DE UNA ARTERA MANIOBRA

De la tal propuesta constitucional
Luis Barragán

La tal constituyente ni siquiera cumple con las más mínimas formalidades para simularse, convertida en tribuna de opinión de sus más aventajados miembros. A nadie le consta el número de sus sesiones, niveles de asistencia, supuestos debates, sincerada como una oficina subalterna de Miraflores. Congreso permanente del PSUV, al fin y al cabo,  adquiere o adquirirá importancia en la medida que sirva de franco escenario a las pugnas de las variadas corrientes del poder que, incluso, desean sobrevivirle en sus horas postreras.

Dirá prolongar sus funciones, según le interese al artefacto fraudulento y no porque tenga por referencia el proceso constituyente que llegó a doce años en La India de las complejidades consabidas, sino por la experiencia vivida en la Cuba que proclamó la vigencia de la Constitución de Batista, permitiéndole a los Castro hacer lo que se les antojara hasta arribar a un texto nada ejemplarizante, a mediados de los setenta del veinte. Igual, la dictadura habanera hace lo que le viene en gana y, oído al tambor, tiene hasta la ocurrencia de plebiscitar periódica y exclusivamente al único partido existente, celebrado por los más incautos como una elevada práctica democrática.

Entendemos, fueron casi 300 sesiones las invertidas por la comisión de reforma constitucional para la especializada labor de concebir y consensuar el proyecto de 1961; o 63 sesiones afanaron a la constituyente de 1999, por cierto, con un disminuido porcentaje de discusión del texto por cuya vigencia hoy luchamos, pues, resulta inconcebible que no contemos con unas reglas fundamentales de convivencia.  Por ello, la obvia relevancia del principio de publicidad de todos y cada uno de los más genuinos y legítimos actos constituyentes, entre otros de los aspectos o facetas existenciales completamente ajenas al artefacto en cuestión.

Por estos días corre la versión de una elaborada y consumada propuesta constitucional que, innecesarias las dotes de adivinador,  nos remite a un vulgar encargo, seguramente de factura cubana,  al que muy pocos tales-constituyentistas acceden. Voceros calificados de la dictadura desmienten el proyecto, pero ya hay experiencia ganada en torno a la calculada filtración de iniciativas que temen por las más inmediatas reacciones: sembrado el rumor, en cualquier momento circulará una versión escrita que prosperará y nos sorprenderá de contar con el favor de los sondeos de opinión, en los que tozuda y puntualmente se afinca el régimen y, así, indagarán cuán lejos puede llegar – a modo de ilustración -  el matrimonio igualitario y cuál consistencia tendrá el soporte social indispensable para una operación fraudulenta.

Además,  la maniobra de diversión cuenta con invalorables recursos de promoción, pues, en una acera, compiten dos constitucionalistas por transmitir la versión auténtica del proyecto, uno de los cuales sueña con una tal ley constituyente  para apoltronarse en el rectorado de la UCV, en el peor de los casos. Y, en la otra, algo inverosímil, pulverizadas las lecciones de los últimos años, los hay  dispuestos a participar en el plebiscito a que dé lugar, ya que – en última instancia – lo creen como una irrenunciable práctica democrática.

Captura de imagen:  Escena de "Los tres chiflados".
01/10/2018:
https://www.lapatilla.com/2018/10/01/luis-barragan-de-la-tal-propuesta-constitucional/
https://noticiasvenezuela.org/2018/10/01/luis-barragan-de-la-tal-propuesta-constitucional/
https://apuntoenlinea.com/2018/10/01/luis-barragan-de-la-tal-propuesta-constitucional/
https://venezuelaunida.com/luis-barragan-de-la-tal-propuesta-constitucional/
http://venezuela.shafaqna.com/ES/AL/1546696

(Y OPOSICIÓN OFICIALISTA)

EL NACIONAL, Caracas, 22 de diciembre de 2017

Prolegómenos del golpe de Estado: Constitución de 1999

Alfredo García Deffendini

 

La Constitución de 1961 establece en su artículo 246 la metodología para la reforma y/o enmienda constitucional y no prevé la vía de la convocatoria a una constituyente ni la materialización de la constituyente, sino, por el contrario, expresa taxativamente cómo se podía modificar y/o enmendar.

Tanto es así que si ello se violentaba se remitía al artículo 250 ejusdem, el cual establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone” (negrilla mía). HCF y sus asesores entendían que no lograrían el llamado a una constituyente con la aplicación de la normativa constitucional vigente, ya que esta la excluía expresamente. Había entonces que saltársela y lo hicieron apoyándose en una absoluta demagogia, invocando el poder originario para convocar a una asamblea nacional constituyente sobre la base de la supraconstitucionalidad. Manipularon al colectivo amparados por una infeliz sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, producto más de la complacencia y del miedo al poder de turno, y aturdida de ebriedad democrática sin medir las consecuencias que hundirían a la República en el estiércol del diablo. Con esta sentencia la frontera de la legalidad se quebraba y por esa herida se filtraba inmisericordemente toda la plataforma de la ilegalidad que destruiría la institucionalidad de la República. En alguna forma esta sentencia anunciaba: “Con usted hasta la ignominia”.

Tan viciado estaba el acto que el sentir del colectivo produjo que solamente 32,94% del electorado votara en el referéndum convocatorio de la constituyente y aprobatorio de sus bases, y en el referéndum aprobatorio de la Constitución, 30,18%; con tan exigua participación nuestro derecho constitucional se trastocó.

Los actores que manipularon esta situación, unos por interés –el régimen– y otros por complacencia o cobardía –CSJ–, no entendían que cuando el propio gobierno es el que viola la Constitución, aun avalado por el órgano jurisdiccional, el pueblo no tendrá ningún respeto por la ley, y de esa forma comenzará a construirse la anarquía y el conflicto. Conflicto que en otros pueblos ha terminado en una guerra civil y, por supuesto, terminará llevándose a sus gobernantes por haber jugado perversamente con el pueblo y con la moral de sus militares. La historia se repite, el régimen estableció como praxis legal: “Me reconozco obligado por la ley, pero yo hago la ley”. Ejemplo paradigmático lo tenemos con España y su Guerra Civil con su millón de muertos, cuando el gobierno de turno quiso manipular la ley y ocasionó la guerra civil; y hoy, aprendiendo de sus errores del pasado, con la aplicación de su carta constitucional de 1978 a la pretensión de un grupo de anárquicos de separar e independizar Cataluña de la Gran España, aplica el texto constitucional artículo 155 y retorna a la normalidad constitucional y jurídica. Véase artículo publicado en El Nacional y en la web del Frente Patriótico el día 9 de noviembre de 2017. En otros países sus constituciones son muy claras al respecto:

Constitución de Italia, artículo 126: “Se acordarán por decreto razonado del presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley”.

