua y sabe que sería sencillo hacer lo que ya han hecho otros compañeros de generación para cobrar sus cuentas. "Hay chamos que se sienten humillados porque les dieron una cachetada. Entonces, buscan una pistola y van a decirle al que le pegó: `¿Ahora qué vas a hacer?’. Y ahí les caen a tiros". A él no lo golpearon, pero lleva la rabia consigo desde la madrugada de hace un año. "A mi hermano lo mataron cerca de mi casa y él no se metía con nadie. Uno piensa en cómo reaccionar, qué hacer con el tipo que disparó, porque uno sabe que las autoridades tienen muchos casos y no le darán prioridad al mío, al del negrito que soy yo".

Tiene 23 años de edad, no terminó el bachillerato y acaba de llegar para lavar un carro, su única ocupación esa tarde.

Ocasionalmente, ha trabajado como colector de autobús y no necesita que le cuenten cómo se vive una situación de máxima tensión: "Los carritos por puesto los secuestran mucho, a mí me han apuntado a la cabeza varias veces y en esos momentos lo que le queda a uno es pensar en Dios".

La tentación de vivir como delincuente, al otro lado del gatillo, se ha atravesado en sus pensamientos antes del homicidio de su hermano: "Cuando un chamo toma un arma, lo ven distinto, la gente le agarra miedo y es como un respeto que buscan por esa vía". Pero ha sido exitoso en el ejercicio de contenerse, de no trastabillar, ni pasar la frontera: "Me digo que no lo haré, que no voy a vivir de culebra en culebra y que no le voy a hacer eso a mi familia".

No sólo es un habitante de un barrio caraqueño. Es también la imagen del segmento de población más vulnerable ante el efecto de la violencia delictiva: los jóvenes pobres. El homicidio es la primera causa de mortalidad entre los varones de entre 15 y 34 años de edad.

De ese grupo provienen 7 de cada 10 víctimas. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia calcula que Venezuela tiene una tasa de 48 homicidios por 100.000 habitantes (índice menor del proyectado en la encuesta de victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2009). La cifra, en todo caso, coloca al país por encima de la mayoría de las naciones de América Latina, la región del mundo con mayores índices de asesinatos con armas de fuego. "Si eres joven, de sexo masculino, de piel morena y vives en un sector popular, tienes los atributos que marcan una mayor probabilidad de morir violentamente", dice Verónica Zubillaga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar.

La situación permitiría a cualquier observador comparar la realidad venezolana con la de un país en guerra. Por eso los expertos han llamado la atención de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia sobre la inexistencia de una estrategia nacional de prevención del delito y de reinserción social especialmente diseñada para la juventud. "Hay un déficit de programas focalizados en los jóvenes y concebidos con sus propios códigos", indica la profesora.

No es la única que piensa que deben añadirse esfuerzos en esa dirección. "Diría que no hay una política concreta al respecto", afirma Gloria Perdomo, que coordina la Fundación Luz y Vida, que desarrolla planes preventivos para niños, niñas, adolescentes y familias en Petare.

Los expertos insisten en que debe completarse el catálogo de acciones contra el delito más allá de la organización de la Policía Nacional Bolivariana y de la ejecución de operaciones de campo como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad y los Madrugonazos al Hampa. Son tres ejemplos de las medidas de mayor visibilidad del Ejecutivo y a cuya defensa Tarek el Aissami, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, dedicó buen tiempo de su comparecencia del martes en la Asamblea Nacional.

Un símbolo. El tiempo transcurrido después del homicidio de su hermano le hizo sentir que caminaba sobre la cornisa. Apartado de la formalidad en el sistema educativo y en el mercado laboral, pudo también mantenerse lejos del delito. Pero muchos otros no han resistido.

Un dato ha aparecido de manera consistente en los estudios de Zubillaga: la violencia criminal se ha convertido en una opción de realización de identidad para muchos jóvenes que están al margen de las aulas y los empleos. "La pistola es una herramienta que les permite obtener un reconocimiento que no hayan por otra vía", señala la investigadora. Por esa razón, afirma que las políticas deben orientarse a ampliar los caminos para que los muchachos sean valorados y sientan que ocupan un espacio como actores sociales. "He entrevistado delincuentes que dejaron de serlo al materializar un nuevo proyecto existencial, valorado por los otros y sustentable".

