ATASCADOS

EL UNIVERSAL, Caracas, 24 de enero de 2017
La Zona en Reclamación y la Exxon Mobil
José Toro Hardy

En 1824 Gran Bretaña había reconocido el río Esequibo como límite occidental de la Guayana Británica. Sin embargo, atraída por las riquezas auríferas de la región, ocupó poco a poco territorio venezolano, llegando a proponer hacia 1870 la llamada Línea Schomburgk que llegaba hasta las cercanías de Upata.

Aquello provocó la ruptura de relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña y condujo a la creación de un Laudo Arbitral que quedó constituido por dos árbitros norteamericanos, dos británicos y un ruso. A Venezuela no se le permitió nombrar a ninguno, aunque al menos contó con un abogado de Nueva York como representante jurídico de Venezuela ante el Tribunal Arbitral. Se llamaba Severo Mallet-Prevost.

El resultado de aquel arbitraje, que tuvo lugar el 3 de octubre de 1899, se conoció como el Laudo de París. A pesar de los avatares de la Revolución Restauradora, Venezuela denunció de inmediato aquella decisión declarándola írrita. El Laudo no tomó en cuenta para nada los claros títulos que Venezuela poseía.

El Laudo fue el resultado de una componenda política. Así lo denunció en memorando póstumo Severo Mallet-Prevost, afirmando que aquella decisión fue “injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho”.

Cuando Gran Bretaña concede la independencia a Guyana, se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966, en el cual las partes convienen en buscar una solución “amistosa” y “aceptable”. En 1970 las partes suscriben el Protocolo de Puerto España, en el cual se congelan las negociaciones por 12 años.

Venezuela considera el territorio al oeste del río Esequibo como una Zona en Reclamación y así lo reconoce la comunidad internacional. Jurídicamente la posición de Venezuela se fortalece al desconocer inversiones que se realicen en ese territorio, hasta tanto se resuelva la disputa.

En todo caso, a partir 1983, al expirar el Protocolo de Puerto España, Venezuela manifestó su intención de remitir la controversia al Secretario General de la ONU, lo cual Guyana aceptó.

En el año 2004 las cosas comenzaron a cambiar. Fidel Castro promovía la candidatura del expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, a la Secretaría General de la OEA.

Pidió a Chávez apoyar esa candidatura, ofreciéndole que ponía a su disposición un número de votos decisivos que le permitirían controlar a la OEA, pero que se necesitarían los votos del Caricom para garantizar el triunfo de Rodríguez.

El Caricom tradicionalmente ha apoyado a Guyana frente a la reclamación territorial venezolana. Castro convenció a Chávez de bajar la guardia a fin de inclinar el voto de esas naciones en favor de Miguel Ángel Rodríguez y después de José Miguel Insulza como Secretarios Generales de la organización.

Para facilitar el plan el presidente Chávez se trasladó a Georgtown, capital de Guyana, y desde allí anunció que Venezuela no se opondría más a las inversiones extranjeras en la zona en reclamación. Con ello, dañó profundamente los intereses de Venezuela.

Desde entonces Guyana ha venido otorgando concesiones y procurando extender su mar territorial a 300 millas sin preocuparse de Venezuela. De salirse con la suya, Venezuela perdería 150 mil kilómetros cuadrados de ricas áreas marinas y submarinas.

Mientras tanto, el presidente Chávez, deseoso de desmontar la Apertura Petrolera implementada durante el gobierno anterior, hizo modificar la Ley de Hidrocarburos cambiando los términos de los contratos que se habían suscrito. Llamó a las empresas y les anunció que o bien aceptaban las nuevas condiciones o bien se tendrían que ir del país. Muchas aceptaron dados los altos precios del petróleo que imperaban en los mercados internacionales. Otras no aceptaron y acudieron a arbitrajes internacionales ante el Ciadi del Banco Mundial, donde por cierto han vendido ganando una tras otra todas las demandas.

