De la militaridad y el 5-J
Luis Barragán
La independencia venezolana nació de la deliberación, aunque creyó se declarada por siempre al filo de las bayonetas. Valga acotar, hay consenso en relación a la tradicional sobreimposición de la guerra frente al ejercicio de la razón devenida pasión incontenible hacia 1811.
El culto bolivariano de cuño guzmancista, versionado después por López Contreras y, perversamente, por Chávez Frías, irradió el imaginario social hasta consumarlo como un acto eminente y exclusivamente militar. Por más que el célebre óleo de Martín Tovar y Tovar, infaltable en los textos escolares, revelara el predominio de los civiles, el 5 de julio quedó en la memoria como un hecho de fuerza, sin que comportase diligencia política alguna.
Posiblemente, con la creación del Ejército en el marco del Estado Nacional al que le dio definitivo piso Juan Vicente Gómez, quedó consagrada la asociación. Quizá hubo paradas militares alusivas en las décadas anteriores, llamativas y contrastantes, con motivo de la fecha, pero es con el hijo de La Mulera que adquiere la organización y vistosidad el desfile anual de lo que se convirtió en una corporación castrense estable y convincente, redoblando el paso en la pista estelar del Hipódromo de El Paraíso, por ejemplo: empero, la Dra. Inés Quintero, en su discurso ante el parlamento por 2017, supuso el rito marcial sólo a partir de 1949 (https://www.youtube.com/watch?v=hR1JMJL39GI).
Desde nuestra más remota infancia, entendimos como lo más importante de la celebración independentista el majestuoso evento de la avenida de Los Próceres, convertida la sesión solemne del Congreso en una fastidiosa jornada que lo retrasaba. En el presente siglo, en nada cambió la percepción general, excepto una variación determinante: traspasando los límites del espectáculo, devino una fatigosa faena de abierto proselitismo político, perdiendo cada vez más audiencia y entusiasmo, hasta no celebrarse con la habitual puntualidad muy antes de la pandemia en el escenario acostumbrado.
Por ironía, la militaridad ha perdido terreno en el imaginario social, según la categoría de análisis concebida por el Dr. José Alberto Olivar, quien igualmente ha reportado serios indicios de decadencia. Luego, una sencilla conclusión, al invocar la fecha, es tiempo de recuperar el espacio que perdió la civilidad.
Reproducción: El Universal, Caracas, 10/07/1913
Captura de pantalla: https://www.youtube.com/watch?v=CWhseQxcrNo
05/07/2020:
http://www.opinionynoticias.com/opinionhistoria/37231-militaridad
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domingo, 12 de julio de 2020
jueves, 2 de julio de 2020
TEMARIO CASTRENSE
De pensamiento militar venezolano
Luis Barragán
Gracias a la generosa invitación formulada, asistimos a una extraordinaria actividad académica relacionada con el pensamiento militar venezolano. Los profesores Froilán Ramos y José Alberto Olivar, nos aproximaron a una materia que despertó el interés de un estudiantado al que lo sorprendió tan injustamente el siglo XXI.
Una disertación sobria y sencilla que nos introduce al tema (https://zoom.us/rec/share/v-pXIeHd1kJLZNLKwUTcC7w8Jdncaaa82nQb-6AOzR0giOgcBcqtzr0xAgrBWcKR Access Password: 5R^0J6L7), actualiza la importancia que cobrará el sector defensa en el país post-dictatorial. Y que no debe, por cierto, dar lugar a las improvisadas posturas y pareceres que también facilitaron su descomposición a tal punto que nos hizo presa fácil de los intereses cubanos, como implícitamente señaló el profesor Ramos.
En las postrimerías del actual mandato legislativo que, a nuestro juicio, puede prolongarse de no hacer unas elecciones convincentemente limpias y transparentes que autorice y legitime el reemplazo de la actual Asamblea Nacional, el ponente sugirió algunas pistas muy importantes para ponderarla respecto al tema militar. Desde 2000 hasta el presente, con las excepciones de rigor, el discurso parlamentario ha sido descaradamente propagandístico y prosopopéyico en la órbita oficialista, y obstinadamente convencional en la opositora.
Lo anterior significa que el liderazgo político venezolano debe sintonizar con la vigorosa corriente académica que ha surgido, por estos años, en torno al pensamiento militar venezolano. Valga acotar, diferenciado de las relaciones civiles – militares, por lo que ya vemos la complejidad adquirida por una exigente disciplina de las ciencias sociales.
Al inevitable desempeño sociológico y politológco, el historiador reivindica su oficio, pues, esta aproximación reporta el polvo de estos lodos, enunciando los orígenes de un marxismo que muchas veces intentó filtrar a la corporación castrense, hasta finalmente lograrlo. Quizá pueda hablarse de la gravitación de una suerte de “doctrina militar infiltrada” que, al tocar sus límites, fijó los propios del Estado Cuartel ya en crisis terminal.
Luis Barragán
Gracias a la generosa invitación formulada, asistimos a una extraordinaria actividad académica relacionada con el pensamiento militar venezolano. Los profesores Froilán Ramos y José Alberto Olivar, nos aproximaron a una materia que despertó el interés de un estudiantado al que lo sorprendió tan injustamente el siglo XXI.
Una disertación sobria y sencilla que nos introduce al tema (https://zoom.us/rec/share/v-pXIeHd1kJLZNLKwUTcC7w8Jdncaaa82nQb-6AOzR0giOgcBcqtzr0xAgrBWcKR Access Password: 5R^0J6L7), actualiza la importancia que cobrará el sector defensa en el país post-dictatorial. Y que no debe, por cierto, dar lugar a las improvisadas posturas y pareceres que también facilitaron su descomposición a tal punto que nos hizo presa fácil de los intereses cubanos, como implícitamente señaló el profesor Ramos.
En las postrimerías del actual mandato legislativo que, a nuestro juicio, puede prolongarse de no hacer unas elecciones convincentemente limpias y transparentes que autorice y legitime el reemplazo de la actual Asamblea Nacional, el ponente sugirió algunas pistas muy importantes para ponderarla respecto al tema militar. Desde 2000 hasta el presente, con las excepciones de rigor, el discurso parlamentario ha sido descaradamente propagandístico y prosopopéyico en la órbita oficialista, y obstinadamente convencional en la opositora.
Lo anterior significa que el liderazgo político venezolano debe sintonizar con la vigorosa corriente académica que ha surgido, por estos años, en torno al pensamiento militar venezolano. Valga acotar, diferenciado de las relaciones civiles – militares, por lo que ya vemos la complejidad adquirida por una exigente disciplina de las ciencias sociales.
Al inevitable desempeño sociológico y politológco, el historiador reivindica su oficio, pues, esta aproximación reporta el polvo de estos lodos, enunciando los orígenes de un marxismo que muchas veces intentó filtrar a la corporación castrense, hasta finalmente lograrlo. Quizá pueda hablarse de la gravitación de una suerte de “doctrina militar infiltrada” que, al tocar sus límites, fijó los propios del Estado Cuartel ya en crisis terminal.
02/07/2020:
Fotografía: Tomada de la red, años atrás. Se observa el beneplácito de los diputados de entonces, al recibir la visita en el hemiciclo de un importante miembro del Alto Mando Militar. Además de la otrora presidente de la Asamblea Nacional, se ve al segundo vicepresidente (José Albornoz), quien fue luego destituido como tal a raíz de una discrepancia pública con el PSUV: desde entonces, el ostracismo político ha sido extremo.
lunes, 15 de junio de 2020
UNA FIRME PROPUESTA
Venezuela: El desafío ineludible para Occidente
María Corina Machado
La bandera iraní ya ondea en el centro de Caracas. El liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo. Es una provocación que nos obliga a actuar.
La devastación de la Nación venezolana es profunda y la explosividad de la situación está crudamente expuesta: violación masiva y sistemática de los derechos humanos, pandemia en medio de un drama humanitario, colapso de la economía y de todos los servicios públicos, una irresoluble crisis energética en un país que fue paradigma mundial de la industria petrolera.
Venezuela es un Estado fallido. La tragedia está a la vista y no admite ingenuidad o indiferencia: ausencia total de Estado de Derecho, pérdida incremental del control sobre el territorio y la imposibilidad de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus múltiples dimensiones.
Venezuela es, además, una nación ocupada. La anarquía crece con la multiplicidad de grupos criminales, incluida las guerrillas colombianas, los carteles de la droga y células de Hezbolá, que se disputan vastas extensiones de territorio y recursos estratégicos del país.
Desde muy temprano en su acción destructora, el régimen chavista dio paso a una creciente vulneración de la soberanía nacional. Numerosos e insondables convenios con Cuba aseguraron el saqueo sistemático de las riquezas y de los activos, y asentaron el progresivo control cubano de la Fuerza Armada Nacional y del aparato de inteligencia y represión de la tiranía.
La convergencia de regímenes autoritarios y organizaciones terroristas y criminales transnacionales configura un secuestro con vocación de saqueo de toda una nación, en alianza con un conglomerado internacional de sedicentes empresarios y financistas depredadores que hacen vida y esconden sus capitales en las metrópolis de los países más desarrollados. Simultáneamente, estos grupos se esconden tras el ropaje de “reivindicaciones sociales” y construyen fachadas políticas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla para conspirar contra las instituciones de los países que los oponen.
El propósito financiero y criminal de ocupar a Venezuela, adquiere una dimensión geopolítica crítica al entender el grado de participación que tienen los regímenes ruso, chino e iraní en la dinámica venezolana y su evidente propósito de expandir su influencia y acciones en el hemisferio, para desestabilizar a las democracias occidentales. La ahora explícita presencia iraní en Venezuela demuestra la radicalización de las alianzas del cartel que tiraniza al país y su decisión de atrincherarse en el poder.
A nivel hemisférico, esta situación impacta los intereses más fundamentales de las democracias de las Américas. Occidente no puede permitir un Estado fallido y criminal, ocupado por potencias antidemocráticas y grupos terroristas ajenos a la región, en el corazón del continente. A nivel global esto representa una agresión al corazón mismo de la noción civilizadora de democracia liberal y representativa, y a los valores de la cultura occidental. Sólo basta con ver el avance del ataque institucional en España.
Los venezolanos hemos intentado todo para derrotar al régimen en 21 años de lucha. Y los resultados nos obligan a descartar mecanismos que sólo han servido para atornillarlos al poder. Esto hemos intentado:
1.- Elecciones. Llevamos 29 procesos electorales y 15 referendos en 22 años y cada vez el control del régimen sobre los resultados ha crecido hasta el punto de desconocer por vías ilegítimas aquellos que les han sido adversos. Si no hay soberanía nacional, no hay posibilidad de soberanía popular. Mientras el régimen esté en el poder no habrá elecciones, sólo farsas.
