EL PAÍS, Madrid, 11 de julio de 2018
EN CONCRETO
Las institucionalizaciones requeridas
José Ramón Cossío Díaz
Los votos fueron muchísimos. Transformados, alcanzaron para cubrir numerosos cargos. La presidencia de la República, cómodas mayorías en el Congreso de la Unión, diversas gubernaturas y congresos estatales, al igual que alcaldías y ayuntamientos. Las razones del triunfo se han querido ver en la promesa de cambio. La necesidad de trascender lo existente otorgó un mandato para conseguirlo. Existe la posibilidad de lograrlo, pues las mayorías están alineadas para ello. Basta que el Presidente o los gobernadores utilicen sus fuerzas camerales para tener reformas legales, tal vez hasta constitucionales. No es necesario operar por decreto, ni esconder las intenciones. Es posible identificar el objetivo, redactar las propuestas normativas y accionar a los órganos competentes para obtener la solución deseada. Hace tiempo que no estábamos así. Hace tiempo que la negociación, el pacto y el intercambio de propuestas para conseguir votos, era parte esencial del transcurrir político. Al menos en los próximos tres años las cosas podrán ser distintas.
En un mundo donde un movimiento social y diversas corrientes opositoras se harán gobierno, ¿qué institucionalización quisiéramos esperar? Desde luego, es posible, y espero que no sea así, que el triunfo ciegue y haga suponer que hay un mandato de transformación desinstitucionalizada. También, que quienes vencieron interioricen que deben trascender lo existente, incluidas las malas prácticas políticas y jurídicas que llevaron al estado de cosas que posibilitó su llegada. Por las mayorías conseguidas y lo precario de nuestros frenos y contrapesos, muchas de las limitaciones serán auto-impuestas. Quienes ejerzan los cargos tendrán que asumir moderación a partir de lo que el derecho prevea.
Los llamados a la institucionalización que se hacían antes de la elección nos siguen haciendo falta. Ahora debemos concretarlas, pero no sólo en lo estatal. Debemos incrementarlas y consolidarlas en el ámbito social. Las mayorías conseguidas requieren mecanismos para contrastar su imaginar y su actuar. Son tan grandes y tan justificadas las órdenes de transformación, que exigen dialogantes externos a ellas mismas. Es la única forma de evitar desboques.
Hablar de la necesidad de establecer espacios para contrastar lo que legítimamente pueda hacerse, parece tan natural a las democracias que sobra señalarlo. Hacerlo podría parecer un ataque a quienes habrán de ejercer el poder político o la pretensión de escamotearles su triunfo. No es así. Que una y otra estén ahí no implica suponer que el mero triunfo electoral genera experiencia y racionalidad. Mal haríamos como sociedad en aceptar que procesos y prácticas debidas van juntas de por sí. Suponer que llegar equivale a saber, o que poder es igual a querer. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y los límites que nos imponen la realidad material y las formas jurídicas para solucionarlos. A partir de ahí habrá que preguntarse y preguntar por las mejores maneras de hacer lo que haya que hacer. La sociedad tiene que impulsar sus análisis, estudios y soluciones, y buscar formas para contrastarlos con los de las autoridades, por mucho que éstas lo sean.
Así como hablamos de la necesidad de institucionalizar el ejercicio del poder político, es indispensable institucionalizar mucho y de todas las maneras posibles los espacios sociales de reflexión, crítica y propuestas. Esta reinstitucionalización es distinta pero, a la vez, necesaria para alcanzar los fines que colectivamente buscamos. De otra forma y por otras vías y motivos, estaremos generando dos diálogos y dos actuares antitéticos. El de los vencedores y el de los vencidos. A ello no podemos regresar. Participar de la cosa pública tanto como se pueda, es precondición de su apropiación y, tal vez, de su mejoramiento.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/09/mexico/1531170247_359832.html
EL PAÍS, Madrid, 16 de mayo de 2018
EN CONCRETO
Derechos humanos y distorsiones institucionales
¿No sería bueno exigir a las autoridades el cumplimiento de las tareas impuestas?
José Ramón Cossío Díaz
Hace una semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el informe de labores correspondiente a 2017. El documento es breve, conciso y en extremo preocupante. En una pluralidad de materias, ámbitos y modalidades, las violaciones a derechos humanos se han incrementado en México. Me gustaría particularizar un tema para darle significación al todo. En el periodo que va del 2000 al 31 de diciembre de 2017, la Comisión tiene registrados 130 homicidios de periodistas, 13 de ellos en 2017. Los Estados con mayor incidencia son Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. A esa cifra, la Comisión agrega la desaparición de 20 periodistas entre 2005 y el 31 de diciembre de 2017, y 52 atentados contra instalaciones de medios de información de 2006 al 31 de diciembre de 2017. La Comisión solicitó 66 medidas cautelares en favor de periodistas para salvaguardar su seguridad o su vida.