Constitución de Francia, artículo 89: “Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio”.

Constitución de Alemania, artículo 21: “Son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o aponer en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”.

Constitución de Noruega, artículo 1: “El Reino de Noruega es un Estado libre, independiente, indivisible e inalienable”.

Constitución de Suiza, artículo 53: “Toda modificación del número de cantones o de su estatus se someterá a la aprobación del electorado y de los cantones afectados, así como al voto del pueblo y de sus cantones”.

Constitución de Bulgaria, artículo 3: “Ninguna parte del pueblo, ningún partido político u otra organización, institución estatal o individuo, usurpará el ejercicio de la soberanía popular”.

Constitución de Rusia, artículo 4: “La Federación Rusa asegura la integridad e inviolabilidad de su territorio”.

Constitución de Perú, artículo 43: “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible”.

Constitución de Brasil, artículo 1: “Brasil se constituye en un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes”.

Corte Suprema de Estados Unidos: “La Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles”.

Cuando el texto constitucional se viola por los propios gobernantes y los demás poderes no ejercen su auctoritas para evitarlo y retornar a la norma constitucional, estas acciones originan los prolegómenos de las autocracias y de las dictaduras de cualquier tipo. Con el tiempo, cuando el sol se les pone a la espalda, en su ocaso, terminarán sucumbiendo a la propia ira popular; el mejor ejemplo lo tenemos con Benito Mussolini, quien antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial fue fusilado sin juicio previo y expuesto su cadáver a la vindicta pública. Es conveniente citar lo que escribió Francois-René de Chateaubriand en sus Memorias de ultratumba, comenzadas en 1811 y terminadas en 1841, cuando comparaba un demócrata con un autócrata: “La República de Washington subsiste y el imperio de Bonaparte ha caído. Washington y Bonaparte salieron del seno de la democracia, el primero le fue fiel; el segundo le hizo traición”. Comparación sabia, y terminante, que vuelve a repetirse ahora en nuestro país; el segundo le hizo “traición”.

En la obra intitulada Los demonios de la democracia de Ramón Escovar Salom, señala: “La Corte Suprema ha sido un ambiente de modorra intelectual, de pereza jurisdiccional, de atraso cultural. Salvo excepciones señeras en diferentes épocas allí siempre fue sedentaria la imaginación jurídica... Esta vez despertó la Corte pero con mal pie. Se dejó llevar por sus hábitos históricos de complacencia con el poder y le entregó las llaves de la legitimidad al nuevo caudillo” (pág. 37 edición 2006), y en la pág. 38 asienta: “Se comenzó a configurar uno de los mas grandes y completos golpes de Estado en la historia del mundo. Se derrumbó una constitución con un acto ilegítimo y también ilegal, estimulado por el poder jurisdiccional, es decir, por la Corte Suprema”. Negrillas mías.

Más adelante expresa: “Cuando el presidente Chávez se juramenta ante una ‘moribunda’ Constitución, en el fondo reproducía el espíritu de la Corte Suprema. Pero ese juramento, tal como se pronunció, no ha debido ser aceptado por el Congreso allí presente, el cual asistió de pie a sus propios funerales sin una protesta, sin una reserva. Redactó su epitafio y de esta manera llegó al fin la utopía republicana que venía respirando desde 1961”.

Como son las cosas de la historia, esa victoria pírrica –la Constitución de 1999– de HCF y de su grupo, lo hizo más insolente y altanero, orgullo vano. Alcanzaron la nueva Constitución por el camino falso, desfiguraron el concepto democrático y trataron de otorgarle con la sentencia citada una sustentabilidad que la agobiaría de nulidad absoluta. No existe, es un acto ab initio, es nula de nulidad absoluta, porque nació de una sentencia y de un procedimiento violatorio de la constitución de 1961, inventados caprichosamente por los interesados, y viola la propia carta magna que se pretende revocar.

Es conveniente recordar la preocupación de Tocqueville sobre la libertad amenazada por el exceso democrático, más cuando es aparente. En él la lógica de la libertad torna insoslayable un pluralismo social que reduzca el riesgo del mayoritarismo despótico, ya que la única forma de contener a las facciones es actuar institucionalmente sobre sus efectos, siendo este el problema fundamental, ya que contra el riesgo del predominio tiránico de una facción o de la violencia entre facciones, el gobierno debe ser expuesto periódicamente a elecciones transparentes con árbitros imparciales donde existan la representación de las fuerzas involucradas y una base estadística sustentable, un registro electoral depurado para transmitir a los involucrados el respeto a los resultados electorales; además de que el solio presidencial así como el poder electoral deben estar controlados por la división real, no aparente, horizontal y vertical del poder.

De tal manera, que el régimen ha continuado con su “golpe de Estado” durante estos 19 años, siendo sorprendente e insólitamente cohonestado por los bucaneros de la política, los partidos y la dirigencia opositora que, pensando más en su plataforma política, legitiman y legalizan el “golpe de Estado consecutivo y periódico con cada elección, que hasta ahora, con la próxima, serán 24”, y sin darse cuenta destruyen todo lo que querían crear, en justa compensación de una ambición insensata, no teniendo piso legal por mucho que quieran arroparse de legalidad.

Actualmente, con sorprendente desparpajo, esa oposición oficialista habla nuevamente de acuerdos, y con la mesa de negociación pretenden llegar al reconocimiento de una asamblea nacional constituyente espuria, de un Estado de Derecho donde no existe el Estado de Derecho y de un gobierno fallido y forajido, es decir a nuevas elecciones con la continuación del festín electoral, y ¿entonces? ¿Puede la gente continuar acompañándoles en un golpe de Estado continuo? Ya es tiempo de restituir la Constitución de 1961 que es obligación de todos, la cual sigue teniendo vigencia jurídica. El presunto paraguas legal con que se arropa y sustenta la Constitución de 1999 tiene goteras de espantos.

¡Dónde andará Lucio Quncio Cincinato!

Fuente:

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/prolegomenos-del-golpe-estado-constitucion-1999_216367

Fotografía: http://www.radiomundial.com.ve/article/hoy-cumple-15-a%C3%B1os-la-constituci%C3%B3n-nacional-sue%C3%B1o-dibujado-por-el-comandante-ch%C3%A1vez

FINGIDA INSTITUCIONALIDAD LA DEL APPARÀTCHIK

De la interdicción parlamentaria
Luis Barragán

Fingiendo una institucionalidad de la que carece, Maduro Moros volvió a la tal constituyente para anunciar el reciclaje de las medidas económicas que nos han hundido en  una crisis pavorosa, con desprecio y burla del sentir de todos los venezolanos. Toda una veleidad escenográfica, dijo rodearse de los representantes de los distintos órganos del Poder Público, con un Defensor que, a la vez, es Fiscal, un titular del TSJ ya desplazado por la Asamblea Nacional, y la titular provisoria del CNE que ha debido ser suplantada por el parlamento.

