UNA MISIVA NECESARIA

Puntofijo esequibano
Luis Barragán

Precisemos, aprendida la lección de una amarga experiencia, no otra que la inaugurada al concluir la década de los cuarenta, el Pacto de Puntofijo (PP), suscrito en octubre de 1958, aseguró el rechazo unísono de cualquier golpe de Estado, un gobierno de unidad nacional y la realización de un programa mínimo, dándole viabilidad a la democracia representativa. Y, aunque mucho insistió en concursarlo, auto-victimizándose, en  el acuerdo no entró el PCV por razones que, lamentablemente, validaron los hechos de un largo y tumultuoso decenio.

Al correr el tiempo, circunscrito a los partidos firmantes, aunque URD desertó, incorporándose luego al gobierno de Leoni a través de la Ancha Base, junto al FND, PP fue perfeccionándose como expresión de un necesario entendimiento sobre los asuntos fundamentales del país,  Después de 1968, otras iniciativas como la del pacto institucional en el parlamento y la política de pacificación, por ejemplo, nos concedieron una estabilidad que ahora tanto extrañamos, luego de la profunda satanización que se hizo de PP, maliciosamente propulsada y aprovechada por el clan dominante de la presente centuria.

El solo propósito de un programa mínimo sobre aspectos muy concretos para 1958, suscitó la necesidad de consensuarse sobre otros que alcanzaron, así, trascendiendo a varias administraciones, el carácter de una Política de Estado. Y, con el relevo en la cancillería de Ignacio Luis Arcaya, defensor de  la causa cubana, por cierto, incorporado  luego como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por Marcos Falcón Briceño, definitivamente adquirió el definitivo perfil del que supimos, la reclamación de El Esequibo.

Puede aseverarse, el espíritu puntofijista le dio alcance al problema esequibano y, por muchas diferencias que suscitara, palpable en el libre debate parlamentario y en los medios de comunicación social, el siglo XX concluyó con un magnífico esfuerzo concertado en  la  materia. A modo de ilustración, el Acuerdo de Ginebra fue ventilado y firmado por una delegación venezolana compuesta por factores de todos  los partidos legalizados y figuras independientes, firmantes o no del PP, añadido el PRIN, quien indirectamente representaba a las organizaciones insurrectas de entonces; y, durante la suscripción y discusión en casa del Acuerdo, no hizo mella alguna situaciones difíciles, como la del sabotaje guerrillero de oleoductos o el alzamiento militar de Ramo Verde, en los meses de inicio de 1966,  en un país con niveles de vida hoy envidiables, lejano a la hambruna y a la inseguridad personal a las que nunca nos acostumbraremos.

Y es que, con todos sus yerros, PP hizo posible esa Política de Estado hacia El Esequibo, agregado el cuestionamiento tan propio de la pluralidad.  Agotado PP, sin la sustitución de otros mecanismos o medios de un entendimiento indispensablemente histórico, la política desarrollada, caprichosa y excluyente, prendada a  la artificial y consabida polarización, ha resultado un monumental fracaso en lo que va de la presente  centuria.

02/04/2018:
https://www.lapatilla.com/site/2018/04/02/luis-barragan-puntofijo-esequibano/
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INAPLAZABLE PRONUNCIAMIENTO DE LA AN

Insustentable decisión de la ONU en el caso del Esequibo

 

En fecha reciente, la Organización  de las Naciones Unidas (ONU) ha ratificado y defendido la decisión adoptada por su Secretario General para remitir la reclamación del  Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situación que había advertido con antelación la Fracción Parlamentaria  del 16 de Julio en la Asamblea Nacional.

Al respecto, el diputado Luis Barragán, miembro de la referida agrupación parlamentaria,  señaló que el Secretario General se excedió en sus  competencias a tenor del artículo 33 de la Carta de  la ONU y del artículo IV numeral  2 del Acuerdo de Ginebra.

“Exceso agravado – dijo – porque Venezuela no es signataria del Protocolo Facultativo Sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, comotampoco ha suscrito tratados multilaterales como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar que reconocen esa instancia. Por ello, la Asamblea Nacional no debe esperar  para pronunciarse en un asunto  tan fundamental para la República, pues, por una parte, si no hay una Política de Estado en la materia, como ha ocurrido en el presente siglo, es tiempo de proponerla y  de realizarla a través de iniciativas concretas; y, por otra, la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio ha sido diligente al plantear y consignar reglamentariamente un Proyecto de Acuerdo relacionado con la inaplicabilidad de la ya citada decisión”.

El Proyecto de Acuerdo está inspirado en el documento concebido y elaborado por el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) que también fue consultado en la reciente sesión de trabajo que convocara con expertos en la materia, los representantes del Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, Mi Mapa y ONSA, además de contar con la presencia e intervenciones de los  diputados Angel Medina, Williams Dávila y Barragán.