Por lo que hace a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión tiene registrados 34 homicidios en el periodo del 2006 al 31 de diciembre de 2017, primordialmente en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Jalisco. Además, entre el 2009 y el 31 de diciembre de 2017, hay registro de 4 personas desaparecidas. Tratándose de los defensores de derechos humanos, se solicitaron 32 medidas cautelares.
Si consideramos el conjunto de datos sobre la muerte de periodistas y defensores y el indudable valor del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe preguntarnos el motivo por el que ese órgano se ocupa de esos hechos. Es decir, ¿por qué la Comisión es el órgano del Estado que está conociendo de esas muertes y de otros asuntos semejantes? Al respecto, hay tres posibles respuestas. Una, porque periodistas y defensores componen un grupo especialmente vulnerable que no está siendo protegido por las autoridades; dos, porque la violencia proviene directamente del Estado; y tres, porque las autoridades no están haciendo su tarea de investigación de los hechos consumados. Cualquiera que sea la respuesta, es importante advertir de que la Comisión Nacional y las locales están realizando funciones que, en principio, no debieran corresponderles. Dicho de otra manera, ¿por qué las comisiones están actuando en relación con la comisión de delitos, cuando tales funciones corresponden a los órganos de procuración de justicia? Ante la muerte de un periodista, defensor o cualquier otra persona, debieran ser las procuradurías y las policías las que debieran actuar para investigar el delito. Sin embargo, ante la falta de capacidades institucionales de unas y otras, se tiene que reconstruir el lenguaje y con ello la realidad para hacer de tales hechos un tema de derechos humanos y así permitir la actuación de un órgano que, en principio, debiera actuar subsidiariamente.
Lo que la constante actuación de las comisiones de derechos humanos nos muestra es la peculiar transformación de diversos temas de administración ordinaria en otros de derechos humanos. Ahí donde las autoridades de salud, trabajo, vivienda, educación o cualquier otra instancia administrativa no pueden actuar en la cotidianeidad, o ahí donde lo hagan mal, el asunto terminará por transformarse en un asunto de derechos humanos. Esta narrativa logra la transmutación de los problemas, que entonces parecieran abandonar su sede original, convirtiéndose en algo distinto, y diluyéndose la responsabilidad de las instituciones y autoridades que en principio son las obligadas a resolverlo. Este discurso distorsiona, para mal, el debido funcionamiento de las instituciones estatales. Antes de seguir convirtiéndolo todo en un tema de derechos humanos y, con ello, recargar hasta desacreditar sus significados y posibilidades, ¿no sería bueno exigir a las autoridades originalmente competentes el cumplimiento de las tareas que las normas les imponen? Al sobrecargar todo como derechos humanos se ocultan deficiencias graves y generan ilusiones de cambio que, desafortunadamente, no habrán de concretarse.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/16/mexico/1526478685_739770.html
EL PAÍS, Madrid, 13 de junio de 2018
EN CONCRETO
La jurídica. Otra desigualdad
Quien está desdibujado en el derecho, terminará por estarlo también socialmente
José Ramón Cossío Díaz
El Colegio de México acaba de publicar el estudio "Desigualdades en México 2018". Iniciado en el año 2000, en el esfuerzo se identifican "las distribuciones inequitativas de resultados y accesos a oportunidades entre individuos o grupos". Las variables tradicionales son educación, ingreso, movilidad y trabajo, se han agregado migración de retorno y cambio climático. Las conclusiones son importantes. Una de ellas, es la posibilidad de existencia del colectivo al que pertenecemos. Al relacionarse las variables, es claro que los recursos se acumulan por ciertos grupos sociales en demérito de otros. Al identificarse las intersecciones, se muestra que los marginados tenderán a empeorar su condición. Al considerarse las acumulaciones, se evidencia que el mal inicial tenderá a perpetuarse y agravarse en el tiempo. Finalmente, que a las causas conocidas de la desigualdad se acumulan otras nuevas.