Existe un mensaje implícito en el hecho de que los jóvenes sean las principales víctimas y victimarios de la violencia en el país. Es lo que piensa Andrés Antillano, profesor del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela: "Nos dicen muy claramente que existen procesos de exclusión que los afectan". Cita como ejemplo los hallazgos de un estudio del Centro por la Paz y Derechos Humanos de la casa de estudios y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. "Se demostró que más de la mitad de los entrevistados no participaban de la ciudad, ni siquiera salían de los barrios donde vivían. La violencia es una forma desesperada y negativa de inclusión y filiación con otros".

Zubillaga le ha seguido la pista a otro mensaje que no se infiere de las estadísticas sino que se ha hecho explícito en las letras de los raperos del movimiento del hip hop de Caracas, del cual forman parte jóvenes de sectores populares: "He encontrado un reclamo muy profundo por el reconocimiento de su humanidad". Pero hay una diferencia: esa expresión urbana ha permitido a muchos canalizar la agresividad a través del verbo y tener una alternativa para ganar admiración. Un verso de un cantante de Pinto Salinas lo deja claro: "Me he criado en los Capri con puros criminales/ por eso mis líricas son tan bestiales/ Canto por amor a la música, no por los reales/ Demostrándole al fanático cuánto uno vale".

El debate en vivo entre los raperos ­hay una corriente "malandra" con letras crudas y amenazantes, y otra que considera que la anterior contribuye a eternizar los estigmas sobre el barrio­ constituye para la investigadora una puesta en escena en la que hay una forma simbólica de concretar la masculinidad sin necesidad de disparar.

Contradicción. Hay especialis- tas que indican que las políticas sociales aplicadas desde 1999 no han remediado la exclusión entre los segmentos más vulnerables a la violencia. El Ejecutivo Nacional reinvidica éxitos como la reducción de la pobreza, la mejora de la capacidad de consumo o la disminución de la desigualdad social. "Pero cuando se analizan las estadísticas por grupos de edades se observa que los jóvenes siguen en situación de precariedad", dice Antillano. Un dato permite ilustrarlo: el desempleo juvenil casi duplica la media nacional.

El investigador insiste además en que la estrategia no debe abarcar sólo el ámbito material: "El reconocimiento es vital para la juventud".

Los voceros gubernamentales, sin embargo, afirman que las políticas oficiales permitieron la inclusión de más de 7 millones de jóvenes en diversos ámbitos de la vida nacional en la última década. Más de la mitad de ellos se incorporaron, según datos oficiales, en el sistema educativo formal o en las misiones para culminar bachillerato, ingresar en las universidades o recibir capacitación laboral. El Aissami dijo en octubre pasado, en un seminario internacional organizado por el Consejo Nacional de Policía, que la "revolución bolivariana constituía la salvación de la juventud venezolana".

Los críticos, ante esos argumentos, señalan que las cifras globales no aportan toda la información necesaria. "No nos dicen cuántos de los beneficiarios de las misiones permanecieron o se retiraron, por ejemplo. El Gobierno podría apoyarse en los especialistas e instituciones para estudiar en detalle el efecto de sus políticas", indica Anitza Freitez, demógrafa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.

El diseño de la estrategia debe ser coherente, según Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. "No se le puede pedir a los jóvenes que no actúen con violencia, si el discurso está cargado de ella. Tampoco se le puede pedir que vayan a una cancha, si no hay una mínima contención para que allí no les disparen".

El desierto. Es lunes en la tarde y un joven de 19 años de edad se encuentra abandonado al ocio en la escalera de un barrio caraqueño. No terminó el bachillerato y vive de empleos temporales. Pasa un breve aprieto para decir en qué ocupa el tiempo: "Cuando puedo hago deportes, pero aquí no hay una sola cancha. Otra cosa es que voy a los cibercafés y me pongo a ver las páginas de carros". Alrededor tiene un pequeño desierto de callejones y casas autoconstruidas.

