PROBLEMARIO DEL FRAUDE CONSTITUYENTE

EL PAÍS, Madrid, 23 de julio de 2017
Las claves de las elecciones que dividen a Venezuela
Ewald Scharfenberg

El Gobierno de Nicolás Maduro ha convocado a los venezolanos a las urnas el próximo domingo para elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que rechaza de plano la oposición y que el régimen chavista ve como una salida para restablecer el orden en el país, sumido desde hace tres meses en constantes protestas callejeras que han causado ya casi un centenar de muertos. ¿Qué se juega Maduro en estos comicios para designar a los diputados llamados a reescribir la ley fundamental y por qué son tan polémicos?

¿Para qué una Asamblea Constituyente?

Fue el propio presidente, amparado por el artículo 347 de la Constitución, quien convocó las elecciones el 1 de mayo. Precisó entonces que no quería una asamblea “de los partidos de élite”, sino “una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina”. Según Maduro, este proyecto representa la última posibilidad para “el diálogo profundo” en la sociedad y la paz en el país. La oposición denuncia que, tras el llamado, se oculta el propósito de establecer un nuevo marco normativo que permita al régimen deshacerse de los poderes públicos que hoy le estorban, como la Asamblea Nacional y la Fiscalía, aplazar las elecciones y dar un paso decisivo hacia un Estado autoritario.

¿Qué se elige el domingo 30 de julio?

Los venezolanos elegirán a 545 diputados. De ellos, 364 serán representantes territoriales y 173 del denominado “ámbito sectorial” —24 por los estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; otros tantos por las personas con discapacidad; 28 de los pensionistas, 24 de los consejos comunales y 79 de sindicatos y gremios— y 8 de las comunidades aborígenes.

¿Quiénes se postulan?

De algo más de 50.000 personas que se presentaron por su cuenta propia o bajo los auspicios de grupos de electores, el organismo electoral aprobó casi 6.000 candidatos. Las condiciones fijadas para los comicios prohibieron candidaturas desde los partidos políticos, una estratagema del Gobierno para evitar que el voto refleje un rechazo a su gestión. Sin embargo, la mayoría de los candidatos son miembros del partido del Gobierno y aliados, o al menos simpatizantes. Numerosos ministros y figuras públicas cercanas al régimen han renunciado a sus cargos para ser aspirantes a la Constituyente. No se ha registrado ningún candidato, en cambio, cuyas propuestas sean contrarias a las premisas del Gobierno.

Si, como dice la oposición, el Gobierno es minoría y por eso ha evitado las convocatorias a referendo revocatorio y a elecciones regionales, ¿por qué se anima a organizar unas elecciones?

Por el diseño sectario y a la medida de los comicios, establecido en las llamadas “bases comiciales” que el presidente Maduro, como convocante de la Asamblea Constituyente, redactó y publicó mediante un decreto presidencial el 23 de mayo, y el organismo electoral aceptó como oficiales. En esas bases se desechan los circuitos electorales tradicionales y se adopta la paridad de un diputado “territorial” por municipio, sin importar la población de la circunscripción. Con ello, otorga una ventaja desproporcional a las zonas rurales, donde el oficialismo conserva cierto apoyo y tiene mayor poder para presionar a los electores. Así, por ejemplo, un voto en el estado de Falcón, una provincia semirrural del noroeste de Venezuela, “vale” 26 veces más que uno en Caracas, fuertemente antichavista. Además, la definición de los denominados “sectores” sigue unos criterios brumosos que, en todo caso, se alinean con los ámbitos de acción de las misiones sociales del Gobierno, cuando no se trata de agrupaciones abiertamente progubernamentales, como las comunas. La introducción del “ámbito sectorial” corporativo también conduce a que alrededor de 70% de los electores puedan votar por dos cargos, mientras uno de cada tres solo lo hará por uno.

Y si todavía así la oposición pudiera ganarlas, ¿por qué no participa en las elecciones?

Aparte de su renuencia a legitimar un recurso que representa una huida hacia adelante del régimen, la oposición cuestiona la negativa de Maduro para someter a referendo popular el llamado a escribir una nueva Constitución. En 1999, el propio comandante Hugo Chávez convocó a un referendo, que ganó, antes de reunir la asamblea. Es una objeción que comparte el ala “crítica” del chavismo, que por primera vez se pronuncia en público contra lo que considera un intento de la cúpula madurista por conservar el poder en desmedro de la Constitución original “de Chávez”. Ante los señalamientos, Maduro ha respondido asegurando que el propósito de la iniciativa es perfeccionar la Constitución de 1999, que el propio comandante revolucionario auspició. También ha prometido que el texto constitucional que resulte de la asamblea será sometido a un referendo aprobatorio.

Si el Gobierno no tiene adversarios en las elecciones, ¿son relevantes los resultados del domingo?

Sí. Una asistencia a las urnas menor al 25% del padrón electoral (con un total de 19 millones de votantes) o menor a los 7,5 millones de participantes que la oposición dice haber convocado para su consulta popular oficiosa del 16 de julio, representaría un revés político para el Gobierno y restaría legitimidad a la Asamblea. Por eso el oficialismo pone todos sus recursos en asegurarse que haya votantes ese día. Presiona a los empleados públicos y promete controlar, mediante el llamado “Carnet de la Patria”, la asistencia de los beneficiarios de sus programas sociales a los centros de votación. Además cuenta con la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que domina. El CNE recientemente aprobó que los electores que se sientan amenazados por la violencia opositora en sus centros de votación, podrán acudir a otras mesas; a la vez, hizo prácticamente imposible votar en blanco en el dispositivo electrónico.

Fuente:
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/22/actualidad/1500747648_226819.html
Ilustración: Claes Oldenburg / Fotografía: Tomada de la red.