Una de las empresas que no aceptó fue la Exxon Mobil, cuya reclamación contra Venezuela prosperó en el Ciadi. Por otra parte, ante el anuncio de Chávez de que ya no objetaría inversiones extranjeras en la Zona en Reclamación, Exxon Mobil inició un extenso programa exploratorio en esas aguas, logrando ubicar enormes reservas petroleras en el mar. Tales descubrimientos fortalecen la posición de Guyana quien ahora cambió de posición y desea llevar el caso a un tribunal internacional -con el beneplácito del Secretario General de la ONU- donde Venezuela llevaría todas las de perder.

Para colmo de males, el presidente de EEUU, Donald Trump ha designado como Jefe de la diplomacia de su país al Sr. Rex Tillerson, hasta ahora presidente del gigante petrolero Exxon Mobil, a quien Chávez había echado de Venezuela.

¡Qué caros podrían resultarle a Venezuela los consejos de Fidel!

Fuente:
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/zona-reclamacion-exxon-mobil_636079

FARISEOS

De un evidente contraste
Luis Barragán

La larga controversia con Guyana ha dado ocasión para exhibir un patrioterismo desbordado y, suele ocurrir, oportunista y escamoteador, aunque también al más sensato, comprensible y necesario. Nada tonta la diferencia, en uno destaca el oficialismo estridente que oculta sus omisiones respecto al reclamo territorial, y, en el otro, apunta a una oposición responsable que es tributaria de una Política de Estado que, en el pasado cada vez más remoto, desarrolló Venezuela, necesaria  de recobrar.

El nuestro, sensato y, por lo demás, realista, no pretende atropellar ni liquidar al vecino país, sino   hallar soluciones al diferendo con la paciencia extrema que hemos exhibido en más de un siglo. E, incluso, reconocida nuestra titularidad sobre el Esequibo (o, mejor, Esequivo), no niega fórmulas mancomunadas de aprovechamiento futuro de los recursos en el marco de una integración regional que ha sido una cara bandera histórica de estirpe genuinamente bolivariana.  Empero, llegar a ésta fórmula significa – insistimos – la previa aceptación por Georgetown de nuestro justo y legítimo reclamo, sustentado en irrefutables  credenciales históricas y jurídicas, pero no al revés como temerariamente pueda insinuarse.

El régimen actual intenta engañarnos con su patrioterismo de ocasión, cuando  no ha cumplido – sencillamente – con todas las diligencias necesarias, como lo hicieron los gobiernos democráticos que lo precedieron. Por ejemplo, denuncia del Laudo Arbitral de París de 1899, en la Conferencia Interamericana de Bogotá, en 1948, invocada por el canciller Marcos Falcón Briceño en las Naciones Unidas, con respaldo parlamentario, en 1962;  la suscripción del Acuerdo de Ginebra y a ocupación venezolana de la Isla de Anacoco, 1966; la conveniente firma del Protocolo de Puerto España que evitó el atenazamiento que el resurgente diferendo con Colombia prometía, en 1970, no ratificado en 1982; la propuesta rechazada de una negociación directa con Guyana, en 1983; o la aceptación del mecanismo de los Buenos Oficios, en 1987, marcan hitos importantes que rápidamente contrastan con la eliminación de la materia en el marco de las relaciones bilaterales, expresamente señalada por Chávez Frías en 2004.

Los voceros parlamentarios del gobierno en la Asamblea Nacional, en las escasas oportunidades que aluden al tema, traslucen esa hipoteca ideológica que los lleva a identificarse con el vecino país, aunque sea otro el elenco dirigencial   seguidores de una reconocida  tradición de pragmatismo político.  Por cierto,  poco o nada conocen de las realidades internas de la República Cooperativa y sus más amargas contradicciones, por lo menos, como nos llega por reconocidos especialistas como Andrés Serbin y Sadio Garavini.