"Hacen falta grupos culturales y deportivos para los chamos que se le pasan sin hacer algo productivo".

El Estado debe actualizar su base de información para formular políticas integrales que incluyan aspectos como la recreación. La última encuesta nacional de juventud se realizó en 1992 y el Gobierno analiza un proyecto para ejecutar otra.

Algunos países de América Latina, con problemas de violencia de menor escala, mantienen esos estudios al día: en la página web del Instituto de Juventud de Chile se pueden revisar los últimos cuatro. En ellos se analizan, entre otros aspectos, las actitudes de los jóvenes hacia la violencia.

Hay especialistas como Freitez con preocupaciones de otro calado. La investigadora considera que el Estado debe plantearse con seriedad la pregunta de si la incidencia de los homicidios ha afectado la expectativa de vida de los jóvenes venezolanos, un indicador que por excelencia habla de las condiciones de bienestar de una sociedad. "Los homicidios son un problema de salud pública desde hace tiempo, pero es necesario saber si han tenido un efecto demográfico". No es una pregunta menor, no sólo para los muchachos que se juegan la vida todos los días sino para el país que debe proteger a la población más vulnerable de la violencia.


EL NACIONAL - Domingo 13 de Febrero de 2011 Siete Días/2
TIUNA EL FUERTE OFRECE ALTERNATIVAS PARA MUCHACHOS DE ZONAS POPULARES
Prevención con contenido urbano
En El Valle funciona una iniciativa para jóvenes que capta la atención de académicos y del Gobierno

Cuando comienza a ensayar su rutina, Dayoniel Andrade deja de ser el bachiller desempleado de 20 años de edad que proviene del barrio El Limón, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Mientras practica las piruetas del breakdance

, le gusta que lo llamen Blackyo. Ese es su nombre artístico y así lo conocen sus compañeros. Hace más de una hora que suena la música y él no ha cesado de hacer la misma maniobra: se para de cabeza, gira el cuerpo entero, se detiene repentinamente, mueve las piernas como si fueran aspas y se incorpora con un salto. Ningún oficinista con título universitario sería capaz de emularlo sin exponerse a una lesión o, todavía peor, al ridículo.

Es jueves en la tarde y Blackyo baila con otros muchachos igual de concentrados en perfeccionar sus movimientos. Cada quien se dedica a lo suyo en ese terreno localizado en Longaray, parroquia El Valle, entre la autopista que conduce a Coche y la avenida Intercomunal.

Un adolescente de 15 años de edad canta rap y de cuando en cuando se detiene para tomar sorbos de agua. Un grupo de niños realiza un trabajo de estiramiento en una clase preparatoria para una futura función de circo y más allá otros practican violín en un contenedor adaptado para funcionar como tarima. Ninguno paga un centavo por usar el espacio, ni por recibir la tutela de los profesores. Los responsables del lugar, el núcleo endógeno Tiuna El Fuerte, usan las artes urbanas como una herramienta para ofrecer a muchachos de las zonas populares una alternativa a la violencia.

"Comencé hace dos años con un taller para cantar hip hop y luego empecé con el breakdance. No hay muchas opciones para que los chamos de los barrios hagan cosas que les gusten de verdad y aquí las encuentras", dice Blackyo. La dinámica en Tiuna El Fuerte, que cumplirá su sexto aniversario en dos semanas, ha atraído la atención del mundo académico. Elsie Rosales y Andrés Antillano, investigadores del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, se incluyen entre los expertos que consideran que el proyecto arroja claves que pueden orientar las políticas preventivas que el Estado debe ejecutar. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito ha financiado a la iniciativa y el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia firmó un convenio para replicar experiencias semejantes en Caracas.

En Tiuna El Fuerte no sólo trabajan con muchachos como Blackyo, que proceden de zonas populares y están fuera de los circuitos de la educación formal y del mercado laboral.

