LA DESEADA COMPLEJIDAD

EL PAÍS, Madrid, 28 de agosto de 2016
 TRIBUNA
La democracia simplificada
La política es cada vez más un espectáculo donde cada partido repite el mensaje de siempre
Francisco Muñoz

El despegue de fuerzas políticas organizadas en movimientos asamblearios en España tiene su base en los efectos de la crisis económica, en la falta de expectativas e incluso en la desesperanza de muchos ciudadanos. Pero no es solo la crisis, sino la tremenda desconfianza hacia la política convencional y a sus estructuras de participación y funcionamiento. La política y los políticos se perciben como un problema, los ciudadanos/as no participan en los asuntos públicos, la corrupción parece algo consustancial en las instituciones y, en general, existe una profunda desconexión entre la sociedad y la política, con la pérdida de calidad democrática que ello supone.
¿Dónde hay que buscar la causa de tanta desafección? De entre los múltiples análisis posibles, aquí queremos centrarnos en la comunicación política: el papel de los asesores, las agencias y los equipos que diseñan las estrategias de comunicación que suponen el punto de partida de los mensajes políticos que luego son introducidos en el sistema de medios y sobre el que gira “la realidad informativa” y especulativa.
El “argumentario” es el documento que unifica la posición de los partidos ante cualquier asunto estratégico. Su mecanismo de elaboración es muy sencillo: se parte de la realidad, se recorta lo que puede perjudicar, se elimina lo que pueda aprovechar el adversario, se potencia lo que justifica la posición propia y se busca un titular que lo resuma. En definitiva, se transforma una realidad compleja en un conjunto de enunciados sencillos partiendo de presupuestos persuasivos definidos por la organización y superpuestos a la realidad como una capa de interpretación de la misma que pretende sustituirla. Cada organización elabora estos mensajes con un doble fin: homogeneizar su posición (coherencia, credibilidad, evitar ruido) y diferenciarse del adversario (visibilidad, notoriedad, adhesión) y combinan un elemento racional objetivo con una arquitectura fuertemente emocional. Estos contenidos se distribuyen al sistema de portavoces y se proyectan en entrevistas, comparecencias, notas de prensa, tertulias….. Da igual que haya mil canales, porque el mensaje es único y será repetido mil veces. La espectacularización de la política tiene mucho que ver con la estandarización de los contenidos.

Esta forma de trabajar tiene una función netamente persuasiva: ya no es sólo dominar la agenda sino que se intenta imponer un marco de interpretación (framing) con el que construir un relato verosímil (storytelling) de la posiciones de la organización.
Cada propuesta es un eslogan y se trabaja para que funcione como una llamada a filas
Sin embargo, a lo que nos conduce este modelo es al empobrecimiento de la relación entre la política y los ciudadanos. Cada propuesta es un eslogan y se trabaja para que funcione como una llamada a filas, es decir, simplificando la realidad hasta convertirla en un sistema binario ante el que solo caben la aceptación, el rechazo o la indiferencia. Es más: o se aceptan con entusiasmo o se rechazan con virulencia o provocan un profundo hastío. Y esta parece ser la opción mayoritaria en los últimos años. La gente “pasa”. Los ciudadanos no se identifican con las propuestas de los partidos políticos convencionales debido al extrañamiento de los discursos políticos de la propia realidad, adelgazándola hasta la desfiguración, hasta hacerla irreconocible y, aún peor, increíble.
Si en la “dispersión refractiva” la luz blanca atraviesa un prisma y se descompone en toda su gama de colores, aquí la “concentración persuasiva” hace que una realidad llena de matices y colores, atraviese los medios de comunicación y se convierta en un pensamiento único.
Un contenido además, que tiene muy pocas posibilidades de alcanzar el fin para el cual fue pensado, ya que sabemos que los ciudadanos se exponen sólo a aquellos mensajes que refuerzan su estilo y forma de vida y en los que pueden ver identificadas sus opiniones. Esta exposición selectiva hace que el efecto persuasivo de los medios (y, por tanto, de la comunicación política y, por tanto, de los medios de comunicación) se limite al refuerzo de los ya convencidos. Así que, paradójicamente, la comunicación de partidos genera esferas de opinión estancas y, entre ellas, un gran espacio de incomunicación y desafecto.
Por ello es necesaria una reflexión colectiva que apunte a la complejidad. Debemos añadir capas de inteligencia a la gestión de la comunicación política porque en ella se genera valor para la calidad democrática de nuestra sociedad. Diferenciación de mensajes, enriquecimiento de los contenidos, fórmulas, formatos y espacios en medios que fomenten auténticos debates, asumiendo que la gente puede pensar por si misma y que para ello, un poco de complejidad es recomendable.
(*) Francisco Muñoz es profesor de Comunicación Institucional en la Universidad Complutense de Madrid.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/02/14/opinion/1455468912_766803.html
Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=YJDaXXrK2Eg

RIESGOS

EL PAÍS, 14 de mayo de 2013 
TRIBUNA
En el túnel
La desafección por la política, manifestada en opiniones y en el crecimiento de partidos populistas y xenófobos, indica que la democracia representativa afronta en toda Europa problemas serios
José María Maravall 