Puntualizó el parlamentario de Vente Venezuela por el estado Aragua: “Completamente luce insatisfactoria y lamentable la actuación de D. H. Nylander como representante del Secretario General, durante 2017, porque, incluso, teniendo experiencia como mediador en el conflicto político colombiano, acá únicamente se reunió con el dictador, haciendo caso omiso de la oposición, mientras que en Guyana agotó sus consultas con todas las corrientes políticas y parlamentarias. Por lo demás, si de condiciones políticas se trata, el noruego, cuyo país de origen tiene intereses económicos en el vecino país, no estimó la particularísima emergencia humanitaria y la dislocación institucional en la que se encuentra Venezuela, haciendo insustentable cualquier decisión que la comprometa o diga comprometerla en el marco internacional”.

04/02/2018:

https://www.lapatilla.com/site/2018/02/04/diputado-barragan-insustentable-decision-de-la-onu-en-el-caso-del-esequibo

https://www.noticiafinal.com.ve/2018/02/04/diputado-barragan-insustentable-decision-de-la-onu-en-el-caso-del-esequibo

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http://www.noticiasbarquisimeto.com/2018/02/02/diputado-luis-barragan-la-onu-no-tiene-competencias-para-remitir-el-caso-del-esequibo

Fotografías: Reunión de trabajo del Consejo de Relaciones Internacionales (COVRI), Caracas (02/02/2018). Fotografías: Sully Sují (Culturísima.com).

Flyer: Promoción del progama radial, realizado en Capital 710 (Caracas, 03/02/2018).

ADVERTENCIA

EL NACIONAL, Caracas, 9 de enero de 2018

Una reflexión sobre lo jurídico en la controversia con Guyana

Víctor Rodríguez Cedeño

 

Este año será importante para la solución de la controversia con Guyana en relación con la nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que ha planteado Venezuela desde 1962 y que ahora está en manos del secretario general de Naciones Unidas, quien ha manifestado que la “remitiría” a la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con el “mandato” que habría recibido en virtud del Acuerdo de 1966.

La controversia planteada con Guyana sobre la nulidad del laudo emitido por un tribunal presidido por el jurista ruso De Martens, e integrado por dos árbitros ingleses y dos americanos, debe ser examinada desde diferentes puntos de vista, entre ellos, el jurídico, al cual me refiero, sin disminuir, desde luego, la importancia de los aspectos históricos y geográficos envueltos en ella, como también los políticos de la época y de hoy en día.

Conviene ante todo recordar, pues eso afecta en alguna medida el procedimiento y el laudo emitido por el tribunal, que estamos ante un arbitraje muy particular, en el que Venezuela estuvo ausente, solo representada por un tercer Estado, en una especie de situación cuasicolonial, lo que sustenta el criterio de que la controversia fue resuelta con base en un arreglo político.

Son varios los aspectos jurídicos que deben examinarse. Me referiré muy generalmente a dos de ellos con el único fin de motivar la reflexión y la investigación sobre el tema. Uno de procedimiento, la competencia de la Corte Internacional de Justicia, uno de los medios de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, a la cual hace referencia el Acuerdo de Ginebra de 1966; y el segundo, de fondo, en relación con la validez/nulidad del laudo, lo que supone considerar la falta de motivación del mismo y la aplicación de las reglas establecidas en el compromiso arbitral de 1897 y las técnicas del arbitraje de entonces.

La primera cuestión ha sido y sigue siendo objeto de criterios y opiniones diferentes. Me refiero a la competencia que tendría la Corte para conocer y decidir sobre esta cuestión si el secretario general se la envía, como estaría previsto en el Acuerdo de 1966. La Corte deberá decidir sobre su propia competencia, una facultad propia de la jurisdicción internacional, en todos los casos, bien a instancia de una de las partes o, si hubiere dudas, de oficio, para asegurarse que es competente.

En este caso, la Corte tendría que considerar si el Acuerdo de 1966 constituye per se un compromiso bilateral por el cual se acepta la jurisdicción del tribunal o si, por el contrario, el acuerdo supone la remisión simple de la controversia a la Corte, por el buen oficiante, para que ella lo considere, en función de sus propias reglas sobre la competencia y el ejercicio de su jurisdicción. En este caso, la remisión supondría, entonces, la aplicación de las reglas procesales de la Corte que exigen que para que un Estado se constituya en parte en un proceso debe expresar de forma inequívoca su consentimiento en aceptar la jurisdicción de esta, lo que no es el caso de Venezuela que hasta ahora no ha hecho la declaración facultativa que prevé el Estatuto de la Corte, ni adoptado ningún compromiso de otra naturaleza, aunque desde luego podría hacerlo en cualquier momento ulterior.

Si la Corte se declarase competente y admitiera la controversia por esta vía sui generis, no conocida en la práctica de la Corte hasta ahora, en la que un tercero, el secretario general de la ONU en este caso, ejerciera la facultad de introducir una demanda ante ella, debe examinar el fondo que a su vez tiene diversos elementos jurídicos.