La fotografía no ejemplifica otra cosa que la consumación del Estado paralelo, teniendo por marco un congreso permanente del PSUV con el que inicialmente se fusiona. Ya sabemos de  la amarga experiencia de  duplicidad de competencias, atribuciones y funciones en los más variados ámbitos ejecutivos, como el universitario, el de la salud o el de los llamados protectorados regionales, por todos estos años que, al parecer, quintuplicarán de darle alguna relevancia a las comisiones de trabajo de la tal constituyente.

Nos antojamos de un acto de simulación del parlamento que sesiona para aplaudir al supremo conductor de la hora, pretendiendo una solemnidad que su propio desarrollo traicionó. Desde una tribuna fraudulenta, carece de toda legitimidad el esfuerzo de re-sintonizar con un país que no cree en la temeraria ampliación del apparátchik, sabiéndose censurado y brutalmente reprimido por sus hambreadores.

El propósito de la tal constituyente es – simplemente – el de reemplazar en sus funciones a  la Asamblea Nacional, cuya interdicción   sigue diligenciando, temeroso Maduro Moros de la reacción de la comunidad internacional, sobre todo de la financiera a la que urge  - subastando el país – por un soporte que le es indispensable.  Complementariamente,  pretextará y tardará en la versión de una constitución alterna, actuando como aparato represivo del Estado que queda, a través de una tal comisión de la verdad concebida como una suerte de consejo superior de guerra.

Hasta que el miraflorino decida dar el zarpazo final, la tal constituyente ocupa progresivamente los espacios de la sede legislativa, lidiando por los administrativos. El uso de la fuerza, mediante el empleo de la unidad militar enquistada en el otrora Capitolio Federal y de los grupos paramilitares adyacentes,  constituye la clave de un esfuerzo implícito de cohabitación que tempranamente se sincerará como todo un asalto que espera más de la pusilanimidad que de la resolución de sus adversarios.

11/09/2017:
https://www.lapatilla.com/site/2017/09/10/de-la-interdiccion-parlamentaria-por-luis-barragan

VIEJOS HOMBRES, IDEALES Y PROCEDERES

Érase las trampas constituyentes

Guido Sosola

Antes que los indicadores económicos y sociales nos abismaran, ya habíamos experimentado un importante retroceso con la asamblea constituyente de 1999, a pesar de las apariencias. Cierto, el texto resultante cuenta con muy importantes avances al lado de otras regresiones, combinando sendos elementos democráticos con otros que francamente no lo son, pues el reconocimiento a la participación efectiva cohabita con el silencio no menos eficaz que permite confundir el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la militar en un mismo funcionario, como no ocurría con la carta precedente, cuyas consecuencias hoy son harto conocidas.

Evitando entrar en pormenores respecto a aquella larga y también traumática jornada constituyente, enunciemos tres hechos irrefutables: hizo de la sola sanción y promulgación, una promesa descomunal e inmediata de felicidad; el mayor porcentaje de sus sesiones lo dedicó a reforzar al gobierno de Chávez Frías, acelerando e improvisando la aprobación en primera y segunda discusión del proyecto constitucional; e, irremediable, apeló a las serias elaboraciones que hizo la COPRE y la Comisión de Reforma Constitucional presidida por Caldera. Aclaremos, con todas sus bondades y fallas, es necesario defender la Constitución de 1999, requeridos de una normativa fundamental para la convivencia social.

Agreguemos,  es más estúpida que falaz la pretensión oficialista de desautorizar moralmente, a quienes no respaldaron el proceso constituyente y su resultado, e indefendible la tesis de otro proceso,  más allá de los mecanismos de enmienda o reforma de actualización que pueda suscitar. En propiedad, descaradamente actualiza la desesperada urgencia del poder establecido por prolongarse a cualquier precio.

La historia venezolana ofrece una buena muestra de la constituyente como instrumento dictatorial al trampear incesantemente a una población amilanada o diezmada, ensordecida por la pobreza, la desnutrición y las enfermedades.  No por casualidad, en el curso de una cada vez más aguda crisis humanitaria, antes impensable al calor de los pozos petroleros,  a Maduro Moros se le ha ocurrido apelar a un expediente tan manoseado reencontrándolo con la estirpe de una vieja tiranía que, por lo menos, insistamos en el detalle, gozaba de extraordinarios juristas para la ocasión.

Entre Castro y Gómez,  por el mecanismo constituyente o su asunción por el parlamento, reformándola en los aspectos que les eran indispensables, la Constitución fue el libreto de una ópera bufa: en 1900 es convocada la constituyente que parió la Constitución de 1901,  un congreso constituyente la de 1904, el Congreso Nacional la de 1909, un Congreso de Plenipotenciarios la de 1914, el Congreso Nacional la de 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931. Acaso, la más desfachatada treta fue la de inventar una invasión del antiguo socio, Castro, en 1913 para evitar el relevo  presidencial correspondiente, por lo que, pisoteando la de 1909 que impedía la reelección, Gómez ideó y promovió un tal Congreso de Plenipotenciarios que hizo otra a su entera medida. Empero, no es posible abusar de las comparaciones, pues, si bien Maduro Moros representa fielmente la continuidad de los obscuros intereses creados en el patio, durante este XXI, la más espesa sombra proviene de otros que se han colado por la puerta maldita de la globalización que vela por sostener a sus garantes, excepto – como se ha filtrado – la dictadura cubana que le recomienda abandonar lo que eran las tradicionales trampas constituyentes para tratar de sobrevivir con los viejos hombres, viejos ideales y viejos procedimientos.

31/05/2017;

https://www.lapatilla.com/site/2017/05/31/erase-las-trampas-constituyentes-por-guido-sosola/

http://infodigital.com.ve/erase-las-trampas-constituyentes-por-guido-sosola/

http://www.scoopnest.com/es/user/NoticiasVenezue/870084026035564548

¿ENTONCES?

Decir elecciones generales es decir Constituyente
Ox Armand

Posibilidad ventilada públicamente por la dirigencia de, al menos, dos de los partidos que se sientan en la llamada mesa de diálogo, se ha planteado la celebración de unas elecciones generales o la de adelantar una elección presidencial en 2017, como alternativa al fracaso del referéndum revocatorio en 2016, cuya paternidad ahora no aparece por ninguna parte. Si bien es cierto que Maduro sugirió un parecido evento comicial para finales del ’17, además, en las cercanías de la fecha correspondiente al término de su mandato que hacen de alguna manera superfluo y hasta inútil el esfuerzo, presa de todas sus manipulaciones, el domingo 13 de los corrientes negó inequívocamente que estuviera dispuesto a medirse el próximo año, porque simplemente no está en la Constitución.