2.- Diálogos. Llegamos a una docena de iniciativas de diálogo promovidos con el fin de lograr una “solución negociada” con la tiranía. En sucesivos episodios de “diálogos” con algunos representantes de la oposición venezolana, el régimen se burló del Vaticano, de la Unión Europea y de los cancilleres de Latinoamérica; nunca pretendió cumplir los acuerdos, solo querían ganar tiempo. Lo lograron. En realidad, el propósito de estas conversaciones era eliminar las sanciones impuestas por la comunidad internacional, que limitan los movimientos de los miembros de las diferentes mafias y su entramado de testaferros, y que constriñen los flujos financieros del Estado forajido.
3.- Insurrección militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas son una institución en proceso de disolución con un precario apresto operacional. La implacable infiltración de agentes cubanos y rusos, y la degeneración mafiosa de su estructura, han logrado neutralizar a los miembros que conservan convicciones democráticas. La verdadera efectividad de estas fuerzas es que están armadas para la inteligencia, la represión y la propaganda. Esta red de vigilancia y control se vierte también hacia su interior, por lo que los múltiples intentos de insurrección llevados a cabo por militares institucionales para desconocer al régimen criminal han sido infiltrados desde sus gestaciones, con consecuencias brutales en prisión, tortura y muerte para sus promotores.
4.- Insurrección popular. Esta fuerza la hemos ejercido durante los 21 años de régimen chavista. Los venezolanos, valientemente, nos hemos confrontado con esta corporación criminal multinacional y hemos desplegado todas las modalidades de lucha ciudadana, a pesar de la represión, el control social y la violencia sistemática contra ciudadanos indefensos, que han dejado miles de heridos y muertos. Hoy, la sociedad venezolana sigue igualmente dispuesta a luchar, pero tiene muy claro que es suicida hacerlo sin el respaldo de las fuerzas democráticas de Occidente, acompañando una acción conjunta.
Por todo esto, queda una única alternativa para desalojar definitivamente al conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los venezolanos, y es la conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE).
Nuestro país está invadido y ocupado; la Nación secuestrada, brutalizada y saqueada. Cada día que pasa el sufrimiento de los venezolanos se incrementa con pérdidas incalculables y el régimen avanza en la desestabilización del hemisferio. Si bien no existe un “derecho de intervención”, sí es legítima la “obligación a intervenir y el Derecho a Proteger” (R2P). Oponerse a la presencia en Venezuela de una fuerza de paz internacional que asista a lo que queda de nuestras instituciones, incluyendo a los restos de la FAN profesional a recuperar el control y pacificar el país, es condenar a nuestra Nación a sucumbir al dominio total de las mafias.
Una Operación de Paz y Estabilización (OPE) conlleva el reto de controlar el territorio y la neutralización de una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares, mientras se estabiliza el país y se recuperan sus capacidades productivas y el Estado de Derecho. Es, por lo tanto, una «operación de paz multifacética» que debe incluir por lo menos:
1.- Control del territorio, seguridad y desarme;
2.- Asistencia humanitaria primaria;
3.- Reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos;
4.- Restauración de la ley y el orden;
5.- Promoción del Estado de Derecho;
6.- Reinstitucionalización democrática del país.
Desde un punto de vista causal, el éxito de cada uno de estos objetivos es prerrequisito para el éxito de los otros.
Por ello, lo ideal es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la égida de una sola organización, sino conformada por una coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), contando con la participación de organizaciones y países con distintas tareas complementarias. Para los asuntos de seguridad y desarme, apoyarnos en la plataforma del TIAR (que establece la obligación de mutua ayuda y de defensa común de las Repúblicas Americanas), para lo concerniente a salud y alimentación, las agencias de la ONU, para la reconstrucción de la infraestructura, apoyarnos en los diferentes mecanismos interamericanos, y contar con la OEA, la UE y la ONU para la vigilancia de los derechos humanos y la reconstrucción de nuestro sistema electoral.
En la historia hay múltiples ejemplos de intervenciones internacionales exitosas, pero también hay muchos casos donde el auxilio llegó demasiado tarde. Mientras más tarde, más larga, compleja y costosa se hace la operación y eso es precisamente lo que está sucediendo en Venezuela.
El hemisferio se ha movido en la dirección correcta al aplicar sanciones a los jerarcas del régimen y a las empresas del Estado utilizadas para oxigenar el aparato criminal. Las recientes imputaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos contra los más altos jerarcas del régimen por cargos de narcotráfico y terrorismo, así como, la operación multinacional antinarcóticos recientemente desplegada, integrada por 22 países, son pasos firmes en la construcción de una amenaza real a la tiranía. Ello ubica nuestra lucha en el plano correcto: las fuerzas democráticas frente a un conglomerado criminal.
Sin embargo, hay que acelerar el paso y proceder con nuevas acciones:
El urgente bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba, así como la interrupción de la injerencista red de telecomunicaciones entre los dos regímenes, la cual soporta el control y la presencia de agentes cubanos en las instituciones neurálgicas del Estado venezolano: los servicios de inteligencia, los puertos, la gestión de la represión, las fuerzas armadas, las notarías, el sistema de identificación nacional y, por ende, en el sistema electoral.
Expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos actualmente desplegada en el Caribe, para incluir en sus atribuciones el bloqueo naval y aéreo de toda actividad de saqueo y colaboración del régimen venezolano con potencias extra-continentales y antidemocráticas.
Combatir el sistema de censura y propaganda del régimen a través de medios de alta tecnología.
Liderar una coalición para la conformación de una operación de paz multifacética para la recuperación y transición democrática en Venezuela.
El fenómeno emergente de la pandemia ha provocado enormes exigencias internas a nuestros aliados. Sin duda, una operación de paz y estabilización en Venezuela representa el mayor desafío para Occidente, con sus riesgos y costos asociados. Este reto se justifica y se hace impostergable ante las consecuencias devastadoras que tendría para la seguridad hemisférica mantener a un régimen criminal que cada día avanza en su propósito de socavar las democracias y las sociedades libres.
Los venezolanos no descansaremos hasta lograr la libertad plena y la soberanía de nuestro país. Transformaremos a Venezuela desde el enclave del crimen mundial que es hoy, a una vigorosa nación que fomente la convivencia democrática, la justicia, las inversiones, el comercio y el bienestar de todos sus ciudadanos.
Liberar a Venezuela es indispensable para detener la operación de las fuerzas del crimen mundial contra Occidente. No se trata sólo de ser solidario con los venezolanos. Se trata de que cada quien asuma su responsabilidad histórica o sucumba ante el avance de tan inescrupulosa alianza. En nuestras manos está impedirla, por eso debemos actuar juntos, y hacerlo ya.
08/06/2020:
http://www.ventevenezuela.org/2020/06/08/venezuela-el-desafio-ineludible-para-occidente-por-maria-corina-machado/
María Corina Machado
La bandera iraní ya ondea en el centro de Caracas. El liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo. Es una provocación que nos obliga a actuar.
La devastación de la Nación venezolana es profunda y la explosividad de la situación está crudamente expuesta: violación masiva y sistemática de los derechos humanos, pandemia en medio de un drama humanitario, colapso de la economía y de todos los servicios públicos, una irresoluble crisis energética en un país que fue paradigma mundial de la industria petrolera.
Venezuela es un Estado fallido. La tragedia está a la vista y no admite ingenuidad o indiferencia: ausencia total de Estado de Derecho, pérdida incremental del control sobre el territorio y la imposibilidad de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus múltiples dimensiones.
Venezuela es, además, una nación ocupada. La anarquía crece con la multiplicidad de grupos criminales, incluida las guerrillas colombianas, los carteles de la droga y células de Hezbolá, que se disputan vastas extensiones de territorio y recursos estratégicos del país.
Desde muy temprano en su acción destructora, el régimen chavista dio paso a una creciente vulneración de la soberanía nacional. Numerosos e insondables convenios con Cuba aseguraron el saqueo sistemático de las riquezas y de los activos, y asentaron el progresivo control cubano de la Fuerza Armada Nacional y del aparato de inteligencia y represión de la tiranía.
La convergencia de regímenes autoritarios y organizaciones terroristas y criminales transnacionales configura un secuestro con vocación de saqueo de toda una nación, en alianza con un conglomerado internacional de sedicentes empresarios y financistas depredadores que hacen vida y esconden sus capitales en las metrópolis de los países más desarrollados. Simultáneamente, estos grupos se esconden tras el ropaje de “reivindicaciones sociales” y construyen fachadas políticas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla para conspirar contra las instituciones de los países que los oponen.
El propósito financiero y criminal de ocupar a Venezuela, adquiere una dimensión geopolítica crítica al entender el grado de participación que tienen los regímenes ruso, chino e iraní en la dinámica venezolana y su evidente propósito de expandir su influencia y acciones en el hemisferio, para desestabilizar a las democracias occidentales. La ahora explícita presencia iraní en Venezuela demuestra la radicalización de las alianzas del cartel que tiraniza al país y su decisión de atrincherarse en el poder.
A nivel hemisférico, esta situación impacta los intereses más fundamentales de las democracias de las Américas. Occidente no puede permitir un Estado fallido y criminal, ocupado por potencias antidemocráticas y grupos terroristas ajenos a la región, en el corazón del continente. A nivel global esto representa una agresión al corazón mismo de la noción civilizadora de democracia liberal y representativa, y a los valores de la cultura occidental. Sólo basta con ver el avance del ataque institucional en España.
Los venezolanos hemos intentado todo para derrotar al régimen en 21 años de lucha. Y los resultados nos obligan a descartar mecanismos que sólo han servido para atornillarlos al poder. Esto hemos intentado:
1.- Elecciones. Llevamos 29 procesos electorales y 15 referendos en 22 años y cada vez el control del régimen sobre los resultados ha crecido hasta el punto de desconocer por vías ilegítimas aquellos que les han sido adversos. Si no hay soberanía nacional, no hay posibilidad de soberanía popular. Mientras el régimen esté en el poder no habrá elecciones, sólo farsas.
2.- Diálogos. Llegamos a una docena de iniciativas de diálogo promovidos con el fin de lograr una “solución negociada” con la tiranía. En sucesivos episodios de “diálogos” con algunos representantes de la oposición venezolana, el régimen se burló del Vaticano, de la Unión Europea y de los cancilleres de Latinoamérica; nunca pretendió cumplir los acuerdos, solo querían ganar tiempo. Lo lograron. En realidad, el propósito de estas conversaciones era eliminar las sanciones impuestas por la comunidad internacional, que limitan los movimientos de los miembros de las diferentes mafias y su entramado de testaferros, y que constriñen los flujos financieros del Estado forajido.
