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lunes, 23 de agosto de 2010

heredad


Pro heredere gestio
Luis Barragán


La inmediata etapa posterior a las elecciones del 26-S, no sólo será difícil, inédita y compleja por la coexistencia relativamente prolongada de dos parlamentos que, por cierto, indica muy bien el cortocircuito institucional del régimen, sino por la determinada, inédita e inevitable estructuración y organización que alcanzará a las fuerzas opositoras y oficialistas. Una, evaluará con mayor soltura las bondades y los defectos de la plataforma unitaria diseñada, mientras que la otra, presionada por las propias circunstancias del ejercicio privilegiado e incontrolado del poder, experimentará una crisis imposible de solventar con rapidez por Miraflores, excepto se imponga el latigazo del erario público. Sin embargo, otra será la herencia que el parlamento democrático, el de la bancada que le corresponderá defender la Constitución y desarrollar la constitucionalidad, asumirá: la Fuerza Armada Nacional (Bolivariana).

La ciudadanía no debe renunciar a la consideración de la política militar, por más que el presidente Chávez monopolice absolutamente las promociones o ascensos, distorsionando - digamos – la voluntad del constituyente, si la interpretásemos sistémicamente. Sobre todo porque existe otro principio, ahora ampliamente manipulado, como es el de la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en materia de seguridad y defensa.

Completamente falso es que la oposición pretenda descalificar a los hombres de uniforme, golpeando y desmoralizando a la corporación castrense a la vez que profundiza una voluntad entreguista, como refiere José Vicente Rangel, por ejemplo. Todo el país sabe muy bien lo que ha hecho Chávez Frías con el elemento armado, involucrado directamente en sus intereses partidistas, por no citar que el espantapájaros anti-imperialista le ayuda o dice ayudar a ocultar las tan particulares relaciones que hay con Cuba, comprometida severamente nuestra soberanía, y en defensa de las cuales impide judicialmente que Antonio Rivero ventile públicamente lo que sabe.

La oficialidad misma no es inmune a la habitual agresión callejera y, así como perdió la vida un mayor a manos del hampa recientemente, ocurre en la calle a otros tan venezolanos como él, por no apuntar sobre las balaceras dentro del propio Fuerte Tiuna. Los hechos son los que ofenden, atentando contra la noción misma de patria, por lo que son fáciles de corregir esas imputaciones temerarias del gubernamentalismo contra una oposición leal a la Constitución.

Hace poco, en legítima y pacífica protesta escenificada en un container o contenedor en la plaza de Chacaíto, el cual vimos camino al acto fundacional de la Concertación Humanista, hubo una muestra de la agresivísima reacción del oficialismo. Al regresar, próximos a sufrir el rito de la violencia, no más de veinte personas respaldadas por motorizados seguramente armados, tomaron “heroicamente” el lugar, destrozando la exposición putrefactal, pintando mentiras sobre la Pdval que todos conocemos y gritando consignas que dijeron dar cuenta de la CIA y de todos los intereses imperiales concentrados en un rincón minúsculo de Caracas.

Heredaremos esta siembra de odio, rencor y violencia real que hoy mira la Fuerza Armada, sabiéndola propiciada por el gobierno que la usurpa. Sin embargo, el parlamentarismo democrático capaz de reivindicar el debate, el control y la legislación limpia y transparente, sabe que debe dar herramientas que reivindiquen a la institución armada al servicio de la nación, para liquidar las condiciones que hacen posible cada acto consecutivo de ciego odio, ciego rencor y ciega violencia.

El respeto y la consideración por el profesionalismo militar a recuperar, por iniciativa del parlamento, mediante las reformas legales pertinentes, el control administrativo de la suprema jefatura que es condición o carácter y no grado militar, orientados por un debate abierto, fundado y plural, es el horizonte adecuado y necesario para la transición democrática pendiente. Al sufragar por la oposición, en el ejercicio secreto de su irrenunciable ciudadanía, el soldado contribuirá a la responsable asunción del tema militar hacia una democracia que, por participativa, es representativa (y viceversa).