Estamos no solo ante una crisis económica muy grave, sino ante serios retos de la democracia representativa. Estos se manifiestan en un crecimiento de partidos populistas y xenófobos, situados en la extrema derecha, y también en una creciente desafección hacia las instituciones democráticas nacionales y hacia la Unión Europea. Es necesario hoy, tanto en España como en Europa, pensar y hacer más, no solo sobre la economía, sino sobre la democracia.
La simple descripción es complicada. La confianza en las instituciones nacionales ha caído de forma dramática en un corto espacio de tiempo. Según datos de fines de 2012 (Eurobarómetro 78, diciembre de 2012), solo un 28% de los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea confía en sus Parlamentos; un 27% en sus Gobiernos. Esto significa una reducción de 15 puntos respecto de la confianza existente cinco años atrás. La confianza en la Unión Europea es un poco más elevada: la mantiene un 33% de los ciudadanos. Pero su colapso ha sido más grave: 25 puntos en esos cinco años.
Es cierto que esta crisis de confianza en las instituciones varía mucho en el seno de los 27 países. Así, un 68% de los suecos confía en su Parlamento; un 59% en su Gobierno. Los porcentajes son también elevados en Finlandia, Dinamarca, Holanda o Austria. Por el contrario, en Italia o España solo un 11% y un 9%, respectivamente, confía en sus Parlamentos; un 17% y un 11% en sus Gobiernos. En España, ante el clamor de “lo llaman democracia y no lo es” o “no nos representan”, la “política del avestruz” sería irresponsable.
Cabría también pensar que los problemas de la democracia no afectan a los países “virtuosos”. Si bien es verdad que sus ciudadanos son mucho más benevolentes hacia las instituciones democráticas, los problemas políticos son considerables. En particular, ha sido en estos países donde los partidos de extrema derecha han crecido de forma más considerable, arrojando sombras sobre el sistema político.
España es hoy el paíde la UE con mayor desigualdad, frente a lo que ocurría en los años ochenta.
Sabemos que en Francia, el Frente Nacional tiene en estos momentos una intención de voto de un 11% (encuesta de Le Figaro); que en Reino Unido, el UKIP (United Kingdom Independence Party) atrae un 23% de la intención de voto (encuesta de la BBC). En Austria, un país que ha figurado como ejemplo de gestión de la crisis económica, la extrema derecha en su conjunto (el Partido Liberal —Freiheitliche Partei Österreichs— y la Unión por el Futuro —Bündnis Zukunft Österreich—) fue respaldada por un 29% en las elecciones de 2008. Hoy el Partido Liberal por sí solo tiene una intención de voto de un 27%. En Finlandia, otro ejemplo de “virtud”, el Partido de los Verdaderos Finlandeses (Perussuomalaiset) obtuvo un 19% de los votos en las elecciones de 2011, convirtiéndose en el tercer partido del país.
Es cierto que en otros dos países “virtuosos”, Holanda y Dinamarca, los apoyos de la extrema derecha se han reducido en las últimas elecciones. Pero en todos los casos, el apoyo electoral a la extrema derecha es superior al que tiene en Grecia el partido neonazi Aurora Dorada, que alcanza hoy el 10% de la intención de voto. Ni en Portugal ni en España han surgido partidos políticos de este corte.

Esta desafección, manifestada tanto en opiniones como en el auge de partidos racistas y antisistema, indica que la democracia representativa afronta en toda Europa problemas serios. Sin embargo, en la Unión Europea apenas se ha prestado atención a la democracia. Y tanto sus instituciones como sus políticas han contribuido a extender la sensación de que “no hay alternativa”. Si los ciudadanos entienden que tanto con el Gobierno como con la oposición la política será la misma, concluirán que “todos los políticos son iguales”, que “los políticos siempre mienten”: ofrecerán promesas diferentes pero luego las traicionarán para hacer lo mismo. Las elecciones serán en tal caso una pantomima: unos votos irrelevantes para las políticas subsiguientes.
Sin embargo, este diagnóstico facilita que ganen malos gobernantes, daña a la democracia y socava el apoyo a la UE. Debería resultar obvio que la protección de los derechos varía en sus países según quién gobierne, ya se trate de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la educación y de la sanidad públicas. Lo mismo sucede respecto de la igualdad. Hoy día los ingresos del 20% más rico de los españoles son 6,8 veces superiores a los del 20% más pobre (Eurostat, Statistics on income and living conditions, 2013). Somos el país con mayor desigualdad en el seno de la UE, el doble de la existente en Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda o Bélgica. Esta desigualdad, por el contrario, se redujo sustancialmente en España a lo largo de la década de los ochenta. Los años en que ha gobernado la socialdemocracia en un país son una causa fundamental de que las diferencias en las condiciones de vida de los ciudadanos sean menores.
La desesperanza deriva en buena parte de que los políticos no hablan de en qué país querrían vivir.
Ello es compatible con la eficacia económica en el seno de la UE. Ni la globalización ni la ortodoxia económica han uniformizado las políticas. Por poner ejemplos, Dinamarca, Suecia y Finlandia han sido los países que han cumplido de forma más rigurosa la regla de estabilidad presupuestaria desde 1999. A la vez, en estos países el gasto público representó en 2011 más de un 50% del PIB. Es decir, Gobiernos con economías muy competitivas alcanzaron un equilibrio fiscal mediante un gasto público y unos ingresos fiscales simultáneamente altos.
Por el contrario, el Programa de Estabilidad que acaba de presentar Rajoy prevé que el gasto público se reduzca hasta un 38% del PIB en 2015, y que la recaudación fiscal sea aún más anémica. Esa es una ingente diferencia política. Un Estado así no podrá cumplir con las obligaciones de atender a las necesidades de sus ciudadanos: esa atención dependerá de los medios económicos de que dispongan. Piénsese, sin embargo, que en España el desequilibrio presupuestario no se ha debido a un gasto público descontrolado, sino a unos ingresos fiscales anémicos que se derrumbaron seis puntos del PIB en cuatro años y son ahora nueve puntos inferiores al promedio de la UE. Sin embargo, en vez de reducir el fraude fiscal, la amnistía decretada por el Gobierno no ha incrementado la recaudación, simplemente ha legalizado a los defraudadores.
Si no caben en Europa devaluaciones de la moneda, “devaluaciones internas” pueden ser inevitables para recuperar competitividad, pero esta no se consigue solo con reducciones de los costes laborales, sino con una inversión pública que incremente la productividad de los factores, en una educación y formación adecuadas, en I+D+I, en infraestructuras. Las diferencias en el seno de la UE son ingentes. Si para un país como España, tan escasa de ahorro interno, atraer inversión exterior resulta esencial, sabemos que ello depende del equilibrio macroeconómico, de una fiscalidad predecible, de la estabilidad política. Ello no son rasgos de la izquierda o de la derecha. Sí lo son los niveles y los componentes del gasto y de los ingresos públicos. No, no todos los partidos son iguales.
La desesperanza con la política deriva en buena parte de que los políticos no hablan de en qué país querrían vivir al final del túnel, para que se entiendan sus políticas. Al revés de Rajoy, Felipe González no atribuyó la responsabilidad de políticas de ajuste a la UE o al FMI, no dijo nunca que él y los españoles carecían de elección. Dijo también que al final de un túnel que podía durar 10 años, su objetivo era un país que se respetara a sí mismo —es decir, que protegiera a sus ancianos, atendiera a las personas necesitadas, ofreciera oportunidades a sus jóvenes— y que por ello fuera respetado internacionalmente. Hoy, por el contrario, nadie indica dirección alguna. Así, con angustia y desconcierto, los ciudadanos piensan que en este sistema no hay alternativa y no saben qué les espera. Pero la necesaria desconfianza no puede derivar en ceguera.
(*) José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de Educación y Ciencia (1982-1988) en los Gobiernos de Felipe González. Acaba de publicar Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
Ilustraciones: Eva Vázquez, tomadas de la red.