Quienes acusan a la oposición de vende-patria, entreguista y lacaya del imperio,  carecen de toda autoridad moral cuando le abrieron las puertas a los cubanos comprometida nuestra seguridad y defensa como nación, incluyendo el manejo de servicios claves del Estado y el virtual ejército de ocupación que fuerza a nuestros médicos y enfermeras a huir del país, por no mencionar la dependencia que no se tenía con China o los contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, sin control parlamentario alguno. Del contraste se ha dado cuenta la población que, faltando los insumos básicos como los alimentos y medicamentos, los cuales traman importar y distribuir solamente en la fecha electoral, por el camino que transitamos le faltará también país donde territorialmente asentarse.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/23163-de-un-evidente-contraste

PRECISIONES

Ley Especial del Estado Esequivo (SIC)
Freddy Marcano (*)
 
Recientemente, los diputados Andrés Velásquez, Américo de Grazia, José Manuel González, Luis Barragán, Leomagno Flores, Juan Pablo García,
José Gregorio Contreras y quien suscribe, consignamos por ante la Secretaría de la Asamblea Nacional para los fines constitucionales y reglamentarios consiguientes, el Proyecto de Ley Especial del Estado Esequivo (SIC).
Concebido y elaborado el Proyecto por el Dr. Sergio Urdaneta, especialista en materia constitucional, expresó muy bien las inquietudes que, inicialmente, tuvieron los colegas diputados del estado Bolívar y del resto de los proponentes. El texto (que se encuentra en aquí) cuenta con varias  características esenciales  y dos circunstancias propicias para su planteamiento.
Enunciadas las características, crea el Estado Esequivo adscribiéndole el extenso territorio en reclamación a partir del Municipio Sifontes hoy del Estado Bolívar, recuperando el nombre originalmente atribuido a su descubridor Juan de Esquival, reivindica así nuestras credenciales históricas, aventajando la referencia geográfica al concederle un estatus estratégico que pueda solventar muchos de sus problemas. Aunque deba esperarse por las efectivas negociaciones y diligencias en el marco del Acuerdo  de Ginebra de 1966 para la adscripción definitiva del referido territorio, le concede  una adicional dimensión jurídica a nuestros alegatos que refuerzan el principio de inejecutablidad en el supuesto negado de un fallo contrario a nuestros intereses que plantearía una reforma a la vigente Constitución de la República, la que sigue exactamente nuestra tradición en la materia (uti possidetis iuris). La conversión del municipio en estado no acarrearía mayores costos económicos, bastando por ahora el presupuesto municipal y un crédito adicional complementario hasta regularizarse la situación con el debido Situado Constitucional y las otras ventajas con las que cuentan las restantes entidades federales. Tendría la aconsejable representación en las instancias parlamentarias, amén de todo el repertorio institucional que jerarquizaría al Estado Esequivo en el contexto de un desarrollo socio-económico diferente.  Otros aspectos igualmente importantes contribuirían a concretar y a materializar buena parte de las ideas que esgrimimos en nuestra ya vieja reclamación.
El planteamiento del Proyecto fue oportuno, pues, tuvo por contexto el debate sobre la controversia con Guyana que dio la Asamblea Nacional el 14 de los corrientes, por cierto, difícil de repetir, anunciado y referido por los diputados  Velásquez, Barragán y Flores, protocolizándolo o notariándolo (se puede decir) ante el país.  La otra circunstancia propicia apunta a que los diputados proponentes no sólo pertenecemos a diferentes corrientes de la oposición democrática, sino que representamos a distintos estados como Bolívar, Guárico, Aragua,  Táchira, Monagas, Sucre y Mérida.
 Nuestra intención es la de entregar una  iniciativa digna del debate creador que pueda perfeccionarse  con el mejor espíritu  venezolanista para alcanzar realmente una Política de Estado en relación  a la controversia con Guyana, algo cada vez más necesario. Ojalá interese no sólo a las múltiples corrientes representadas en el parlamento que puedan adherirse, sino a las organizaciones especializadas de la sociedad civil, de la academia y todo el pueblo en general.
(*) Diputado por el estado Mérida

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/23122-la-ley-especial-del-estado-esequivo-sic

INTERVENCIÓN DE CÁMARA

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS BARRAGÁN EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, CARACAS, 16 DE JUNIO DE 2015

(VICEPRESIDENTE TANIA DÍAZ).- Tiene la palabra el diputado Barragán.