Como no lo está aquellos de la elecciones generales, el de contarse todo el mundo y comenzar de cero, pus, se ha hablado de elegir al presidente de la República, gobernadores, diputados regionales, alcaldes, concejales, incluyendo a los parlamentarios nacionales  que no llevan ni el año en ejercicio. La dirigencia de PJ y de UNT, al tratar de explicar los resultados de la segunda ronda de la mesa de diálogo, señalan como un logro que queda viva la probabilidad de un revocatorio o de unas elecciones alternas que, al no revocarlo previamente, queda bajo el gesto generoso del miraflorino y entrega la mayoría calificada de difícil repetición por todo lo que sabemos del CNE. Pero la sola negativa de Maduro, no sólo prueba que el gobierno se ha vacilado a todo el mundo, sino que la mismísima mesa de diálogo es, por naturaleza, un conversatorio donde pugnan por llegar varias propuestas, sin la debida formalidad de todo diálogo institucionalizado de acuerdo a los estándares internacionales.

¿De dónde surgió esa idea de elecciones generales que evidentemente no aparece en la Constitución? ¿Quiénes responden por ella, como no lo hacen  con un revocatorio que Capriles y PJ monopolizó o intentó monopolizar como una gesta propia e intransferible? Por no preguntar sobre los dirigentes opositores concurrentes a ese diálogo que, si ánimos de descalificarlos personalmente, no siente a lo más curtido del liderazgo, ya que si tenemos a unos comecandela por el gobierno, no precisamente lo es Timoteo Zambrano. Además, ¿al  lado de Maduro no deben sentarse Diosdado Cabello y Rodríguez Torre, teniendo como interlocutores a Leopoldo López y a María Corina Machado? De no hacerlo, todo se reduce a una tertulia más o menos intrascendente, excepto el acento que le ponga el representante del Vaticano.

El problema es el sistema y el modelo político, militar, económico, social y cultural de un socialismo que no aparece en la Constitución ni en las actas constituyentes, y no el de la relegitimación del liderazgo político nacional, regional y local. Para hacer unas elecciones generales que digan renovar ese liderazgo, o por lo menos actualizarlo, que tampoco está en la Constitución, por lo menos, simultáneamente, debiendo esperar dos años Maduro y cuatro años la Asamblea Nacional para medirse, obviamente cualquier estudiante de pregrado dirá que debe hacerse una Constituyente que sí aparece en la Constitución y si tiene que ver con el sistema y el modelo. Como vemos, si de elecciones generales se trata, la trampa salió y, por supuesto, nadie asume la paternidad.

NI... TAN GENERAL QUE LLEGUE A CONSTITUYENTE

Un agujero en el zapato
Luis Barragán

Confesamos, no logramos entender la noción y desarrollo de la actual mesa de diálogo entre un sector de la oposición y un sector del gobierno que la ha ideado, autorizado e implementado para conciliar el sueño.  Y, piando tarde, nos quejemos del monopolio de los medios oficiales para versionar sus ya contadas vicisitudes.

Que sepamos, universalmente todo diálogo entre fuerzas políticas existencial e inevitablemente confrontadas, se inscriben en sendos procesos de paz con el cumplimiento de los más elementales requisitos, como el de un reconocimiento mutuo y pleno de las partes representadas, la aceptación  de un número paritario de mediadores de irrefutable imparcialidad, la inmediata suspensión de las hostilidades, la concreción y publicidad de propuestas, medios y procedimientos, como el de una verificación constante de la conformidad de los propios sectores representados que da ocasión a una ulterior consulta referendaria, entre otros. Una Comisión de la Verdad, cuya naturaleza, composición y resultados conocen de una más rigurosa exigencia, constituye un elemento fundamental para una convivencia necesaria e irrenunciable.

Podrá decirse que se llega hasta donde es posible, deseándolo como un ejercicio de realismo, como también puede decirse que lo es la resignación frente a las insólitas condiciones prevalecientes,  desde hace ya varios años. Por lo demás, tildaremos de todo menos de diálogo, la experiencia actual que, al desinstitucionalizarse, cobra la importancia de unas conversaciones preliminares que corren el seguro riesgo de imitar aquellas que conocimos en 2003, con el incumplido gobierno, o 2014, que derivó en un burdo debate televisado que desmotivó, desmovilizó y neutralizó la justa, pacífica y vehemente protesta ciudadana, pretendiéndose una tal comisión de la verdad caricaturizada desde un parlamento bajo  férreo control gubernamental.

De acuerdo con un comunicado atribuido a la oposición del sábado próximo pasado, las partes inicialmente convinieron en el cabal respeto a la Constitución de la República y a puntuales iniciativas en materia económica y social (SIC), como la de admitir el socorro humanitario y un mecanismo de distribución de alimentos y demás insumos, sin fecha de cumplimiento. Por lo pronto, la sola posibilidad de unas elecciones generales y generalizadas violenta la propia Constitución, admitiendo sólo una Constituyente que zanje el gravísimo e insólito problema de un modelo impuesto de facto, pues, más allá de la legitimación de los liderazgos, por  no versar sobre la finalidad esencial que consiste – hoy – en la realización del referéndum revocatorio del cual dependerá la urgente rectificación y cambio de las políticas, siendo la liberación de los presos políticos o la ayuda humanitaria una condición previa para institucionalizar el diálogo, mas no su objetivo, único y estelar resultado.

En la actualidad, faltan los alimentos, fármacos y productos de higiene personal para una población desesperada y, más adelante, será el vestuario, el calzado y otros objetos indispensables que no pueden esperar por la atención, disertación, evaluación y el convenio de las partes, pues, entre otras razones, hasta nuevo aviso, la oposición no comparte las funciones de gobierno, cohabitándolo, aunque la más perversa intención es la de responsabilizarla de todos los males. Ya hay un agujero en los zapatos de una población que no puede esconderlo, como tampoco lo podrá la mesa de conversaciones disimular el suyo, en esta larga caminata en la que, por cierto, todos – de un modo u otro – nos conocemos.
17/11/2016:
http://www.analitica.com/opinion/un-agujero-en-el-zapatohttp://www.ventevenezuela.org/agujero-zapato-luis-barragan
http://www.analitica.com/opinion/un-agujero-en-el-zapato
http://www.noticierodigital.com/2016/11/un-agujero-en-el-zapato
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=51101

SESQUICENTENARIO DE UNA CONSTITUCIÓN

El ruido de las cosas al caer
Luis Barragán

La larga Guerra Federal que, por el acucioso trabajo de Robert Mathews en torno a sus antecedentes (Caracas, 1977), la concebimos como de guerrillas, concluyó en una asamblea literalmente festejada en la ciudad de La Victoria, conforme al Tratado de Coche. A mediados de 1863, los generales Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco emergieron como presidente y vicepresidente de la República extenuada y, convocada,  al finalizar el año se instaló la Asamblea Constituyente.