LAS DE ACÁ, YA SON CUADRADAS

EL PAÍS, Madrid, 5 de marzo de 2016
COMIDA TÍPICA
Venezuela o Colombia: ¿cuál es el reino de las arepas?
¿Dónde se comen las más ricas? Enfrentamos a una colombiana y a un venezolano para descubrirlo
Una reina pepiada venezolana junto a una arepa paisa colombiana
Sally Palomino / Ewald Scharfenberg 

No vamos a discutir sobre el origen de la arepa. Diremos que su historia se remonta a la época de los indígenas que habitaban América, especialmente en los territorios en donde en la actualidad se ubican en el mapa Colombia y Venezuela. Nos atreveremos a decir que esos círculos de masa aplanchada hechas de maíz que los españoles miraban de reojo (y con un poco de desprecio) a su llegada al continente, pero que pronto incluyeron en su dieta, son una herencia que disfrutan ambas naciones. Y ahí terminó la paz: ¿dónde se comen las más ricas? ¿Son mejores las colombianas o las venezolanas? Ponemos frente a frente a dos corresponsales amantes de las arepas para que intenten convencernos.
Colombia
Sally Palomino, periodista colombiana de EL PAÍS, adicta a las arepas:
Lo que de verdad le preocupa a una colombiana adicta a las arepas como yo es convertirse en amiga de una venezolana. Sabemos que siempre ue coincidamos no solo nos van a preguntar por las telenovelas, por Hugo Chávez y Álvaro Uribe, o por Franco de Vita y Juanes. También saldrá el tema de las arepas. Mi amiga dirá que son venezolanas, describirá a la reina pepiada y me dejará sin defensa. Yo aceptaré que su origen es venezolano , pero buscaré la forma de demostrar que Colombia es el reino de la arepa. Tanto que hasta un monumento le levantaron."
Puede que Venezuela tenga las mejores arepas por su relleno, pero que su casa es Colombia. Y pienso demostrarlo con argumentos de peso.
    Sin añadidos: Los venezolanos y los colombianos podemos pasarnos horas recitando nombres y variedades de arepas. Según los rellenos, las regiones y quienes las cocinen. No entraré en ese debate. No me hace falta porque puedo jactarme de que las nuestras no necesitan adornos: con la arepa sin más ingredientes, sin rellenos, ya es deliciosa. Lo que parece un imposible para nuestros vecinos, en Colombia es nuestro pan de cada día. No necesitamos añadirles nada para que sean una delicia. Ahí radica su grandeza.
    Campeones en consumo: Según la agencia Raddar, que estudia los hábitos de consumo de los colombianos, en el último año la compra de arepas creció en un 17%. El mercado de este alimento representó 1.150 millones de dólares en 2015 para el país. En enero de este año, los colombianos gastaron 111 millones en arepas.
    La más grande del mundo: En octubre de 2014, los colombianos elaboramos un ejemplar de siete metros y cuatro centímetros de diámetro y un espesor de 15 milímetros. La hazaña espera entrar en el libro Guinness World Records. Seguimos esperando a que los venezolanos sean capaces de ganarnos (o por lo menos que intenten competir con la nuestra).
    La reina de los festivales: En Colombia nos tomamos tan en serio esta elaboración que nuestras mujeres se miden en batallas anuales en certámenes por todo el país. En la costa atlántica, más de 50 mujeres se reúnen desde 1988 para demostrar que este plato no es asunto sencillo. Para participar deben tener al menos cinco años de experiencia en la preparación de arepa. Así es como honramos a la arepa en este país.
Venezuela
Ewald Scharfenberg, periodista venezolano de EL PAÍS y convencido de que para conquistar el mundo, como buen venezolano, solo necesitará una arepa:
Hasta el momento no se ha verificado una moda mundial de la arepa que la equipare con el sushi o con el taco. Pero el venezolano insiste, sin reparar en que los condumios típicos de la tradición criolla –no solo la arepa, sino también la hallaca o el casabe- no se dejan querer con facilidad.
Seas de la clase social que seas, tengas el bagaje que hayas heredado tras medio siglo de intensiva polinización cultural, en Venezuela desayunas con arepa. El resto del día, hablas con arepa: si le buscas sentido algo, dirás que quieres verle “el queso a la tostada” (una modalidad de arepa); si ves a alguien en problemas, sentenciarás que “se le puso la arepa cuadrada”; si hay campeonato de pelota, desearás que tu equipo le cuelgue al rival sus “nueve arepas” (o nueve ceros).
La arepa es parte central de la cotidianidad del venezolano. Aún más: es su patrimonio.
    Es parte de la cultura desde hace más de 400 años: Desde 1561. Entonces, fondeado frente a las costas de Borburata, el Tirano Aguirre –el mismo de Werner Herzog y la Ira de Dios- le informaba al rey español desde donde amenazaba con derrocarlo: “Frente a estos viles comedores de arepa”. Mariano Picón Salas, uno de los principales humanistas del siglo XX, escribió en 1953 para una revista de empresa petrolera una “Pequeña historia de la arepa” que todavía se considera un clásico del ensayo. Hasta el momento se desconoce una versión similar de un español frente a las costas colombianas.
    Frita, asada o al horno, una arepa es una arepa en Venezuela. Sin ambigüedades ni confusiones. Con la arepa venezolana uno sabe a lo que va. En este país jamás a nadie se le habría ocurrido llamar “arepa” a lo que en Colombia llaman “arepa de choclo”; la sabiduría popular, consciente de que ya se trataba de otro género, bautizó esa torta dulzona de maíz tierno como “cachapa”. Nosotros reservamos el nombre para la de maíz blanco que hasta la crisis se cultivaba en tierras venezolanas.
    El don de la versatilidad. Como alguna vez se le oyó decir a un chef venezolano: “El único relleno con el que no combina son los espaguetis”. Por ahora.
    La arepa está más de moda que nunca: En Venezuela la arepa es tan trendy entre la gente joven que la banda de pop más internacional del país en los últimos años, Los Amigos Invisibles -descubiertos por David Byrne-, tituló Arepa 3000: a venezuelan journey into space su tercero y quizás más exitoso álbum.