Como persona que trabaja con el derecho, el estudio me pareció relevante por los retos que la desigualdad le impone. Sin diagnósticos y sin objetivos materiales, es difícil que la técnica jurídica sea encaminada a lograr o a evitar conductas que incidan en la corrección de la desigualdad. Sin embargo, el estudio me generó una inquietud: ¿hay maneras de estar frente al derecho que en sí mismas sean constitutivas de desigualdad? Así como sabemos que está en desigualdad quien tiene un ingreso raquítico o ínfimas posibilidades de educación, ¿cabe identificar situaciones jurídicas que impedirán a las personas o grupos acceder a una mejor condición de vida? Me parece que sí.
El derecho se compone de una gran cantidad de normas de diversa jerarquía y materia y de sus consiguientes prácticas. A pesar de que desde nuestro nacimiento unas y otras estén ahí, en ningún caso tienen un carácter natural. Por diversas razones han sido generadas por seres humanos para lograr ciertas conductas. Saber quién y de qué se puede ser propietario y quién efectivamente lo es, resulta de una construcción social. También, quién es delincuente, mexicano o médico. Si la determinación de las condiciones personales o relacionales en el mundo dependen del derecho, encontrarse fuera de él o estar desdibujado ante él, tendrá graves efectos. Los órdenes jurídicos están construidos para prever y ordenar regularidades mediante la realización de formalidades. Si alguien pretende hacerse de un bien y sigue los pasos previstos en la ley, su posición se encontrará respaldada y la podrá defender desde el propio derecho. De no ser así y por buena intencionalidad que haya tenido, perderá lo adquirido.
Quienes se encuentran en los deciles superiores del ingreso, suelen adquirir bienes o servicios en lugares regulados, registrar y asegurar su operación. En caso de conflicto, ejercen las garantías o demandan el cumplimiento de lo convenido. El automóvil en que se transportan, el predio en que radican, la intervención quirúrgica de la que fueron objeto, se encuentran así respaldados. Al ajustar sus conductas al orden jurídico, pueden prevalerse de él para sostener su situación. Quienes se encuentran en los deciles de ingresos inferiores, actúan en mercados que si bien son lícitos, se encuentran mal reglamentados y vigilados. Los predios no siempre son regulares, las adquisiciones no se registran y los seguros son inviables. Ante el incumplimiento, no existen garantías que ejercer y el acceso a los tribunales es dificultoso, cuando no parte del mismo problema. Al no haberse podido incorporar lo querido a las formas del derecho, éste, metafóricamente hablando, no sirve para proteger. Así, el mal estar en el derecho reproduce, de otras maneras, las condiciones de desigualdad que solemos atribuir a la pobreza o a la falta de empleo o educación. No suele pensarse en la posibilidad de que el derecho se constituya como factor de desigualdad. Ello puede deberse a que para lograr su mantenimiento, tenga que atribuírsele neutralidad. Sin embargo, quien está desdibujado en él, terminará por estarlo también socialmente. Ello, sin duda, lo mantendrá en su desigualdad.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/06/13/america/1528842074_707490.html
EL PAÍS, Madrid, 31 de mayo de 2016
EN CONCRETO
Preservemos las instituciones
Están en juego la protección de los derechos humanos en la región
José Ramón Cossío Díaz
En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.
Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.
Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades, producto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.
En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.
Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/05/31/america/1464727212_237858.html
EL PAÍS, Madrid, 1º de mayo de 2018
EN CONCRETO
Violencia política
Del 8 de septiembre al 8 de abril hubo 173 agresiones a políticos; 78 fueron homicidios
José Ramón Cossío Díaz
Quise escribir de la violencia política en México y acumulé información sobre ella. Al revisar lo obtenido durante varias semanas, concluí que, en efecto, acumulaba. El conjunto no adquiría forma. Las diferenciaciones eran difíciles de marcar. La expresión “violencia política” enunciaba mucho y aclaraba poco. ¿La violencia se hacía desde la política? ¿Sus participantes la ejercían para preservar o para adquirir poder? ¿La violencia se hacía contra la política para eliminar a sus titulares? ¿Se les quería desplazar para generar caos o para posibilitar sustituciones? ¿La violencia se hacía dentro de la política como forma de lucha entre contrincantes? ¿Toda muerte a un político en activo o a quien pretendía serlo era violencia política, o debía existir una motivación específica? Más allá de diferencias personales u operativas o intencionalidades, el fenómeno aumenta gravemente. Su propio desorden y sus muchas expresiones hacen difícil saber frente a qué estamos. Todavía más, cuáles serán sus consecuencias en los años por venir.