El 24 de marzo de 1864, fue sancionada la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, promulgada el venidero 13 de abril. Vale decir, cumplimos el sesquicentenario de una Carta que todavía suscita el criterio contradictorio de los especialistas, resultante del colosal conflicto que nos embargó y que, para bien y para mal, nos caracterizó para la posteridad.

Por ejemplo, Allan R. Brewer-Carías versa sobre la farsa federalista, consagrada una alianza de caudillos regionales que llegará a su fin con Gómez y la creación de un ejército nacional (por cierto, bien retratada por Inés Quintero en “El ocaso de una estirpe”, Caracas, 1989), redondeando una nueva oligarquía de la riqueza comercial y terrateniente frente a la población casi enteramente analfabeta que anulaba el formal reconocimiento del voto directo y universal.  “La Federación – expresa el  jurista -  no significó descentralización sino que su contenido se violó desde el inicio: los caudillos de turno en el poder, desarrollaron una política administrativa de carácter meramente centralista, pero ello,  indudablemente a cambio de la descentralización político-militar” (“Las constituciones de Venezuela”, Caracas, 2008: I, 174).

La ampliación de los derechos y garantías, abierto el debate entusiasta después de la encarnizada lucha, acentúa el contraste con los textos precedentes como inferimos de Rafael Arráiz Lucca. “Para entonces – asegura el historiador -  imposible pedir mayor espíritu democrático, sin duda” (“Venezuela: 1830 a nuestros días”, Alfa, Caracas, 2013: 75).

Consabido, la Constitución de 1864, reformada diez años más tarde, no impidió las amargas experiencias del monagato y el guzmanato, regímenes que, además, sistematizaron el saqueo del erario público. Era demasiado el ruido de sus ejemplares al caer sobre las realidades que no expresaba ni solventaba: tinta seca que resbalaba, traicionada por quienes concibieron esos derechos y garantías como una cosa más de utilidad en las crudas pugnas del poder.

La estridente caída recordaba la sostenida violación de una Constitución que dijo sintetizar las ilusiones, ideas y voluntades prestas para abrir otra etapa en nuestra vida republicana. Simplemente, esa etapa continuó como promesa incumplida, reeditados los males que antes fieramente se denunciaban, como acaece en el siglo XXI.

Inevitable alusión, aunque la Constitución de 1961 no fue el problema esencial y, si  lo hubiere sido, bastaba con una adecuada reforma,  la mejor manifestación del otro período que,  aparente y bulliciosamente inaugurábamos, la encarnó la Constitución de 1999.  Fruto de una acelerada Asamblea Constituyente, radicalmente improvisadora en beneficio del gobierno que la decretó e implementó según sus intereses, la de 1999 autorizó no sólo  la particular coexistencia de las normas de vocación democrática y autoritaria, sino – al precipitarse sobre las realidades palpables, constantes y sonantes -  ha evidenciado una crónica violación por el poder establecido al que le contenta el único estrépito de la exhibición del ejemplar que – igualmente -  sus personeros empuñan a través de los medios de comunicación y en momentos que les son críticos.

A modo de ilustración, empleando grupos irregulares afectos que disponen de un armamento de guerra, paseándose además en los desfiles cívico-militares que inventan, atravesamos de hecho un Estado de Excepción que, por siempre, cuidan de no decretar para evadir los controles establecidos en la Constitución,  repetidos deliberadamente en la respectiva Ley Orgánica.  Sin embargo, ni siquiera el asunto es el del (in) cumplimiento parcial o total del texto magno.

Expresa y tácitamente, hay un modelo de sociedad  inherente a la Constitución de 1999 que claramente es violentado por el régimen y, para mayor abultamiento del drama, no ha hecho caso del referéndum de 2007.  Los recursos interpuestos, suelen rebotar con alguna facilidad del máximo tribunal del país, propiciando el otro cortocircuito de un sistema insincero.

En efecto, estimamos que los poderes establecidos reflejan una mayoría que la fue y ya no es, deslegitimándose. A juzgar por el voto popular de 2010,  la oposición es decisiva para el nombramiento de los magistrados judiciales, rectores electorales y el Contralor, pero el diseño electoral palmaria y antihistóricamente distingue entre ese voto justo y popular y el que no lo es, por sus resultados,  habida cuenta de la composición de los órganos del Poder Público.

Huelga comentar que las últimas elecciones presidenciales, aunque al principio fuese reconocida la necesidad por los titulares del poder establecido, no supieron de la exacta revisión de los cuadernos y de las otras supervisiones o chequeos que constitucionalmente se imponen. Luego, a la aludida cuestión del modelo de sociedad, sumamos la otra: ¿quiénes son y representan a las mayorías?

Surgida en los tiempos que no debía arriesgar ante la ostensible y contundente cultura democrática del país, la Constitución de 1999 previó un elenco de soluciones a las eventuales y agudas crisis políticas.  No redunda aseverar que la renuncia del primer magistrado de la nación, el referéndum, la enmienda o la Constituyente, son salidas constitucionales.

Sobre todo la Constituyente para esclarecer la mayoría que somos y nuestro apego a la democracia y libertades públicas, ahora negadas.  Son muy escasas las oportunidades históricas que justificaron tamaño recurso constituyente,  como hoy ocurre, en la búsqueda de respuestas definitivamente cívicas,   ciudadanas, pacíficas y edificantes.

Tomando prestado el título de una novela de Juan Gabriel Vásquez, como si extendiésemos las indagaciones de Antonio Yammara en torno a la suerte de un país que, como el nuestro, además, parece no distanciarse de la calamidad del narcotráfico, el sesquicentenario de la Constitución Federal  suscita la  reflexión y la angustia. Demasiado bullicio para un gobierno que se desgrana, desesperado en medio de la represión que no utiliza justamente el “trato ofensivo” de acuerdo con lo que dice y justifica la Defensora del Pueblo, en 2014.

http://www.analitica.com/colaboradores/pprof.asp?columnista=Luis%20Barrag%E1n
Reproducción: Billiken. Caracas, 1925.