Fuente:
http://verne.elpais.com/verne/2016/03/04/articulo/1457113237_342499.html

EXABRUPTO

EL PAÏS, Madrid, 01 de marzo de 2016
El Supremo de Venezuela se blinda ante el control del parlamento
El congreso, de mayoría opositora, estaba investigando el nombramiento de magistrados por parte del chavismo
Ewald Scharfenberg

Una decisión emanada este martes desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha supuesto un agudo escalamiento en el conflicto de poderes que paraliza a Venezuela desde que, a comienzos de enero, se instaló una nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Los cinco magistrados de la Sala Constitucional emitieron este martes una decisión, la número nueve, en la que se determina que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.
El extenso documento de 80 folios es la respuesta a la medida que el máximo tribunal, controlado por el oficialismo, ha concebido ante las diligencias iniciadas por el parlamento para investigar las designaciones express de 34 magistrados -12 de ellos, titulares- del TSJ en la penúltima sesión de la anterior legislatura, en diciembre de 2015. La mayoría chavista de entonces forzó el nombramiento de esos magistrados in extremis para asegurarle el mando del Supremo al Gobierno, que apenas unos días antes había sufrido una contundente derrota en las elecciones parlamentarias. Entre los magistrados recién nombrados se cuentan, al menos, dos titulares que venían de ser diputados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Entre los magistrados recién nombrados se cuentan, al menos, dos titulares que venían de ser diputados oficialistas
De hecho, y no por mera coincidencia, la decisión se conoció justo el mismo día en que en el Legislativo se votaría el informe elaborado por la Comisión Especial que la Asamblea Nacional creó para investigar los nombramientos. En el legajo, el Supremo establece como nulos “los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas”, incluyendo la comisión citada.
La bancada opositora no se dejó arredrar y, apenas un par de horas después de que se difundiera la sentencia, aprobó el informe, que recomienda revertir los nombramientos de los magistrados y reformar la Ley que rige al Tribunal Supremo. En una viñeta más del conflicto institucional que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha propiciado adrede, el jefe del bloque parlamentario chavista, el ex ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que el informe de la Comisión Investigadora colocaba al parlamento en posición “de desacato”.
La sentencia del Supremo no se limitó a defender sus fueros. En un empeño por sentar una jurisprudencia que preserve el control que el chavismo mantiene sobre el aparato del Estado, la corte también decidió que el Poder Legislativo no tiene facultades para supervisar a los demás poderes del Estado, como el Ciudadano, el Judicial y el Electoral, ninguno de ellos, por cierto, nombrados por voto popular y todos, en cambio, al partido de Gobierno. Concede, sí, que la Asamblea Nacional puede ejercer un control político sobre el Gobierno, pero mediante “la debida coordinación” con la Vicepresidencia de la República.
Además, la decisión del TSJ suspende el régimen por el que se obliga a determinados funcionarios públicos a acudir a interpelaciones ante el parlamento, lo que ahorra previsibles molestias a jerarcas del bolivarianismo y limita las capacidades de la Asamblea Nacional para hacer contraloría.
En una primera reacción, el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ironizó: “No habrá ni comida ni medicinas, pero sentencias sí hay”. Prometió una respuesta contundente frente a esta iniciativa que, aseguró, “utiliza la justicia para amputar las facultades del poder legislativo”, pero no sin antes estudiar la sentencia con detenimiento. Advirtió que, en todo caso, el Gobierno da evidencias de su debilidad cuando echa mano al Tribunal Supremo como principal “elemento estabilizador”.

(http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/02/actualidad/1456885871_248224.html)
Ilustración: http://caraotadigital.net/piden-a-la-asamblea-nacional-que-investigue-si-maduro-es-colombiano/

¿GUERRA LARGA?

EL PAÍS, Madrid, 22 de agosto de 2015
Tensión entre Colombia y Venezuela »
Venezuela declara estado de excepción en la frontera con Colombia
El Gobierno venezolano suspendió las garantías constitucionales por 60 días en cinco municipios del Estado de Táchira
Ewald Scharfenberg / Javier Lafuente Caracas / Bogotá 22 AGO 2015 