Fuente:
http://www.notivargas.org/columnistas/13802-luis-barragan--pro-heredere-gestio.html
Ilustración:
http://www.spiralscripts.co.uk/virtuemart-examples/View-all-products-in-shop.html?DescOrderBy=ASC&keyword1=0&keyword2=0

sábado, 10 de julio de 2010

Pede-avalizados


EL NACIONAL - Sábado 10 de Julio de 2010 Nación/2
PDVAL Alimentos con fecha límite de vencimiento fueron al Ejército
Molina: Gobierno cometió delito de lesa humanidad
La comisión paralela del Parlamento propone citar e interrogar a Ramón Carrizales y a funcionarios del Seniat y de la industria petrolera
HERNÁN LUGO-GALICIA

Ramón Carrizález salió de la Vicepresidencia presuntamente por denunciar hechos de corrupción, señalan en el Parlamento AFP

Miraflores conocía de la corrupción en Pdval desde 2009.

La comisión paralela de la Asamblea Nacional, integrada por Podemos y el Movimiento Ecológico, que investiga irregularidades en la compañía de Pdvsa, obtuvo copia de un acta de una reunión el 16 de enero de 2009, en la que los gerentes petroleros informan al entonces vicepresidente Ramón Carrizález que había un total de 7.858 contenedores en La Guaira y Puerto Cabello, y proponen hacer un plan de distribución a la red de mercados populares del Estado, debido a que vencían en menos de 6 meses.

El diputado Juan José Molina señaló que asistieron, además de Carrizález, los ministros de Alimentación y Salud, Félix Osorio y Jesús Montilla, respectivamente, el general de división Arias Petit, el superintendente del Seniat, David Cabello, Asdrúbal Chávez, José Pulido y Jorge Kabboul, en representación de Pdval y Bariven.

"El Gobierno está como los containers: podrido. El Gobierno debe ser enjuiciado porque cometió un delito de lesa humanidad, un delito contra el pueblo, porque pretendía ­si es que no lo hicieron­ vender productos vencidos. En el informe `Acuerdos, acciones, plan extraordinario de extracción de contenedores y plan de venta’ se advertía del congestionamiento en los puertos de Vargas y Carabobo y se propuso un programa de venta y distribución. ¿Por qué el Parlamento no investiga esto? ¿Acaso los militares son intocables? El presidente Hugo Chávez sabía y no hizo nada.

La responsabilidad recae en él por ser administrador de la hacienda pública", dijo.

En el punto 11 del acuerdo se señala: "Pdvsa realizará ventas de productos con fecha de expedición próxima (leche y cárnicos) a empresas de procesamiento y su reincorporación a la red Pdval como productos terminados (quesos, embutidos, derivados lácteos) y donaciones".

En la reunión, Carrizález y Pdval acuerdan vender a terceros los productos de Indugram-La Fina, Diana, Enlandes, y de manera directa al Instituto Nacional de Nutrición, Servicio de Alimentos del Ejército, comedores de Pdvsa y Cancillería. Y se informa que se enviaron 7.700 toneladas a Cuba como "ayuda humanitaria" y que los alimentos expiraban en un máximo de 7 meses.

La Comisión Especial paralela elaborará un informe sobre Pdval que incluirá capítulos sobre la industria petrolera, pues en la averiguación han descubierto otros casos: en Pequiven y Petrocasa, y la adquisición de una plataforma que se hundió costa afuera en Sucre.

"Como Mario Isea, del PSUV, no investiga, sino que esconde y oculta, se instaló un equipo que presentará un informe el 20 de julio, que pedirá a toda Pdvsa y que el Parlamento cite a los responsables, entre ellos a Carrizález", dijo Molina.