¿LA POLÍTICA Y SUS OFICIANTES ... SE PREFABRICAN?

EL PAÍS, Madrid, 14 de septiembre de 2013
TRIBUNA
Cómo volver a creer en la política
La honestidad y la decencia son exigibles a los que se presentan a las urnas
Adolfo García Ortega 

Los que amamos la política porque creemos en la fuerza constructiva de lo público lamentamos el lodazal en que la política ha caído, derribada por quienes deberían practicarla con honorabilidad. Tramas de corrupción, financiación ilícita de partidos y enriquecimientos subrepticios se añaden a otras infamias, como son los miopes y enfrentistas patrioterismos, la incompetente gestión económica, descaradamente codiciosa e injusta; la decapitación de cualquier futuro en materia de ciencia, educación, sanidad y cultura, la creciente desigualdad social, etcétera. Este mapa de irresponsabilidades pinta nuestro actual paraíso político. La última muestra de evaluación ciudadana de instituciones, entidades y grupos sociales (ver EL PAÍS del 25 de agosto de 2013) situaba a los políticos en el último puesto de aprobación, con un ínfimo 6%.
Pero es peligroso abjurar de la política en general o de simplificarla como una praxis de incompetentes estafadores. Lejos de eso, hay que volver a creer en la política como una cualidad edificante. Quizá hoy en día ya no sea posible dar nuestra confianza a los políticos tal como se organizan en los partidos, ni a la elocuencia de cliché que utilizan en su discurso. Por desgracia, la mayoría de ellos se ha empeñado en dar una imagen nefasta de sí mismos, y en esto, gracias a Twitter, se han refinado hasta el patetismo. La ciudadanía, no sin indignación ni descreimiento, los ve encastillados en sus pequeñas parcelas ideológicas y en su legitimidad cuestionada por la realidad, de la que parecen haberse distanciado, error carísimo para todo político.
¿Hay entre ellos alguien consciente de que el reto que les toca afrontar como políticos, más temprano que tarde, es estructurar un nuevo modo de representatividad convincente, eficaz y real? Tardarán en hacerlo, porque esa regeneración ha de partir de los propios políticos que han enturbiado su función. Demasiadas cosas inmediatas se lo impiden: corrupción generalizada, crisis, desconcierto interno, deslegitimación moral, etcétera. Son situaciones que frustran enormemente a la ciudadanía y alimentan el desprecio hacia los políticos en su conjunto, perjudicando a los honrados y honestos, que sin duda los hay, aunque demasiado silentes o engrosando segundas filas.
La actividad política no es el feo trajín autodefensivo y hostil que esgrimen derechas e izquierdas. La política —y su praxis— es una actividad altruista, generosa y servicial orientada a gestionar, por encima de todo, la verdad, tal cual es, sin manipulaciones, desviaciones u ocultamientos. La política como el arbitrio de lo mejor, o al menos de lo posible, para evitar lo malo y sobre todo lo peor.
Las mayorías absolutas ya no pueden verse como un cheque en blanco
Reivindiquemos de nuevo la política como servicio a la colectividad, consecución de objetivos de alcance general y ejercicio de una gobernanza para el bien común. En esto, el principio de equidad ha de guiar la acción política. Pero no retóricamente, sino con evidencias concretas, con hechos.
Dicen muchos políticos que no están en política para enriquecerse. Y dicen bien, en absoluto deberían estar para eso. Pero esa es su mayor debilidad. El problema que ha estallado es que la sociedad no tolera ya que los políticos se aprovechen sin escrúpulos de determinados privilegios, confiados por el pueblo como clase dirigente, para desarrollar una codicia inusitada, laberíntica y delictiva.
La política ha de volver a ser un ideal que entrañe el esfuerzo por renovar e innovar en la sociedad. Porque toda sociedad a la que sirven los políticos necesita de cambios y mejoras de manera constante, urgente casi siempre. Para ello, la política ha de hallar el modo de partir de cero, de empezar preguntando a la ciudadanía las prioridades desde las que construir esas mejoras. Crear muchos más cauces para conocer las necesidades de las minorías y los problemas de las distintas capas sociales.
Escribió Roland Barthes con brillantez que la política es “un espacio obstinadamente polisémico, el sitio privilegiado de una interpretación perpetua”. Comparto esa visión movediza, líquida, de la política. Hacer política es aportar ideas sin miedo, aunque sean arriesgadas. Hacer política es ir, en ocasiones, incluso contra el electorado objetivo que los políticos creen tener. Ejecutar las ideas desde una perspectiva colectiva requerirá estar por encima de las ideologías enfrentadas. Hoy en día no es tan inasumible la frontera ideológica, porque la confrontación derecha-izquierda no puede ceñirse tan solo a una serie de prejuicios irreconciliables. El apriorismo daña al político. Como le daña la estrategia de la revancha, cuando lo que el ciudadano desea es la vía de la construcción mediante el consenso y el pacto.
Los ciudadanos no pueden ser indulgentes a la hora de elegir a sus representantes
Ahora la ciudadanía tiene valoraciones muy matizadas de las cosas, asume criterios ponderados, incluso contradictorios. El político ha de aprender de la ciudadanía. La sociedad de hoy manifiesta una visión plural incluso dentro de un mismo bando, en un mismo ciudadano, y eso se traduce en controversia, no en incoherencia. La contradicción, en política, puede sumar más que restar, porque introduce la revisión y el análisis.
Y todo esto que podría parecer ingenuo, es, sin embargo, necesario. ¿Por qué no reivindicar un papel elevado e idealista de la política? Desde su origen, este fue el motor de la dedicación profesional del político: articular un ideal por cambiar las cosas en la práctica. Pero requiere un factor esencial a la hora de esa práctica: la ejemplaridad. Es un rasgo moral que enaltece al político, sin el cual el político es un mero arribista. Hoy más que nunca, aparte de la formación y de la capacitación para gestionar y dirigir, se precisa honestidad y decencia. Exijámoselas a aquellos que se presentan a las urnas. Ya que se supone que en las urnas hallaremos a los más capaces y a los mejores. Gente que piense y ejecute, invente y aporte soluciones.
En la renovación de la política, el primer objetivo es abatir el abuso de los privilegios, el uso injusto del poder. Un concepto nuevo de la política pide paso: las mayorías absolutas ya no pueden ser un cheque en blanco por cuatro años; eso, más que democracia, es abuso de la inocencia democrática. Hay muchas minorías a tener en cuenta, incluso dentro de la aparente mayoría. La aportación de lo distinto es lo que enriquece la política. Ese es el discurso que la ciudadanía espera escuchar; no el de la imposición o el rencor. Ni el de la prepotencia. Hay que creer otra vez en la política como inventiva, creatividad, arrojo, generosidad, diálogo, valentía para buscar lo necesario y aplicarlo con medidas consensuadas.
Los políticos no pueden tratar de idiotas a los ciudadanos. Estos, por su parte, no pueden ser indulgentes a la hora de elegir políticos que les representen. Son tiempos de buscar cauces nuevos dentro de los partidos tradicionales y también al margen de los partidos tradicionales. Cauces asociativos por diversos criterios o motivaciones. Usar las redes sociales, los medios que ofrecen las comunicaciones inmediatas, utilizar la calle como foro.
Si no somos exigentes con los políticos (y las políticas que estos han de aplicar), tendremos los políticos que nos merecemos. ¿Es así? ¿Nos merecemos a estos políticos? Las mayorías absolutas no pueden ni deber ser paréntesis inhibidores para los ciudadanos. Estos han de seguir influyendo en los representantes. Un Congreso vallado desde hace meses es la peor imagen de la política: recordémosles que ellos solo son la sartén, la legitimidad del mango es del pueblo.
(*) Adolfo García Ortega es escritor.

SOBRIEDAD Y APERTURA

EL PAÍS, Madrid, 14 de mayo de 2013
TRIBUNA
Mejores partidos para salir de la crisis
Sin formaciones políticas serias y abiertas no podremos arreglar los problemas
Joan Navarro