La cuestión que se plantea, y ese sería el objeto de la controversia, es la validez/nulidad del laudo arbitral de 1899, tras las declaraciones conocidas, después de su muerte, del secretario del tribunal, Mallet-Prevost, que muestran que el arbitraje se había fundado en un arreglo político y que no se habían tenido en cuenta las reglas enunciadas en el artículo IV del compromiso arbitral del 2 de febrero de1897 que, junto con los principios de derecho internacional no incompatibles con ellas, debían tomar en cuenta los árbitros al momento de adoptar su decisión.

Precisamente, por haber sido fundado en consideraciones políticas, el laudo arbitral no fue motivado, lo que, a pesar del carácter de cosa juzgada de las decisiones arbitrales, podría afectar su validez. El tema de la motivación fue ampliamente discutido en la Conferencia de La Haya de 1899, celebrada entre mayo y julio de ese año, en la que el señor De Martens intentó imponer el criterio de que los laudos arbitrales no debían ser motivados para dejar mayor libertad al árbitro. Esta apreciación guardaba relación, evidentemente, con los trabajos del tribunal que conocía la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, entonces sub judice. La motivación de los laudos arbitrales, si bien no era una norma de derecho internacional consuetudinario entonces, fue incorporada, sin embargo, en el artículo 52 de la Convención de La Haya de 1899 y, más tarde, en la de 1907, en su artículo 79.

Hace algunos años, y es otra referencia importante a considerar en relación con la controversia, la Corte examinó el caso de la nulidad de la sentencia arbitral del 31 de diciembre de 1989. No se trataba, según las partes (Guinea Bissau/Senegal) de una “apelación” a la sentencia arbitral, sino de declarar si la misma era inexistente y en todo caso nula, según Guinea Bissau. La Corte en su decisión del 12 de noviembre de 1991 concluyó que la sentencia en cuestión no era inexistente, tampoco nula y que además obligaba a las partes a ejecutarla. Los jueces Andrés Aguilar (Venezuela) y Ranjeva (Madagascar) agregaron una interesante opinión disidente en la que expresan su convencimiento de que una decisión cuya autoridad ha sido fuertemente contestada pierde gran parte de su valor jurídico. Su cuestionamiento la priva del carácter de cosa juzgada, por lo que, expresaron entonces, la Corte debió pronunciar la nulidad de la sentencia.

Independientemente de la falta de motivación que podría afectar la validez del laudo, habría que examinar con cuidado el proceso y el laudo arbitral de 1899 y su compatibilidad con las reglas establecidas en el citado artículo IV del compromiso de 1897 y con las prácticas arbitrales de entonces.

La consideración de la controversia por la Corte de La Haya, si así lo sugiriese el secretario general de las Naciones Unidas, dependerá en definitiva de la voluntad de las partes. Si la Corte llegase a examinarla deberá decidir sobre la validez/nulidad del laudo de 1899. Si lo declarase nulo, una hipótesis, evidentemente, se abriría, por supuesto, un espacio a nuevas negociaciones para el establecimiento de la frontera entre los dos países conforme a la documentación que el tribunal arbitral no habría considerado adecuadamente.

Fuente:

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/una-reflexion-sobre-juridico-controversia-con-guyana_217975