3.- Insurrección militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas son una institución en proceso de disolución con un precario apresto operacional. La implacable infiltración de agentes cubanos y rusos, y la degeneración mafiosa de su estructura, han logrado neutralizar a los miembros que conservan convicciones democráticas. La verdadera efectividad de estas fuerzas es que están armadas para la inteligencia, la represión y la propaganda. Esta red de vigilancia y control se vierte también hacia su interior, por lo que los múltiples intentos de insurrección llevados a cabo por militares institucionales para desconocer al régimen criminal han sido infiltrados desde sus gestaciones, con consecuencias brutales en prisión, tortura y muerte para sus promotores.
4.- Insurrección popular. Esta fuerza la hemos ejercido durante los 21 años de régimen chavista. Los venezolanos, valientemente, nos hemos confrontado con esta corporación criminal multinacional y hemos desplegado todas las modalidades de lucha ciudadana, a pesar de la represión, el control social y la violencia sistemática contra ciudadanos indefensos, que han dejado miles de heridos y muertos. Hoy, la sociedad venezolana sigue igualmente dispuesta a luchar, pero tiene muy claro que es suicida hacerlo sin el respaldo de las fuerzas democráticas de Occidente, acompañando una acción conjunta.
Por todo esto, queda una única alternativa para desalojar definitivamente al conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los venezolanos, y es la conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE).
Nuestro país está invadido y ocupado; la Nación secuestrada, brutalizada y saqueada. Cada día que pasa el sufrimiento de los venezolanos se incrementa con pérdidas incalculables y el régimen avanza en la desestabilización del hemisferio. Si bien no existe un “derecho de intervención”, sí es legítima la “obligación a intervenir y el Derecho a Proteger” (R2P). Oponerse a la presencia en Venezuela de una fuerza de paz internacional que asista a lo que queda de nuestras instituciones, incluyendo a los restos de la FAN profesional a recuperar el control y pacificar el país, es condenar a nuestra Nación a sucumbir al dominio total de las mafias.
Una Operación de Paz y Estabilización (OPE) conlleva el reto de controlar el territorio y la neutralización de una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares, mientras se estabiliza el país y se recuperan sus capacidades productivas y el Estado de Derecho. Es, por lo tanto, una «operación de paz multifacética» que debe incluir por lo menos:
1.- Control del territorio, seguridad y desarme;
2.- Asistencia humanitaria primaria;
3.- Reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos;
4.- Restauración de la ley y el orden;
5.- Promoción del Estado de Derecho;
6.- Reinstitucionalización democrática del país.
Desde un punto de vista causal, el éxito de cada uno de estos objetivos es prerrequisito para el éxito de los otros.
Por ello, lo ideal es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la égida de una sola organización, sino conformada por una coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), contando con la participación de organizaciones y países con distintas tareas complementarias. Para los asuntos de seguridad y desarme, apoyarnos en la plataforma del TIAR (que establece la obligación de mutua ayuda y de defensa común de las Repúblicas Americanas), para lo concerniente a salud y alimentación, las agencias de la ONU, para la reconstrucción de la infraestructura, apoyarnos en los diferentes mecanismos interamericanos, y contar con la OEA, la UE y la ONU para la vigilancia de los derechos humanos y la reconstrucción de nuestro sistema electoral.
En la historia hay múltiples ejemplos de intervenciones internacionales exitosas, pero también hay muchos casos donde el auxilio llegó demasiado tarde. Mientras más tarde, más larga, compleja y costosa se hace la operación y eso es precisamente lo que está sucediendo en Venezuela.
El hemisferio se ha movido en la dirección correcta al aplicar sanciones a los jerarcas del régimen y a las empresas del Estado utilizadas para oxigenar el aparato criminal. Las recientes imputaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos contra los más altos jerarcas del régimen por cargos de narcotráfico y terrorismo, así como, la operación multinacional antinarcóticos recientemente desplegada, integrada por 22 países, son pasos firmes en la construcción de una amenaza real a la tiranía. Ello ubica nuestra lucha en el plano correcto: las fuerzas democráticas frente a un conglomerado criminal.
Sin embargo, hay que acelerar el paso y proceder con nuevas acciones:
El urgente bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba, así como la interrupción de la injerencista red de telecomunicaciones entre los dos regímenes, la cual soporta el control y la presencia de agentes cubanos en las instituciones neurálgicas del Estado venezolano: los servicios de inteligencia, los puertos, la gestión de la represión, las fuerzas armadas, las notarías, el sistema de identificación nacional y, por ende, en el sistema electoral.
Expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos actualmente desplegada en el Caribe, para incluir en sus atribuciones el bloqueo naval y aéreo de toda actividad de saqueo y colaboración del régimen venezolano con potencias extra-continentales y antidemocráticas.
Combatir el sistema de censura y propaganda del régimen a través de medios de alta tecnología.
Liderar una coalición para la conformación de una operación de paz multifacética para la recuperación y transición democrática en Venezuela.
El fenómeno emergente de la pandemia ha provocado enormes exigencias internas a nuestros aliados. Sin duda, una operación de paz y estabilización en Venezuela representa el mayor desafío para Occidente, con sus riesgos y costos asociados. Este reto se justifica y se hace impostergable ante las consecuencias devastadoras que tendría para la seguridad hemisférica mantener a un régimen criminal que cada día avanza en su propósito de socavar las democracias y las sociedades libres.
Los venezolanos no descansaremos hasta lograr la libertad plena y la soberanía de nuestro país. Transformaremos a Venezuela desde el enclave del crimen mundial que es hoy, a una vigorosa nación que fomente la convivencia democrática, la justicia, las inversiones, el comercio y el bienestar de todos sus ciudadanos.
Liberar a Venezuela es indispensable para detener la operación de las fuerzas del crimen mundial contra Occidente. No se trata sólo de ser solidario con los venezolanos. Se trata de que cada quien asuma su responsabilidad histórica o sucumba ante el avance de tan inescrupulosa alianza. En nuestras manos está impedirla, por eso debemos actuar juntos, y hacerlo ya.
08/06/2020:
http://www.ventevenezuela.org/2020/06/08/venezuela-el-desafio-ineludible-para-occidente-por-maria-corina-machado/
jueves, 21 de mayo de 2020
TEMPERATURA CAMBIANTE
Militares venezolanos
Carlos Blanco
Hay quienes dicen que los militares venezolanos no se atreven a actuar en contra del régimen porque están comprados, son miedosos o están infiltrados. Esa afirmación es contraria a la evidencia: en todos los años recientes ha habido decenas de intentos más o menos organizados y todos fallidos, hasta este último con aristas todavía desconocidas y contrato de por medio, con sus muertos, torturados y encarcelados; con sus delatores y delatados.
Por supuesto que hay miedo –como en toda Venezuela– por la saña represiva del régimen. El brazo más criminal del régimen, con los escuadrones de la muerte del Dgcim, el Sebin, la FAES y los sicarios que les pertenecen, han demostrado que son capaces de torturar con deleite y de asesinar de frente, a gente rendida y algunos amarrados. Tamara Sujú es una valiente y perseverante activista que les lleva la cuenta al detalle. Ella estará en el Nuremberg venezolano.
También ha habido infiltración. En la medida en que las conspiraciones han crecido y nuevos oficiales se adscriben, el régimen procede a infiltrar mediante la simulación de descontento y llegan hasta las cúpulas de esos intentos. A lo que se agrega el pavoroso uso de los sistemas electrónicos, sobre todo rusos, manejados por estos y cubanos, que tienen hasta los ritmos cardiacos de los enemigos a quienes siguen. En esta materia la escuela de contrainsurgencia cubana es muy eficiente.
También concurre la falta de recursos. De lo que se conoce, las conspiraciones han tenido elementos de rusticidad insólitos: las lanchas, los uniformes, el armamento,… Cuando ha existido poder de fuego comprometido, las operaciones han sido develadas.
Esos intentos parecieran carecer de una mínima recolección de inteligencia sobre el campo enemigo. Semejan pequeños grupos dispuestos a asaltar una inexpugnable ciudadela, de frente y sin capacidad de penetrarla por algún resquicio, lo que expone a los valientes a la muerte o la captura; en todo caso, al fracaso.
Los factores para una operación militar exitosa interna podrían haber desaparecido, como estiman algunos, porque las filas institucionales dentro de la FAN estarían diezmadas y los que sienten la rebeldía estarían arrinconados. Sin embargo, creo que hay dos factores esenciales que actúan en contra de la mayoría de los movimientos pasados: el primero, es que ese tipo de acciones las deben dirigir oficiales con formación de Estado Mayor, coroneles o generales con las destrezas para acciones militares complejas.
La idea que prevalece entre nosotros es la de unos generales y coroneles tan panzones como ladrones, unos desechos morales como la mayoría de los altos mandos. Sin embargo, no todos son así. Hay una reserva sin la cual no habrá diseño exitoso de operaciones.
El segundo factor es la dirección política. Sin una evaluación de las relaciones de poder y una intervención en las fisuras del poder existente, con un diseño de poder alternativo, no habrá victoria. Sin política no hay victoria. Generales o coroneles con visión política, o políticos con visión militar, o todos juntos, son la clave del triunfo. Solo así tendrá sentido el apoyo internacional concertado.
20/05/2020:
Fotografia: Eliseo Trigo. Vista de las ramas cubiertas de hielo y nieve de un árbol en O Cebreiro. Alerta nevadas.
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Carlos Blanco,
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Militares
martes, 12 de mayo de 2020
PROBLEMAS LIMÍTROFES
Militares bajo control
Fernando Ochoa Antich
En un extenso artículo titulado “Venezuela: militares bajo control”, publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, del Instituto Tecnológico de México, dos de sus colaboradores, Víctor Mijares y Alejandro Cardozo, desarrollan una nueva tesis que trata de explicar las profundas transformaciones ocurridas en el pensamiento y en la conducta de la Fuerza Armada Nacional a partir de los hechos del 11 de abril de 2002 y dar una respuesta a los venezolanos que no logran entender las razones por las cuales la mayoría de sus miembros activos se inhiben de tomar una posición ante la tragedia nacional y el debilitamiento de nuestra soberanía como consecuencia de la permanente intervención de Cuba en nuestros asuntos internos. Voy a analizar, en este artículo, los planteamientos que utilizan sus autores a objeto de expresar mis puntos de vista sobre el tema exponiendo mis diferencias y acuerdos.