La dirección del PSOE ha anunciado que planteará una reforma de la Ley de Partidos para regular su funcionamiento interno. Si el PSOE se propone elegir a sus líderes mediante primarias, es decir, aplicando el criterio de “un afiliado un voto”, un sistema claramente más participativo y con más capacidad movilizadora que el actual, que se aplique por ley a todos los partidos sin duda mejoría el funcionamiento de nuestro sistema democrático.
El PSOE tiene experiencia en primarias. En 2000, Almunia promovió la votación directa de los afiliados para elegir al candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Ganó Borrell, quien poco después dimitió acosado por una estructura de partido que no estaba preparada para dos líderes y dos legitimidades; la del secretario general con el apoyo del aparato, y la del candidato que contaba únicamente con la simpatía de los afiliados que le habían votado. Almunia impulsó las primarias de forma táctica para afrontar unas difíciles elecciones generales y llenar el hueco que la dimisión de Felipe González había provocado en el PSOE. Tras la dimisión de Borrell, Almunia fue el cabeza de cartel y las elecciones se resolvieron con la primera mayoría absoluta del PP. El PSOE enterró las primarias.
Mucha gente piensa que Zapatero fue elegido en primarias, pero no es cierto. Su campaña frente a Bono generó la misma movilización y expectativas que unas primarias, pero en realidad se luchaba por el apoyo de los delegados que, contra todo pronóstico, eligieron a Zapatero secretario general por apenas nueve votos. Esto fue así gracias a otra innovación electoral: que los delegados presentes en el congreso votasen de forma individual y secreta, y no en representación de sus federaciones como marcaba la tradición.
Es algo demostrado que el sistema de elección determina en buena medida el perfil del ganador, por lo que motivos tienen quienes argumentan que Carme Chacón habría sido secretaria general si, en lugar de un congreso de delegados, su elección hubiera estado en manos de los afiliados.
Los partidos se han transformado en coaliciones de cargos electos que no utilizan los talentos a su alcance
Pero lo relevante para el futuro inmediato es que, tal como el PSOE plantea la reforma de la ley de partidos, ni siquiera parece un movimiento táctico sino una simple respuesta a un conflicto interno. El PSOE se ha visto obligado a abrir el debate sobre la elección del líder, cuando pretendía, no sin razón, centrar la atención del electorado en los errores del Gobierno. Por tanto, cabe preguntarse, si el PSOE aprovechará la ocasión para impulsar un cambio institucional en su propia organización que le vuelva a situar en vanguardia de las organizaciones políticas. Y digo vuelva, porque durante la transición los entonces jóvenes dirigentes socialistas supieron resolver la tensión entre la conservadora dirección en el exilio y unos líderes sociales que exigían cambios políticos para los que no estaba preparada la sociedad española. La respuesta en aquella ocasión no fue programática. Fue organizativa.
En 1982, año de la primera victoria socialista, no ganó el mejor programa, ni la organización más numerosa y con mejores cuadros (sin duda el PCE) sino una organización que, a base de no ser nada en media España, permitió a miles de activistas (hoy los llamaríamos así) utilizar un joven y a la vez, venerable partido, para dar expresión a su visión de España. Fue del partido socialdemócrata alemán de quien se aprendió a organizar campañas movilizando electores y esas innovaciones, electorales primero y orgánicas después, fueron imitadas por el resto de los partidos para poder competir con posibilidades. El PSOE que rompió con la clandestinidad era una organización tan débil, tenía tanto que aprender y necesitó a tanta gente, que aun a riesgo de traicionar los orígenes, permitió a varias generaciones hacer de ella una herramienta de cambio social.
Tienen razón los que dicen que, aun con la gravedad que supone la corrupción, el principal problema de España no es el funcionamiento de los partidos. Con uno de cada cuatro españoles que quieren trabajar en paro y con unas instituciones que han renunciado a dotar de seguridad, cohesión y sentido de futuro a la sociedad, quizás deberíamos centrarnos en resolver el funcionamiento de la economía, el sistema financiero y las instituciones. Es cierto que millones de familias esperan del Gobierno y de la oposición acuerdos sobre sus problemas. Pero si los partidos no funcionan no podremos arreglar ninguno de los graves problemas de nuestro país.
Y los partidos no funcionan porque, a diferencia de lo que ocurrió en la Transición, ya no sirven como instrumento de cambio para nadie, pese a que la sociedad española está hoy más preparada y dispone de más talento y capacidad para resolver esta crisis que en ninguna etapa anterior. El problema es que la progresiva transformación de los partidos en coaliciones de cargos electos ha hecho que ese talento esté bien lejos de la política. El problema es que los jóvenes están convencidos, sea cierto o no, de que su futuro no pasa por las decisiones que adopten las instituciones. El problema es que cualquier movimiento social, desde las plataformas antidesahucios, las mareas de defensa de la educación o la sanidad, u otras de signo contrario como las de defensa de la vida o los valores religiosos, no esperan de partidos e instituciones marcos de convivencia y cohesión razonables, sino excusas para la confrontación.
Lo que necesitamos para salir de la crisis no es menos política, sino mejor política y mejores partidos. Para lograrlo debemos reformar por ley su funcionamiento. El funcionamiento interno de los partidos no es un asunto privado, sino de calidad democrática como exige la Constitución sin que, en 35 años de democracia, ninguna Administración, incluida la de justicia, haya velado por su cumplimiento. Ni siquiera el uso de los fondos con los que los partidos se nutren, mayoritariamente públicos, ha estado sometido a inspección independiente alguna, haciendo posible los episodios de corrupción más vergonzantes.
Ni siquiera el uso de fondos públicos se ha sometido en España a inspección
Limitar el acceso individual o colectivo a la afiliación o a una participación política de calidad, es vulnerar un derecho constitucional que debería ser defendible en los tribunales. Los procedimientos de elección de líderes internos y, sobre todo, los procesos de selección de candidatos electorales cumplen una función social imprescindible para el funcionamiento democrático. Su organización no solo debería ser democrática y transparente, sino que debería estar sometida al control y la regulación pública, y no únicamente al arbitrio de quienes han sido elegidos o aspiran a serlo. Lo que ha funcionado en la Iglesia católica, aquello de que los cardenales eligen al papa y este a los cardenales, no siempre es bueno para la democracia.
No se sorprenderá el PSOE si encuentra escaso interés en el PP y en el resto de los partidos para impulsar estos cambios, incluso si encuentra escaso interés entre sus propios dirigentes. Ni en esta ni en la siguiente legislatura habrá una reforma significativa de la ley de partidos, salvo que los acontecimientos sociales se precipiten y nos encontremos en un proceso cuasi-constituyente.
Es mucho lo que está en juego. Cuando la política se bloquea, las derivas a la italiana aparecen, por lo que la incapacidad de los partidos de reformarse a sí mismos, lejos de un freno, debería suponer una oportunidad, una ventaja competitiva para los socialistas. De nuevo, el PSOE es una organización que tiene mucho que aprender y, como ya hizo tras abandonar la clandestinidad, debería innovar, transformar sus formas de organización y su tecnología, pero no solo para abrir sus puertas, sino para inventar otras nuevas, anticipándose a la ley y al resto de los partidos.
(*) Joan Navarro es sociólogo y vicepresidente de asuntos públicos de Llorente&Cuenca.

