sábado, 2 de junio de 2012

VILLAVIEJO

L NACIONAL - Sábado 02 de Junio de 2012     Papel Literario/4
Golpe demoledor a la obra creativa de Carlos Raúl Villanueva
La quinta Marfringa era una de las pocas obras del período de los albores de la década de1940 que aún quedaban en Caracas y de fundamental importancia para entender la evolución creativa del arquitecto autor de la Ciudad Universitaria de Caracas
GRAZIANO GASPARINI

A provechando el sosiego y la inacción de los días de Semana Santa, fue demolida una de las primeras quintas diseñadas por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ubicada en la urbanización caraqueña de El Paraíso y construida en los albores de la década de 1940. En 2009 la quinta identificada con el nombre de Marfringa fue declarada bien cultural de la República por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) y quedó amparada por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. No es la primera vez que se aprovechan los días festivos para demoler obras de valor cultural.

Sucedió con arquitecturas de Mujica Millán en Campo Alegre y, anteriormente, con valiosas construcciones coloniales en el centro de Caracas. Las demoliciones anteriores a 1993 tienen indulgencia por la ausencia de una ley protectora del patrimonio cultural, pero en el caso arriba señalado, la quinta de El Paraíso estaba amparada por la ley del 3 de septiembre de 1993, Gaceta Oficial N° 4.623 Extraordinario, promulgada durante el período de José Antonio Abreu como presidente del Conac y del suscrito como director de Patrimonio Cultural.

La quinta Marfringa era una de las pocas obras de ese período inicial que aún quedaban en Caracas y de fundamental importancia para entender la evolución creativa del arquitecto autor de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2001.

La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural precisa en su artículo 2° que: "la defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación del Estado y de la ciudadanía. Añade, además, que: es de utilidad pública la preservación, defensa y salvaguardia de todas las obras que se encuentren en el territorio de la República. En el artículo 21 advierte que: nadie podrá emprender o autorizar actos de demolición, reformas, reparaciones y restauraciones, sin que medie la aprobación escrita del Instituto de Patrimonio Cultural". En el artículo 28 reafirma que el IPC "tiene la facultad de impedir o paralizar cualquier trabajo que se realice sin su aprobación y podrá ordenar la reposición del bien a su estado anterior".

Y para concluir advierte que: "será penado con dos a cuatro años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en esta Ley".

La reacción del IPC ha sido inmediata y su presidente, Raúl Grioni, rechazó contundentemente la demolición ilegal y aseguró que los responsables serán castigados con todo el peso de la ley.

Ojalá que ese peso sea un "peso pesado" y no un peso liviano como una pluma e insubstancial como el vacío. En otras palabras, un peso que no tenga el mismo efecto del aplicado a los saqueadores facinerosos y encapuchados que destrozan la Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad. La rectora Cecilia García Arocha ha introducido ante la Fiscalía cincuenta y dos denuncias y el peso de la justicia ha resultado un "vuelvan caras" mudo y desinteresado.

El peso de la ley no debe aplicarse sólo cuando hay modificaciones, alteraciones y demoliciones. La sanción punible debe aplicarse también a las intervenciones inconsultas que ignoran la Ley de Protección y Defensa y con toda libertad e ignorancia actúan como les da la gana. Todos los funcionarios ministros, diputados, gobernadores, alcaldes, obispos y párrocos! o los ciudadanos particulares no deben olvidar que la ley es igual para todo el mundo. ¡Nadie consulta si puede colocar un "misil" en la plaza San Jacinto, declarada Monumento Histórico Nacional! ¡Nadie consulta cómo pintar el antiguo edificio de Correos, ubicado en la avenida Urdaneta, antes de embadurnarlo con una policromía digna del palacio de Arlequín! ¡Nadie consulta si es correcto levantar un monumento a Guaicaipuro en un sitio inaccesible para la gente --autopista Valle-Coche-- y "enriquecerlo" con supuestas pirámides mayas y otra de cristal color Mexican pink! Nadie consulta al IPC sobre cómo pintar una casa o una iglesia declaradas bienes culturales de la República. La tonalidad seleccionada para el conjunto de El Silencio por el maestro Carlos Raúl Villanueva desapareció en silencio ¡y amaneció color amarillo tigre! Se tumba la parte posterior del Panteón Nacional para arrimarle una gigantesca estructura que nadie sabe cuál será su forma final y aquí no pasa nada. No sigo aumentando la lista de las intervenciones y ocurrencias inconsultas en los bienes culturales y la cantidad de desaciertos que se cometen, porque es decepcionante constatar cómo ha mermado el respeto hacia los bienes patrimoniales.

Hace 38 años logré fundar el IPC cuando se producía la transición del Inciba hacia Conac y nunca he dejado de tenerle cariño, a pesar de que "por ahora" el exceso de politiquería impone una no muy simpática manera de actuar.

Hay que insistir en fomentar la conciencia conservacionista y respetuosa, principalmente en el interior del país, donde nadie suministra instrucciones sobre el valor y el significado de los bienes culturales.

Me ha tocado más de una vez discutir con algún párroco que tuvo, de repente, la ocurrencia de pintar su iglesia colonial restaurada con colores inspirados en su ignorancia. No sabía que era monumento histórico de la nación es la contestación más frecuente que he escuchado después del daño ocasionado.

Y eso es pan de todos los días en una gran cantidad de casos y no sólo de iglesias coloniales.