El artículo comienza con un recuento del período histórico que se inició a partir del 23 de enero de 2019, al juramentarse el diputado Juan Guaidó como presidente encargado y establecer la oposición democrática una estrategia, que se resume en la consigna “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, la cual fue respaldada por Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Esa estrategia considera que una transición política en Venezuela surgirá de una ruptura de la coalición gobernante bajo la premisa de que el chavismo no es una alianza de partidos políticos sino una unión cívico-militar, en la cual tiene una marcada preponderancia la Institución Armada. Al considerar posible la ruptura de esa alianza, se estableció como primer paso en la estrategia “el cese de la usurpación”, dando por sentado que la Fuerza Armada Nacional reaccionaría ante la gravedad de la crisis nacional y el seguro reconocimiento internacional. Esa equivocada percepción condujo al fracaso del conato insurreccional del 30 de abril de 2019.
En la segunda parte del artículo se establece que “en Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares” que surge de nuestro proceso histórico: la guerra de independencia, el caudillismo, los gobiernos militares andinos y el muy débil control de los gobierno civiles sobre las Fuerzas Armadas durante los años 1958-1998. “Finalmente, la elección como presidente del ex militar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil en Venezuela”. Inmediatamente, se inicia una severa crítica de esta tesis al explicar que esa realidad histórica ha traído por consecuencia que se crea equivocadamente que la Fuerza Armada Bolivariana es el principal soporte del socialismo del siglo XXI, y que el gobierno de Maduro se sostiene porque cuenta con el respaldo de la burocracia castrense. En realidad, según el criterio de los autores, “la revolución bolivariana ha dado muestra de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical, policial y militar”.
Los autores mantienen, como tesis central del artículo, que el error en la estrategia de la oposición surge del “anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano sin entender que el chavismo civil ha desarrollado un extraordinario sistema de control sobre la Fuerza Armada Nacional, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano”. Ese control, principalmente en el área de inteligencia y contrainteligencia, ha tenido como objetivo central a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Además, afirman: “Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las cifras de prisioneros políticos arroja un creciente número de militares en los últimos años”. Esta situación es una consecuencia de las permanentes denuncias entre compañeros de armas y es un indicativo de la ruptura de valores fundamentales como son el compañerismo y el espíritu de cuerpo.
Comparto en algunos aspectos los razonamientos mantenidos por los autores del artículo. Sin embargo, tengo algunas observaciones. Ellos opinan equivocadamente que el control civil sobre los militares durante el régimen democrático fue un espejismo, al afirmar que existe “un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela”. En verdad, durante esos cuarenta años, la gran mayoría de los cuadros profesionales acataron la supremacía del poder civil establecido en la Constitución de 1961. En las actuales circunstancias existe una situación diferente. Una parte, sumamente importante del poder del Estado, está controlado por militares, observándose su presencia en numerosas empresas, institutos autónomos y otros muchos aspectos del funcionamiento del gobierno. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Significa esta realidad formal que el régimen venezolano es actualmente un pretorianismo autoritario? Creo que no. A partir de la muerte de Chávez la dirección del “proceso revolucionario” se ha ido desplazando desde la Fuerza Armada Nacional al liderazgo civil. Esta realidad no quiere decir que la estrategia de la oposición tiene que ser revisada. Lo que es necesario hacer es instrumentarla de una manera diferente.
El razonamiento que hacen al afirmar que una posible intervención militar humanitaria, planificada por un organismo multilateral, con el respaldo de Estados Unidos, Colombia y Brasil, tendría un gran costo para las fuerzas interventoras debido a que Venezuela “tiene un eficiente sistema de intercepción aérea, lo considero equivocado. Realmente no creo que una alianza militar tan poderosa, la cual de inmediato obtendría el control del espacio aéreo, tenga dificultades para neutralizar, en muy breve tiempo, cualquier sistema de defensa aérea y los correspondientes sistemas de misiles. Tampoco creo que el reparto de “lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire entre grupos insurgentes y del crimen organizado” pondría en jaque la seguridad de la región y mucho menos que esta amenaza sea suficiente para evitar una posible intervención militar humanitaria. Creo que no ha ocurrido, por razones de política interna en Estados Unidos.
Ojalá que mis compañeros de armas analicen con detenimiento el importante trabajo de investigación realizado por Víctor Mijares y Alejandro Cardoza y reflexionen el daño que le ha hecho a Venezuela el régimen chavista-madurista al destruir el profesionalismo militar alcanzado en casi cien años de permanente esfuerzo de las diferentes generaciones militares. La responsabilidad de Hugo Chávez y de los Altos Mandos Militares en el crimen que ha significado permitir la partidización de la Fuerza Armada Nacional es indiscutible. Más grave aún es haberlo hecho siguiendo las orientaciones de Fidel y Raúl Castro, para satisfacer su avieso deseo de controlar las riquezas venezolanas, en particular su petróleo, para ponerlas al servicio de Cuba y su nefasta revolución.
26/04/2020:
Venezuela: militares bajo control
Víctor Mijares - Alejandro Cardozo / Foreign Affairs Latinoamérica
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juró como Presidente encargado de su país ante una multitud caraqueña. El joven e inexperto político venezolano, prácticamente desconocido fuera de su país, se convirtió en el agente clave de una estrategia constitucional orientada a impulsar una transición. “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” fue la consigna con la que se dio a conocer este nuevo líder enfrentado al autocrático régimen chavista de Nicolás Maduro. Pero la estrategia iba más allá de las fronteras venezolanas. La nueva cabeza visible de la oposición en Venezuela encajó a la perfección en una estrategia hemisférica que se articuló entre Washington y el incipiente Grupo de Lima. La idea de un cerco diplomático con consecuencias internas cobraba forma ante los cambios de gobierno y de signo ideológico que venían operando en Latinoamérica. Como era de esperarse, con Guaidó se generaron altas expectativas de cambio político. Las presiones derivadas de la masiva emigración de venezolanos, con creciente impacto socioeconómico en Sudamérica, y muy especialmente en Colombia, hicieron que este giro político fuese considerado el cambio más extraordinario de 2019 en Latinoamérica. La estrategia constitucional brindaba legitimidad interna a la operación. Asimismo, el apoyo mayoritario de gobiernos latinoamericanos y occidentales cumplía con la función de legitimar internacionalmente al Presidente encargado. Las sanciones de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea provocarían una situación de tensión interna para quebrantar la unidad alrededor de Maduro. La operación contaba, en consecuencia, con una sólida lógica, al tiempo que se ajustaba a las tesis dominantes sobre transiciones y poder militar en Venezuela.
En materia de transiciones se ha propagado la idea de la necesidad de generar quiebres en la coalición gobernante. En el caso del chavismo, la coalición gobernante no consiste en un grupo de partidos, sino en lo que el propio Hugo Chávez llamó la “unión cívico-militar”, o la unidad del partido civil con las fuerzas armadas. La bibliografía dominante sobre las relaciones entre civiles y militares en Venezuela tiende a ser tajante y se decanta por las tesis del pretorianismo como fórmula recurrente de gobernabilidad autoritaria, con un sustrato lasswelliano de “Estado guarnición”. El término “pretorianismo” se refiere a una forma de gobierno en la que las fuerzas armadas ejercen una influencia decisiva, llegando incluso a controlar a los civiles o, en casos extremos, a ejercer el gobierno de forma directa. La opinión informada que señalaba la recurrencia militar en la vida política venezolana ayudó a interpretar que, en la unión cívico-militar chavista, el centro de gravedad era, en efecto, el componente militar de la coalición gobernante. Las evidencias reforzaban esta idea, pues en la revisión de la historia universal de los golpes de Estado, Venezuela aparece entre los países con mayor número de asonadas y levantamientos militares desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, consideramos que las evidencias históricas dicen poco acerca de los cambios que se han suscitado en la Venezuela chavista. El anquilosamiento teórico que se refiere a Venezuela como un Estado pretoriano, cuyo centro de gravedad son las fuerzas armadas, ha tenido consecuencias adversas para la estrategia de cambio político gestada desde Caracas con apoyos externos, sobre todo de Bogotá y Washington. Ante la improbabilidad de que se produzcan acciones de fuerza contundentes contra el régimen venezolano, el cerco diplomático y las sanciones surgieron como alternativas estratégicas para activar lo que se considera el talón de Aquiles del chavismo bajo el régimen de Maduro: su alta dependencia, cuando no sometimiento, a la autoridad militar. Nuestro argumento va a contracorriente de dicha tesis y cuestiona la creencia generalizada en la supremacía militar sobre los civiles en Venezuela. Consideramos que el poder civil ―con el Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) como vehículo― infiltró al poder militar y anuló la posibilidad de que ahí surgieran mandos unificados que pudiesen rebelarse. Por eso la estrategia de inducir divisiones dentro de las fuerzas armadas para que una parte abandonara la coalición gobernante no funcionó.
Una teoría anquilosada
En Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares. La fuerte impronta simbólica de un “imaginario pretoriano” parte de un culto militaristabolivariano y del relato de las guerras de independencia. La larga lucha caudillista del siglo xix tardío también lleva el sello de la imposición castrense en el sistema político venezolano, que corona con el “ciclo andino” de gobiernos militares (de 1908 a 1958). Asimismo, la democracia inaugurada en 1958 ha estado plagada de amenazas y defecciones militares golpistas (entre 1961 y 1992 se registraron cinco intentos). Finalmente, la elección como Presidente del exmilitar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil democrático en Venezuela.