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió este viernes en la noche las garantías constitucionales en cinco municipios del estado de Táchira (Andes del Suroeste), fronterizos con Colombia. La medida forma parte de las respuestas que el Gobierno de Caracas viene dando al ataque, atribuido por voceros oficiales a contrabandistas o paramilitares colombianos, que dejó heridos el miércoles a tres militares y un civil venezolanos en la población limítrofe de San Antonio del Táchira.
Es la primera vez que se decreta un estado de excepción en el marco de la Constitución venezolana de 1999, promovida por el chavismo. Tal como establece su artículo 337, la suspensión de garantías por parte del Ejecutivo tiene vigencia por 60 días, prorrogables por un periodo similar. El mandatario venezolano se dijo confiado de que el plazo alcanzará “para refundar nuestra querida zona limítrofe como un área bolivariana de cooperación”.
El sucesor de Hugo Chávez al mando de la autodenominada Revolución Bolivariana, que hablaba desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, también anunció que el cierre de la frontera con Colombia, impuesta la misma noche del miércoles como medida de precaución por 72 horas, se prolongará “más allá, hasta nuevo aviso, hasta que se normalice la situación”.
A su lado, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ofreció el respaldo de “las diputadas y diputados revolucionarios” a las medidas adoptadas por el presidente y advirtió: “Preparémonos para una guerra larga”.
Las fuerzas militares venezolanas siguen a la caza de los presuntos perpetradores del ataque del miércoles, dos personas en motocicleta armados con fusiles automáticos que el Gobierno no ha dudado en llamar “paramilitares”. Desde San Antonio del Táchira, muy cerca del puente Internacional Simón Bolívar –donde los cantantes Juanes y Miguel Bosé organizaron un concierto por la paz colombovenezolana en 2008–, los jefes militares de la zona informaron los resultados de su campaña. Aunque no han dado con los atacantes, se informó de la captura e inmediata deportación de 42 ciudadanos que estaban de manera irregular en el país y el decomiso de 53 toneladas de alimentos y “materiales estratégicos” destinados al contrabando, entre estos, 4.000 neumáticos para vehículos comerciales.
José Gregorio Vielma Mora, el gobernador del Estado de Táchira, fue designado nuevo jefe de la zona donde regirá el estado de excepción, que comprende los municipios Bolívar, Ureña, Capacho Lobertdor y Capacho Independencia. Vielma, un exoficial militar, advirtió que aspiraba a desarrollar la mejor relación con los vecinos colombianos, “pero con respeto”, y que han sido “muy tolerantes” con los fenómenos llegados desde el otro lado de la frontera, como el contrabando y la delincuencia.
Maduro admitió que el ataque contra los militares sirvió de “detonante” para que tomara la decisión de desplegar 1.500 tropas en la zona fronteriza y de atacar “a fondo” lo que califica como “la grave situación de la frontera”.
Para el Gobierno venezolano, la porosa frontera binacional de casi 2.300 kilómetros es el origen de los principales problemas que aqueja a la revolución: el desabastecimiento, que atribuye al bachaqueo o contrabando de productos subsidiados; la delincuencia, que Venezuela atribuye a la importación de modelos colombianos del crimen organizado y la subversión política, que achaca a conspiraciones urdidas por el expresidente Álvaro Uribe. Maduro agregó este jueves al catálogo de agravios la carga social que significa para su país el éxodo de ciudadanos colombianos, que cifró en 121.000 inmigrantes solo en lo que va de 2015.
A pesar de esas denuncias, que provocaron irritación en Bogotá, Maduro rechazó que se le acuse de azuzar la xenofobia anticolombiana, tal como señalaran algunos comentaristas de prensa y organizaciones de derechos Humanos como Provea, que en un afiche comparó al presidente venezolano con Donald Trump. Maduro dijo que tales señalamientos son parte de una campaña mediática internacional que petende satanizarlo. “¡Cero xenofobia!”, proiclamó, “¿Acá lo que hay es amor” para los colombianos. “Somos chavistas, bolivarianos, y me aterevo a decir que nuestros hermanos colombianos nops apoyan”, también aventuró, recordando una visita a Bogotá, donde le habrán aclamadoen las callkes, cuando se desempeñaba como Canciller de Hugho Chávez.
La respuesta colombiana
Las cifras de inmigración que Maduro viene citando para respaldar su decisión de escalar las tensiones en la frontera han conseguido quien las contraste desde Colombia. Según datos de Migración Colombia, hasta la fecha hay constancia de que 315.000 colombianos han viajado a Venezuela, de los cuales han regresado 307.000. Cerca del 70% lo habrían hecho en calidad de turistas. Aunque la dinámica migratoria no puede llevar a una conclusión empírica, sí se podría pensar que puede haber 8.000 colombianos que se quedaron en Venezuela, 113.000 menos de los que menciona Maduro. Hay que tener en cuenta, además, que al igual que ocurre con los venezolanos que ingresan en Colombia, muchos lo hacen para viajar a un tercer país.
“Yo no veo los colombianos que dice están viajando a Venezuela, una cifra que se mencionó por ahí, pero yo no la puedo constatar en ninguna parte”, aseguró el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sin mencionar a su homólogo venezolano. Santos recurrió a la ironía y afirmó que cuando esté listo el corredor vial que una Bucaramanga con Cúcuta (capitales de los departamentos de Santander y Norte de Santander, respectivamente), “pues ahí sí irán muchos colombianos a Venezuela”.
La decisión de Maduro de cerrar la frontera de Venezuela durante 72 horas ha sorprendido a las autoridades colombianas, que, sin embargo, han decidido mantener un perfil bajo. La canciller, María Ángela Holguín, admitió desde Costa Rica, donde mantuvo un encuentro con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, estar preocupada por la violencia en la frontera pero se comprometió a "trabajar conjuntamente y reforzar el trabajo que vienen haciendo las fuerzas militares venezolanas y colombianas”. Rodríguez insistió en que “hay una migración importante que ha causado desequilibrios” en Venezuela.
El cierre de la frontera se ha empezado a notar. Según el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, afectará a unas 100.000 personas al día y dejará más de 400.000 dólares de pérdidas. La cifra correspondería al envío de unas 4.000 toneladas diarias de carbón con destino a Europa que Colombia exporta a través de Maracaibo.

Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/22/actualidad/1440213301_872512.html

MITIN

EL PAÍS, Madrid, 16 de febrero de 2014
Maduro corta el transporte en los feudos opositores de Caracas
El presidente venezolano anuncia durante una marcha la suspensión de los servicios de metro y metrobús para los municipios del este de la capital, en manos de la oposición
Ewald Scharfenberg 

Nicolás Maduro ha impuesto la lógica del asedio en el conflicto político venezolano o, como el propio mandatario prefiere expresarlo, en su lucha contra el fascismo. En respuesta a tres días de inquietud estudiantil en las calles, con protestas que dejaron tres muertos, 70 heridos y cerca de 200 detenidos, el presidente venezolano decidió suspender los servicios de tren subterráneo (Metro) y buses de conexión (Metrobús) para los municipios del este de Caracas –Sucre, Chacao y Baruta- de clase media y gobernados por alcaldes de oposición.
Desde el viernes permanecen cerradas tres estaciones importantes del Metro en el este caraqueño, Chacao, Altamira y Los Cortijos. Pero lo que hasta este sábado lucía como una precaución operativa para proteger las instalaciones del sistema ante desórdenes y brotes de violencia, adquirió otra categoría en las palabras del mandatario.
Maduro, que no dio ni plazo para levantar la medida ni la forma práctica de implementarla –la línea principal del metro atraviesa de este a oeste el valle de Caracas-, citó los destrozos que habrían ocasionado los manifestantes de oposición en equipos y sedes del Metro, como motivo para su determinación. Al sitiar a esos municipios, además del efecto ejemplarizante de castigo, el heredero de Hugo Chávez también buscaría en la práctica dificultar la movilización de los protestantes, por una parte, y enajenarles el apoyo que la población, ahora sometida a penurias imprevistas, les venía ofreciendo. El presidente, que por mucho tiempo se desempeñó como conductor de metrobuses y dirigente del sindicato de ese sistema de transporte masivo, enumeró con toda propiedad las rutas urbanas y de suburbios que dejarían de funcionar.

