Del destino universal del pan
Luis Barragán
El pan es un alimento básico y universal, independientemente de sus
ingredientes. En nuestro caso, la dieta venezolana ha sabido del trigo, el maíz
y la yuca para su elaboración y nunca faltó en la mesa, alternándolos de
acuerdo al gusto o a una determinada coyuntura crítica.
El pan, como todos los bienes del planeta, está destinado a todas las
personas que tienden a complementarse y a realizarse en comunidad. Refiere la
Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” que “todos los hombres tienen estricto
derecho a poseer una parte suficiente de bienes para sí mismos y para sus
familias” [GS: 69], bajo el principio – varias veces polémico –
del bien común, “suma de
condiciones de la vida social que permiten alcanzar a los individuos y a las
colectividades su propia perfección más plena y fácilmente” [Ib.: 26].
Inicial
constatación, la dictadura venezolana niega ese derecho, aspirando a complotar
y desorganizar a la ciudadanía para que acepte la mera asignación autoritaria
de los bienes que tampoco produce e impide que otros lo hagan, reafirmando la
supremacía de un Estado que, faltando poco, ha dejado de serlo. Éste, apenas una
imitación que dice darle legitimidad a
las mafias que lo controlan, impone lo que entiende por felicidad y procede
en consecuencia, por etéreo que sea el término.
La carestía e
inexistencia del pan, afecta a todos los sectores sociales que se aventuran en
las grandes y madrugadoras colas para actualizar el problema de la inseguridad
personal, hora tras hora. La tentación
es la de ejercitar una suerte de economía política del pan o la de versar sobre
la maldad intrínseca de los agentes económicos privados, cuando la realidad apunta, en la agonía de un
rentismo que insiste en el legado de su mentalidad, a una nomenclatura
emergente, en la secuencia del largo socialismo, harta y satisfecha que, por ironía,
reclama que “el pan es del pueblo”.
La actividad
comercial del pan ha colapsado, por la precaria o nula producción de trigo,
maíz y yuca que, a la postre, resultó de la aplicación de la Ley de Tierras, sumadas las decisiones
arbitrarias que se aprovecharon de ella; la imposibilidad de una estable
importación de los rubros, quebrada la economía nacional; las medidas temerarias de expropiación de las
panaderías mismas, ignorando si cuentan con alguna formalidad legal para hablar
de nacionalización o estatización. Innegable hecho de fuerza, la ocupación de
los locales ha corrido por cuenta de los grupos paramilitares que, apenas,
justificándose, complementan a los CLAP o a las juntas comunales
comprobadamente oficialistas. A la galopante desindustrialización del pan, la
arepa y el casabe, despunta una distribución de lo poco existente contraria a
toda equidad.
Un modo tan
particular de combatir la inflación, agravándola, las mafias fuerzan a las
panaderías a la venta del pan de trigo asestándoles un precio, aunque las desequilibre y haga peligrar su
misma existencia, reduciendo la oferta de otros productos de consumo masivo,
sustitutivos de un almuerzo más sustancioso y costoso, y peligrando los
compromisos laborales adquiridos, cuya solución, si fuere el caso, sabe de una
respuesta anticipada de las inspectorías del trabajo. E, inadvertidamente, el tema pisa el campo
delictivo.
Una variedad de
situaciones permite darle cierto perfil criminológico a la experiencia
socialista en curso, pues, por una parte, hay panaderías que no soportan más el
peso de las sobrevenidas responsabilidades políticas asignadas, como la de
vender de acuerdo a lo regulado, quebrando; y, respecto a las que penosamente
logran sobrevivir, dependen del pacto tácito o explícito contraído con sus
expropiadores inmediatos, arriesgándose – como ha ocurrido – al repentino
saqueo. Por otra, ocupado por la fuerza
el local, sin fórmula alguna de indemnización o de continuidad con los
compromisos laborales, los improvisados administradores que de hecho se imponen,
no venden más al detal; además, colocan
la precaria producción a través del CLAP y las juntas comunales afectas, reforzando
el clientelismo político, aunque prosperan las fórmulas corrompidas de
distribución o el favoritismo, alentando el mercado negro.
Las denominadas
panaderías socialistas que antecedieron al presente oleaje de expropiaciones de
facto, tampoco alcanzaron la solvencia
esperada, gracias al corto-circuito económico nacional. Nada competitivas, las
panaderías en manos privadas ofrecían una mayor garantía de producción y de
venta.
Ergo, el destino
universal del pan cuenta con una mayor y mejor posibilidad con el libre
mercado. Y es que, con todas sus fallas, estabilizando o abaratando los precios,
mejorando la calidad y ampliando la oferta de productos, las panaderías de
antes hacía llegar el pan a los
consumidores que así lo desearan, cualquiera que fuese su cantidad, cumplido el círculo virtuoso que partía de la
disponibilidad de las materias primas.
En lugar de las
pastillas, el dolor de cabeza sabe del pistoletazo, por lo que el alegado
monopolio de las cosechas, importaciones o plantas procesadoras, condujo a la
destrucción, sabotaje o sustitución de las empresas. La sola e infeliz
afectación de Agro-Isleña, por citar un ejemplo, ha traído terribles
consecuencias que se hacen sentir en la mesa de nuestros hogares.
En el país que
pudo producir trigo sostenidamente, según las viejas reseñas de la prensa, las
panaderías y pastelerías derivaron en pizzerías y elaboradores de los más variados emparedados para rivalizar en el
desayuno con los vendedores de empanadas, aún con los ambulantes y fuera de
todo control sanitario. De superior capacidad empleadora, el mantenimiento y la
reparación de sus hornos tendían a ocupar a personas tan diestras como al
amasador, hornero, maestro pastelero o
al servidor de un suculento café, trastocado el mostrador en un referente para
una distraída tertulia de ocasión.
Por lo menos, el
libre mercado asegura que el pan llegue a un mayor número de destinatarios,
como no lo hace esta dictadura socialista que ha desaparecido el trigo, el maíz
y la yuca, como lo está haciendo con el petróleo. El modelo de apropiación y
propiedad privada, garantiza una mayor autonomía personal y familiar, “considerada
como una prolongación de la libertad humana” [GS: 71],
frente al modelo socialista en boga que, ya aludido, ni siquiera se sabe si es
del Estado, porque de éste tampoco se tiene certeza.
Experimentamos un
enorme retroceso, pues, respecto al orden social y sus progresos, “debe siempre
derivar hacia el bien de las personas, ya que la ordenación de las cosas está
sometida al orden de las personas y no al revés” [GS: 26]. La consigna
simplificada de “pan pal pueblo”, esgrimida por los grafiteros tarifados del
régimen, constituye una gigantesca burla
para todos, afianzada por la ocultación y adulteración de las estadísticas
remitiéndonos al desorden establecido que una vez ilustró la putrefacción
impune de los alimentos en los puertos venezolanos, como – ahora - en la ocasional exquisitez de degustar algo
parecido al pan.
27/08/2017:
Fotografía: LB. Pared de la Iglesia de San Francisco, camino a La Ceiba (Caracas, 25/08/2017).
Reproducción: El Universal, Caracas, 20/07/1944.
