¿Y LA DESCOMUNAL POBREZA EN UN PAÍS DE VARIOS AUGES RENTISTICOS?

EL UNIVERSAL, Caracas, 6 de octubre de 2016
Riqueza producto social
Carlos Sainz Muñoz

Siguiendo a la OIT, a nuestra Carta Magna humanista y la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) se entiende por la riqueza como un producto social generado  principalmente  por la labor productiva  de los trabajadores(as) realizados en el  proceso social del trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna  y decorosa a los laborantes, sus familiares y dependientes, principios que tienen que ver directamente con la justa distribución de la riqueza como producto social.
La distribución de la riqueza está en función directa a la obtención del salario familiar de la clase trabajadora lo que en la Constitución y la LOTTT denominan como salario familiar digno, el  Estado en corresponsabilidad con la sociedad debe garantizar la salud, educación pública y gratuita, implementar politicas públicas para mejorar y fortalecer el ingreso de las familias trabajadoras.
Según los principios de la riqueza como producto social  los trabajadores(as) tienen la libre estipulación del salario que no podrá ser inferior al mínimo, y la LOTTT señala que para fijar el  monto del salario se debe tomar en cuenta los siguientes principios de: la satisfacción de las necesidades de los trabajadores(as) familiares y dependientes; que permitan una vida digna; la justa distribución de la riqueza social, el  reconocimiento del mayor  valor del trabajo frente al capital; y el principio del salario igual por trabajo igual.
Adicionalmente los trabajadores(as) tienen la libre disposición de su salario     irrenunciable, prohibición de cobro de comisiones bancarias, obligar a trabajadores(as), jubilados(as) y pensionados(as) a mantener un saldo y ninguna entidad financiera podrá negarse abrir la cuenta nómina. Los patronos del sector público o privado tienen la obligación de otorgar un recibo de pago a los trabajadores(as) con las indicaciones detalladas de  todos los conceptos salariales y deducciones.
No cumplir los patronos públicos o privados de la justa distribución de la riqueza como producto social agrede a  sus creadores la clase obrera y es un acto contra la justicia social máxime frente a la crisis que tanta miseria inmerecida ha producido a los  trabajadores(as) y familiares.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/riqueza-producto-social_611737
Ilustración:
http://www.reportero24.com/2013/09/05/thays-penalver-maduro-y-el-petroleo-leproso/

LA LEY REMODELADA

Del deliberado incumplimiento de las leyes
Luis Barragán

A finales del año pasado, la sanción de la Ley para la Protección Social Integral al Artista y Cultor suscitó el festivo encuentro de los profesionales de distintos medios, activos o retirados, en el hemiciclo de trabajo de la Asamblea Nacional.  Figuras muy conocidas de la televisión, por ejemplo, corearon las consignas del oficialismo con vehemencia y entusiasmo, creyendo resuelto el problema por  una formalidad que, como tal, ha quedado para los afanes propagandísticos del régimen.

Soslayando las realidades, los celebrantes no preguntaron sobre la viabilidad de toda una normativa que también establece la asfixiante sobredeterminación del Estado y, en última instancia, está subordinada a  la política económica en boga. Y si ésta resultare equivocada, como ocurre, el simple voluntarismo termina quebrado por la inocultable crisis que padecemos, afectando a todo el sistema de seguridad social de escasa cobertura, luego de década y media de un mismo gobierno.

Nada inocente, el oficialismo sabe muy bien que hay iniciativas que no puede soportar y, valiéndonos de otro ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras esplende por su fracaso, abonando en no poca medida a la aludida crisis. Existen derechos y garantías nominales, resueltamente incumplidos y,  es más, las respectivas inspectorías del trabajo suelen postergar los reclamos y solicitudes, por cierto, a pesar del decreto y la enfermiza prédica,  indiferentes ante los despidos injustificados de la administración pública y -  dependiendo de la influencia ejercida por sus gerentes o propietarios – del sector privado, aunque – acotemos – de tratarse de poderosas empresas, da la oportunidad para abrir y ensayar con un conflicto de entera significación política.