EPÍSTOLA

Caracas, 25 de octubre de 2017

Ciudadano
Jorge Arreaza
Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-

Señor ministro,

Reciba nuestro cordial saludo con ocasión de dirigirnos a usted, en
nombre de las Academias, para manifestarle nuestra preocupación ante
los recientes anuncios tanto de la oficina del Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU) como del Gobierno de la República Cooperativa de
Guyana del envío de la controversia territorial sobre el territorio Esequibo
entre Venezuela y dicho Estado a la Corte Internacional de Justicia.
En virtud de la gravedad del asunto planteado, que afecta a los intereses
nacionales de Venezuela, estas Academias han acordado exhortarlo para
que de manera responsable se adopten oportunamente todas las medidas
necesarias, tanto jurídicas como de otro carácter, a fin de que los derechos
de Venezuela en esta reclamación histórica sean debidamente
salvaguardados. Guyana seguramente con una buena asesoría jurídica,
está haciéndole un expediente a Venezuela de sus silencios ante los
anuncios tanto del Secretario General de la ONU como del Gobierno
guyanés, para oponerlo en su oportunidad. El peligro es que en Derecho
Internacional, bajo ciertos términos, estos silencios de una parte pueden
ser interpretados como aceptación.
Debemos hacer mención a que ya en fecha 20 de marzo de 2017, la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales se dirigió a su antecesora en el
despacho Ministerial, Delcy Rodríguez, para manifestarle su preocupación
al respecto. Esa Academia acordó en fecha 7 de febrero del presente año,
pronunciarse públicamente para rechazar el anuncio realizado en
diciembre de 2016 por el entonces Secretario General Ban Ki-moon,
conforme al cual, éste designaría un nuevo representante personal para
encargarse del proceso de buenos oficios, pero que si para finales de 2017
no se ha logrado un “avance significativo” hacia un acuerdo completo para
la solución de la controversia, elegiría la Corte Internacional de Justicia
para solucionar ésta, a menos que Guyana y Venezuela, de manera
conjunta, le solicitaran que se abstuviera de hacerlo. Con posterioridad, en
fecha 27 de febrero de 2017, el nuevo Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, con ocasión del anuncio de la designación del señor Dag
2
Halvor Nylander como su Representante Personal para la controversia
fronteriza entre Guyana y Venezuela, igualmente anunció que el proceso
de Buenos Oficios continuará con un mandato reforzado de mediación
“hasta final de 2017”; y “si a finales de 2017, el Secretario General
concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo
completo para la solución de la controversia, el Secretario General elegirá
la Corte Internacional de Justicia como siguiente medio de solución, a
menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela conjuntamente le pidan
que no lo haga” (resaltados añadidos).
Recientemente, el Presidente de Guyana, David Granger, durante su
intervención en la 72o Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de
2017, expresó –conforme fue recogido en la prensa local e internacional-
que el reclamo de Venezuela contra su país es una “amenaza” y por ello –
agregó-, “tanto los Secretarios Ban Ki-Moon y Antonio Guterres han
mantenido la postura de, que si para 2020 no se ha producido avance
importantes en el diferendo, La Corte Internacional de Justicia será el
siguiente paso, por lo que “Guyana ha estado trabajando seriamente
con la Secretaría” (resaltados añadidos); y llamó a la comunidad
internacional para que Venezuela acepte el proceso judicial como el
camino claro, de paz y justicia para la solución del diferendo.
Estos anuncios del Secretario General de la ONU –y del Presidente de
Guyana-, de judicializar la solución de la controversia mediante el envío de
la misma a la Corte Internacional de Justicia, deben ser rechazados de
manera pública y categórica por el Gobierno de Venezuela, no sólo por ser
contrario a los intereses del país, sino porque el mismo es violatorio del
Acuerdo de Ginebra. Venezuela no debe ni puede aceptar que este delicado
asunto sea enviado unilateralmente y sin su consentimiento a dicho
Tribunal internacional. Por ello es necesario que se deje constancia de su
rechazo público. Como lo afirmamos al inicio, en Derecho Internacional los
silencios de los Estados tienen consecuencias jurídicas y pueden ser
usados en su contra.
Esta anunciada decisión unilateral –seguramente inconsulta al menos con
Venezuela- del Secretario General de la ONU es violatoria del Acuerdo de
Ginebra cuyo objeto y propósito explícitos consisten en la búsqueda de
una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en
forma aceptable para ambas partes. Por lo cual, someter la controversia a
un procedimiento judicial desnaturalizaría el Acuerdo de Ginebra, ya que
impediría que las partes, a través de un mecanismo de negociación, logren
un acuerdo práctico a la controversia que sea mutuamente aceptable para
ellas. Una solución judicial unilateral es lo contrario a un arreglo práctico
que resulte satisfactorio y aceptable para ambas partes.
3
Al mismo tiempo, esta decisión equivaldría a la introducción arbitraria de
un término de caducidad de las negociaciones entre las partes para buscar
una solución práctica conforme al Acuerdo de Ginebra, las cuales
evidentemente no han sido agotadas. Conforme a dicho instrumento
internacional (Art. IV, 2), si alguno de esos medios, como podrían ser los
actuales buenos oficios con mandato reforzado de mediación o cualquier
otro de la misma naturaleza no han conducido a una solución de la
controversia, el Secretario General de la ONU escogerá otro de los medios
estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así
sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que
todos los medios de solución pacifica contemplados en dicho artículo
hayan sido agotados. Sin embargo, esos “medios de solución pacífica”
contemplados en dicha norma, deben sujetarse siempre al objeto y
propósito del Acuerdo de Ginebra, cual es precisamente la búsqueda de
una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en
forma aceptable para ambas partes.
De tal manera que reiteramos una vez más: pretender que con el solo
consentimiento del Gobierno de Guyana, el Secretario General de la ONU
podría escoger remitir el asunto a la Corte Internacional de Justicia,
constituye una infracción del objeto y fin del propio Acuerdo de Ginebra
que establece que las partes del mismo deben “buscar soluciones
satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” de manera que
ésta sea “amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para
ambas partes”.
En consecuencia, las Academias consideran que Venezuela, como país,
debe hacer valer de manera pública y a la mayor brevedad posible los
términos del Acuerdo de Ginebra, tanto frente al Gobierno de Guyana
como en sus gestiones ante el Secretario General de la ONU, de modo
que el asunto se mantenga siempre dentro del ámbito de las
negociaciones diplomáticas para la búsqueda de un arreglo práctico de
la controversia que resulte aceptable para ambas partes.
Reiterándole nuestras expresiones de consideración, se despide de Usted.

Atentamente,

Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academias de Ciencias Políticas y Sociales
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Fuente. Remitido por el Dr. José Alberto Olivar, tomada la carta del portal digital de las Academias.