Pedevalización del país


EL NACIONAL - Jueves 08 de Julio de 2010 Opinión/7
Siete tesis sobre la corrupción
COLETTE CAPRILES

1 . No es la persona sino el sistema. Por supuesto, son personas con nombre y apellido las que se han enriquecido grotescamente, las que han violado no sólo las leyes sino los preceptos más elementales de la decencia y de la nacionalidad, pero esto sólo ha sido posible porque la discrecionalidad en las atribuciones de gestión y control del Estado se ha vuelto descomunal. La corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder.

En sociedades que gozan de un esquema de poder balanceado, la corrupción queda sin oxígeno.

2. Pero se trata de una relación de doble vía: los regímenes despóticos no pueden estabilizarse sin corrupción. La construcción de intempestivas fortunas entre los apparatchik mientras se reserva al "pueblo" la miseria igualitaria, es absolutamente necesaria para la consolidación de los gobiernos arbitrarios y autoritarios.

3. Cierto es que las posibilidades de aumentar el poder en forma discrecional guardan correspondencia con la extensión de las atribuciones del Estado más allá de la esfera política. A mayor sustitución del mercado por el Estado, más oportunidades para las economías mafiosas. El mercado es un mecanismo de igualación de poder; el Estado genera por definición asimetría en el poder (y el Estado despótico abusa del poder). Sin embargo, varios de los países con menor índice de corrupción tienen sistemas en los que el sector público tiene un importante rol económico como actor productivo (y no sólo como regulador). Pero este protagonismo económico no elimina, sino que por el contrario, incrementa el uso de mecanismos de mercado para la asignación de recursos. El Estado, como empresario, se somete a las reglas que él mismo sostiene para garantizar la competencia económica. La propiedad pública de empresas no las hace menos capitalistas.

4. Pero sobre todo, sociedades como Islandia, Nueva Zelanda o Finlandia, exhiben un aparato de Estado que cumple eficiente e igualitariamente la prestación de bienes y servicios públicos, con lo cual los incentivos para robar al Estado disminuyen. Por muchas razones, pero quizás la principal es una muy humana: la seguridad de tener instituciones que aseguran cierta calidad de vida reduce la incertidumbre acerca del futuro y esto cambia la valoración del delito de corrupción. En Venezuela es común, y se percibe como natural, la justificación del latrocinio como "seguro patrimonial", al amparo de una ejemplar impunidad.

5. La corrupción, en Venezuela, no es sólo el origen de fortunas que sacian el resentimiento; es también una "formación discursiva", un dispositivo retórico que opera como metonimia del mal gobierno. Cuando la corrupción irrumpe en la conciencia pública (y coagula alrededor de sí tantas otras piezas sueltas, tantos hechos y sospechas hasta entonces inconexos, tantas frustraciones y esperas insatisfechas) sabemos que el Gobierno se dirige al lado oscuro de la luna. Los efluvios de la corrupción concentran el resto de los males.

6. Ante las sombras, y en pleno conocimiento de las consecuencias políticas de una agenda pública con esos titulares, el Gobierno recurre a defensas retóricas: la llamada "dicaiología" (argumento que reconoce la culpa minimizándola, como cuando se habló de un "error" al referirse al espantoso e inhumano fraude alimentario), o al clásico, al rey de los argumentos, millones de veces repetido: acusar al otro de lo mismo; es la llamada "anticategoría" en los manuales de retórica. La lejana y mitológica "cuarta república" sería así un hervidero de putrefacciones, o será el ya casi fantasmal "sector privado" el que desempeñe el papel de ese otro que peca igual, y sufra la defensa represiva con una justicia cómplice del poder.

7. Y es que hay también un clásico topos en el discurso público venezolano: la relación causal y directa que habría entre pobreza y corrupción. El lugar común afirma que la pobreza es un asunto de mala distribución de la riqueza debida, precisamente, a la corrupción; en realidad, la pobreza es el resultado de un sistema de controles, mediaciones y limitaciones (en el desarrollo de las fuerzas productivas, como diría Marx, o en las libertades y oportunidades del emprendimiento económico, si se prefiere) que también genera corrupción: gemelas terribles, no madre e hija.

martes, 29 de junio de 2010

Conversión de paquete en container


De la transubstanciación del paquete en contenedor
Luis Barragán


Los ilustradores de la prensa diaria, contribuyeron formidable y decididamente a representar la política económica y social del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, como quizá estamos en trance de hacerlo con el ya prolongado de Hugo Chávez, en forma fulminante y – acaso – definitiva. Período éste en el que la sobresaturación e indigestión noticiosa, elemento existencial del régimen, ha impedido estigmatizarlo eficaz y tajantemente.

