CUADERNO DE BITÁCORA

Hoy estuvo con la periodista Aymara Lorenzo,  Gonzalo Himiob en Globovisión para invitar a un evento a realizarse por la paz, mañana en la Plaza Brión, promovido por más de catorce organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos. Nos parece pertinente el evento, pero también reconocer el esfuerzo de las distintas ONG que, a pesar de las adversidades, persisten en su esfuerzo confrontando cara a cara al gobierno. Hay periodistas y penalistas que quizá estarían en inmejorables condiciones económicas de ejercer en el país o en el extranjero, porque son excelentes profesionales, como Tamara Sujú, Carlos Correa, Alonso Medina, Alfredo Romero y el propio Himiob (además, novelista y poeta), los cuales ojalá veamos en una futura curul parlamentaria, entre otros....

LB

EL FRAUDE ESTADÍSTICO

EL NACIONAL - Domingo 10 de Febrero de 2013     Nación/3
INFORME ANUAL No se precisa cuántas personas fueron acusadas en 2012
Fiscalía esconde indicadores de delincuencia e impunidad
Los analistas Mercedes de Freitas, Carlos Correa, Rafael Uzcátegui y Magaly Vásquez advierten que la falta de transparencia perjudica la defensa de los derechos humanos y la contraloría social
EDGAR LÓPEZ

Sin explicación alguna de parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el Informe Anual del Ministerio Público correspondiente a 2012 que presentó la semana pasada ante la Asamblea Nacional excluye un dato trascendental: cuántas investigaciones penales permitieron recabar suficientes pruebas sobre la comisión de delito y acusar a los responsables.
Es la primera vez que se omiten los datos específicos para determinar la eficiencia de la Fiscalía en el combate de la delincuencia, así como los niveles de impunidad.
En el mismo Informe Anual se razona que "la eficacia y eficiencia de los fiscales del Ministerio Público no sólo se mide por la cantidad de diligencias de investigación, actuaciones judiciales y producción de actos conclusivos sino por la calidad de esos actos".
Sin embargo, en cuanto a la gestión fiscal del año pasado sólo se ofrece una cifra global sobre el número de actos conclusivos: 538.591.
Hay tres tipos de actos conclusivos: la acusación, que es el resultado de una efectiva investigación en términos de individualización de responsabilidades y acopio de pruebas; el sobreseimiento, cuando se determina que los hechos investigados no constituyen delitos o es imposible sancionarlos; y archivo fiscal, en caso de que persista la presunción de violación de la ley, pero no se haya confirmado en los lapsos establecidos.
El número de acusaciones permite disponer de un indicador oficial sobre el cabal cumplimiento del principal objetivo del Ministerio Público: sancionar el crimen. Si no existe tal indicador, se dificulta la evaluación y medición de la delincuencia y la impunidad.
Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, Carlos Correa, de Espacio Público, Rafael Uzcátegui, de Provea y Magaly Vásquez, de la Universidad Católica Andrés Bello, identifican como dos de las más graves consecuencias de la opacidad del informe anual de la Fiscalía el debilitamiento de la defensa de los derechos humanos en Venezuela y de la contraloría social sobre la gestión de los organismos del Estado.
¿Por qué el secretismo? "Esconder los datos sobre la justicia es un acto de injusticia que contribuye a la impunidad", afirma De Freitas, quien destaca como otro efecto negativo el incremento de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad y el sentimiento de indefensión frente al auge delictivo en el país.
Cuando se oculta información sobre la gestión de un organismo público, razona, surge la presunción de que los resultados no son positivos: "De lo contrario, no habría problema sino mucho interés en divulgarlos. Como el niño que obtiene 20 puntos en la escuela y sale corriendo a enseñarle la boleta a su mamá. Lo grave es que en este caso se trata de ocultar qué hace o deja de hacer el Estado para evitar la muerte de personas a manos del hampa, las violaciones de derechos humanos, la corrupción, el narcotráfico".
En efecto, entre las estadísticas incluidas en el Informe Anual del Ministerio Público son especialmente importantes las referida a delitos comunes, abusos de autoridad, salvaguarda del patrimonio público y delincuencia organizada.
La revisión de los diez informes anuales más recientes (disponibles en la página web del Ministerio Público) indica que durante la gestión de Isaías Rodríguez la Fiscalía fue generosa en el suministro de información estadística, incluso en caso de que evidenciara un retroceso en la lucha contra la criminalidad. En los informes se incluían cuadros comparativos de resultados de la gestión fiscal durante varios años a fin de establecer tendencias.
A partir de 2008, desde que la Fiscalía está regida por Luisa Ortega, el énfasis se hace en los avances logrados. En ese año hubo un primer déficit en el reporte de la Dirección contra las Drogas pues no se especificaron números de acusaciones, sobreseimientos ni archivos fiscales: "Fueron presentados 15.368 actos conclusivos en materia de drogas, superando la meta proyectada en 0,35 %".
Derechos amenazados. Correa asegura que la violación del derecho de acceso a la información pública conduce a la violación de otros derechos.
Advierte que se trata de una tendencia generalizada en la administración pública que contrasta con el discurso oficialista, a favor de la contraloría social.
"Si no se conoce la situación del derecho a la justicia en Venezuela, los ciudadanos no podrán contribuir a detectar los problemas y aportar soluciones. Las limitaciones a la participación ciudadana en el control del sistema judicial también perjudican las iniciativas de la sociedad civil en la promoción y defensa de todos los derechos humanos. Se dificulta la elaboración de diagnósticos y la formulación de propuestas. En todo caso, los problemas asociados a la delincuencia y la impunidad no se resuelven escondiendo las estadísticas oficiales", afirma el director de Espacio Público.
Uzcátegui señala que, además de una negativa generalizada a rendir cuentas, en muchos casos hay desorden e inconsistencias que dificultan la incidencia de las ONG en la formulación y monitoreo de políticas públicas.
Indica que hay otro fenómeno: la electoralización de la información pública. "En coyunturas electorales los organismos del Estado son más reacios a suministrar información sobre su desempeño, pues existe el temor de que ello sea utilizado como prueba de ineficiencia gubernamental por los dirigentes de oposición".
Correa acota que ello se suma a la jurisprudencia regresiva establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha impuesto como requisito para solicitar y obtener información pública la indicación del uso que se le dará.
Académicos y víctimas. Vásquez señala que la negativa de la Fiscalía a precisar datos sobre su gestión viola el principio de transparencia establecido expresamente en la ley que rige la institución: "Las investigaciones académicas requieren datos confiables. Si no hay precisión sobre acusaciones, sobreseimientos y archivos fiscales no podríamos, por ejemplo, indagar sobre las causas del retardo procesal".
Advierte que la opacidad del informe fiscal no sólo afecta a los investigadores académicos: "Las víctimas de la delincuencia también quedan sin insumos para reclamar justicia".