PRAGMATISMO

Claudio Briceño Monzón
Están equivocados quienes creen que la reclamación sobre el Esequibo será resuelta en La Haya

“Remitir la disputa territorial por El Esequibo a la Corte Internacional de la Haya, sería una malinterpretación del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Ante el riesgo de seguir prolongando la disputa, la solución definitiva pasa por un acuerdo bilateral entre ambos Estados, sobre la base de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. La Corte Internacional de Justicia no puede considerar la solicitud de Guyana sin el consentimiento de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra otorga al Secretario General de las Naciones Unidas, la atribución de escoger como uno de los medios previstos en el Estatuto de la Corte, el arreglo judicial, pero esto no significa que la Corte de la Haya sea la instancia competente para reconocer la controversia territorial”.

Así lo señaló, Claudio Briceño Monzón, profesor de la Universidad de los Andes, a propósito del inminente vencimiento del plazo establecido por la Secretaría General de la ONU, a los gobiernos de Venezuela y Guayana para resolver este año la controversia sobre el territorio Esequibo.
“Venezuela no está colocando en tela de juicio la existencia del Estado Guyanés, tal como lo ha venido esgrimiendo, a través de los medios internaciones el gobierno de ese país, eso es una completa mentira. Venezuela lo que ha hecho es reclamar lo que le corresponde por derecho, es decir, una parte del territorio que nos fue injustamente arrebatado tras el Laudo Arbitral de 1899. Es importante que todos tengamos en claro, sobre todo la Cancillería de Venezuela, que no se puede delimitar áreas marinas y submarinas, si primeramente no hemos delimitado y demarcado la frontera terrestre, porque no sabemos de dónde va a partir la frontera marítima”.

“Guyana está en su derecho de ampliar su Plataforma Continental, su Mar Territorial y su Zona Económica Exclusiva, pero primero debe establecer sus fronteras terrestres con sus vecinos, ya que la delimitación de áreas marinas y submarinas no se puede hacer de forma unilateral, es necesario que ambos países mantengan el razonamiento que las delimitaciones terrestres y marinas deben hacerse por acuerdo entre las parte de forma bilateral. La ampliación de la plataforma continental de cualquier país en el mundo va acompañada de tratados con sus países vecinos, no olvidemos que los conflictos mundiales siempre han sido por las controversias territoriales o marítimas”.

El profesor Briceño Monzón, quien fungió como coordinador del libro La Cuestión Esequibo, en el que participaron varios especialistas en el tema y publicado este año por la Universidad Metropolitana, agregó: “En 28 años la figura del Buen Oficiante no ha logrado éxitos en la solución de este conflicto territorial y nos parece difícil que actualmente se logre resolver esta problemática, a través de este mecanismo, el cual es un negociador que busca la forma de poner a las partes de acuerdo en la solución del conflicto, pero donde los intereses son tan absolutos, que es complicado que se llegue a un resultado con equidad”.

Finalmente acotó que “el interés de la transnacional Exxon Mobil de asistir a Guyana en los gastos judiciales de una eventual controversia con Venezuela, pone en evidencia la potencialidad de recursos petroleros que encontraron en el bloque Stabroek. Y frente a ese escenario, el gobierno venezolano ha sido muy benevolente con la actuación de Guyana en la exploración de unas áreas marinas y submarinas que son parte del territorio venezolano y que están en discusión, según el Acuerdo de Ginebra”.

12/12/2012:
https://www.lapatilla.com/site/2017/12/12/claudio-briceno-monzon-estan-equivocados-quienes-creen-que-la-reclamacion-sobre-el-esequibo-sera-resuelta-por-la-haya/

La reclamación Esequiba: diplomacia política y solución pragmática
Claudio Alberto Briceño Monzón

En Venezuela nunca se valorizó en forma y a fondo el espacio periférico. Fue éste minimizado en la teoría y en la práctica del desarrollo nacional. Postergado por la adopción de un criterio económico y político rígido, impuesto de arriba hacia abajo, considerándose a la frontera como área de defensa, no apta para adoptar innovaciones. Estos espacios limítrofes quedaron destinados a una permanente dependencia de los centros de poder económico y político, ubicados en la unidad costa montaña caribeña.
Las determinantes económicas y geopolíticas, externas o internas son combinadas en modelos formulados para regiones o sistemas regionales. Partiendo de una realidad nacional a fin de ubicarse en términos de absoluta soberanía, en el ámbito internacional. Venezuela ha tenido una proyección geopolítica que poco ha logrado consolidarse, es decir, sus ventajas y oportunidades estratégicas se han perdido por no lograr fortalecer miradas que refuercen verdaderas políticas que valoren la importancia geopolítica de sus cuatro vertientes: andina, amazónica, caribeña y atlántica. Desde Colombia por el occidente, Brasil por el sur, los países caribeños por el norte (desde Trinidad y Tobago hasta Puerto Rico, Martinica y Guadalupe) y Guyana por el oriente.