Este anuncio tan beligerante se produjo, por paradoja, al término de una “Marcha por la Vida y la Paz”. Miles de adeptos del gobierno cubrieron este sábado el tramo desde la Plaza Venezuela de Caracas hasta la céntrica avenida Bolívar, la calzada donde por tradición han medido sus fuerzas las opciones políticas. En esta ocasión, aunque –extraño para Venezuela- no hubiera campaña electoral, el gobierno chavista estaba obligado a un alarde de calle, luego de que los estudiantes de oposición convocaran desde el miércoles multitudinarias protestas en al menos doce de las principales ciudades del país.
Como instrumento para la pacificación, Maduro mostró su proclamada “mano de hierro” en un mitin al final de la marcha. Bramó contra el dirigente del opositor partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, contra quien el poder judicial, accionado por el gobierno, libró una orden de captura bajo la sospecha de haber sido el instigador de los disturbios de la semana que termina. “Cobardito, porque ni siquiera llega a cobarde, que es lo que son los fascistas”, calificó Maduro al ex alcalde del municipio capitalino de Chacao, quien habría pasado a la clandestinidad. “No habrá debilidad con el fascismo, vamos a darle calle a quien pide calle”.
Tachó también de “cómplices” a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, como Henrique Capriles Radonski o Ramón Guillermo Aveledo, quienes, a su juicio, no se han deslindado con claridad de la conducta violenta que achaca al ala más radical de la alianza opositora. Fue todavía más allá y alertó que estos sectores estarían reclutando “pistoleros” para atentar contra su vida.
Quiso aprovechar la crisis de orden público de los días recientes para aglutinar a sus partidarios –últimamente fragmentados por controversias intestinas- en torno a la fuerza gravitacional de la polarización. “En Venezuela no hay tres, cuatro o cinco opciones”, delimitó, “sólo hay dos modelos que se enfrentan. Uno es el de los que sabotean la economía, le quitan el alimento al pueblo, manipulan a los jóvenes. Y el otro es el de los que queremos trabajar, de los patriotas”.
Sin embargo, el presidente Maduro sorprendió cuando marcó distancia con respecto a un aliado fiel pero incontrolable del chavismo: los llamados “colectivos”, grupos de base paramilitares que sirven de batallones de choque en zonas populares y la calle. “Si alguien que lleva franela roja (el color del chavismo) saca un arma en la calle para atacar a otro, ¡ese no es chavista!”, afirmó ante un público más o menos despreocupado y al que pidió, por si la parábola no hubiese sido suficientemente explícita, levantar las manos en señal de aprobación. “¿Se entiende lo que digo?”.
El parte de bajas de esta semana de disturbios incluye a tres víctimas fatales, todas de sexo masculino y asesinadas por impactos de bala. Uno de los fallecidos, Juan Montoya, era un reconocido dirigente de los “colectivos” del 23 de Enero, un barrio obrero al noroeste de Caracas, famoso por su más que cincuentenaria tradición de grupos insurgentes. Montoya encarnó por un tiempo al Comandante Murachí de los Carapaicas, un grupo armado de la barriada. En 2008 participó en un atentado con explosivos contra la sede de la patronal Fedecámaras, que le llevó a pasar un tiempo en prisión. Los grupos paramilitares rindieron honores al caído este viernes, durante su velatorio. Esos “colectivos” participaron activamente en la represión de las marchas estudiantiles recientes en Caracas, Mérida y otras ciudades venezolanas. Ahora, con los ánimos soliviantados por la muerte de Montoya, piden cobrar justicia en un caso que las autoridades policiales todavía no resuelven. Contenidos con dificultad por el gobierno, despiertan recelos en las fuerzas armadas, incluyendo a la oficialidad que hace parte consustancial del chavismo. “Hay gente que se cree más revolucionaria porque sale con un fusil”, fue la crítica apenas velada que Maduro les dedicó.
La marcha oficialista no sólo servía como respuesta a los días de agitación previos, sino que además saludaba la presentación, menos de 24 horas antes, del “Plan de Pacificación” con que el gobierno revolucionario ha prometido enfrentar la grave situación de inseguridad que aqueja a los venezolanos. En efecto, en plena noche de San Valentín, entre invocaciones al amor, cantos y ritos ecuménicos, el heredero de Hugo Chávez recibió el documento del ministro del Interior y Justicia, el general Miguel Rodríguez Torres.
Durante el acto, Maduro denunció que su casa materna, en la urbanización Los Chaguaramos del suroeste caraqueño, había sido blanco en las últimas horas del hostigamiento de bandas de oposición. “No voy a permitir que eso ocurra y que ataquen a familias sólo por ser chavistas”, advirtió. Anunció también que, en el marco del plan, se creará una brigada secreta con tropas militares y policiales, “para combatir al narcotráfico y el sicariato que nos llegan desde Colombia”.
La velada de este viernes, Día del Amor y la Amistad en Venezuela, al parecer entusiasmó al presidente Maduro hasta el punto que, durante su mitin en la avenida Bolívar, afirmó que la consigna de los revolucionarios venezolanos es la de “rumbear y triunfar”. Pero, mientras en un parque histórico del centro de la ciudad transcurría la ceremonia de presentación del plan de paz –transmitida por cadena nacional de radio y TV-, más al este, los escuadrones antimotines cargaban con bombas lacrimógenas, chorros de agua y perdigones contra los manifestantes para disolver el último baluarte de los estudiantes rebeldes en la capital, la Plaza Francia de Altamira.
Aunque para la mañana del sábado, día de la marcha oficialista, la paz parecía haber regresado a las calles de Caracas y otras localidades, y la mayoría de las cerca de 200 personas arrestadas durante los disturbios –incluyendo a tres periodistas- habían recobrado su libertad bajo condiciones, la tensión se percibía aún con claridad.

Cientos de estudiantes rebeldes y madres de jóvenes heridos o detenidos se concentraban en asamblea en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en el sureste de la capital, para concertar nuevas acciones. Otros tantos se movilizaban por la avenida Francisco de Miranda, cerca de donde el miércoles cayó, con un tiro en la cabeza, el manifestante Robert Redman, de 31 años de edad.
El único foco de violencia que resistía al apaciguamiento estaba en Altamira. Desde horas de la tarde la Guardia Nacional intentaba dispersar a cientos de jóvenes que volvían a atrincherarse. Ya en la noche del sábado, la situación derivó en actos de vandalismo.
Mientras tanto, desde la noche del viernes, un contrataque de hackers antigubernamentales había afectado la cuenta en Twitter del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los sitios en Internet de 60 instituciones del Estado, en lo que parecía ser un nuevo episodio en la escalada de la guerra cibernética venezolana. Poco antes de eso, la red social Twitter confirmaba que un agente externo estaba bloqueando la carga de contenidos fotográficos y de video en los trinos emitidos desde Venezuela.
Las autoridades, entre tanto, no sólo seguían tras el rastro de Leopoldo López. También se ordenó capturar al ex embajador venezolano en Bogotá, Fernando Gerbasi, y al ex jefe de custodia del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, Iván Carratú, quienes, según una conversación telefónica grabada sin permiso judicial y difundida por los medios del Estado, parecían conocer con anterioridad los planes del golpe de Estado que, siempre según la versión oficial, las protestas buscaban detonar. El viernes en la noche, tras el allanamiento infructuoso de la residencia de Gerbasi en Caracas, la policía política detuvo brevemente a la hija del diplomático, para ser sometida a interrogatorio.
 Fotografías: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1016100