En la idea del control castrense sobre las fuerzas civiles, esta historia de conspiraciones y golpes militares plantea varias líneas teóricas anquilosadas, tanto en el análisis como en la misma política venezolana. Las tesis más alentadoras postulan que, de 1958 a 1999, Venezuela vivió una era de control civil sobre el estamento castrense. A estas consideraciones se interpone el concepto revisionista de un espejismo, que recoge un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela. Ambos argumentos (control civil sobre los militares o viceversa) no contravienen la línea maestra del culto pretoriano en Venezuela, y desembocan en varias hipótesis. Una se refiere a la lucha del sector militar venezolano por mayor reconocimiento político, pues desconfía del liderazgo civil en el contexto del subdesarrollo venezolano. Dispuestos a participar en las decisiones nacionales, que habían sido relegadas a una élite política inútil, los militares decidieron tomar las riendas del país. Esta corriente explica que el Plan Educativo Integral Militar para las escuelas de formación de oficiales, conocido como el plan Andrés Bello (aplicado desde 1971), fue muy influyente en las siguientes generaciones de oficiales y les inculcó un sentido de responsabilidad política, por el que se animaron a maquinar conjuras golpistas contra el “corrompido” sistema democrático. Dentro de esta misma línea hay otra explicación, acaso más sugerente. Estos cadetes en formación y oficiales jóvenes no solo fueron sacudidos políticamente por el nuevo plan educativo, sino que además entraron en contacto con partidos y movimientos de izquierda infiltrados en las fuerzas armadas y formaron logias militares como el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (mrb-200), Revolución 83 y la Alianza Revolucionaria de Militares Activos (arma). Ambas hipótesis intentan consolidar la noción del escaso control objetivo de las fuerzas políticas civiles que gobernaron hasta 1999. Asimismo, fortalecen la idea del culto pretoriano en la política venezolana. Ciertamente, el siglo xx venezolano está cargado de conjuras urdidas en los cuarteles. Se percibe una como especie de vehemente oficialidad joven que trama conspiraciones contra el poder establecido desde la generación de Marcos Pérez Jiménez, quien terminó imponiéndose como dictador durante la década de 1950. Así también, las sublevaciones militares, motines e intentos golpistas del Barcelonazo (1961), el Porteñazo y el Carupanazo (1962) explican este fenómeno: el asalto de los militares a las instituciones civiles venezolanas. Este largo correlato histórico-político de las relaciones entre civiles y militares en Venezuela se centra, pues, en la tesis del Estado guarnición de Harold Lasswell (1941). Así, se postula que Venezuela, lejos de haber tenido una democracia con control civil objetivo durante sus diferentes ensayos, ha sido presa de los militares o, al menos, de su influencia sobre las instituciones. Por ende, en los tiempos que corren, la explicación del fenómeno del chavismo bajo el régimen de Maduro se ha reducido a una noción general del pretorianismo venezolano, con una simplificación teórica de un fenómeno político más complejo, que va más allá de un autoritarismo militar. Esta teoría estancada se ha venido transformando en el análisis político central sobre la crisis venezolana, en un ciclo improductivo y repetitivo, que intenta dar cuenta de diferentes expresiones del autoritarismo chavista. Estos viejos-nuevos planteamientos se refieren a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (fanb) como el principal soporte del socialismo del siglo xxi. Algunos escritos todavía conciben que el chavismo-madurato tenga como finalidad expresa erigir a la fanb como “soporte supremo” de su proyecto político. Estas posiciones teóricas argumentan que existe un pretorianismo militante en las fuerzas políticas chavistas que ha derivado hacia una fase superior, correspondiente a una militarización progresiva de la sociedad. Es decir, que un núcleo central de control y poder militar expande su influencia castrense hacia los espacios políticos naturales de la sociedad civil. Quienes se adhieren esta tesis deducen que el poder de Maduro se sustenta en un núcleo militar o que, en todo caso, procede de ese núcleo. Con ello, esta corriente teórica dominante endosa una responsabilidad histórica al alto mando militar venezolano en el sistema político. En la bibliografía sobre las relaciones entre civiles y militares se arguye que los militares, por ende, se han expandido dentro de la burocracia civil venezolana, colonizándola con mentalidad y objetivos pretorianos para hacer prosperar, en toda ley, un gobierno militar. Entonces, se alega que Maduro encabeza un gobierno militar, pues cuenta con la burocracia castrense para tener, definitivamente, el control del Estado venezolano. En estas explicaciones de la crisis venezolana actual también se interpreta que el chavismo ha erigido a la fanb como gran árbitro de las diferencias políticas en el país, por lo que el anterior soldado neutral hoy sería un soldado políticamente comprometido con la revolución. En cualquiera de las derivaciones de la hipótesis de que Maduro ha implantado poco a poco las formas de un autoritarismo militar, las ideas centrales de esta argumentación se basan en evidencias históricas del siglo xx que demuestran, en efecto, una recurrente impronta de los militares en la política venezolana. Con ello se supone que los militares han infiltrado subrepticiamente al sistema político civil y, una vez adentro, han modelado toda la estructura según formas pretorianas de gobierno y Estado. Nuestro planteamiento es diferente. Las fuerzas armadas no se inocularon en el proyecto democrático civil venezolano por medio del golpe de Estado fallido de Chávez y ni siquiera por la vía electoral de su triunfo en 1999. La Revolución bolivariana ha dado muestras de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical y policial en el ejército y sus componentes. El proyecto final es la desarticulación del núcleo castrense por medio de la desprofesionalización, la degradación de sus rangos operativos y la politización de todos sus espacios que, con un fino tramado propagandístico y simbólico pretoriano, pretendidamente militarista y nacionalista, desmembró al aparato militar profesional. Este error ha confundido la estrategia internacional alrededor de Guaidó. Siguien – do las tesis e imágenes dominantes sobre el militarismo de Maduro, la oposición ope- ró con la esperanza de entablar algún diálogo con el supuesto núcleo militar del régimen venezolano. En el supuesto de que el poder de Maduro reside en los militares, se quiso amenazar y seducir a ese núcleo castrense para que desertara o, en el mejor de los casos, concurriera en un golpe de Estado con miras a restaurar la democracia venezolana. Como veremos, la falla del plan Guaidó reside, precisamente, en una desorientación teórica. La corriente intelectual hasta ahora dominante, en la que se intenta explicar los últimos años como una realidad pretoriana del poder y la política venezolana, se ha equivocado al señalar el motor del autoritarismo chavista: no fue la bota militar la que menoscabó la democracia venezolana, sino el aparato ideológico civil que preparó el fin de unas fuerzas armadas profesionales y debilitó a una sociedad con aspiraciones democráticas. El hecho de que se dote a la fanb de equipo moderno lleva a algunos a pensar que el poder militar es el actor más influyente en la coalición gobernante. No obstante, esto es una confusión. En los hechos se ha utilizado una parte de la estructura de las fuerzas armadas para descomponer a la propia institución militar. Y se lleva a cabo una política de persecución y castigos internos. El verdadero poder es civil y reside en el psuv. No haber comprendido todo lo anterior, al haberse estancado en un debate teórico inerte sobre el pretorianismo en la política venezolana, ha llevado a la desorientación a actores políticos venezolanos y extranjeros que intentan poner fin al régimen de Maduro.
Control civil y expectativas frustradas
Durante casi todo el primer semestre de 2019, la discusión sobre la cuestión venezolana estuvo marcada por el debate en medios de comunicación y redes sociales acerca de la posibilidad de una intervención militar con fines humanitarios. Frecuentemente, este debate se centraba más en la deseabilidad de una operación de esa envergadura, que en sus posibilidades técnicas y políticas. La tradicional y mayoritaria animosidad latinoamericana a un reforzamiento de la presencia militar estadounidense en la región se tornó en aversión cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en 2017 que, en el caso de Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa”. Esta posición de ambigüedad estratégica, junto con el aumento del número de sanciones a individuos, la imposición de sanciones a la industria petrolera venezolana y el reconocimiento de Guaidó como Presidente encargado, constituyeron el eje de la diplomacia coercitiva contra el régimen de Maduro. El 24 de febrero de 2019, la posición estadounidense se reforzó en Bogotá, cuando Mike Pence, Iván Duque y el mismo Guaidó se abstuvieron de acompañar el comunicado del Grupo de Lima sobre el rechazo a cualquier forma militarizada de intervención en la región. La consigna de oponer una amenaza creíble estaba en marcha. No obstante, las evidencias apuntaban en otra dirección. A pesar de las limitadas capacidades ofensivas convencionales de Venezuela, sus sistemas de intercepción aérea podrían ser los mejores de Latinoamérica. La transferencia de tecnología militar rusa en la forma de aviones de combate y sistemas de defensa tierra-aire se ha completado con capacidades de rastreo del espacio aéreo con nuevos radares chinos. Más allá de los temibles equipos diseñados para el combate contra las fuerzas y la tecnología propias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire son una pesadilla potencial para los gobiernos y los ejércitos estadounidenses, colombianos y brasileños. Expertos en defensa han destacado la posibilidad de una difusión de este armamento entre grupos insurgentes y del crimen organizado, lo que pondría en jaque la seguridad de la región. Así, la defensa venezolana es una combinación de doctrina convencional, con disuasión, basada en la posibilidad de colapso y diseminación de armamento moderno en manos de fuerzas trasnacionales. La posibilidad del caos disuade a cualquier potencia de intervenir directamente en Venezuela. De allí que los debates sobre la deseabilidad de una acción humanitaria con ejercicio de fuerza no sean tan importantes como el de su viabilidad política. Ante esta realidad, se plantearon hipótesis sobre las verdaderas intenciones de la presión externa, con la idea de quebrar la coalición gobernante de esa unidad cívico-militar chavista. Informes periodísticos, preparados con testimonios de exfuncionarios del contradictorio gobierno de Trump, daban cuenta de lo acertada de aquellas hipótesis: el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos habría discutido si instigaba un golpe de Estado en Venezuela. El pretorianismo venezolano y la historia golpista del país alentaban esa estrategia. El resultado esperado sería una transición de bajo costo político para Washington, estabilizaría en el corto plazo a Venezuela y liberaría de presiones humanitarias y militares a Brasil y a Colombia. Con este objetivo, se ampliaron y endurecieron las sanciones a civiles y militares chavistas, y al mismo tiempo, se enviaron mensajes directos e indirectos a los militares venezolanos en la forma de promesas de amnistía que no ampararían a los civiles chavistas, y se evadió por largo tiempo la aplicación de sanciones a prominentes figuras militares activas o en retiro, como Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, Vicepresidente del psuv. La operación planteada generó grandes esperanzas de cambio. El 23 de febrero de 2019, en la frontera con Colombia, se incrementaron las expectativas cuando militares venezolanos comenzaron a desertar, y esa misma tarde, un pequeño grupo de ellos reconoció como comandante en jefe a Guaidó. Sin embargo, acciones simbólicas como esa de Cúcuta, así como la estrategia en su conjunto, han sido una frustración para sus diseñadores y para la mayoría de los venezolanos. El problema que detectamos está en el diagnóstico previo a la estrategia, es decir, en el anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano. El chavismo civil ha desarrollado formidables capacidades de control sobre las fuerzas armadas venezolanas, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano. La cooperación autoritaria entre Cuba y Venezuela es una pieza central de la resiliencia del régimen venezolano, en tanto que, como ha sido documentado, La Habana ha transferido capacidades de inteligencia y contrainteligencia a Caracas, con las fuerzas armadas como uno de los principales objetivos. Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando militar y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las cifras de prisioneros políticos en Venezuela arroja un creciente número de militares en los últimos años. Así, el plan de dar un golpe de Estado para destituir a Maduro requeriría una operación militar muy complicada. En términos de despliegue y objetivos, un golpe podría tener un grado equivalente de complejidad político-militar que la ocupación de un país extranjero, con la diferencia de que el país ocupado es el propio. Esta complejidad operativa solo se alcanza por medio de mandos unificados que cuenten con una importante autonomía con respecto a los civiles, y no es el caso de las fuerzas armadas venezolanas, que han sido larga y duramente intervenidas por el partido de gobierno con el fin de evitar rebeliones militares. La cooptación del Estado bajo el chavismo se ha visto, sobre todo, en el manejo de la industria petrolera, proeza política que se consolidó a partir de 2004. La importancia del petróleo en Venezuela ha hecho que la cooptación de las fuerzas armadas haya pasado parcialmente desapercibida. A raíz de los sucesos de abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto momentáneamente por una conjura en el antiguo alto mando militar, el chavismo activó mecanismos para evitar golpes. Allí entró la asistencia cubana junto con un proceso de progresiva desprofesionalización militar. El partido cooptó a los militares y las fuerzas armadas incorporaron la ideología del gobierno, y adoptaron posteriormente el inconstitucional nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los lemas del psuv. Diecisiete años de intervención rindieron sus frutos el 30 de abril de 2019. Esa mañana, Guaidó y el hasta entonces Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el general Manuel Cristopher Figuera, aparecieron junto al liberado líder opositor Leopoldo López, llamando al levantamiento militar. Con el paso de las horas el movimiento se frustró de forma incruenta, al quedar de manifiesto que la fanb no actuaría coordinadamente contra Maduro. Ello puso en evidencia que el anquilosamiento teórico ha tenido graves consecuencias políticas y demanda una revisión que permita entender la confusa situación venezolana.