El Esequibo, de 159.000 kilómetros, está enclavado en plena selva y tiene capacidad para la explotación minera y maderera. Venezuela reivindica este territorio alegando que no estuvo presente en el proceso que derivó en un laudo arbitral de París 1899, que otorgó este territorio a la corona británica.
El 17 de febrero de 1966 se firma entre Venezuela y el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, el cual expone en su artículo 1°: "... que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica es nulo e írrito". El mismo acuerdo establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre ambos países. Para Gran Bretaña, el arreglo práctico fue concederle la independencia a la Guayana Británica, el 26 de mayo de 1966. Ese mismo día el gobierno de Venezuela le otorga el reconocimiento a la nueva República, haciendo clara reserva de su reclamación de la Guayana Esequiba. Entre 1966 y 1970 fracasó una comisión mixta que buscó arreglos, y entre 1970 y 1982 el diferendo fue congelado por un período de doce años, en el denominado Protocolo de Puerto España, ante una situación regional e internacional que independientemente de las buenas intenciones, permitió que Guyana se fuese preparando para la ofensiva de la cual es hoy objeto nuestro país.

La frontera de Venezuela con Guyana, anteriormente Guyana Británica, está aún bajo reclamación venezolana, ante la forma irregular y contraria a los intereses venezolanos en que fue establecida. Esta controversia territorial por El Esequibo, se reactivó el 18 de junio de 1982, siguiendo el procedimiento prescrito por el Acuerdo de Ginebra. Por ello Guyana y Venezuela encomendaron al Secretario General de la ONU que propusiera a ambos países una solución pacífica, escogida entre las propuestas en la Carta de las Naciones Unidas.

En los últimos años el gobierno guyanés a través de su cancillería, ha pretendido delimitar unilateralmente  la fachada Atlántica del territorio Esequibo y el Delta del río Orinoco, área de una importancia geoestratégica potencia en la situación geopolítica de Venezuela ante el mundo; siendo relevante señalar que las fronteras terrestres entre Guyana y Venezuela no han sido ni delimitas ni demarcadas, y se encuentra como ya hemos señalado en discusión en base al Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966.

El Acuerdo de Ginebra, fue un compromiso o un remedio práctico, una solución satisfactoria y efectiva, en aquel momento los gobiernos de Guyana declaraban: demuéstrenos  primero que el Laudo es nulo e írrito. Eso se repite, se repite hasta que pasan 4 años. No se llega a ningún acuerdo; Venezuela ofrece una serie de posibilidades como la exploración y explotación conjunta del territorio en disputa, lo cual no aceptan los guyaneses. Este convenio hasta ahora no ha cumplido sus objetivos en casi medio siglo de existencia, sus negociaciones no  solucionaron la problemática; pero no se puede negar que en su momento hace 51 años fue un esfuerzo considerable,  que dependió precisamente de la buena fe de las administraciones de Guyana, que sigue pidiendo que se justifique la nulidad del Laudo. Por eso, como se trata de lograr la reparación de una injustica, demostrada hasta la saciedad con documentos y mapas irreprochables, y con el relato e indicaciones de quienes participaron en aquel Laudo amañado, Venezuela seguirá adelante hasta encontrar la solución equitativa que nos reintegre  alguna porción del territorio despojado. El contenido del acuerdo de Ginebra fue motivo de discusión en el Congreso Nacional; donde había críticas positivas y negativas del contenido del que a partir de su discusión se transformó en Ley de la República el 13 de abril de 1966, aplicable a nuestra Reclamación de la Guayana Esequiba.

Desde 1989 al 2014, los buenos oficiantes nombrados por la ONU, han sido representantes de la CARICOM, es decir, del Caribe angloparlante, el cual está constituido por un conjunto de islas que fueron colonizadas por ingleses, las cuales han obtenido su independencia desde mediados y finales del siglo XX, y son más proclives a la posición guyanesa que a la venezolana. La figura del buen oficiante en la controversia entre Venezuela y Guyana, se encargó: al granadino Alistair McIntyre, de 1989 a 1999, al barbadense Oliver Jackman de 1999 a 2007, y al jamaiquino Norman Givan de 2010 a 2014. La designación el 27 de febrero de 2017 al diplomático noruego Dag Nylander como mediador en la disputa territorial guyanesa–venezolana por la Guayana Esequiba, cuya gestión se prolonga hasta final del año. Nylander actuará como representante personal en esas gestiones del secretario general de la ONU. El proceso de buenos oficios que ha llevado a cabo las Naciones Unidas  continuara hasta finales de 2017, con un mandato fortalecido de mediador. Si para entonces no hay un progreso significativo para resolver la controversia, el caso será derivado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, con la excepción de que uno de los dos países pida explícitamente que no se vaya a tal tribunal internacional. Nylander fue el jefe del equipo diplomático noruego que actuó como garantes del proceso de paz en Colombia entre 2012 y 2016, y representó a su país ante la ONU entre 2001 y 2014.

El cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, es de buscar una solución práctica de la controversia, en la perspectiva de la negociación política y no rigurosamente jurídica. Debe llegarse a una solución bilateral para la delimitación primeramente de la frontera terrestre y para la delimitación de las áreas marinas y submarinas es esencial determinar la demarcación de la frontera terrestre. Nuestra política exterior debería reestructurar en su agenda, como un punto prioritario la cuestión Esequibo, convendría ser un asunto de Estado y no de gobierno, y obligarse ser un punto primordial, el cual requiere de una política coherente y continua, hasta la solución de dicho diferendo.  La Cancillería está en la obligación de emitir opinión en contraposición de los actos unilaterales desarrollados por el gobierno guyanés. Ambos países deben sentarse a negociar la solución pragmática de esta histórica controversia territorial, que no ha permitido el desarrollo de la región Esequiba para el beneficio de los ciudadanos de ambos países. La Guayana Esequiba nos corresponde por justificados títulos sobre los que reposan la territorialidad del país, la soberanía nacional se ejerce en los espacios nacionales. 

Gráfica inicial: Mapa del territorio. Reportaje extenso de ed Córdova-Claure sobre el tema. Resumen, Caracas, nr. 124 del 21/03/1976. 
Fuente: http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/31532-esequiba

NUEVOS HALLAZGOS Y PLANTEAMIENTOS

Una perspectiva para el problema esequibano
Luis Barragán

A mediados de diciembre de 2016, nos sorprendió una declaración del Secretario General saliente de la ONU, señor Ban Ki-moon, obviamente acordada y acogida por su sucesor, anunciando el plazo de un año  para remitir a la Corte Internacional de Justicia la controversia esequibana, en el caso que Venezuela y Guyana no acordasen lo contrario.  Concluyendo febrero de 2017,  el noruego Dag Halvor Nylander fue designado como representante personal del entrante Secretario General, señor António Guterres,   para atender tan espinoso asunto, hallándose la canciller Rodríguez en Suiza, en el marco del 34° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, insistiendo en que “Venezuela mantiene su modelo económico y es lo que sin duda se ha convertido en una amenaza  para este imperio capitalista  y este orden internacional y financiero causante de sufrimiento a la humanidad entera”.

Entre otros aspectos, nuestra intervención en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional con motivo del 51° aniversario del Acuerdo de Ginebra, acentuó la preocupación por el plazo inconsistente ya de diez meses, ahora  confirmado para despecho de quienes hicieron una lectura ligera de la declaración decembrina. Así, debe ocuparnos la aludida representación personal que puede interpretarse como una labor de mediación política más que fronteriza, dada la experiencia colombiana de Nylander, descartando el papel de Buen Oficiante, como el silencio sospechoso de nuestra cancillería, la que privilegia la generosa y también analgésica abstracción del intervencionismo imperialista, en un país que concreta y literalmente muere de hambre,  teniendo como  saldo el de una exitosa estrategia de Georgetown.

Sobre todo, porque tendemos a recrear las viejas circunstancias a la que respondió una Política de Estado, por cierto, deliberadamente quebrada en el presente siglo, tan propicia para una retórica oficial que suele desubicar a la propia oposición. Vale decir, contamos con la meritorísima herencia de una perspectiva, enfoques y estrategias que requieren de una urgente actualización, pues, por una parte, es útil para la demagogia gubernamental que, incluso, aparentándose nacionalista, se apropia de un lenguaje reivindicador que en los hechos traiciona; y, por otra, inútil para una oposición conformista que no despliega todavía una posición deseable y eficazmente crítica e innovadora, la que deriva de un debate amplio y organizado.

Contamos con una sólida y profunda fundamentación de los alegatos históricos y jurídicos que, más allá de la reiteración, podemos perfeccionar con nuevos hallazgos y planteamientos, como ha ocurrido con la reciente publicación de “La cuestión Esequibo: Memoria y soberanía”, bajo el sello de la Universidad Metropolitana y el aval de las universidades Simón Bolívar y de Los Andes, coordinada por los doctores Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar y Claudio Briceño Monzón. Quince trabajos, rigurosamente arbitrados, dan cuenta de sendas novedades históricas, pero también asoman una sugestiva perspectiva política y estratégica del problema que, reconociéndose en ella, tiende a superar la valiosa herencia para (re) colocarnos en el presente siglo.

No será fácil resolver tan apremiante cuestión, siendo Nicolás Maduro la mayor de nuestras vulnerabilidades en el campo de la seguridad y defensa de la nación, pero la peor diligencia es la que no se hace. A modo de ilustración, exigido por largo tiempo, incluyendo a los esequibanos que tan inútilmente recurren al TSJ, el flamante anuncio oficial de la cedulación se redujo a un operativo político en Tumeremo del que no se ha sabido más, por no citar que su implementación no requierió de  fiscalización opositora alguna que ha de garantizar  su trasparencia y pulcritud, como acontecía décadas atrás.