El ejercicio humorístico de la ilustración, inadvertidamente fundó o reforzó aspectos del imaginario social como no pudo laboratorio político, propagandístico y publicitario alguno, en tiempos de crisis. Detrás del talentoso trazo y la ingeniosa ocurrencia, insurgió la opinión del autor con vocación de un debate público en el que no cupo la descalificación personal: el lenguaje tan particular de la imbatible yunta del dibujo y el criterio, abrió distintas posibilidades simbólicas para caracterizar al gobierno y a la opinión.

Un superior diseño artístico y técnico, autorizaba la polémica pública generando y renovando códigos, hoy ciertamente escasos. Entre otros, conocimos a Juan Rodríguez, Cañas, Alonso, Edo, Kiko, Ugo, Peli, Enero, Eneko, Ernesto, Gunther o Palacios, por el ejercicio dibujopinante en El Diario de Caracas, El Globo, El Nacional, Economía Hoy (EH) y hasta la revista Nueva Sociedad, entre las décadas de los ochenta y noventa: más de las veces, la idea expuesta en líneas y sombras, competía y vencía lealmente la planteada en el texto ilustrado.

Recordando a Pedro León Zapata con Coromoto, el saco a cuadros de Pérez o la corbata negra de Luis Herrera Campins, en el tránsito de los setenta y ochenta, hay símbolos que persiguen un desarrollo de limpia mordacidad en las décadas siguientes, como ahora aquél lo intenta con el sapo de independentista vestimenta marcial o Weill lo hace con el presidencial personaje de cabeza enfundada o hecha bota militar. Antes, el barril, el cerdo, el grifo de agua o – estelarmente – el paquete, lograron identificar a plenitud la crítica provocada por las políticas petrolera, financiera, tarifaria o – enfáticamente - económica, emprendidas.

A objeto de una rápida ejemplificación, tomamos el paquete tal como lo concibieron y desarrollaron diferentes ilustradores de un mismo diario para la crítica dura e inteligente de las políticas oficiales: el que se integra al estómago de un flacuchento (EH, Peli, 25/05/93), o el que sirve de envoltorio a unas torres petroleras (EH, Enero, 19/11/91), a un avión (EH, Alonso, 25/11/91) o a un cerdo (EH, Ernesto, 28/05/93), significando el descenso en el consumo de calorías, los precios del crudo, la situación de VIASA o las tasas de interés. Por lo pronto, acotemos la versatilidad de enfoques que demuestra la existencia de criterio político en los opinantes de trazo y leyenda, representando fiel y contundentemente una o varias coyunturas políticas con similar código, como Alonso al amarrar de un yunque el paquete y barril, o advertir un inmenso paquete en la cresta del gran oleaje (EH, 11/01 y 30/01/92), reveladores de una postura.

Ahora bien, el chavezato ha corrido con más suerte frente al perezato, porque no ha sufrido de una aplastante satanización. Sin embargo, haciendo caso de lo dicho por el ministro Jorge Giordani, como si estuviese en el Concilio de Trento, convenimos que en Venezuela experimentamos un proceso de transubstanciación, más que de transformación: el paquete deviene contenedor, como creemos adivinarlo en la multiplicidad que ofreció una vez Palacios (EH, 24/06/93).