Los límites del militarismo venezolano
La fuerza civil del chavismo-madurato consiste en la consolidación férrea de un aparato ideológico y propagandístico que cuenta con la poderosa maquinaria de un partido hegemónico como el psuv. Este partido ha cooptado al aparato militar del Estado, al tiempo que en su dirección nacional la presencia de civiles es abrumadoramente mayor que la de los militares activos y retirados. Apenas un puñado de militares históricos vinculados al intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 forma parte de esta dirección. Otro elemento significativo, inherente a esta dinámica de poder civil sobre el militar, es la histórica cuota ―única en los anales de la República― de unos 211 militares imputados por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión o contra el decoro militar ―cifra actualizada a diciembre de 2019—. Tampoco pasa desapercibido el hecho de que dos oficiales históricos del más alto prestigio durante el chavismo temprano, miembros del selecto círculo de los generales del 4f, cofrades de la rebelión militar originaria de Chávez, hayan quedado sometidos a un cruento presidio. En efecto, para los generales Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres se construyó un calabozo especial, con intimidantes medidas de seguridad y aislamiento. Después, le siguió la orden de transferir a 321 433 fusiles de las fanb a la Milicia Bolivariana, brazo armado civil del psuv, lo que deja en claro que el poder en Venezuela no está tomando la forma de un Estado de guarnición, sino el de un “Estado comunal”, cada vez más cercano a la doctrina del partido de gobierno. Estos hechos conforman dos elementos: el lanzamiento de un mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que la revolución es comandada por fuerzas civiles, y que ya no temen la injerencia militar sobre sus cuotas de poder ni el mando en Venezuela. El segundo elemento, fundamental en la lógica del poder del chavismo, es que la inteligencia civil, vista como interferencia, información, ideologización y propaganda, pudo resquebrajar la estructura formal militar de las fuerzas armadas venezolanas basándose en la fragmentación de los mandos operacionales, la incomunicación de los diferentes componentes de la fuerza y la anulación, por ende, de su poder de fuego coordinado ante levantamientos y golpes de Estado. Así, debe quedar atrás el análisis histórico-político tradicional de las relaciones civiles y militares que sostiene, todavía, una tesis pretoriana sobre el poder civil en Venezuela. Los tiempos presentes obligan a considerar la crisis venezolana, tanto para actores nacionales como extranjeros, desde el prisma renovado de un autoritarismo civil, policiaco y no militar, con fuerza en la ideología, la propaganda y el control social estructural. Asimismo, el equipamiento militar de la fanb y la expresión de ese poderío no deben ser confundidos con la existencia de una intervención castrense profesional y sistemática en el sistema político venezolano. La adquisición de equipamiento militar ofensivo y defensivo de China y Rusia, diestramente instrumentalizado por el chavismo bajo el madurato para propaganda e intimidación interna y externa, no es la manifestación política de unas fuerzas armadas profesionales en el gobierno. El nuevo papel de los militares en Venezuela es obedecer a ese poderío expresado en el psuv, para esperar el reparto de prebendas a los leales y responder oportunamente a cualquier amenaza interna o externa a la soberanía de la revolución. Tanto Guaidó como sus acompañantes y aliados internacionales deben comprender ese nuevo razonamiento de la fanb, guardiana del psuv.
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Fuente:
Cfr.
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Víctor Mijares
domingo, 26 de abril de 2020
A LA INTEMPERIE
Fraccion 16-J y Vente Venezuela condenan el allanamiento de la USB
Redacción OyN
El ciudadano rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, como el presidente de su Asociación de Profesores, William Anseume, denunciaron recientemente el allanamiento de la sede de Sartenejas por las fuerzas represivas del Estado. Al respecto, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio y la dirección nacional de Vente Venezuela, rechazaron y condenaron los hechos.
A través de las redes sociales, el diputado Luis Barragán, vocero en la materia de la citada agrupación parlamentaria y de la dirección partidista expresó que el “estado de alarma decretado por la usurpación para sí, porque no hay instancia parlamentaria que lo dirima de acuerdo a la Constitución, no constituye pretexto alguno para la violación del recinto y de la autonomía universitaria”.
Igualmente, precisó: “De haberse justificado el tránsito mismo por las instalaciones de la sede de Sartenejas de los elementos militares y policiales que provenían de Fuerte Tiuna por esos espacios cerrados, bastaba con comunicarse con las autoridades universitarias, algo que evidentemente no hicieron, levantando las naturales suspicacias ante una incursión fuertemente armada en las instalaciones desoladas bajo la debida vigilancia de un personal usebista”.
“Ni en tiempos de pandemia, respetan a la universidad que, por cierto, tiene los profesionales y cursantes necesarios e idóneos para ayudar a superar la coyuntura impuesta por un huésped tan peligroso como el coronavirus que le compite al propio régimen respecto a sus consecuencias.
El diputado Barragán, quien también ha participado en dos intenso debates virtuales promovidos por la juventud de Vente Venezuela en Monagas y Portuguesa, recordó que Aula Abierta, expresión de sociedad civil organizada, ha planteado un proyecto de Ley Orgánica de Educación que “amerita de la inmediata atención no sólo del sector universitario, sino de la misma Asamblea Nacional que ha de dar respuestas concretas e inmediatas al problema universitario que no desparecerá
16/04/2020:
Sobre allanamiento de la USB: Ni en tiempos de pandemia, respetan a la universidad
Redacción ND.
El diputado Luis Barragán (Vente–Aragua) sostuvo este jueves que en nombre de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio y la dirección nacional de Vente Venezuela, rechazaron y condenaron el allanamiento a la Universidad Simón Bolívar por parte de “fuerzas represivas” de Nicolás Maduro.
El ciudadano rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, como el presidente de su Asociación de Profesores, William Anseume, denunciaron recientemente el allanamiento de la sede de Sartenejas por las “fuerzas represivas” del Estado.
A través de las redes sociales, el diputado Barragán expresó que el “estado de alarma decretado por la usurpación para sí, porque no hay instancia parlamentaria que lo dirima de acuerdo a la Constitución, no constituye pretexto alguno para la violación del recinto y de la autonomía universitaria”.
Igualmente, precisó que “de haberse justificado el tránsito mismo por las instalaciones de la sede de Sartenejas de los elementos militares y policiales que provenían de Fuerte Tiuna por esos espacios cerrados, bastaba con comunicarse con las autoridades universitarias, algo que evidentemente no hicieron, levantando las naturales suspicacias ante una incursión fuertemente armada en las instalaciones desoladas bajo la debida vigilancia de un personal usebista”.
“Ni en tiempos de pandemia, respetan a la universidad que, por cierto, tiene los profesionales y cursantes necesarios e idóneos para ayudar a superar la coyuntura impuesta por un huésped tan peligroso como el coronavirus que le compite al propio régimen respecto a sus consecuencias”.
El diputado Barragán recordó que Aula Abierta, expresión de sociedad civil organizada, ha planteado un proyecto de Ley Orgánica de Educación que “amerita de la inmediata atención no sólo del sector universitario, sino de la misma Asamblea Nacional que ha de dar respuestas concretas e inmediatas al problema universitario que no desparecerá con la pandemia”.
16/04/2020
El hampa común ejerce el control social que le conviene al régimen
El parlamentario asegura que ‘‘todo indica que lo aconsejable es volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la vigente ley de 2014’’
(Caracas. 21/04/20) Este martes, durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN), el diputado y miembro de la Fracción 16 de Julio, Luis Barragán, rechazó y condenó la consecutiva violación al recinto estudiantil y a la autonomía de la Universidad Simón Bolívar por las fuerzas del régimen de Maduro,‘‘a la violación directa de la autonomía, se le suma otra indirecta, gracias al hampa común que intenta ejercer una suerte de control social que ha sido conveniente al régimen’’, lo indicó con referencia a los hechos vandálicos que vivió la Universidad de Oriente.
Asimismo, agregó que ‘‘todas las instituciones escolares de carácter público y privado, están a la intemperie de la delincuencia’’. Indicó que, colegios como el San José de Tarbes de El Paraíso, en Caracas, han sido objeto de hurtos consecutivos. De igual forma, señala que también se ha visto en riesgo la integridad del personal de las religiosas de avanzada edad que trabajan en la institución educativa.
‘‘Equipos electrónicos, materiales didácticos y hasta una lavadora, se han llevado los
Volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005
Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional, propuso que ‘‘la Comisión replanteé, considere y apruebe la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 para la debida y pronta remisión y sanción de la plenaria de la Asamblea Nacional, en sustitución de la que está actualmente en vigencia, derivada de una arbitraria habilitación presidencial de 2014’’.
A su juicio, ha habido un proceso de desconstitucionalización de la normativa castrense que, incluso, ha desembocado en la reciente decisión de la espuria constituyente sobre una ley constitucional.