LA MÚLTIPLE REFUNDACIÓN

EL NACIONAL - VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 1999 / OPINION
Cuatro constituyentes (siglo XX)
Jesús Sanoja Hernández

La Constituyente de 1901 eligió presidente provisional a Cipriano Castro, quien había asumido el mando el 22 de octubre de 1899 como jefe supremo. Castro, en su mensaje a aquella Asamblea Constituyente, entregó cuenta de la labor de su Dictadura, palabra suya, con mayúscula, que dejó caer como queriendo decir que de allí en adelante vendría un período menos cesáreo. Un año más tarde la asamblea de concejos municipales (¿descentralización acaso o, más bien, uso del municipio como vía franca del centralismo?) lo designaba Presidente de la República. El cuento no terminaría allí.
Porque la Constitución aprobada en marzo de 1901, fijó en seis años el período presidencial, a partir del 20 de febrero de 1902, sin reelección inmediata, lo cual significaba que Castro debía entregar el poder en febrero de 1908, año cuyo término resultaría, para él, fatal. No reelección inmediata que en 1904 desapareció con la reforma constitucional de ese año, permitiéndole continuar en el poder provisionalmente mientras llegaba el nuevo período sexenal, comprendido entre 1905 y 1911. Así, de no haberse atravesado su viaje a Europa, en noviembre de 1908, con el consiguiente golpe "reaccionario" de Juan Vicente Gómez el 19 de diciembre, habría gobernado casi doce años.
Si en octubre de 1899 se anunció un fin de siglo que, a su vez, marcaba el fin del caudillaje, como Castro lo llamaba, reemplazando la hegemonía de los jefes federales por la hegemonía andina, particularmente la de raíz tachirense, en octubre de 1945 los complotistas triunfantes dirían que con ellos comenzaba un nuevo ciclo y, para demostrarlo, convocaron a elecciones para constituyente el 27 de octubre de 1946, dando así origen a la que se instalaría el 17 de diciembre y sancionaría el 5 de julio de 1947 "la Constitución más avanzada de América Latina". Y de que era avanzada, lo era, nomás que parte de los golpistas militares de 1945, la desconocieron el 24 de noviembre de 1948. Aquello no fue un acto destinado a sepultar una constitución moribunda, sino a enterrar una carta magna naciente, que abría un abanico de esperanzas a un pueblo que por vez primera había ejercido el sufragio directo, universal y secreto, y que consagraba el debate político entre los cuatro partidos históricos (AD, Copei, URD y PCV), expresión, a su vez, de los cuatro grandes desafíos de la contemporaneidad.
La constituyente electa el 30 de noviembre de 1952 no duró ni una hora, pues sus resultados fueron modificados al instante por la Junta de Gobierno. Dos días más tarde se convirtió en un nido de oportunistas y mercenarios al consumarse el golpe de Pérez Jiménez. Ausente de sus rápidas sesiones estuvieron los triunfadores de la unidad popular (URD como eje) y Copei. "Constituyente espuria" fue llamada, con muchísima razón. El 9 de enero de 1953 ratificó a Pérez Jiménez como presidente provisional, quien el 15 de abril le puso el ejecútese a la nueva Constitución. Esta, en sus disposiciones transitorias, contemplaba la elección del presidente constitucional (el mismísimo dictador), del Congreso, de la Corte Federal, de la Corte de Casación, del contralor, del procurador, de las asambleas legislativas, de los concejos municipales... ¡Vaya!
Y así y todo, Pérez Jiménez quiso reelegirse a través de aquel ridículo plebiscito del 15 de diciembre de 1957 que, por suerte, selló la suya. La catástrofe del perezjimenismo abrió paso al período de Punto Fijo, por otros llamado "consenso de élites". La etiqueta de Punto Fijo no es del todo exacta y, para muestra basta un botón: en aquel bienio 1991-92, de Frente Patriótico, Notables y golpes, Uslar, quien había participado en la coalición de la Ancha Base, lo más parecido a Punto Fijo durante la execrada cuarentena democrática, achacó las culpas del fracaso democrático a Punto Fijo, que fue un pacto concertado por AD, URD y Copei, con compromisos muy bien establecidos, antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958. En cambio, la Ancha Base no pasó de ser una coalición posterior al acto electoral de 1963, tardó nueve meses en formalizarse y su pretexto fue consolidar, con variantes, el sistema nacido con la elección de Betancourt. Punto Fijo y Ancha Base, coaliciones al fin, y coaliciones tripartitas, constituyeron alianzas políticas bastante distintas a la alteración bipartidista ocurrida en la treintena 1968-1988.
Ese bipartidismo, destilación venenosa de los pactos tripartitos y los consensos de élites, naufragó el 6 de diciembre, y le permitió a Chávez hacerse de mayoría aplastante en la Constituyente de 1999, que al parecer va a relegitimar todos los poderes menos aquel que se asienta en Miraflores. A mi modo de ver, ventajismo presidencial que haría pareja con la reelección inmediata y sexenal.

Fotografía: Billiken, Caracas, nr. 23 del 01/05/1926.

DESCOMUNALISMO

EL NACIONAL - Lunes 02 de Septiembre de 2013     Nación/2
El foro del lunes
JESÚS MARÍA CASAL Advierte riesgo de que el Gobierno legitime el socialismo El jurista considera que el Estado comunal se fundamenta en el clientelismo y está concebido para una mayor concentración del poder en manos del presidente de la República
No hace falta una Constituyente sino cumplir la Constitución
Ficha técnica
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UCAB EX DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UCAB ASESOR DE LA MUD EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD
EDGAR LÓPEZ