Sería conveniente colocar, en una parte visible de la fachada de los bienes declarados Patrimonio Cultural de la República, una placa metálica !muy sólida! que destaque el valor patrimonial de la construcción y que recuerde la prohibición absoluta de realizar cualquier intervención, por pequeña que ella sea, sin la autorización escrita del IPC. Esta placa ayudaría, además, a incentivar la conciencia conservadora de la población.

Lo de la placa no es ninguna novedad; es frecuente en Europa y también en México y Brasil se ha colocado en varios bienes.

Menciono a Brasil porque considero que este país es el que con más eficiencia, competencia y coordinación ha logrado evitar las inconsultas acciones en las arquitecturas patrimoniales y, al mismo tiempo, ha alcanzado una conciencia colectiva respetuosa de su patrimonio. He pasado temporadas en San Salvador de Bahía, en el Recôncavo, en Minas Gerais, Ouro Preto y otros sitios más, y pude comprobar lo que acabo de señalar.

Un ejemplo reciente de conciencia y respeto acaba de concretarse en São Paulo, la ciudad más poblada del país. En la zona más costosa de la ciudad, la avenida Faria Lima, se acaba de inaugurar un importante edificio de veinte pisos y 73 mil metros cuadrados destinado para oficinas de lujo. En la parcela adquirida por la firma Malzoni por 137 millones de dólares, había una construcción del siglo XVIII de la época de los Bandeirantes, declarada patrimonio cultural de la nación.

Para respetar la ley protectora del patrimonio, los arquitectos concibieron un proyecto de dos torres unidas por un puente de los once pisos altos y así dejar libre la parte inferior para poder conservar el monumento cobijado por la inmensa estructura.

¿Capricho? ¡No! Sencillamente respeto y conciencia y una buena lección para los encapuchados destructores de la UCV.

A los organismos encargados de diligenciar y gestionar todo lo inherente a la puesta en valor, divulgación, investigación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural existente en los países del planeta, no les corresponde vigilar esos bienes como si se tratara de una responsabilidad policial. ¡Es sencillamente imposible! Por ello es fundamental que los habitantes de los sitios poseedores de estos bienes conozcan !aunque sea superficialmente! los valores y significados de las obras que dignifican sus lugares vivenciales. El peor enemigo es la ignorancia porque con ella se encuentran la torpeza, la incompetencia y la patanería. De ahí, repito, la necesidad de crear conciencia y respeto, porque esa formación debe ser uno de los principios y criterios de las direcciones de patrimonio.

¡A los "vivos" que tumbaron la quinta de Carlos Raúl Villanueva, aprovechando los días festivos de Semana Santa, les caerá todo el peso de la ley! Así lo declaró el presidente del IPC y así lo reportó la prensa. Tengo mis dudas acerca de la validez y aplicación de esta ley, porque esa misma ley protectora, en el numeral 20 del artículo 10°, señala que una de sus atribuciones es la de: "Notificar a los propietarios de los bienes culturales sobre la declaración de éstos como Patrimonio Cultural de la República o su consideración de interés cultural para la nación (1993)".

Si la quinta de Villanueva fue declarada Patrimonio Cultural en 2009, el IPC tenía la obligación de notificar a los propietarios que dicha obra había sido declarada bien cultural de la República. ¿Hay constancia de esa notificación? Es un dato importante porque al conocerlo se sabrá si se trata de un peso pesado o de ¡un peso liviano e inconsistente! Como presidente de Docomomo Venezuela lamento la pérdida de una obra vinculada a la personalidad creativa de Carlos Raúl Villanueva, una obra que desaparece antes de haberse tenido la oportunidad de elaborar su levantamiento, una obra indispensable para la memoria arquitectónica de Caracas, una obra que se adelantó a los estudios de portadas coloniales de Coro, San Carlos de Cojedes y Caracas, que Villanueva reinterpretó poco tiempo después en la planta baja de varios edificios de El Silencio. En fin, una obra que merecía más respeto y que al desaparecer deja un vacío grande como el terreno donde estaba ubicada.

Ni pensar en obligar a su reconstrucción! El daño está hecho y es irreparable. Por lo menos sirva de lección tanto para el IPC como para los demoledores.

2 comentarios:

  1. La verdad es que les puedo decir de primera mano que las actuaciones del Instituto de Patrimonio Cultural francamente que adolecen de carácter legal, primero realizaron un fulano inventario de bienes inmuebles a los cuales le dieron la categoría de "Patrimonio Cultural" el cual no tiene ningún asidero legal que lo soporte; en segundo lugar se erigen en una autodenominada sociedad de expertos de nada, por cuanto no presentan pruebas de la particularidad de las edificaciones que pretenden "rescatar", de hecho aún cuando se pretenda restaurar dicho bien para darle uso y no se convierta en una ruina al borde de su desaparición; y tercero, proceden con desapegados a la más mínima consideración de los términos del derecho de propiedad; es mi parecer que la conservación de edificaciones con características particulares que meriten su conservación deben orientarse por criterios conservacionistas actuales y no de preservacionistas utópicos fuera de contexto, radicales abusivos que en vez de estimular la conservación de dichos monumentos permitiendo la actualización de sus usos, dentro de parámetros técnicos razonables que nos permita recuperar espacios valiosos para la urbe, sea donde sea que se encuentren ubicados

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  2. Gracias por su participación. Por cierto, nos interesa comunicarnos con Ud. Por favor: luisbarraganj@gmail.com. Reciba un cordial saludo.

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