INFORME

EL PAÍS, Madrid, 28 de diciembre de 2013
Maduro incrementa el dominio del sector militar en el Gobierno de Venezuela
El sucesor de Hugo Chávez crea por decreto en menos de un mes un banco y una empresa constructora bajo control del sector castrense. Además, planea la salida de un canal de televisión
Ewald Scharfenberg 
 
Desde el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales en Venezuela de diciembre de 1998 y su llegada al poder, los militares adquirieron un protagonismo en el aparato del Estado casi sin precedentes en la historia reciente del país. Cientos de oficiales, en retiro o activos, ocuparon posiciones de dirección de organismos públicos a lo largo de 13 años de gestión chavista. Siendo el propio líder revolucionario un ex teniente coronel del ejército que, hasta en su última aparición pública –el 8 de diciembre de 2012, cuando para despedirse del país y de la vida entonó ante las cámaras de televisión el himno de la unidad de blindados a la que perteneció- se definió como “un soldado”, parece razonable que para llevar adelante su programa rupturista haya confiado en sus compañeros de armas.
Pero, ¿qué hay con su sucesor, el civil Nicolás Maduro? Contra la corriente de lo que pudiera presumirse, el exdirigente sindical sigue profundizando el dominio del sector castrense en el Gobierno a la par que extiende su zona de influencia a la actividad mercantil.
En una rápida sucesión de decretos, en menos de un mes se han dado a conocer a través de la Gaceta Oficial las constituciones de un banco y de una empresa constructora de las Fuerzas Armadas. El primero, Bancofanb, con un capital equivalente a 27 millones de dólares –según el cambio oficial vigente- llevará a cabo todo tipo de operaciones de intermediación en el mercado financiero. La segunda, Construfanb, tiene como propósito la “elaboración de proyectos de construcción, arquitectura e ingeniería, desarrollos inmobiliarios públicos y privados, destinados a los miembros de la FANB y a la población civil venezolana", según reza la resolución de la Presidencia de la República.
El logro más excéntrico de esta expansión de los negocios marciales en Venezuela será la próxima salida al aire de un canal de televisión militar, TVFanb, presumiblemente en la señal digital que el Gobierno chavista apresura. “La televisora pronto se va a lanzar”, se felicitaba la semana pasada en un acto público la ministra de Defensa, almiranta Carmen Meléndez. “Se está haciendo el proceso para que en todas las empresas de cable esté TVFanb”.
En un país en el que una universidad castrense clama tener la mayor matrícula de educación superior –se trata de la Unefa (Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada), creada por Chávez en 1999-, tal vez resulte ocioso preguntar qué característica puede tener la parrilla de programación de un canal militar. ¿Entretenimiento? ¿Autoayuda? ¿Historia? La sorpresa, que se despejará pronto, en cualquier caso servirá para poner de relieve el papel rector que le ha correspondido asumir a la oficialidad durante la autodenominada Revolución Bolivariana.
Desde el inicio de su Gobierno, Maduro anunció su disposición a crear zonas económicas militares, en el marco de su proyecto de zonas especiales, todavía a la espera de implementación. La idea propone reservar territorios para la inversión extranjera en sociedad con el Estado venezolano, a fin de producir bienes de exportación. El mandatario venezolano visualiza unas Fuerzas Armadas productivas y orientadas, primero, a su autosubsistencia y, en definitiva, a la generación de valor agregado tecnocientífico. Maduro los quiere ver cosechando lechugas tanto como ensamblando misiles y drones. “En poco tiempo vamos a producir todo lo que consumimos en todas las áreas y ámbitos”, lo secundaba recientemente la almiranta Meléndez.
Sin embargo, las primeras manifestaciones del plan se concretan con empresas mercantiles y financieras. Menos que un mero planteamiento estratégico, o de una emulación de modelos chinos o cubanos –donde los militares dominan parte de la actividad económica-, parece difícil desligar el auge renovado de la égida militar del ascenso en el Gobierno de la figura de Meléndez, ministra de la Defensa.
Carmen Meléndez representa al menos dos singularidades en las Fuerzas Armadas: además de mujer -la primera encargada de la cartera de Defensa-, es oficial de la Armada, una fuerza menor en el reparto de cargos burocráticos que, por tradición y peso, domina el Ejército. Se le considera competente, profesional y aguerrida. Por ironías de la historia, le tocó repeler con fuego de ametralladora el asalto de los fieles del teniente coronel Chávez contra la Comandancia General de la Marina, durante la intentona golpista de febrero de 1992.
Sin embargo, tuvo que esperar a que Chávez consiguiera la presidencia por la vía de los votos, para que su buena estrella se encendiera en la administración pública. Nacida en el estado de Barinas (llanos de Venezuela, región suroccidental) en 1961, es por lo tanto paisana del desaparecido comandante, y conoce a la familia Chávez desde adolescente. Ha hecho carrera dentro de la nomenklatura chavista en puestos de responsabilidad con manejos de dinero. Se inició como Directora de Administración del Palacio de Miraflores, sede del despacho del presidente, y ya al lado del líder revolucionario conquistó una importante parcela de poder, que ampliaría aún más al hacerse cargo de la Tesorería Nacional de 2006 a 2008.
Maduro, que heredó la afiliación de Meléndez al Gobierno, atendió a su fama de buena administradora y le confió un primer cargo ministerial, el de “Seguimiento de la Gestión”, concebido ad hoc para ella. Desde entonces, la almiranta no ha hecho más que acrecentar su protagonismo en actos de gobierno. En el último homenaje ante la tumba de Simón Bolívar, en la fecha aniversario de la muerte del Libertador suramericano, correspondió a la ministra dar el discurso de orden, ante los presidentes visitantes de Ecuador y Bolivia, además de Maduro. No parece aventurado otorgarle algún crédito -como lo hacen algunas fuentes conocedoras del tema- por sembrar en el presidente venezolano la convicción de que las Fuerzas Armadas podrán hacer algo para dinamizar la economía venezolana, en estado actual de postración.
Los antecedentes de los militares como emprendedores son bastante pobres en Venezuela, aún si por mucho tiempo pasaron –junto a la industria petrolera estatal- por custodios de la eficacia y la capacidad técnica. En asuntos estrictamente relacionados con el apertrechamiento de las filas castrenses, muestran escasos éxitos. Por años han estado al frente de los astilleros y dique seco del Estado, en cuyas instalaciones no pudieron completar la última nave patrullera adquirida a la española Navantia, tal como estipulaba el contrato.
El desempeño de Cavim (C.A. Venezolana de Industrias Militares) tampoco es brillante: la compañía encargada de fabricar las municiones para el ejército sufrió un grave accidente en enero de 2011, cuando una explosión en su sede dejó saldo de un muerto y tres heridos, y devastó un barrio cercano de la ciudad de Maracay, estado de Aragua. La empresa tampoco ha sido capaz de poner en funcionamiento la fábrica de fusiles Kalashníkov anunciada por Chávez en 2010 y acordada con contratistas rusos.