POLÍTICA (IN) FORMAL

EL PAÍS, Madrid, 24 de abril de 2013
TRIBUNA
Queremos legislar
Hace falta renovar la alianza entre representantes y representados que profundice la arquitectura democrática actual. La tecnología puede llevar a las instituciones el conocimiento disponible en una sociedad abierta
Antoni Gutiérrez-Rubí 

La constatación de que lo público (el interés general) ya no está garantizado –suficiente y exclusivamente– por lo político es más evidente cada día. Las limitaciones de la política formal (partidos e instituciones) se muestran descarnadamente en su incapacidad para interpretar y comprender bien la realidad, seleccionar el capital humano y gestionar eficientemente los recursos públicos, representar a la ciudadanía generando entornos transparentes, confiables y permeables, y proponer soluciones sostenibles e innovadoras a los retos sociales con una acción ejecutiva y legislativa adecuada en tiempo y forma. En definitiva, la desconfianza ciudadana crece por los límites de la política en su ejemplaridad y, también, en su eficiencia y eficacia. La corrupción es la puntilla.
A todo ello, hay que añadir una progresiva reducción del poder de la política, de su fuerza para situarse como el último resorte, de su autoridad para priorizar el interés general como principio que articule y jerarquice nuestra sociedad y que sea el límite insuperable e insobornable a lo vorazmente especulativo. La política retrocede, incapaz e inerte, ante la destrucción que impone un modelo socioeconómico que favorece el desorden cortoplacista e hipoteca nuestro futuro –y el de las generaciones venideras– en forma de deuda insostenible, cambio climático, pobreza, desempleo estructural...
Los niveles de desafección democrática no dejan lugar a dudas. Los datos son abrumadores, demoledores con los políticos, los partidos e instituciones. La fosa se hace más profunda. Gran parte de la desconfianza se debe a la opacidad que genera todo lo que rodea a la política. La ciudadanía cada vez se siente, además, más frustrada a la hora de participar porque constata que no es escuchada ni atendida. A veces, incluso, es despreciada e insultada.
En este estado de cosas, se impone una renovada alianza entre representantes y representados que supere –profundice, mejore, aumente– la legitimidad por delegación de la arquitectura democrática actual, construyendo gobiernos y parlamentos más útiles, gracias a la cooperación pública. La política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de nuestros políticos. Y los retos a los que nos enfrentamos ya no permiten la acomodaticia tranquilidad de delegar nuestra soberanía –y nuestro futuro– por períodos electorales, sin mayor implicación cívica y responsabilidad ciudadana. No podemos esperar, ni podemos desentendernos. Nuestra democracia formal no es suficiente para garantizar el nivel de fuerza y capacidad política que se necesita, si queremos horizontes compartidos. Hace falta más política: más acción, más (y mejor) legislación, más (mucha más) representación y participación.
La política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de nuestros políticos
En el ámbito legislativo, por ejemplo, uno de los pocos canales de participación con los que actualmente contamos los ciudadanos son las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Recoger y presentar una ILP es un proceso titánico, son necesarias 500.000 excesivas firmas (a nivel comunitario solo se exige un millón entre siete países al menos) y, una vez aceptada, debe superar todavía una serie de trámites burocráticos solo para que sea debatida.Y las cifras demuestran que no es una herramienta útil para propiciar la participación ciudadana: solo una ILP ha llegado a buen término. El desenlace final de la reciente aprobación de la nueva ley antidesahucios, con los únicos votos a favor del Partido Popular, ha dejado un reguero amargo de reproches políticos dentro y fuera de la Cámara. Nos invade un sabor a fracaso de los canales oficiales para la participación democrática, que no está asegurada simplemente con la aceptación de una tramitación y que no garantiza la co-creación legislativa (partidos, asociaciones, ciudadanos). Ustedes proponen (los ciudadanos y sus lobbies sociales y económicos) y nosotros (los representantes y sus mayorías) decidimos es la respuesta formal de nuestra democracia. La evidencia de que este modelo no es suficiente para legislar bien y mejor, crece.
El «escaño 351» (propuesta del programa electoral del PSOE, cuyo objetivo era que los ciudadanos pudieran intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de las ILP) era un insuficiente, pero interesante, paso para dar voz. También las comparecencias parlamentarias abiertas a expertos y representantes sociales y económicos en la elaboración de una Ley –como sucede estos días con la Ley de Transparencia (en la que participaré)– son adecuados pero tímidos pasos. Hay que ir más allá.