Con el Estado comunal no se pretende eliminar gobernaciones y alcaldías, sino de infiltrarlos para restarles autonomía funcional
El jurista Jesús María Casal aceptó la convocatoria que le hizo la Mesa de la Unidad Democrática para ordenar el debate sobre la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución, en el entendido de que los contrapesos se han debilitado progresivamente durante los 14 años de gobierno chavista.
Evalúa con escepticismo la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, surgida paralelamente en la oposición y el oficialismo. Considera que no están dadas las condiciones para elaborar una nueva carta magna que sea el resultado de un debate suficientemente plural. Teme que se impongan los cambios que se promovieron con la fallida reforma constitucional y que, en definitiva, la imposición del socialismo como forma de gobierno conduzca a una mayor concentración del poder en manos del Presidente de la República.
--¿Para qué le serviría al Gobierno una Asamblea Nacional Constituyente? --Una Constituyente promovida por el Gobierno estaría dirigida a eliminar o, al menos, a flexibilizar los principios de pluralidad política y federalismo. Quizás insistan en las propuestas que fueron rechazadas en 2007 sobre la nueva geometría del poder.
Probablemente intenten la constitucionalización del socialismo, lo cual socavaría la esencia de la democracia. No sería una reforma para más estado de derecho, sino para más poder para el Ejecutivo.
No hace falta una Constituyente sino cumplir con la Constitución. El estricto respeto a la carta magna es imprescindible en democracia.
La necesidad fundamental, lo más urgente e importante es recuperar la institucionalidad: designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral y el contralor general de la República, mediante los procedimientos participativos y plurales establecidos en la Constitución.
Es imprescindible corregir los vicios en la integración de los comités de postulaciones para elegir a las autoridades de los órganos de los poderes públicos que, en la práctica, han implicado la sustitución de diversos representantes de la sociedad civil por diputados del oficialismo. Que la Asamblea Nacional sea un espacio de deliberación plural y no para sorprender y aniquilar al adversario político, mediante el relajamiento del Reglamento Interior y de Debates.
--¿Y para qué le serviría una Constituyente a la oposición? --Desde la oposición se plantea la posibilidad de elaborar una nueva Constitución con el objetivo de excluir al chavismo del ejercicio del poder. En ese sentido, la Constituyente puede degenerar en una nueva hegemonía. El reordenamiento de las instituciones no puede ser para colocarlas al servicio de los gobernantes de turno, sino para que funcionen como árbitros imparciales en la resolución de conflictos. No puede usarse la Constituyente para que una mitad del país niegue a la otra.
--¿Es posible que la oposición tenga presencia determinante en una eventual Constituyente? --Para que se logre el saneamiento institucional del país, deben estar garantizadas varias condiciones previas que comienzan por la definición y respeto de las reglas del juego para elegir a sus integrantes.
Recordemos lo que ocurrió en 1999, cuando se diseñó un sistema electoral que condujo a la hegemonía oficialista casi absoluta en la Constituyente, a pesar de que los representantes de la oposición obtuvieron casi 40% de los votos.
Recordemos estrategias como el llamado Kino. Si el oficialismo impone las reglas, la Constituyente va a causar mayores problemas en términos de institucionalidad.
--El Estado comunal avanza sin esperar reformas constitucionales.
--La idea oficialista del Estado comunal es que las competencias deben volver a manos del pueblo, porque se asume que están usurpadas por las gobernaciones y alcaldías. Pero, en verdad, más que empoderamiento popular, todo queda en manos del Poder Ejecutivo. La participación ciudadana en los asuntos públicos debe ser libre, a través de instancias verdaderamente autónomas que no compitan con las reglas democráticas ni con el Estado federal. Muchas de las normas establecidas en las leyes del Poder Popular están reñidas con los principios democráticos en materia de descentralización. La dirección de todo este proceso está determinada por la asignación de recursos mediante prácticas clientelares. Con el Estado comunal no se pretende eliminar gobernaciones y alcaldías, sino infiltrarlos para restarles autonomía funcional. Se trata de insertar a los estados y municipios en una red de gobierno que dependa del poder central. A los fines de mejorar la calidad de vida de la gente, lo ideológico no puede ser lo más determinante, pues de lo contrario se incurre en discriminación.
--¿Cuál es el alcance de la creación las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral? --Son instancias cuyas autoridades son directamente designadas por el Presidente de la República y, por lo tanto, carecen de sustento democrático en términos de elección popular y revocatoria de mandatos. En el llamado Plan de la Patria se retoman ideas como la creación de Distritos Motores de Desarrollo, incluidos en la fallida reforma constitucional, y que, en la práctica, conducen a la recentralización de toda la administración pública
--¿Qué hay de malo en transferirle poder a las comunidades organizadas? --El empoderamiento comunitario no está reñido con la Constitución, pero, en todo caso, debe garantizar los principios de pluralismo político y federalismo. Es inadmisible que la participación ciudadana que promueve el Gobierno esté reducida a la construcción del socialismo y que desconozca la organización del poder público en tres niveles: nacional, estadal y municipal.
Las organizaciones del Poder Popular no son autónomas.
Las comunas en construcción tienen déficit de legitimidad en la medida en que las instancias de representación, como el parlamento comunal, no están regidas por la elección a través del voto directo y la posibilidad de revocatoria de mandatos. Ejercerían competencias de gobiernos que sí fueron electos popularmente y están sometidas a revocatoria de mandatos.
El Estado comunal, como lo concibe el Gobierno, no es democrático.

RECONSTITUIRSE

Constituyente y fuerza armada
Juan José Monsant

En Venezuela se comienza a hablar sobre la convocatoria a una Constituyente como única vía legal que resta para rescatar el respeto a la pluralidad, el Estado de Derecho y la sensatez económica en la administración de los bienes de la nación. Veamos, el artículo 347 de la Constitución parte del principio de que el pueblo soberano es el depositario del poder constituyente originario, capaz de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico; para ello bastaría solo la convocatoria, de por lo menos, el 15% del electorado inscrito. Sobre esta iniciativa no existe acción alguna que se pueda oponer, así de clara es la Constitución. A menos que las fuerzas armadas con su poder arbitrario de fuego lo impida, pero ya se estarían colocando fuera de la ley nacional e internacional.
Se intuye que a lo menos firmaría la solicitud el doble del número de electores que exige la Constitución; posiblemente más, dado el desencanto acelerado de aquello que se llamó alguna vez revolución bolivariana, hoy teñida de inmensas fortunas mal habidas, ineptitud para administrar, inseguridad ciudadana, control de los medios de comunicación y represión a la libre expresión de las ideas mediante el aparato judicial y policial.
La otra opción es la rebelión civil. Pero francamente no es viable aunque sí legítima, por el derecho natural que asiste al hombre a rebelarse ante la tiranía.
No es el ejército venezolano los guerreros de Masada, ni el pueblo de Numancia que optó por el suicidio colectivo antes que entregarse a la fuerza invasora del romano Escipión; tampoco el bravío guaraní bajo el mando del general Solano López que fuere prácticamente extinguido bajo el poder de fuego de Brasil, Argentina y Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza, mucho menos el ejército polaco masacrado en su totalidad por las tropas invasoras de Hitler en 1939. Esas inmolaciones fueron amor a su historia, por su dignidad individual, su pueblo y especificidad nacional, muy lejos de entregas sumisas a cambio de 30 monedas, llámense dólares, uso indiscriminado del poder o ideología comunista.
Pero sí podría darse el caso que en Venezuela, así como aconteció en Nicaragua, El Salvador, Panamá y otrora en Costa Rica, las fuerzas armadas, o lo que va quedando de ellas, opten por inclinarse por instinto de conservación o dignidad profesional, hacia una salida legal que garantice la instauración del Estado de Derecho de manera incruenta, para el disfrute del sistema democrático
Desmenbradas las instituciones del Estado, desaparecida la independencia de los poderes republicanos, abandonados los servicios públicos, entregados los organismos de seguridad, identificación, registros, notarías, salud, educación, puertos y aeropuertos al invitado régimen de los hermanos Castro; introducida la desconfianza y división entre los pueblos de América, la lucha de clases y la extorsión, sin posibilidad de una primavera al estilo libanés, hay que pensar definitivamente en la convocatoria a una Constituyente que transforme el actual caos jurídico, administrativo y moral para relanzar los objetivos del Estado cónsonos con la dignidad del hombre, el orden democrático, la solidaridad y la transparencia y control de los actos públicos.