PATRIA ESTRATÉGICAMENTE SEGURA Y PROTEGIDA, PUES

EL PAÍS, Madrid, 11 de octubre de 2013
Maduro declara la guerra “al enemigo interno” con un decreto
El mandatario crea un "centro de protección de la patria" el mismo día en que expulsó a tres diplomáticos norteamericanos
Caracas, epicentro de la crisis venezolana
Maduro pide poder gobernar por decreto durante un año
Ewald Scharfenberg 

Como el oficial del Ejército que era, tal vez resultó inevitable que Hugo Chávez nombrara sus gestas políticas durante 14 años en el poder con la jerga del cuartel: sus grupos de base electorales eran “batallones” y sus programas de asistencia social, “misiones”. Pero que su sucesor en la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, un civil exdirigente sindical, busque no sólo preservar ese lenguaje sino hacerlo literal a la hora de conducir la sociedad, parece un despropósito.
Maduro sigue dando pasos en esa dirección. Este jueves se conocieron los términos del decreto con el que el mandatario venezolano creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), una nueva instancia que anunció el mismo día en que ordenó la expulsión de tres diplomáticos norteamericanos. El CESPPA ha quedado a cargo del excomandante de las Milicias Bolivarianas y oficial de inteligencia Gustavo González López y reporta directamente a la presidencia de la República.
Según el decreto, el nuevo organismo podrá requerir información a cualquier ente estatal o privado y estos estarán obligados a entregarla. Asimismo, tendrá la facultad de determinar qué información pública quedará reservada sin reparar en otros criterios como el derecho de acceso a la información, consagrado en la Constitución vigente pero que el chavismo siempre se ha negado a normar en términos prácticos por ley.
Todas estas prerrogativas le servirán al CESPPA para cumplir su misión principal de monitorear y neutralizar la “actividad enemiga interna y externa”. La providencia por la que se da origen a este ente militarizado se publicó en la Gaceta Oficial del lunes pero paso inadvertida hasta ahora, opacada por otro anuncio en las mismas páginas: la destitución del ministro de Finanzas, Nelson Merentes, como Vicepresidente del Área Económica.
El nuevo organismo podrá requerir información a cualquier ente estatal o privado y estos estarán obligados a entregarla
Pareció oportuno, sin embargo, que se conociera justo el mismo día en el que el presidente Maduro confesó que había llamado a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz –una ficha del oficialismo- para que investigara al diario capitalino 2001 y pidiera para ese tabloide “la mayor pena posible, sea la que esta sea”. El anuncio lo hizo en una alocución transmitida durante su visita a la sede de la Comandancia General del Ejército. Maduro calificó como “cochino y grosero” el titular de primera plana del matutino, que hacía referencia a las filas de automóviles que se hacen en las ciudades de Venezuela para abastecerse de combustible: “La gasolina la echan con gotero”, era el titular, redactado con el estilo propio de un periódico popular. La Fiscal Ortega dejó saber que abriría la investigación bajo la presunción de que la publicación intentaba “crear zozobra y pánico” entre la población.
El martes fue detenido Víctor Hugo Donaire, director de la radioemisora Morros 87.9 FM de San Juan de los Morros, capital del Estado de Guárico, en los llanos centrales de Venezuela. Según reportó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), la detención se produjo mientras Donaire transmitía en vivo su programa de opinión De Frente. Funcionarios de la policía judicial lo arrestaron, argumentando que el radiodifusor faltaba al respeto a ese cuerpo de seguridad.
El 30 de septiembre, el ente regulador de la televisión, el Conatel, había abierto una investigación contra el canal de información 24 horas Globovisión, en uno de cuyos programas se había informado sobre la escasez de productos de primera necesidad.
Si bien desde el inicio de su gobierno, el pasado mes de abril, Maduro adoptó un léxico de combate, ahora parece especialmente decidido a escalar el conflicto en Venezuela. Desde el sábado pasado asoma medidas inminentes, pero todavía innominadas, para terminar con las guerras “económica” y “mediática” que, según la versión oficial, se libran contra su Gobierno. Este martes, el presidente venezolano pidió además que a la Asamblea Nacional se le concedan poderes extraordinarios para legislar, con el objetivo de transformar la economía, impulsar una nueva ética y, de paso, acabar con la “burguesía parasitaria” en lo que llamó una “revolución dentro de la revolución”.