(DIPUTADO LUIS BARRAGÁN).- Señora Vicepresidente, colegas parlamentarios:

Una materia delicada que requiere de la serenidad, del aplomo, de la firmeza, de la responsabilidad activa de todo aquél que influye o decide en el destino de los pueblos. Ciertamente, Venezuela, en el momento que el dictador Galtieri decidió invadir o tomar militarmente Las Malvinas, nuestro país prestó toda su solidaridad al justo reclamo y a los legítimos derechos del pueblo argentino en relación a las islas.

No debemos olvidar que este reclamo histórico contó con el cual se ha identificado Venezuela a lo largo de su historia, tuvo un tropiezo en la década de los ochenta cuando unilateralmente la dictadura militar argentina decidió por la fuerza, por iniciativa propia y desesperada, después del auge que experimentó con el Mundial de Fútbol, por mano propia tomar las islas, lo cual nos indica que una materia como ésta, necesariamente debe reflejar, expresar, manifestar una Política de Estado. Debe involucrar a toda la sociedad, a todo el pueblo en esa decisión, por más razones que se esgriman, y no dependerá ni puede depender de la arbitraria decisión de un circunstancial gobierno, de un gobierno de turno.

Muy señalaba y se señala en el Proyecto de Acuerdo, y con esto la bancada democrática de la oposición coincide, el pueblo argentino - pacientemente también - ha venido reclamando sus justos derechos sobre el territorio en cuestión. El diputado-ponente, incluso, lo aludió, hizo una alusión al reciente decreto presidencial en torno a la Fachada Atlántica y, valga recordar, que responde - aunque tarde el decreto, pero valedero - responde a una iniciativa de la bancada democrática de la oposición que introdujo el supuesto a través de un Proyecto de Ley de Defensa de la Fachada Atlántica Venezolana.

El caso argentino revela una lección histórica con la que debemos estar atentos. Hay que tener cuidado con cualquier tentación que pueda existir en relación con la vecina Guyana. Esas iniciativas  deben  repito - depender de una Política de Estado con el concurso de todas las fuerzas y corrientes políticas y sociales que involucra. No puede una operación de tamaña dimensión depender de un solo gobierno. Y, además, porque está comprometida la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en materia de seguridad y de defensa. De modo tal que, al coincidir con el Proyecto de Acuerdo en relación al fundamental reclamo que hace el pueblo argentino de Las Malvinas, no dejemos de recordar que en el caso guyanés hay que evitar que se suelten los demonios y que, por una medida desesperada, como en el Mundial de Fútbol en el cono sur, alguien se pueda atrever a tomar por mano propia la decisión y tratar de saltarse todas las formalidades y obviar al pueblo venezolano, adoptando una decisión de gravísimas e impredecibles consecuencias. De ahí la idea, además, que el Consejo Nacional de Defensa, y ésta es materia para un posterior tratamiento, necesite ser ampliado con presencia de las fuerzas democráticas de la oposición debidamente representadas en esta Asamblea Nacional. Se trata de una Política de Estado, la que faltó en la Argentina de mediados de los ochenta, cuando la dictadura militar tomó tan grave decisión. Se trata de una Política de Estado en el caso de Guyana, de nuestros justos reclamos.

Por fortuna, el gobierno nacional hizo caso del Proyecto de Ley de Defensa de la Fachada Atlántica y, aunque puede perfeccionarse, puede mejorarse, constituye una ventaja el aporte que ha hecho la bancada democrática de la oposición. Es todo, señora Vicepresidente, colegas parlamentarios.