Ilustración:
Palacios, para un artículo de Víctor Fajardo Cortéz sobre el fracaso del paquete económico (Economía Hoy, Caracas, 24/06/93)

lunes, 21 de junio de 2010

Boliporteños


EL NACIONAL - Domingo 20 de Junio de 2010 Siete Días/3
LOS CONSEJOS COMUNALES FUERON LOS PRIMEROS EN INFORMAR SOBRE LA PESTILENCIA
La comunidad se lo olió primero
Los habitantes de Tinaquillo y Puerto Cabello denunciaron los casos de alimentos dañados en 2009. Más de un año después se hicieron las primeras detenciones en busca de culpables de una situación que todavía tiene consecuencias
LAURA CASTILLO


Desde la autopista que lleva a San Carlos, capital de Cojedes, se ven las torres de contenedores arrumados en un terreno de Pdval, frente al destacamento de la Guardia Nacional. A lo lejos se leen, sin necesidad de graduar la vista, los nombres de las navieras a las que aún no les han sido devueltos: Hapag Lloyd, ZIM, Maersk, Hamburg, MSC, Nedlloyd, P&O.

Las puertas del terreno están cuidadosamente cerradas, pero las abren a cada momento para que entren y salgan carros y motos. Un trabajador se asoma por una rendija y dice que no puede declarar porque "la cosa ta’ fuerte". Mujeres y hombres hablan por radios y teléfonos y caminan, intranquilos, cerca de los furgones. Una funcionaria que se asoma por una ventana señala que no puede dar información y recomienda ir al Centro de Acopio Tinaquillo/Cojedes de Pdval, en la zona que todos conocen como La Hilandería, aunque desde 1992 ahí no se fabrica ni un carrete.

A 100 metros, unos hombres sentados alrededor de una mesa con teléfonos de alquiler dicen que esos contenedores tienen casi 2 años allí. El sudor les empapa la frente y las camisas, pero se toman su tiempo para recitar las noticias de la prensa local que hacen referencia a fosas que fueron cavadas por trabajadores de Pdval con la intención de enterrar alimentos podridos. Saben que con la comida no se juega.

La noticia sobre los productos alimenticios importados por el gobierno de Hugo Chávez, que nunca llegaron a los consumidores y se dañaron en el camino, se conoció con una estridencia nacional a principios de junio, pero en el interior del país, sobre todo en las zonas vecinas a los cementerios de contenedores, el tema lleva meses sonando como un murmullo.

La que fue durante 15 años la sede de la fábrica de tejidos Hilanderías Tinaquillo es ahora un enorme depósito de Pdval que surte a los estados centrales del país. La empresa se declaró en quiebra en 1992 y en 2005 se inició un ejercicio de cogestión entre el Estado y un grupo privado con la creación de la empresa Invetex que, 5 años después, ni siquiera ha comenzado a producir. El 1° de junio encontraron allí 800 contenedores con aceite y leche en polvo dañados. El Ministerio Público reconoció que el número ascendió a 1.260. Y este no era el primer capítulo de una historia de pestilencias.

Roberto González vive en una de las casas que están justo al frente del almacén de Pdval.

Viste una camisa roja con el logo del Consejo Legislativo de Cojedes, pero no trabaja ahí. Es miembro del PSUV y asume la labor de contraloría social alentada por el presidente Chávez.

Desde su programa de radio en Cojedeña 98.1 FM denunció en diciembre de 2009 los olores fétidos que salían desde el depósito de Pdval.

"Había un mosquero. A las 4:00 pm pegaba el mal olor por los alimentos descompuestos.

En ese momento vino una comisión de la Disip a investigar y hace 15 días el Sebin estuvo casi todos los días", dice González, que asegura que en los terrenos de la filial de Pdvsa no quedan ni la mitad de los contenedores que había antes. A su lado, Bertha Hernández afirma que últimamente no han percibido hedores extraños y su esposo aclara que es, tal vez, porque ya se acostumbraron.

Otra mujer se levanta de una hamaca colgada en el garaje donde mece el sopor de la tarde y se acerca a la reja del estacionamiento. Dice que es pensionada y por eso prefiere no decir su nombre. "Hace 10 o 12 meses olía muy feo porque quemaban pollos en mal estado.

Lo hicieron al menos tres veces", recuerda agazapada en la angustia de que nadie la vea.