VERSIÓN

EL PAÍS, Madrid, 31 de Diciembre de 2012
Los militares se convierten en el árbitro de la transición venezolana
Los aspirantes a suceder a Chávez intentan ganar el favor de las Fuerzas Armadas
El estado de salud de Hugo Chávez sufre “nuevas complicaciones”
Ewald Scharfenberg 

“Aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente, no puede detenerse”. El sentido de la frase debía resultar inequívoco. La pronunció Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela y señalado sucesor por Hugo Chávez en caso de que este, convaleciente todavía en Cuba de su cuarta operación desde que en junio de 2011 se le detectó un cáncer, no esté en capacidad de asumir su tercer mandato presidencial el próximo 10 de enero.
Pero Maduro la leyó de un texto que atribuyó a Chávez y en el que exhorta en términos imperativos a mantener la doctrina militar bolivariana. Muchos analistas echaron de menos en el recado la redacción típica del presidente venezolano. También contribuyó al escepticismo sobre la autoría del mensaje el hecho de que se leyera durante una salutación a las guarniciones militares el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando por tradición en el país se gastan bromas para cazar a distraídos.
El Ejército tiene el control logístico de funciones vitales del Estado
Esta vez la fecha fue ocasión de indicios explícitos sobre la importancia que las Fuerzas Armadas van adquiriendo como árbitro en la lucha por el poder que se gesta en el interior del chavismo. Con una sutileza que pocos le atribuirían, en el mismo acto militar se hizo presente Diosdado Cabello, exteniente del Ejército y actual presidente de la Asamblea Nacional, rival de Maduro en la línea sucesoria, vestido con una casaca verde oliva de tinte castrense. A la misma hora, el diario brasileño Folha de São Paulo, daba a conocer una entrevista con un antiguo ideólogo de la revolución bolivariana, el académico alemán Heinz Dieterich, quien desde México, donde reside, aseguró que “los cubanos no tienen influencia en la sucesión. Los militares leales a Chávez, este sí es el factor clave”.
En Venezuela se ha dado inicio a la transición. Ya no parece decisivo si el presidente Chávez logra recuperarse de su reciente operación. Aun en ese caso, se da por hecho que, tarde o temprano, quedará incapacitado por el cáncer para completar el periodo hasta 2019. Hoy, 31 de diciembre, Chávez acumulará 110 días de tratamiento en La Habana, uno de cada cinco días del último año y medio de su gestión. En previsión de un desenlace fatal, los periódicos tienen preparados sus obituarios. Es una hipótesis que el propio Chávez dejó entrever en su última aparición pública.
La sucesión ha comenzado. Ya no parece decisivo que Chávez se recupere
En cualquier escenario, el visto bueno militar parece imprescindible. No tanto por su poder de fuego, sino por el control logístico y administrativo que las Fuerzas Armadas mantienen sobre funciones vitales del Estado. En el Gabinete, los militares ocupan tres carteras. Once exoficiales o suboficiales, designados como candidatos del oficialismo por el propio Chávez, fueron elegidos hace dos semanas gobernadores de otras tantas provincias de las 23 que conforman Venezuela.
Pero, además, los militares se han integrado de manera orgánica en la conducción del aparato paraestatal de asistencia y control social. Se trata de un “cuerpo biopolítico”, tal como lo califica, echando mano a un término acuñado por Michel Foucault, la psicóloga política Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar. El chavismo, en su aprendizaje durante 14 años de Gobierno, fue capaz de dar forma a una institucionalidad que funciona: las misiones, las redes de distribución de alimentos. “Este régimen se plantea cambiar y ordenarle la vida a las personas”, señala Capriles, “y para ello ha construido un eficaz sistema de localización y movilización de los individuos a través de organizaciones a las que deben adscribirse, a veces sin su voluntad, que los van llevando desde la cuna a la tumba”.
Si el sector castrense quiere influir en la deriva política de Venezuela, no tendrá que hacerlo a cara descubierta, mediante un clásico pronunciamiento. Le basta con poner ese aparato a disposición de alguno de los candidatos a la sucesión, mientras se lo escamotea a otro. Es el trofeo que, junto a la mitología del comandante Chávez, se disputan Maduro y Cabello. Si a estas alturas Maduro lleva la ventaja por la voluntad expresa de Chávez, a la larga el resultado puede favorecer a Cabello. La mayoría de los oficiales del Ejército que hoy tienen mando de tropa forman parte de la promoción de 1987, la misma de Cabello.
En lo que con toda probabilidad podrían coincidir Cabello, Maduro y la oficialidad superior es en la conveniencia de llevar la transición por cauces constitucionales. Los dos primeros, para preservar el patrimonio político de Chávez. Los últimos, escarmentados por las sangrientas ocasiones en las que, desde 1989, las Fuerzas Armadas salieron a regañadientes a las calles para preservar el orden público.
La primera prueba de fuego para la determinación militar tiene fecha. El próximo 10 de enero debería juramentarse el nuevo presidente. A pesar del secretismo oficial sobre la salud del presidente electo, se espera que Chávez no se haga presente. En corrillos políticos se augura un acuerdo para declarar la falta temporal del presidente, lo que abriría un plazo de 90 días, prorrogable una sola vez, para que Chávez se incorpore al cargo o, ante su ausencia definitiva, se convoquen nuevas elecciones.
Perduran algunas dudas sobre el procedimiento —de hecho, ya se han presentado dos solicitudes de interpretación constitucional ante el Tribunal Supremo, purgado esta misma semana de sus últimos siete magistrados impredecibles o indóciles para el Gobierno—. Pero todo debe transcurrir en paz: si la incertidumbre da paso a desórdenes callejeros, los militares pueden verse obligados a intervenir.
Esa eventualidad, temida por todos, daría lugar a fracturas dentro de las filas castrenses, como ocurrió en abril de 2002, durante el breve golpe que sacó a Chávez del poder durante 47 horas. “Entre los militares actúan distintos grupos que no necesariamente están en contacto entre sí o tienen intereses convergentes”, advierte la experta Rocío San Miguel.
La otra gran incógnita tiene que ver con la Milicia Bolivariana. Con 120.000 miembros, armamento ligero y pobre organización, no es rival para ningún otro cuerpo profesional. Pero se constituyó por mandato del presidente Chávez y se ve a sí misma como una guardia pretoriana del proceso. Aliada a los extremismos chavistas, tendría condiciones que imponer en un conflicto. Pero son interrogantes en cuya respuesta nadie quiere enrolarse: el orden constitucional conviene a civiles y militares.