RECONSTITUIRSE

El Mundo.Viernes 31, mayo 2013 | 9:36 pm
Constituyente y Fuerza Armada
Juan José Monsant Aristimuño /

Pareciere ser que en Venezuela, así como aconteció en Nicaragua, El Salvador, Panamá y otrora en Costa Rica, las fuerzas armadas, o  lo que va quedando de ellas, podrían inclinarse por instinto de conservación y dignidad profesional hacia una salida legal, como la Asamblea Constituyente.
En Venezuela se comienza a hablar, de nuevo, sobre la convocatoria a una Constituyente como única vía legal que resta a los demócratas para rescatar el respeto a la pluralidad, el derecho de las minorías, el Estado de Derecho y la sensatez económica en la administración de los bienes de la nación en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Veamos, el artículo 347 de la Constitución bolivariana de Venezuela parte del principio filosófico y jurídico de que el pueblo soberano es el depositario del poder constituyente originario; en consecuencia, es  capaz de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado,    crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, para ello basta la iniciativa, a lo menos, del 15% del electorado debidamente inscrito en los respectivos registros electoral y civil. Sobre esta convocatoria e iniciativa no existe acción alguna que puedan oponer el Presidente de la República, la  Asamblea Nacional o Consejo Electoral. Así de clara y directa es la Constitución. A menos que las fuerzas armadas con su poder arbitrario de fuego lo impida, pero ya se estarían colocando fuera de la ley nacional e internacional.
Si Capriles, representando al electorado demócrata, obtuvo el 49% de los votos en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril  (o más, no se sabe) se intuye que, por lo menos, firmaría la solicitud el doble del número de electores que exige la Constitución para convocar una  Asamblea Constituyente; posiblemente más, dado el desencanto acelerado de aquello que se llamó alguna vez revolución bolivariana, luego denominada Socialismo del siglo XXI, hoy teñida de inmensas fortunas mal habidas, ineptitud para administrar los bienes de la nación, muerte civil para el opositor, inseguridad ciudadana, control de los medios de comunicación y represión a la libre expresión de las ideas mediante el aparato judicial y policial.
La otra opción es la rebelión civil, armada o no. Pero francamente no es viable aunque sí legítima, por el derecho natural que asiste al hombre a rebelarse ante la injusticia, la arbitrariedad y la tiranía de un partido, un hombre o de un gobierno. No es viable porque actualmente nuestra fuerza armada obedece exclusivamente a dos intereses, el monetario personal, y a la doctrina militar y objetivos de la pirámide de mando cuyo cima se encuentra en el extranjero, en Cuba; frente a esta realidad, la rebelión sería masacrada de manera implacable por la fuerza armada nacional, los colectivos paramilitares y los  “pranes” y delincuentes liberados de las cárceles.
No se conoce en la historia del continente americano otro caso semejante a esta abyección histórica. No es el ejército venezolano los guerreros de Masada, ni el pueblo de Numancia que optó por el suicidio colectivo antes que entregarse al ejército invasor del romano Escipión, tampoco el bravío guaraní bajo el mando del general Solano López que fuere prácticamente extinguido bajo  el poder de fuego de Brasil, Argentina y Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza, mucho menos el ejército polaco masacrado en su totalidad por las tropas invasoras de Hitler en 1939. Esas inmolaciones fueron amor a su historia, por su dignidad individual, su pueblo y especificidad nacional, muy lejos de entregas sumisas a cambio de 30 monedas, llámense dólares,  uso indiscriminado del  poder o  ideología comunista.
Cuando doña Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones en 1990, heredó al Ejército Popular Sandinista (EPS) bajo  el mando de Humberto Ortega, hermano del actual presidente Daniel Ortega; se pensaba que teniendo ese ejército al lado del FSLN doña Violeta gobernaría solo hasta donde la dejarán hacerlo, pero presencié cómo ese mismo ejército luchó por su institucionalización y terminó llamándose Fuerzas Armadas de Nicaragua, al servicio de poder civil, la Constitución y las leyes de la República, no de un partido político o gobierno extranjero. Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador, luego de una historia de sobresaltos, golpes y contra golpes, arbitrariedades, acusaciones de violación de derechos humanos, ha sorprendido al continente cuando luego de los Acuerdo de Paz de Chapultepec en 1992, asumió el compromiso institucional y doctrinario de convertirse en una fuerza armada al servicio exclusivo de la preservación de la soberanía del Estado, la integridad territorial, profesional, obediente, apolítico y no deliberante; y así lo ha mantenido hasta el presente, para orgullo y tranquilidad de la nación guanaca. Se lee que, actualmente, en Cuba, el ejército se encuentra estudiando los cambios post comunista de Rusia y han comenzado a ser amables con los disidentes, en previsión y preparación de una posible  transición en la isla.
En consecuencia, pareciere ser que en Venezuela, así como aconteció en Nicaragua, El Salvador, Panamá y otrora en Costa Rica, las fuerzas armadas, o  lo que va quedando de ellas, podrían inclinarse por instinto de conservación y dignidad profesional hacia una salida legal, como la Asamblea Constituyente, que garantice el regreso al Estado de Derecho, el ejercicio pleno de la democracia, el sometimiento a la Constitución Nacional y su carácter no deliberante, justamente por ser nacionales y no partidista, para dejar en el pasado el dudoso honor de haberse convertido en un ejército de ocupación de su propio país.
Desmenbrada y desarticuladas las instituciones del Estado, desaparecida la independencia de los poderes públicos, abandonados los servicios públicos, entregados los organismos de seguridad, identificación, registros, notarías, salud, educación, puertos y aeropuertos al invitado régimen de los hermanos Castro, introducida la desconfianza y división entre los pueblos de América, la lucha de clases y la extorsión realizada en Honduras y Paraguay y, sin posibilidad de una primavera al estilo libanés, libia, egipcia o siria, hay que pensar definitivamente en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que transforme el actual caos jurídico y relance los objetivos del Estado, cónsonos con el orden democrático, separación de poderes, independencia del Judicial, solidaridad y transparencia.