Las organizaciones políticas y las instituciones públicas deben realizar una mirada inteligente a la transformación que están llevando a cabo las empresas más lúcidas y responsables. Los modelos de innovación abierta, a través de la creación colectiva, son fórmulas que permiten aproximar a las organizaciones a un grado de permeabilidad óptimo que amplía sus oportunidades. La llave de todo es el talento compartido como motor de cambio, reforma y adaptación. Las organizaciones permeables son aquellas que saben escuchar y hacer partícipe al cliente –su mejor prosumidor– con más transparencia y promoviendo la innovación y la creatividad. El mundo empresarial está sustituyendo, progresivamente, sus estructuras organizativas verticales por nuevas estructuras horizontales y en red. Los gobiernos y los parlamentos no lo hacen suficientemente. Desconfían.
¿Por qué no vamos a utilizar todo el talento disponible en nuestra sociedad para legislar, por ejemplo, favoreciendo la apertura de datos, su accesibilidad, facilidad de uso y reutilización, con el objetivo de crear ecosistemas públicos para resolver problemas complejos? Evitaríamos fiascos (y manipulaciones), como el sucedido en un estudio clave para justificar la austeridad económica en la Unión Europea que contiene graves errores de Excel y que, si hubiera estado abierto, habría sido advertido y corregido por otros actores sociales, impidiendo –probablemente– que la política tomara decisiones equivocadas con datos insuficientes o inexactos.
Las multitudes inteligentes (que no solo opinan, sino que quieren co-crear y co-decidir) pueden actuar de una forma semejante en la política ejecutiva y legislativa, siendo una excelente oportunidad para recuperar la confianza en el sistema democrático, como ya empiezan a explorar algunas Administraciones públicas de proximidad. Más talento y más democracia es la fórmula.
Lo público debe ser el punto de encuentro de quienes desean una  sociedad sostenible y justa
¡Queremos legislar!, decimos. No solo porque queremos, podemos y debemos, sino porque sabemos. El conocimiento disponible en la sociedad abierta y en red es superior al de sus representantes y expertos. No estamos hablando de masas inertes y amorfas, sino de multitudes activas e inteligentes en la sociedad red, capaces de articular –o al menos iluminar– soluciones públicas para problemas complejos si se dispone de entornos abiertos gracias a la tecnología. Lo público debe ser el punto de encuentro, no solo una capa superpuesta de representación, de todos los actores que desean una sociedad sostenible y justa, la única capaz de generar riqueza, gracias a una progresiva y eficiente capacidad de repartirla.
Nuestra sociedad decepcionada, crítica y muy informada, tiene en sus manos herramientas para monitorizar y fiscalizar las actividades políticas: es el momento de la política vigilada. Pero necesitamos más, queremos la política participada. La tecnología disponible (que conecta personas, procesos, máquinas y objetos) re-articula la sociedad porque crea comunidades de intereses, entornos de conocimiento y permite la movilización social de una manera extraordinariamente atractiva y potencialmente muy democrática.
Esta inaplazable transformación de las estructuras (y de las mentes y actitudes) debe encontrar pues una oportunidad en entornos digitales pensados para las aplicaciones personales y móviles: apps, geolocalización, realidad aumentada, visualizaciones, etc. Algunos gobiernos ya lo han visto y están aprovechando su potencial. La Administración Obama, por ejemplo, lo hace con proyectos como data, recovery o transparency; y en el Reino Unido encontramos data.gov.uk. En el ámbito legislativo hay que aprender e implantar, urgentemente, las recomendaciones del Global Center for ICT in Parliament, el organismo multilateral que promueve la modernización parlamentaria a través de la tecnología abierta y la participación ciudadana.
La inteligencia de las multitudes supone una nueva mirada a la gobernanza de las organizaciones, ya que el uso de la tecnología ha cambiado la concepción del poder. Si la política formal no valora –e impulsa– el uso de la inteligencia colectiva en su modelo de acción, las barreras entre ciudadanos y representantes públicos no dejarán de incrementarse. La política crowd no solo es una oportunidad (inteligente), sino un requerimiento (democrático) para una mejor acción política. Para la que se necesita y ya no puede esperar.
(*) Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.
Ilustración: Enrique Flores.