Hace dos semanas se publicó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, por Etellekt Consultores. Sus métodos, muestras y resultados permiten dimensionar la magnitud del problema. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, se produjeron 173 agresiones a políticos, de las cuales 78 fueron homicidios. Las víctimas de este último universo fueron, destacadamente, 20 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes y 6 dirigentes partidistas. El 69% de ellos murió a manos de un comando armado, primordialmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Por pertenencia partidista fueron asesinados 29 priistas, 16 perredistas, 8 panistas, 5 de Movimiento Ciudadano y 4 de Morena. Al día siguiente de la publicación del Informe, mataron al presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, y dos días después al de Jilotlán, Jalisco (con licencia). La lista sigue aumentando.
La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno
Al cerrar este artículo no sé con precisión cuántas personas han muerto en este proceso electoral por razones políticas o por su ejercicio político. Del análisis de riesgos hecho por Etellekt Consultores y otras organizaciones, puedo suponer que el fenómeno seguirá durante el proceso electoral, incluidos los días de los muy previsibles conflictos poselectorales. Es difícil proyectar con cuántos muertos políticos acabaremos. En todo caso, es necesario formular una pregunta simple: ¿qué explica el que las personas señaladas, en los niveles de gobierno apuntados, dentro de los territorios identificados y con los modos descritos hayan sido asesinadas? De ello pocos se han ocupado (Alejandro Hope, El Universal, 20-10-17). Es relevante hacerlo para descifrar varias cosas. Comienzo con una hipótesis.
El recurso a la eliminación total y definitiva de los funcionarios actuales o presuntos, tiene que ver con la forma de operación de la delincuencia en el país. Esta se realiza cotidianamente en ámbitos acotados, donde el apoyo policial determina la vida y la subsistencia. Quien lo tenga podrá operar y, simultáneamente, detener, desplazar o eliminar a sus contrincantes. Al ser las policías una parte importante de la extensión institucionalizada de las actividades delictivas, es vital contar con ellas. Si quienes las controlan son amigos, merecen vivir. En caso contrario, no.
Si la hipótesis acabada de formular es correcta, es pertinente hablar de una “narcodemocracia” (Claudio Lomnitz, La Jornada, 25-4-18). De un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno. Que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente, eso, sí, mediante formas estatalmente formalizadas.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/01/america/1525210779_388615.html
EL PAÍS, Madrid, 8 de marzo de 2018
En concreto
La normalización de los derechos humanos
Una cosa es ajustar los procesos democráticos y otra ordenar la convivencia humana
José Ramón Cossío Díaz
Vistas las cosas con perspectiva, pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales. A partir de ellas se producen análisis, diseños, algunos cambios y se miden incidencias. Después, las prometedoras realizaciones se muestran insuficientes para lograr las predichas transformaciones. Entonces aparecerá otra propuesta de solución. Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del Rule of Law, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos.
En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente.
¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos, habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas? Desde luego, la magnitud de los cambios entonces buscados y los que implican los derechos humanos es distinta. Una cosa es querer ajustar los procesos democráticos y otra encontrar un modo de ordenar la convivencia humana. De igual modo, también es diferente la fundamentación moral de los derechos humanos y del cambio tributario. Más allá de estos aspectos, lo que en las últimas décadas se ha querido establecer y lo que hoy muchos quisiéramos ver hecho realidad, ha levantado grandes esperanzas y ha concluido, sino en rotundos fracasos, sí en algo con menor capacidad transformadora a la prevista o deseada.
El proyecto de transformación mediante los derechos humanos pareciera estar entrando en una fase recesiva, después de años de expansión medible en el número de reformas constitucionales, tratados internacionales, instituciones creadas y concretos contenidos alcanzados. Ésta no es perceptible tanto por los discursos rutinarios, sino por los limitados alcances de las transformaciones cotidianas. Las libertades públicas no crecen, las asignaciones prestacionales novedosas son episódicas y los procesos democráticos se reducen a lo electoral.
La ralentización observada puede deberse a varias causas. El reposicionamiento de las condiciones de dominación ante un proyecto liberador, la competencia proveniente del miedo generado por la inseguridad global, el aletargamiento de los impulsores ante lo que estiman un triunfo ya consolidado, por ejemplo. Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que más allá de su intrínseca moral, los derechos humanos no van a realizarse por sí solos o, más aún, que ello va a encontrar graves obstáculos. Es necesario volver a entender su condición utópica y, por lo mismo, las dificultades de implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay. Sería lamentable que nos pasara lo que a quienes supusieron que la democracia o la redistribución llegarían en automático, por algún curioso designio.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/america/1520376080_623476.html
Escultura: Carl Fredrik Reuterswärd.