06/03/2017:
http://www.diariocontraste.com/2017/03/una-perspectiva-para-el-problema-esequibano-por-luis-barragan-luisbarragan
http://noticiasvenezuela.info/2017/03/una-perspectiva-para-el-problema-esequibano-por-luis-barragan-luisbarraganj

CONTEXTUALIZACIÓN DE UN RECLAMO HISTÓRICO

!Cuidado con la cedulación!

“Estamos muy lejos de una posición chauvinista en relación al problema esequibano”, indicó enfáticamente el diputado Luis Barragán, luego de su intervención en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional que discutió y aprobó por unanimidad un Proyecto de Acuerdo alusivo al 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra.

“La globalización tiene dos puertas. La maldita es la del narcotráfico, el tráfico de armas u órganos,  y, en  este tránsito de la dictadura no convencional al Narco-Estado, el territorio es un dato fortuito, circunstancial.  Así como al régimen venezolano no le importa que extensas zonas del país estén bajo el poder de hecho del hampa, aunque reporten más de veinte mil muertes prematuras y violentas por año, tampoco le interesa la reclamación pendiente por varias décadas del Esequibo y, los hechos hablan por sí mismos, el gobierno de Guyana ha hecho lo que le viene en gana con el Acuerdo de Ginebra, desconociéndolo, faltando Miraflores a lo que fue una Política de Estado exitosa en la segunda mitad del siglo XX”.

Añadió el parlamentario de Vente Venezuela: “La puerta bendita de la globalización, conduce a la interdependencia de los pueblos en la búsqueda interminable del progreso político, social, económico y cultural. Y, en éste contexto, ubicamos nuestra reclamación, porque es posible acordarse en un futuro  con Guyana sobre el aprovechamiento adecuado, sano y aceptable del Esequibo que beneficie a ambos pueblos, pero con el previo reconocimiento de nuestro justo y pacífico reclamo de varias y largas décadas”.

Insistió el diputado Barragán sobre la conformación de una Comisión Especial o Mixta para atender el problema: “Contribuiría a la construcción de una Política de Estado que permita desarrollar por la mejor vía nuestra reclamación, asumiendo la declaración del Secretario General de la ONU de diciembre próximo pasado que da un plazo de doce meses para solventar el asunto en el marco del Acuerdo de Ginebra, pues, de lo contrario, lo remitirá a la Corte Internacional de Justicia; respondiendo a  distintas circunstancias inmediatas y apremiantes, como la inusual movilización de tropas guyanesas en la zona esequibana, las interesadas emisiones radiales a pocos kilómetros del estado Delta Amacuro, las concesiones petroleras en la fachada atlántica, la desprofesionalización de nuestra cancillería, el necesario reemplazo de la embajadora venezolana en Georgetown que debe pasar por la Asamblea Nacional, por ejemplo”.

Finalmente, acotó: “Aplaudimos la cedulación creciente de los esequibanos, como lo exigimos en numerosas ocasiones, pero es necesaria la inmediata supervisión del parlamento, ya que el gobierno puede aprovechar la ocasión y meter gato por liebre, en una zona que tiene por característica la presencia demasiado precaria del Estado. Ojalá que cedulen a todos los esequibanos y no sirva de pretexto para cedular a quienes, no siéndolos, gozarán de una identidad que no cumple con el proceso mínimo de solicitud de la naturalización. Recordemos que no hay una fiscalía de cedulación independiente, como la hubo veinte años atrás”.

24/02/2017:

https://www.lapatilla.com/site/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://diarioinforme.net/nacionales/cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos

http://www.noticierodigital.com/2017/02/diputado-barragan-hay-circunstancias-que-apremian-sobre-el-esequibo/

http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=61199

http://diarioinforme.net/politica/guyana-ha-hecho-lo-que-le-da-la-gana-con-acuerdo-de-ginebra

http://noticiasvenezuela.info/2017/02/diputado-barragan-guyana-ha-hecho-lo-que-le-da-la-gana-con-acuerdo-de-ginebra/

http://regionales.net.ve/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://www.hoyenvenezuela.com/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

https://www.venezuelamundial.net/politica/vzlamundial/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos

http://noticias.anotao.com/link/ve/20170202388176/www.lapatilla.com/site/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://noticias.anotao.com/link/ve/20170202388176/www.lapatilla.com/site/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://www.notiexpresscolor.com/2017/02/24/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://venezuela.shafaqna.com/ES/VE/728993

https://www.venezuelamundial.net/politica/vzlamundial/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos

http://www.radiowebinformativa.com/nacionales/diputado-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

http://noticiasvenezuela.info/2017/02/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos/

https://www.venezuelamundial.net/politica/vzlamundial/diputado-luis-barragan-cedulacion-debe-ser-de-los-esequibanos

http://www.scoopnest.com/es/user/la_patilla/835119083460956161

Fotografía: Junto a Jorge Luis Fuguet y Leonardo Mieres, después de celebrada la sesión de la Asamblea Nacional referida al Acuerdo sobre el 51° aniversario de Ginebra.