El parlamentario también apuntó que ‘‘el último instrumento legítimamente aprobado por el parlamento fue en 2005, con la presencia de la oposición’’ y que, ‘‘para colmo’’, el ilegítimo aparato constituyente del régimen pretende hacer de las milicias un componente de la Fuerza Armada que no está previsto en el artículo 328 de la Carta de 1999.
Para finalizar, Barragán resaltó que ‘‘todo indica que lo aconsejable es volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la vigente ley de 2014, tan injusta y unilateralmente emanada de Miraflores’’.
21/04/2020:
Fracción 16 de Julio planteó formalmente volver a la LOFAN de 2005
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional de la cual es parte, el diputado Luis Barragán planteó la necesidad y la posibilidad de volver a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), sancionada por el parlamento en 2005.
Señaló la actual vigencia de una ley habilitada en 2014, desconociendo la llamada ley constitucional de la FANB dictada por la “espuria constituyente” del régimen en el presente año. Aseguró que ambas forman parte de un “proceso de desconstitucionalización” de la legislación militar que explica al régimen.
“En el presente siglo, ha sido accidentada la historia legislativa en materia militar. El último instrumento legítimamente aprobado por el parlamento fue en 2005, con la presencia de la oposición. Luego, Chávez y Maduro sacaron ventaja de las habilitaciones presidenciales que lograron, confrontando a la propia opinión pública, para dictar sendas leyes que tergiversaron y violaron expresas normas constitucionales. Y para colmo, el ilegítimo aparato constituyente del régimen pretende hacer de las milicias un componente de la Fuerza Armada que no está previsto en el artículo 328 de la Carta de 1999”.
Adujo el diputado Barragán que el instrumento legal de 2005 ben orientará el esfuerzo para la etapa inicial de la transición democrática..
“Compartimos la necesidad de profundizar y adoptar una distinta Ley Orgánica de la FAN que, en definitiva, significa un esfuerzo necesario de constitucionalizar la materia, entendiendo que la Comisión la ha trabajado por estos años, pero aceptemos que su versión definitiva dependerá del propio avance del proceso de transición democrática. Todo indica que lo aconsejable a los fines de iniciar dicho proceso, sea volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la vigente ley de 2014, tan injusta y unilateralmente emanada de Miraflores”.
22/04/2020:
Cfr.
Intervención LB en la sesión virtual AN, 21/04/2020:
Breve nota LB: Juzgamos importante el pronunciamiento sobre Sartenejas, como el planteamiento hecho a la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional. Incurrimos en un error que no afectó en modo alguno el fondo del asunto, pues, hubo una pequea modificación hacia 2015 de la LOFAN; observación que, en comunicación privada, tuvo la amabilidad de hacer el diputado Eliézer Sirit, quien preside dicha Comisión. El acta correspondiente, refleja uno de los tres planteamientos que hicimos en la sesión virtual de los comisionados. Ahora bien, generamos la nota para Comunicaciones de Vene Venezuela con el objetivo de apreciar la relevancia que le daría a un tema que resultó el de la universidad, y cómo deglosaría la nota. Publicada en el portal noticioso del partimos, creímos conveniente reforzarla al remitirla a Opinión y Noticias, como a la Patilla. Vale decir, probamos un poco la atención y el tratamiento que se le daría, partiendo de la versión cruda originalmente remitida:
LOFAN
-
Proponemos que la Comisión replanteé,
considere y apruebe la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 para
la debida y pronta remisión y sanción de la plenaria de la Asamblea Nacional,
en sustitución de la que está actualmente en vigencia, derivada de una
arbitraria habilitación presidencial de 2014. Ha habido un proceso de
desconstitucionalización de la normativa castrense que, incluso, ha desembocado
en la reciente decisión de la espuria constituyente sobre una ley
constitucional que, por una parte, violenta la normativa constitucional,
adoptando – por cierto – una nomenclatura ajena a nuestra tradición jurídica;
y, por la otra, todavía la opinión pública no conoce, faltando al más elemental
principio de publicidad.
-
En el presente siglo, ha sido accidentada la
historia legislativa en materia militar. El último instrumento legítimamente
aprobado por el parlamento fue en 2005, con la presencia de la oposición.
Luego, Chávez y Maduro sacaron ventaja de
las habilitaciones presidenciales que lograron, confrontando a la propia
opinión pública, para dictar sendas leyes que tergiversaron y violaron expresas
normas constitucionales. Y para colmo, el ilegítimo aparato constituyente del
régimen pretende hacer de las milicias un componente de la Fuerza Armada que no
está previsto en el artículo 328 de la Carta de 1999.
-
Compartimos la necesidad de profundizar y
adoptar una distinta Ley Orgánica de la FAN que, en definitiva, significa un
esfuerzo necesario de constitucionalizar la materia, entendiendo que la
Comisión la ha trabajado por estos años, pero aceptemos que su versión
definitiva dependerá del propio avance del proceso de transición democrática.
Todo indica que lo aconsejable a los fines de iniciar dicho proceso, sea volver
a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la vigente ley de 2014,
tan injusta y unilateralmente emanada de Miraflores.
VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
-
La
Fracción Parlaentaria 16 de Julio rechaza y condena la consecutiva violación
del recinto y – propiamente – la autonomía de la Universidad Simón Bolívar, por
las fuerzas represivas del Estado, denunciada por el señor rector y el
liderazgo profesoral de esa casa de estudios. En el supuesto que tale grupos
fuertemente armados necesitaran transitar las desoladas instalaciones de
Sartenejas, debieron previamente comunicarse con las autoridades universitarias
no sólo para obtener su consentimiento,
sino la información y comprensión de alguna y presunta situación extraordinaria que atravesara la
institución, algo que tampoco ocurrió.
-
Los hechos guardan correspondencia con los ya
sistemáticos actos vandálicos que ha padecido la Universidad de Oriente, por
ejemplo. Entonces, a la violación directa de la autonomía, se suma otra
indirecta, gracias al hampa común que intenta ejercer una suerte de control
social que ha sido conveniente al régimen.
- Agreguemos
otra circunstancia: todas las instituciones escolares de carácter público y
privado, están a la intemperie de la delincuencia. Por ejemplo, el Colegio San
José de Tarbes de El Paraíso, en Caracas, ha sido objeto de hurtos consecutivos
y también se eme por la integridad personal de las religiosas de avanzada edad
que residen en la sede colegial. Equipos electrónicos, materiales didácticos y
hasta una lavadora, se han llevado los ladrones. Es necesario detener a tiempo
la situación, porque – de contrario – el día que concluyamos la cuarentena,
encontramos a un país completamente desvalijado.
jueves, 9 de abril de 2020
CONTINUA DESCONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LOFAN
Luis Alberto Buttó enfatiza que el gobierno aceita la identificación castrense con el proyecto político que circunstancialmente gobierna el país
Agencias / Maracaibo / diariolaverdadweb@gmail.com
El 29 de enero, el gobierno concretó, a través de la asamblea constituyente, el anuncio de Nicolás Maduro de una nueva norma militar: la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), la quinta reforma de la estructura castrense desde 2003.
Y el constituyente Francisco Ameliach confirmó que la milicia fue insertada "como un componente de la Fuerza Armada de carácter especial"
Del texto de la ley no se han conocido detalles más allá de la legalización de la milicia, cuya incorporación a la institución fue rechazada por el pueblo en el referido constitucional del dos de diciembre de 2007.
"La constituyente fue creada para que el gobierno justificar cualquier arbitrariedad. Y esto se cumple con esta nueva ley de la FAN que no puede llamarse constitucional porque, jurídicamente, todas las leyes deben ajustarse a los principios y valores de la Carta Magna.
Lo que si procede es que una vez que se promulga la Constitución, tras un referéndum, se aprueban leyes que se adecuan al texto", enfatizó el constitucionalista Juan Carlos Apitz.
El jurista recordó además que las bases comiciales constituyente de 2017 remiten al mismo Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999, según el cual su única función es producir una nueva Constitución. De allí que Apitz puntualizó que cualquier otra cosa es un invento, una vía para disfrazar intenciones políticas.
"Llama la atención que la ANC para dictar una Ley Constitucional invoque los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución más no su Estatuto de Funcionamiento", advirtió Apitz.
Buttó llamó la atención, además, sobre el hecho de que la modificación de la estructura castrense, encargada de la integridad territorial, se haya forzado fuera del Poder Legislativo sin un debate nacional y sin modificar los artículos de la Constitución.
Refirió que la institución armada ha pasado desde el expresidente Hugo Chávez hasta Maduro por tres grandes procesos: adiestramiento, modernización y transformación. Este último ha implicado la transformación de la FAN para convertirla en una institución al servicio de una parcialidad, lo cual es contrario a la esencia profesional prevista en el artículo 328 de la Constitución.
"La imposición de la milicia no es una innovación. En la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan) de 2003 se incluyó a la milicia territorial, en la de 2005, convirtieron a los teatros de operaciones los convirtieron en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) que une al componente operativo con lo cívico militar. Asimismo, en 2009, se rompió totalmente la institucionalidad de la FAN con toda la estructura de la milicia, y, en 2014, se resumió la nueva doctrina.
Luis Alberto Buttó enfatiza que el gobierno aceita la identificación castrense con el proyecto político que circunstancialmente gobierna el país. El nuevo instrumento consolida el viraje castrense advierte el vicealmirante Jesús Briceño García. Y el constituyente Francisco Ameliach confirmó que la milicia fue insertada "como un componente de la Fuerza Armada de carácter especial"
El 29 de enero, el gobierno concretó, a través de la asamblea constituyente, el anuncio de Nicolás Maduro de una nueva norma militar: la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), la quinta reforma de la estructura castrense desde 2003. Del texto de la ley no se han conocido detalles más allá de la legalización de la milicia, cuya incorporación a la institución fue rechazada por el pueblo en el referido constitucional del dos de diciembre de 2007.
"La constituyente fue creada para que el gobierno justificar cualquier arbitrariedad. Y esto se cumple con esta nueva ley de la FAN que no puede llamarse constitucional porque, jurídicamente, todas las leyes deben ajustarse a los principios y valores de la Carta Magna. Lo que si procede es que una vez que se promulga la Constitución, tras un referéndum, se aprueban leyes que se adecuan al texto", enfatizó el constitucionalista Juan Carlos Apitz.
El jurista recordó además que las bases comiciales constituyente de 2017 remiten al mismo Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999, según el cual su única función es producir una nueva Constitución. De allí que Apitz puntualizó que cualquier otra cosa es un invento, una vía para disfrazar intenciones políticas.
