TERRITORIO DE CONQUISTA

EL NACIONAL, Caracas, 11 de julio de 2018
Ética aplicada
Elio Pepe Trifance

Con el sentido analítico aplicado por el Centro Hastings en 1969 y por el Instituto de Ética Georgetown’s Kennedy en 1970, se comienza a tratar la ética en sus especificaciones de política pública, que establece las tipificaciones del desarrollo objeto de las preocupaciones fundamentales de un gobierno democrático.

Profundizando aspectos ya considerados por Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y Gottlob Frege, en Principia ética de 1997, George Edward Moore demuestra que se han confundido lo extrínseco con lo intrínseco, los medios con los fines. Nace la “falacia naturalista” por la cual tanto las teorías naturalistas como la metafísica de la ética han atribuido el valor del bien en sí a los objetivos de lo bueno, lo suprasensible, lo útil, el placer.

En los cálculos probabilísticos para la solución de problemas, Moore afirma que “la relación de la parte con el todo no es la misma que la del todo con la parte”, de modo que las combinaciones entre una serie de bienes o males intrínsecos hacen posible la “idea de libertad” ínsita en la acción determinada por el libre albedrío del hombre, máxime si este es responsable del gobierno del Estado, de modo que el concepto que de ella tienen los políticos determina el nivel de la democracia y de la participación de los ciudadanos, su organización social, su relación con el Estado.

Es oportuno precisar que el sentido comparativo (mejor que, peor que) y superlativo (lo mejor, lo peor), mediante la existencia de escalas de grado en lo bueno y lo malo, dispone condiciones de indeterminación, a pesar de que tanto el bien como el mal quedan precisados por el nivel que respectivamente los califica.

Estas premisas de carácter filosófico permiten definir la ética aplicada en el desarrollo como reflexión sobre medios y fines para los cambios socioeconómicos que las diversas políticas pueden resguardar. Se crea una sustancial diferencia entre la relación de los valores propios del desarrollo, la defensa de las teorías básicas normativas del modelo escogido, la funcionalidad de las decisiones adoptadas. Derivan las características de la relación entre naturaleza e historia que distinguen la ética de los países desarrollados de la aplicada por los países emergentes o subdesarrollados.

David Krocker (2004) precisa que la ética debe acompañar las reflexiones sobre los fines y medios utilizables en los cambios económicos y sociales de los países pobres o, añadimos, que han sido reducidos a la condición de pobreza por la conducción política, económica y social aplicada por gobiernos preocupados por detener el poder a espalda de las necesidades básicas y los derechos humanos de la población.

Pero ni la historia ha terminado ni la ideología ha muerto, por lo cual Kjell Magne Bondevik (2003), en la perspectiva del Club de Madrid, y superando la concepción kantiana, niega la posibilidad de que el mundo sea regido solo por intereses económicos y formula la hipótesis de que los principios éticos y los valores y derechos humanos, la protección del ambiente y la solidaridad se pueden convertir en una fuente de movilización política para determinar la tipología del desarrollo y así contribuir al cambio socioeconómico.

La injusticia presente en grados y formas diferentes en cada nación, el aumento generalizado de la pobreza como síntoma emblemático en la conducción política y económica del caso venezolano en la historia de las naciones de los últimos dos siglos, si a alguna circunstancia se puede atribuir es al uso intensivo de la tecnología; en la situación específica emerge por la visible incapacidad de las instituciones para aplicar las normas que permitirían combatirla. Se contrapone la necesidad de que el desarrollo se haga constante en el tiempo y se precisa la aplicación de la ética propia para promover, formar y consolidar en el comportamiento de la dirigencia política y en el desenvolvimiento de la vida de cada día, la “conciencia ética” de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto.

De este modo, los actores institucionales, el gobierno, las empresas, los sindicados de trabajadores y los gremios profesionales, la sociedad civil, la misma Iglesia católica y las otras confesiones religiosas, en el ámbito de las respectivas competencias, adquieren precisas responsabilidades hacia la recuperación interna e internacional del país. Es ilusorio que esta se pueda averiguar sin el aporte de un análisis previo del estatus presente, del nivel de la propia evolución o involución política, económica y social, de las causas del deterioro del desarrollo, de las condiciones de disfuncionalidad de las empresas públicas y privadas, al contrario, es preciso indicar formas, modalidades y medios que pueden permitirla a través de las acciones consecuentes para producir el cambio.

En particular, cada quien con su propia identidad e idiosincrasia, y en las formas y modalidades definidas por la ley, gobierno y oposición, deberían enfrentar y solucionar los problemas de la justicia y de la exclusión, de la deuda y de la inflación, de las inversiones productivas para reducir el desempleo, aumentar la demanda, eliminar la especulación, estabilizar la economía; la Asamblea Nacional tendría que legislar para la adecuación, vigilar al Poder Ejecutivo según lo establecido en la Constitución, promover y defender en cualquier instancia los derechos humanos, crear enlaces dialógicos entre las partes sociales y el Estado en el marco definido por la ética del comportamiento.