DES-AFECTACIÓN

EL PAÍS. Madrid. 29 de Enero de 2013
LA CUARTA PÁGINA
Elogio y desprecio de la clase política
Sin representantes públicos nos ahorraríamos sueldos y algunos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación de sus intereses y aspiraciones de igualdad los que no tienen otro medio de hacerse valer
Daniel Innerarity 

Nos recuerdan las encuestas que este es nuestro principal problema. La misma expresión “clase política” incluye un desafecto, alude a una distancia, a una falta de coincidencia entre sus intereses y los nuestros. No es nueva esta crítica; lo novedoso tal vez sea que, gracias al poder multiplicador de los medios y las redes, la crítica ha adquirido las dimensiones de un auténtico linchamiento. Además de las causas objetivas que justifican este malestar (que van desde la incompetencia hasta la corrupción), se ha producido una constelación desfavorable hacia la política por muy diversos motivos, a veces incluso contradictorios, como es frecuente en las coincidencias reunidas en torno a la indignación: unos están seducidos por el éxtasis de la democracia directa; otros tienen aspiraciones más modestas en torno a la reforma electoral; los hay que hacen un cálculo de rentabilidad y se preocupan porque tal vez los políticos sean demasiados y ganen en exceso; otros se frotan las manos porque una sociedad con un sistema político débil les beneficia…
Cabe destacar entre las expresiones de nuestro malestar la performance de rodear el Congreso, un gesto que tiene menos sentido que la vieja ley británica que prohibía a los representantes morir en el edificio del Parlamento. ¿No habría que rodear más bien al resto del mundo —especialmente a los poderes económicos o mediáticos— para que el Parlamento ejerciera las funciones que esperamos de él en una sociedad democrática?
Que los políticos y las políticas dejen mucho que desear es una evidencia en la que no merece la pena perder demasiado tiempo. Tampoco es algo que debería sorprender a quien conozca cómo funcionan otras profesiones, ninguna de las cuales se libra de un serio repaso, con mayor o menor dureza. Ocurre, sin embargo, que esos otros oficios también manifiestamente mejorables tienen la suerte de estar menos expuestos al escrutinio público. La pregunta que yo me hago es cómo pueden encontrarse todavía candidatos para una actividad tan vilipendiada, dura, competitiva, discontinua, escrutada y poco comprendida. Estoy convencido de que, en general, los políticos son mejores que la fama que tienen. Pero el problema, adelantando un poco mi posición, no es exactamente este. Si así fuera, sería más fácil de resolver con una simple sustitución. A lo que estamos aludiendo cuando tomamos nota de la desafección política es a la crítica hacia cualquiera que esté desempeñando esa tarea (“todos son iguales”, etcétera) y aquí el problema adquiere una naturaleza más grave.
Una actitud crítica hacia la política es señal de madurez democrática, no signo de su agotamiento
De entrada, conviene advertir que la actitud crítica hacia la política es una señal de madurez democrática y no la antesala de su agotamiento. Que todo el mundo se crea competente para juzgar a sus representantes, incluso cuando estos tienen que tomar decisiones de enorme complejidad, es algo que debería tranquilizarnos, aunque solo sea porque lo contrario sería más preocupante. Una sociedad no es democráticamente madura hasta que no deja de reverenciar a sus representantes y administra celosamente su confianza en ellos.
Una buena parte de la desafección política tiene su origen en un error de percepción. En cualquier democracia asentada hay multitud de representantes políticos que realizan honradamente su trabajo, pero solo es noticia la corrupción de algunos. La sensación que nos queda es que la política es sinónimo de corrupción y no advertimos que el escándalo es noticia cuando lo normal es que las cosas se hagan moderadamente bien. Ocurre lo mismo que con los errores médicos: nunca se habla en los medios de comunicación de las operaciones bien hechas, sino las fallidas y de ahí a sacar la impresión de que los médicos lo hacen mal no hay más que un paso. Gracias a los medios de comunicación el poder se ha hecho más vulnerable a la crítica, pero su lenguaje crispado y el mensaje de fondo que así transmiten ha extendido una mentalidad antipolítica. Una cosa es desvelar la mentira, ridiculizar la arrogancia y dar cauce a las voces diferentes; pero esa insistencia en lo negativo tiende a ocultar otras dimensiones de la política tan importantes como, por ejemplo, el valor de los acuerdos o la normalidad poco espectacular de los comportamientos honrados.