EL NACIONAL - Viernes 24 de Diciembre de 2010 Opinión/7
La limusina de Carlos Correa
ÓSCAR LUCIEN

Justo hace ahora un año, en diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que dejaba muy mal parado al gobierno de Chávez. Refería el informe a otro documento presentado en 2003, año de alta conflictividad entre las posturas radicales del oficialismo y las líneas editoriales e informativas de los medios independientes, el cual advertía que se "podía constatar que ciertos discursos del presidente Hugo Chávez Frías en contra de los medios de comunicación podían ser interpretados por sus seguidores como una exhortación a las agresiones hacia ellos. La CIDH, (...) pudo apreciar que en algunas circunstancias los discursos del presidente Chávez eran seguidos por actos de agresión física. El Presidente, como cualquier persona en Venezuela, tiene el derecho a expresarse libremente y a opinar acerca de quienes cree opositores. Pero su discurso debe cuidar no ser interpretado como una incitación a la violencia".

En el ámbito doctrinal, el aparte noveno de la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH, consagra que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Evoco estas consideraciones relativas a garantías y derechos constitucionales sobre la libertad de expresión, al derecho a la información, a la libertad de asociación, para manifestar públicamente mi rechazo al reciente atentado contra el periodista y activista de derechos humanos Carlos Correa. El registro noticioso de lo ocurrido, el descomunal hematoma en la frente de Correa y su rostro todavía aturdido por el impacto recibido, incluso su posterior declaración sobre la amenaza: "Te vamos a matar c... de tu madre" resultarían incompletos si no intentamos analizar el contexto en el cual se produce la agresión. Carlos Correa tiene una notoria trayectoria como activista y defensor de derechos humanos, como investigador de la comunicación, que ha tenido recientemente alta visibilidad por su invalorable trabajo al frente de la ONG Espacio Público que, entre otras actividades, elabora unos muy fundamentados y exhaustivos informes sobre la situación de la libertad de expresión, el derecho a la información y las condiciones del ejercicio del periodismo en nuestro país.

En el clima de incesante cerco a la libertad de expresión y de la criminalización a las asociaciones civiles venezolanas, Carlos Correa ha sido blanco de una obscena e intensa campaña de descrédito desde Venezolana de Televisión. En el dibujo animado que lo caricaturiza, Correa aparece fumando un habano, desplazándose en una ostentosa limusina negra, visita y sale de la embajada de los Estados Unidos con una maleta repleta de dólares. Por supuesto, esta descripción se queda corta ante lo grotesco de unas imágenes que tuvieron una profusa difusión en el canal del Estado: en algunas ocasiones alcanzó la frecuencia diaria de 24 pasadas y en los últimos meses alcanzaría el millar de oportunidades en que Correa fue sometido al escarnio público. De la descalificación y anulación simbólica a la física, la frontera es sumamente tenue y la enseñanza histórica del hacer totalitario es contundente al respecto.

En el informe de Espacio Público de 2009 se sostiene que "la marcada polarización de la sociedad venezolana genera, en su interior, un aumento evidente de la intolerancia con la consecuente disminución del respeto hacia el otro. En materia de libertad de expresión, este fenómeno derivó en un uso del poder estatal en detrimento de la disidencia que se expresa en la imputación de delitos de vilipendio y difamación para acallar voces críticas, el cierre de 32 emisoras de radio y dos televisoras regionales, la censura y autocensura hasta en las producciones artísticas y en el trabajo científico, entre otros eventos que reflejan nítidamente el debilitamiento de la democracia venezolana".

Carlos Correa quien desde la ONG Espacio Público ha sido tan acucioso en el inventario de la multiplicidad de agresiones que reciben los periodistas y los medios de comunicación deberá, desgraciadamente, en su próximo informe desdoblarse como testigo de tales hechos y lamentable víctima de la intolerancia y del derrotero autocrático por el que se derrumba nuestro país.

Pero Carlos Correa sabe que en su empeño ni está sólo ni se desplaza en limusina.