Pero el Estado-nación ha perdido cualquier credibilidad nacional e internacional y se ha transformado en territorio de conquista de los narcotraficantes y del extranjero: independientemente de quien esté interesado en realizar dicha conquista para perseguir finalidades explícitas y ocultas relacionadas con la opción política que representa, queda para Venezuela solo la perspectiva de ser transformada en la nueva colonia de América Latina del siglo XXI, una condición que niega los valores de la lucha liberadora descrita por los padres de la patria y que anula los sacrificios constantes realizados por los ciudadanos en el curso de la historia para la emancipación individual y colectiva conquistada en los procesos de transición que han caracterizado a la civilización de la sociedad venezolana.

Es exigencia de la ética aplicada para recuperar la identidad y soberanía nacional, tanto en el contexto de las naciones como en el comportamiento con los organismos internacionales mediante la tipificación del desarrollo, la búsqueda de la recomposición de condiciones aceptables de vida para cada ciudadano, la consecución de un moderno funcionamiento y la organización de las estructuras de la sociedad, que si bien descansan en la voluntad política, tienen raíces en los profundos cambios ideológicos y programáticos de la economía, de la sociología, de la cultura.

No es utopía pregonar un nuevo comportamiento de la sociedad entera en el modo de concebir la política, lo jurídico, la economía, pero bajo un enfoque ético y humanístico, más cónsono con el intento de encontrar proposiciones de evaluación y de alternativas sociales que aseguren una evolución positiva del ser del hombre, en conformidad con los valores y principios definidos en la Constitución de la República.

Es nuestra obligación seguir los acontecimientos con sentido hermenéutico, es decir mediante un racionalismo evolutivo que, más allá de los postulados por la Escuela de Frankfurt, se fundamenta en el puro pragmatismo: el soporte teórico será utilizado para definir los aportes de las diferentes realidades históricas con las reflexiones que serán permitidas por los conceptos de razón instrumental y objetiva. Este es el camino analítico que indicamos para estructurar una formulación ética de la política y que intentaremos seguir en los límites de nuestro conocimiento.

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/etica-aplicada_243329
Fotografía:
http://www.novacorrientes.com/nota.asp?n=2017_7_20&id=33974&id_tiponota=24

LA (S) BALSA (S) DE PIEDRA

EL PAÍS, Madrid, 31 de agosto de 2016
 TRIBUNA
Federalismo y soberanía
Un federalismo que supere el estado-nación en España y Europa es hoy la mejor vacuna contra el repliegue identitario y el nacional-populismo en ascenso. Es también la mejor manera de gobernar la globalización y alcanzar una prosperidad compartida
Francesc Trillas Jané

En 1973 el politólogo Juan J. Linz apuntaba que España se había construido como Estado pero había fracasado en su intento de edificar una nación: era un Estado para todos los españoles pero una nación-estado sólo para una parte de ellos. Hoy, 43 años después, Linz tendría que considerar factores adicionales. Las Comunidades Autónomas se han consolidado como centros de poder. El fenómeno de la inmigración ha provocado que muchos españoles tengan sentimientos de identidad relacionados con sus países de origen, mientras otros empiezan a echar raíces en los países donde se han instalado como emigrantes. España forma parte además de la Unión Europea, un marco aún más complejo que nos obliga a buscar el encaje de nuevas identidades e intereses diversos.

Construir una colectividad para sólo una parte la sociedad, aunque sea mayoritaria, apelando a una soberanía nacional que, como dice Josep M. Colomer, ya no existe ni existirá, no parece la mejor forma de aproximarse al problema, como sí podría serlo la de desarrollar un proyecto de estructura institucional (acompañada de un marco conceptual y mental) en la que todos los sectores con distintos sentimientos de identidad puedan sentirse cómodos. A esta tarea puede contribuir lo que representa la tradición y la experiencia federal en gran parte del mundo. Algunas de las democracias más grandes, estables y complejas, como Canadá, Estados Unidos, Suiza o la India, son federales y lo son porque han encontrado en este modelo la forma de encajar la diversidad y a la vez organizar la democracia con un sistema de pesos y contrapesos, cada una de ellas con especificidades propias de su evolución histórica.