"Llama la atención que la ANC para dictar una Ley Constitucional invoque los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución más no su Estatuto de Funcionamiento", advirtió Apitz.
El abogado añadió que la constituyente dictó las “normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la ANC en armonía con los poderes públicos constituidos” en Gaceta Oficial No. 6323 Extraordinaria del 8 de agosto de 2017 con las cuales justificarían las “leyes constitucionales”.
Por su parte, Luis Alberto Buttó, analista militar, sostuvo que enfatizó que la ANC se extralimitó en sus funciones, cuando la producción de leyes corresponde a la Asamblea Nacional (AN). En ese sentido, dijo que el objetivo claro es "aceitar la identificación castrense con el proyecto político que circunstancialmente gobierna el país".
Buttó llamó la atención, además, sobre el hecho de que la modificación de la estructura castrense, encargada de la integridad territorial, se haya forzado fuera del Poder Legislativo sin un debate nacional y sin modificar los artículos de la Constitución.
Colombia en "alerta máxima"
Refirió que la institución armada ha pasado desde el expresidente Hugo Chávez hasta Maduro por tres grandes procesos: adiestramiento, modernización y transformación. Este último ha implicado la transformación de la FAN para convertirla en una institución al servicio de una parcialidad, lo cual es contrario a la esencia profesional prevista en el artículo 328 de la Constitución.
"La imposición de la milicia no es una innovación. En la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan) de 2003 se incluyó a la milicia territorial, en la de 2005, convirtieron a los teatros de operaciones los convirtieron en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) que une al componente operativo con lo cívico militar. Asimismo, en 2009, se rompió totalmente la institucionalidad de la FAN con toda la estructura de la milicia, y, en 2014, se resumió la nueva doctrina bolivariana", explicó el vicealmirante Jesús Briceño García.
Briceño García, excomandante de la Armada y presidente de la comisión especial para la reinstitucionalización de la FAN, calificó a la nueva ley como una aberración. Destacó que, al mismo tiempo, es "una mampara para la milicia". Señaló que la propuesta trabajada desde la AN, elimina a la milicia debido a su inconstitucionalidad porque implica consolidar el peso político que se ha otorgado al sector castrense, al incorporar a los cuarteles a individuos con una línea ideológica servil al chavismo, bajo el acomodaticio concepto de la unión cívico militar.
Orden cumplida
El constituyente Francisco Ameliach (militar retirado) dijo que fue acatada la orden de Maduro sobre la aprobación de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada y dio unas píldoras sobre la norma.
"La Ley de la FAN tiene 3 ejes fundamentales: 1) sus bases ideológicas - doctrinales; 2) el fortalecimiento del empleo conjunto de sus componentes; 3) organización popular para la defensa", indicó Francisco Ameliach.
Durante su presentación ante la constituyente, Ameliach esgrimió que a la ley vigente le faltaba "el pueblo apoyado por la Fuerza Armada y no al revés. Y en esta ley se incluye a la milicia como un componente de la Fuerza Armada de carácter especial".trina bolivariana", explicó el vicealmirante Jesús Briceño García.
Además, Ameliach dijo que en la nueva legislación se fortalece el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanm), como parte del sistema de defensa territorial, así como el aspecto ideológico. En el primer artículo, se declara a la FAN como "bolivariana, antiimperialista y antioligárquica".
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseveró que el pueblo fue quien aprobó los cambios en la institucional armada. "Ante las agresiones imperiales, allí está la respuesta del pueblo, aprobando los cambios que definitivamente necesitaba la FAN para seguir abriéndose paso en estos tiempos históricos de independencia y defensa de nuestra dignidad nacional", arguyó.
"Ante las agresiones imperiales, allí está la respuesta del pueblo, aprobando los cambios que definitivamente necesitaba la #FANB para seguir abriéndose paso en estos tiempos históricos de independencia y defensa de nuestra dignidad nacional", aseveró el GJ @vladimirpadrino. pic.twitter.com/p3bAQh1FfQ
— Prensa FANB (@FanbPrensa) January 29, 2020
Pese a que la FAN ni la constituyente no han informado detalles sobre la consulta de la nueva ley, ni los debates que habrían realizado, el titular castrense afirmó: "Agradezco todos los conceptos emitidos en torno a la FAN, lo cual deja ver el nivel de claridad histórica que tiene nuestro pueblo representado en esa plenipotenciaria asamblea constituyente".
El diputado Luis Barragán (Fracción 16 de julio), quien analiza el desempeño de la FAN, advirtió que avanza, a pasos agigantados, el proyecto revolucionario para emparejar a la institución armada con su homóloga cubana.
"Estas modificaciones en la Fuerza Armada se han han hecho sin debate, con lo cual se confirma que la constituyente es una suerte de congreso permanente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La historia de la Lofan refleja la desconstitucionalización del sector castrense", esgrimió el diputado Luis Barragán.
Para Barragán, se afianza el Estado Cuartel implantado, a la fuerza, por Chávez. "Fruto de un masivo e impúdico fraude electoral, a la tal constituyente se le ha ocurrido una nomenclatura extraña para incurrir en una nueva estafa: so pretexto de otra constitución, sólo ha aspirado a darle soporte por más de dos largos años a la dictadura, lesionando severamente a la institución castrense con las milicias como un componente especial que afectará su estructura, organización y financiamiento dándole otra perspectiva al monopolio lícito de la fuerza en un Estado definitivamente desnaturalizado y confundido con el partido que lo controla, desfigurándolo", afirma.
01/02/2020:
LA CUARENTENA COMO EXCESO, MÁS ALLÁ DE SU PERTINENCIA
Exhortan a la FAN a acatar órdenes de control, pero sin caer en arbitrariedades
Sofía Nederr
El general retirado Gonzalo García Ordóñez y el analista José Alberto Olivar indican que, hasta ahora, la mayoría de la FAN ha cumplido las órdenes de control dentro de la emergencia por el Covid-19, sin excesos , aunque hayan sido denunciados algunos casos por ciudadanos y periodistas. Creen que el lema debe ser no ahogar a la población venezolana. Por su parte, Acceso a la Justicia señala que el país debe leer y conocer las limitaciones del estado de alarma, publicado este marters 17 de marzo
La Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene una función protagónica en medio de la cuarentena social que vive el país por el covid-19, pero la institución está llamada a acatar órdenes sin caer en arbitrariedades, enfatizan analistas castrenses. Los dos primeros días de la cuarentena, lunes 16 y martes 17 de marzo, algunos periodistas y ciudadanos denunciaron limitaciones arbitrarias para la movilización en las vías y atropellos.
Sin embargo, el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada (Cufan), y el profesor José Alberto Olivar enfatizan que, hasta ahora, se trata de casos aislados, y no del grueso de la FAN.
Espacio Público
✔@espaciopublico
#DenunciaEP | Un efectivo de la GNB impidió el paso a la reportera de @TVVnoticias y @vivoplaynet, @mdebarrosf, quien intentó trasladarse vía Panamericana hacia Caracas
De Barros mostró su carnet de prensa y recibió como respuesta: "¡Usted no está exceptuada de la medida! #16mar https://twitter.com/mdebarrosf/status/1239565004623482881 …
Mariana De Barros
@mdebarrosf
3 horas en cola en la Panamericana y no me dejaron pasar a Caracas a trabajar. Mostré mi carnet y el video del ministro Padrino López, donde exceptúa a los medios de la cuarentena, y la respuesta de un GNB fue: usted no está exceptuada de la medida, devuélvase.
«A la FAN le impartieron una orden de control de circulación urbana y extraurbana de personas y transporte.La orden no es ilegal, pero debe cumplirla dentro del marco de la declaratoria de emergencia, de la alarma por razones de seguridad sanitaria. Cómo desarrolla y cumple las órdenes es otra cosa. Los miembros de la FAN deben evitar los excesos, al mismo tiempo, que se protegen ellos de una posible contaminación», indicó el general Gonzalo García Ordóñez.
Sobre las medidas de precaución de la FAN en medio del Covid-19, fuentes militares indicaron que aunque se ha surtido de tapabocas a las unidades desplegadas en Caracas, no hay garantías de que pueda proveerse de este implemento a todas las unidades del interior.
El general retirado Gonzalo García Ordóñez sostuvo que un despliegue por componentes de la FAN «no debe ahogar a la población» para que no se considere sometida. «Evaluar la psicología colectiva es importante. Creo que allí vienen las quejas», acotó.
Asimismo, el militar, quien fue jefe del Cufan, refirió que su lema y doctrina en las operaciones no militares era que «la mejor seguridad es la que no se ve, no se siente, pero está allí para cuando se le necesita».
Improvisación
Por su parte, el analista José Alberto Olivar dijo que, hasta ahora, la FAN se limita a ejercer las funciones que ameritan la emergencia y la cuarentena del país: Coordinación, y control de los cuerpos policiales y de protección civil. «Solo se han reportado algunos excesos que limitan labores periodísticas, pero no situaciones generalizadas contra el resto de los derechos humanos».
Olivar, sin embargo, identificó improvisación en algunas de las actuaciones de la FAN y el protagonismo de algunas figuras del Alto Mando militar.
«En todo caso, lo que ha prevalecido es una sobreactuación de los militares en lugar de los profesionales de la salud, a quienes les correspondería, por razones obvias, el manejo de los aspectos comunicacionales y de decisión, en conjunto con los órganos de gobierno», señaló.
Asimismo, José Alberto Olivar refirió que, en la tragedia de Vargas de 1999, la Fuerza Armada Nacional asumió un rol supra institucional para asegurar el orden público, y la instrumentación de las operaciones.
«Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de 2002, se reafirmó el control de los militares sobre los civiles en situaciones de emergencia decretadas por el Estado. Esa forma no ha variado mucho, lo diferente es el acento político, que, en la actual coyuntura, se le quiere imprimir», añadió.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, puntualizó que el país debe leer y conocer el alcance del decreto de alarma, publicado en Gaceta Oficial este martes 17 de marzo. «Los ciudadanos deben estar al tanto de las limitaciones del decreto de estado de alarma para, de esa forma, combatir las arbitrariedades en su cumplimiento», señaló.
El diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) cree que debe orientarse a la ciudadanía en torno a las situaciones graves no es un aspecto de la órbita militar. “El solo hecho de la cuarentena en la sociedad es un exceso que impide movilizarse. Incluso algunos parlamentarios quedaron varados en Caracas”, expresó.
Agregó que el decreto de alarma en la Asamblea Nacional (AN). Esto, señaló Barragán, es una situación institucional irregular.
17/03/2020:
Fotografía: LB y José Alberto Olivar, Unimet (Caracas, 2017).
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