También abren las puertas a jóvenes con un perfil diferente: los que están vinculados a prácticas violentas. Apartarlos de ellas supone, según los responsables del núcleo, un trabajo especial en el que se les transmite el mensaje de su inclusión simbólica y su reconocimiento social. "Se busca que asuman una nueva práctica de vida sin violentarse a sí mismos, sin negar lo que son y de dónde vienen, sin obviar su identidad rebelde. Pero se les ayuda a expresar esa identidad con el arte y las palabras", dice Lorena Freitez, psicóloga social, y parte de la directiva de Tiuna El Fuerte.

Freitez afirma que hay muchachos de esas características con los cuales se ha logrado el objetivo. Pero otros no han hallado la redención. Un caso conocido por la opinión pública fue el de Carlos Fernández, también llamado Kraken, asesinado en abril de 2008 en un concierto en el parque Los Caobos. Cantaba hip hop y había ayudado a Tiuna El Fuerte a organizar espectáculos. El Cicpc lo vinculaba con delitos de homicidio.

"Estaba muy involucrado en una dinámica violenta", admite la profesional.

La psicóloga social ha hecho un trabajo por sistematizar la experiencia de Tiuna El Fuerte.

El proyecto surgió de la reunión de un grupo de jóvenes artistas que tomaron el espacio con el apoyo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. "El primer momento fue de encuentro y expresión, pero después se decidieron a asumir el principio de la corresponsabilidad con el entorno", indica. Es entonces cuando se constituyó una escuela de hip hop, que luego evolucionó a una propuesta más amplia: la del laboratorio de artes urbanas que incluye la formación en teatro, circo, grafitis y producción audiovisual, además de rap y breakdance, entre otros. El poder de estas expresiones lo certifican algunos profesores. Uno de ellos es conocido como el Enano, tiene 27 años de edad, es originario de El Valle y ha sido invitado a bailar en países como Italia y Suiza.

"Aprendí en la calle y ahora es mi carrera. Si no bailara, estuviera trabajando o haciendo otra cosa, quizá mala".

Otros, por ejemplo, han llevado lo que han aprendido como grafiteros a las calles de El Valle. En la avenida Intercomunal existen kioscos que fueron creativamente pintados por muchachos formados en Tiuna El Fuerte. "La mezcla de lo ecológico, lo indígena, lo autóctono hace singular su trabajo y puede decirse que es una corriente propia de Caracas", dice Piki Figueroa, uno de los fundadores de esta iniciativa y miembro del dúo Bituaya. "A los bailarines de breakdance también los valoran en el exterior porque tienen un estilo único".

Los talleres trimestrales de formación son parte del núcleo formativo, pero la institución también propicia la reflexión: el debate de un foro titulado Malandros, Identidad, Poder y Seguridad quedó plasmado en un libro. Autoridades, académicos, activistas y beneficiarios expusieron sus perspectivas.

Los miembros de Tiuna El Fuerte son conscientes de que necesitan apoyo de más actores institucionales. No sólo para resolver asuntos financieros ­Fundayacucho les ha aportado recursos y Pdvsa lo ha prometido­ sino cuestiones aún más complejas como garantizar el horizonte socioproductivo de un muchacho que quiere dejar atrás la violencia. La comunidad, otro actor básico para respaldar el éxito de cualquier iniciativa preventiva, ha estado dividida con respecto al Tiuna: algunos han expresado recelo por el ruido de los conciertos en el lugar ­esto hizo que se disminuyera su frecuencia­ y porque perciben una actuación políticamente motivada. Los responsables del núcleo no ocultan su respaldo al presidente Hugo Chávez. Aunque no conoce la experiencia de El Valle, el sociólogo Roberto Briceño León suscribe una reflexión: "Para rehabilitar hay que darle un sentido a la vida de la persona. No importa si se logra a través de una conversión religiosa, o por el estímulo de un proyecto laboral o por suscribir alguna posición política".

Puede que desde afuera parezca que el lugar está semiabandonado y es sólo una colección de contenedores vacíos: pero adentro de ellos funcionan oficinas, estudios de radio y video, kioscos y hay un proyecto pendiente de financiamiento para construir un parque, en el que puedan convivir con otros colectivos con los mismos intereses. Es mejor conocer que ignorar a Tiuna El Fuerte.