Supuesto lo anterior, y sin dejar de reconocer que la mayor parte de las críticas están justificadas, propongo invertir el punto de vista y preguntarnos si tras algunas de sus versiones menos matizadas no hay una falta de sinceridad de la sociedad respecto de sí misma. En una democracia representativa están ellos porque no estamos nosotros o para que no estemos nosotros. Seguramente es cierto que a la política no van los mejores, pero eso debería preocuparnos más a nosotros que a ellos.
Es contradictorio esperar que el representante sea  como nosotros, pero pedirle cualidades de élite
La crítica ritual hacia los políticos nos permite escapar de ciertas críticas que, si no fuera por ellos, deberíamos dirigirnos a nosotros mismos. ¿Tiene sentido mantener al mismo tiempo ciertas críticas hacia nuestros representantes políticos y exhibir la inocencia de los representados? Hay una contradicción en pretender que nuestros representantes sean como nosotros y al mismo tiempo esperar de ellos cualidades de élite. Es imposible que unas élites tan incompetentes hayan surgido de una sociedad que, por lo visto, sabe perfectamente lo que debería hacerse. Aquí se pone de manifiesto que el populismo es un “igualitarismo invertido”, es decir, un modo de pensar que no se basa en la creencia de que el pueblo es igual que sus gobernantes, sino de que es mejor que sus gobernantes. Si los políticos lo hacen tan mal, no puede ser que los demás lo hayamos hecho todo bien.
Hay una paradoja tras la crítica de la política que podríamos llamar “la paradoja del último vagón”. Me refiero a aquel chiste acerca de unas autoridades ferroviarias que, tras descubrir que la mayor parte de los accidentes afectaban especialmente al último vagón, decidieron suprimirlo en todos los trenes. De acuerdo, supongamos que la política no funciona. ¿Cómo se suprime a toda la clase política? ¿Quién la podría sustituir? ¿Quién mandaría en un espacio social sin formatear políticamente? ¿A quién beneficiaría un mundo así? La política es una actividad que se puede mejorar pero, sobre todo, algo inevitable. Los populismos ignoran u ocultan esta inevitabilidad; extienden la desconfianza hacia los políticos como si fuera posible que de su actividad se hicieran cargo quienes no lo son o actuando como si no lo fueran. Hay quien en el fondo tiene una aspiración de suprimir la mediación que la representación política supone: consultas sin deliberación, marcos constitucionales irrevisables, imposición sin reconocimiento, mandatos imperativos… Una cosa es introducir procedimientos para contrastar la voluntad popular o para impedir que los representantes se eternicen —participación, rotación en los cargos, prohibir la reelección— y otra pretender una superación de la democracia representativa.
En el desprecio a la clase política se cuelan no pocos lugares comunes y algunas descalificaciones que revelan una gran ignorancia acerca de la naturaleza de la política y promueven el desprecio hacia la política como tal. A estos críticos deberíamos recordarles el principio de que siempre que se impugna algo estamos en nuestro derecho de exigir que se nos diga qué o quién ocupará su lugar. Para ser razonable la crítica debe medir a quién favorece en ocasiones su desproporción. Estamos hablando de incompetencia y de este modo favorecemos que los técnicos se apoderen del Gobierno; criticamos su sueldo y justificamos así que se entregue la política a los ricos; la descalificamos globalmente y asienten con entusiasmo quienes no le deben nada a la política porque ya tienen un poder de otro tipo.
¿Hay algo peor que la mala política? Si, su ausencia, la mentalidad antipolítica, con la que se desvanecerían los deseos de quienes no tienen otra esperanza que la política porque no son poderosos en otros ámbitos. En un mundo sin política nos ahorraríamos algunos sueldos y algunos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tienen otro medio de hacerse valer. ¿Que a pesar de la política no les va demasiado bien? Pensemos cuál sería su destino si ni siquiera pudieran contar con una articulación política de sus derechos.
(*) Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y profesor visitante en el Robert Schuman Centre for Advanced Studies del Instituto Europeo de Florencia.

Ilustración: Eulogia Merle.