En los bloques Buenos Aires ­que ya no son tan buenos­ está Miriam Pérez. Tiene 30 años viviendo ahí y dice que desde que se instaló el Pdval se siente, sobre todo en las noches, el olor a alimentos descompuestos. Un hombre que se come un yogur viendo por la ventana del segundo piso se une a la conversación: "En las noches huele a comida piche".

La edición de Cojedes del diario Notitarde publicó el 8 de junio que el alcalde peseuvista del municipio Falcón (donde está Tinaquillo), Carlos Añez, admitió que meses atrás envió una carta para pedir la inspección de los contenedores.

En febrero, el periódico Última semana que circula en la región abrió la primera página con un titular de punta a punta: "Cojedes, vertedero de la revolución". Faltaban tres meses para que se conocieran, también, otros vertederos.

En alerta. En Puerto Cabello, el que no trabaja en los muelles tiene un familiar allí. El temor a declarar es la norma. Bolipuertos es la gran empleadora en una ciudad que poco se beneficia del negocio de la importación: del casco histórico ­que queda a pocos metros y es una zona colonial con potencial turístico­ lo que quedan son las migajas.

Desde la sala de la casa de una integrante del consejo comunal que está cercano al puerto se ven las grúas de los muelles. Hasta esa misma sala llegaron los olores de alimentos descompuestos el año pasado.

"Agarraba el Pinolín y me agachaba en el baño para buscar de dónde salía la hediondez.

Fui a casa del vecino para averiguar y me dijo: `Es en el muelle que todo está podrido".

Un familiar de la mujer ­que no quiere identificarse­ fue testigo del proceso de abrir los contenedores: "Llegó pálida y vomitando a la casa, con unas botas hasta la rodilla, contándome que había pollos podridos y unos gusanos así de grandes", narra y muestra el dedo índice como medida del tamaño de los animales.

Fueron, precisamente, los consejos comunales cercanos al puerto los primeros en alertar sobre las irregularidades en la institución que dirige el Gobierno central.

A mediados de febrero de 2009, la Agencia Bolivariana de Noticias informó sobre la inspección de 120 contenedores con mercancía en abandono legal: el Ministerio de Salud y el Área de Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados del Seniat hallaron carne, pollo y leche en polvo dañados, circunstancia que los vecinos ya se habían olido.

Aura Montero, diputada de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo de Carabobo, recuerda que una de las primeras denuncias que hizo ante el Seniat -junto con las parlamentarias Neidy Rosal y Karelys Lizarraga- fue la de 50 contenedores con cerca de 28.000 litros de leche cada uno que se dañaron entre enero y febrero de 2009. Los consejos comunales porteños fueron los que las alertaron. Sin embargo, el 20 de marzo de 2009, Saúl Ortega, diputado del PSUV por Carabobo en la Asamblea Nacional, desestimó la información y el Poder Legislativo tampoco inició una investigación.

Montero recuerda que cada vez que iban al Seniat a denunciar la situación les decían que esos casos habían pasado a la Comisión Presidencial para la Disposición Final de Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, que está integrada por funcionarios del Seniat y de los ministerios de Finanzas e Industrias Ligeras y Comercio.

Ninguna de estas noticias tuvo eco en Caracas; nadie fue señalado como responsable. Eso fue antes de que se conociera, hace un mes, que el país es un campo minado de contenedores y de que la Fiscalía detuviera a 3 personas, incluido Luis Pulido, ex presidente de Pdval.

Otro miembro del consejo comunal cercano a los muelles lamenta que sea imposible hacer la contraloría social que les manda la ley y les exige el presidente Chávez. "A los consejos comunales no nos toman en cuenta. Si nos dejaran, nosotros haríamos contraloría del puerto y tendríamos hasta fotos de los contenedores. Desde que arrancó Bolipuertos todo es un misterio. A mí me prepararon tanto que soy un cuchillo de doble filo para la revolución. Esto es decepcionante".

Ilustración: Zapata (El Nacional, Caracas, 19/06/10)