Cuando se pregunta por el federalismo en las encuestas, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, alrededor de un 40% se muestra a favor. El 60% restante se distribuye en posiciones diferentes, radicalmente enfrentadas entre ellas y fragmentadas. La solución federal aparece así como la única forma de organización institucional en torno a la que podrían ponerse de acuerdo, cediendo en parte, una mayoría cualificada de legisladores, pero también una gran mayoría de ciudadanos, porque minimiza la distancia entre la opción preferida por la inmensa mayoría y la opción acordada. Un sistema federal avanzado reduce el descontento de todas las partes, algo necesario en un país como España cuya grave crisis política e institucional requiere poner sobre la mesa opciones que despierten el mayor consenso.

Una de las excusas esgrimidas en los últimos años para no abrazar explícitamente el federalismo en España es su supuesta tensión con el objetivo de la igualdad de todos los ciudadanos. Pero el federalismo, lejos de ser un obstáculo para la igualdad, la facilita. El reconocimiento de la diversidad y de la singularidad no tiene nada que ver con la igualdad de derechos de todas las personas. En una federación, todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios básicos, al igual que tienen derecho a gastar de diferentes maneras una cantidad similar de ingresos fiscales. Federalismo es derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Una federación con una política fiscal común permite evitar la competencia fiscal a la baja y hacer frente a shocks diferenciados de renta mediante transferencias solidarias, explícitas y transparentes de unos territorios a otros. Presenta además otras ventajas: la descentralización no sólo del gasto sino del poder permite innovar y copiar las mejores prácticas, facilita la rendición de cuentas y acerca los servicios públicos al ciudadano.

El objetivo de igualdad también es una cuestión que tiene que ver con el respeto a las identidades diversas. Una federación plurilingüe, en la que cada uno de sus ciudadanos puede dirigirse a todos los niveles de gobierno en su idioma materno y puede escuchar a sus representantes expresarse en varios idiomas —como sucede en Suiza, Bélgica y Canadá— es una conquista que iguala en derechos. No se trata tampoco de afirmar aquí que el federalismo es una panacea. Los conflictos no desaparecen mágicamente en una democracia, sea federal o no lo sea, sino que surgen y evolucionan constantemente. Se trata más bien de gestionar nuestras discrepancias en una sociedad integrada y buscar el camino que más se adecue a nuestras necesidades.

España y Europa tienen ya muchos aspectos federales. España ha evolucionado desde un Estado centralista y unitario a uno que desde 1978 se ha descentralizado progresivamente, y donde la mayoría de niveles relevantes de gobierno (excepto las diputaciones) son elegidos directamente por los ciudadanos. En este camino, sin embargo, se han producido disfunciones y distorsiones del modelo que se traducen especialmente en la falta de elementos de gobierno y soberanía compartidos, lo que se corregiría disponiendo de un Senado reformado como Cámara territorial. En todos estos años tampoco se ha clarificado suficientemente la distribución de las competencias entre los distintos niveles ni la financiación de éstas, lo que es una fuente constante de tensiones y que una reforma de la Constitución en sentido federal podría resolver. Tampoco está claro cuál es el rol de los poderes sub-centrales en el diseño de las reglas de déficit y endeudamiento que impone la política común europea.

No se avanzará en este camino mientras los soberanistas catalanes y los soberanistas españoles prioricen movilizar a la opinión pública con proclamas patrióticas, avivando el enfrentamiento para mantener a corto plazo sus opciones de seguir al frente de sus gobiernos. Pelearse por la soberanía nacional cuando ningún Estado europeo tiene una política económica autónoma ni ejército ni moneda ni una única lengua, es algo que no tiene sentido.

Los soberanistas españoles y los catalanes dicen apoyar una Europa federal pero recelan de una España federal, lo que es una contradicción. No se puede estar dispuesto a derribar las fronteras con otros países europeos pero crear nuevas fronteras en España, ni pretender que el resto de los europeos renuncien a sus nacionalismos sin estar dispuestos a rebajar los decibelios del nacionalismo español. Los símbolos y las emociones siguen siendo en gran parte nacionales, pero las políticas y las transacciones lo son cada vez menos. Como bien explican el economista francés Thomas Piketty, o el filósofo alemán Jürgen Habermas, cuestiones como el combate contra la desigualdad o la crisis migratoria no se pueden afrontar ya desde la perspectiva del estado-nación, que no es capaz de dar respuesta a los grandes problemas de la globalización ni de ser el contexto único en que se articula el contrato social.

Un federalismo que supere el estado-nación en España y Europa es hoy la mejor vacuna contra el repliegue identitario y el nacional-populismo en ascenso en todo el mundo, también entre nosotros. Y es la mejor manera de desarrollar una arquitectura institucional que permita gobernar la globalización y alcanzar una prosperidad compartida.

(*) Francesc Trillas es profesor de Economía de la UAB y vicepresidente de Federalistes d'Esquerres.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/22/opinion/1471867510_025232.html