Habilitadas o no, kelsenianos consumados, las leyes sancionadas y promulgadas cumplen con el triple propósito de programar toda la vida social, así haya áreas dispensables; disponer de herramientas que amedrenten o menoscaben a los sectores potencial o efectivamente disidentes, por muy buena voluntad que tengan de llamar a la rectificación; y, no faltaba más, el uso intensivo de la propaganda. Al respecto, poco importa si se cumplen e, incluso, que fracasen una y otra vez respecto a las condiciones que deben posibilitar ese cumplimiento, pues, formal o nominalmente insisten en la vigencia de las normas legales, añadida la propia Constitución de la República, como la conquista de una revolución que, no siendo tal, queda molida por las realidades que siguen su curso insobornable.


Dos referencias adicionales,  por una parte, el suscrito tuvo ocasión de reunirse personalmente con el gremio de los recreadores que demandan todavía la sistematización y actualización de las normas que los rige, dos o tres años atrás, e – inconsultamente transferido de la Comisión de Cultura y  Recreación a la de Política Exterior – los reencontramos con la emoción de la sesión que sancionó la Ley Orgánica de Recreación que tanto aplaudieron. No obstante, aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de 2014, todavía no ha sido promulgada por Nicolás Maduro, ni fue incluida en las leyes habilitadas que produjo, y,  ésta vez por omisión de la junta directiva de la Asamblea Nacional, no está vigente: lo peor, no devuelta ni  promulgada, razonando con José Peña Solís (“El procedimiento legislativo en Venezuela”, UCV, Caracas, 2009), la mayor evidencia es la del veto presidencial.

Finalmente, por otra, hace poco participamos en una sesión de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, suspendida la de Administración y Servicios, a la que ahora pertenecemos, y – al dilucidar el caso de Pilar Romero – una de las funcionarias del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), admitió que había conscientemente violado la ley al procesar la solicitud que le hiciera la conocida actriz de televisión que se encuentra en una lamentable situación personal.  Nos permitimos llamar la atención sobre una confesa y apresurada postura de tan alta funcionaria en una comisión legislativa, prefiriéndola involuntaria, espontánea y apresurada para una sesión en la que no había quórum.

El edificio viejo de la Corte

Nos hemos permitido llamar la atención sobre la negligencia del Estado para con los inmuebles de alto valor patrimonial, cultural e histórico. Hacia octubre de 2014 precisamos en la cámara la deplorable situación en la que por años, se encuentra la vieja sede de la Corte Suprema de Justicia. En días pasados, observamos, al transitar la zona, los trabajos que se realizan y que, ojalá, sean de restauración y no de una repentina, acelerada e improvisada remodelación para una casa llena de ilimitados testimonios históricos.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/22604-del-deliberado-incumplimiento-de-las-leyes

GUERRA AVISADA, NI QUE LOS FAJEN DE INFANTES ...

EL NACIONAL - Miércoles 19 de Diciembre de 2012     Estrategias/5
Entrevista Oswaldo Vera
«Los consejos de trabajadores son parte esencial del proceso revolucionario»
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional afirma que en 2013 entrará en vigor la legislación de las organizaciones laborales y el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Los patronos no deben esperar hasta el último momento para absorber a los tercerizados, dijo
ANA DÍAZ

Los consejos de trabajadores serán una realidad en 2013, aseguró Oswaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Agregó que la nueva estructura, complementaria de los sindicatos, controlará y fiscalizará la gestión de las empresas privadas de áreas productivas estratégicas como las de alimentos.
El legislador, que también forma parte del Consejo Superior del Trabajo, informó que la instancia parlamentaria se concentra en la redacción del reglamento de la nueva Ley Orgánica del Trabajo para que entre en vigencia lo más pronto posible. Llama a los patronos de los sectores público y privado a dialogar con los trabajadores tercerizados para incorporarlos a la nómina antes del plazo de tres años establecido en la ley.
Dijo que la mora en la elección de las directivas de las organizaciones sindicales impide la negociación de las convenciones colectivas del Estado y que, pese a los tropiezos, el contrato colectivo del sector eléctrico es de avanzada porque homologó los beneficios socioeconómicos de 18 empresas fusionadas en la Corporación Eléctrica Nacional.
--Aseguran que los consejos de obreros son la implantación del sistema cubano.
--En Cuba hay consejos de trabajadores y un movimiento sindical abierto, cuya central de trabajadores es reconocida a nivel internacional. En el caso de Venezuela, los consejos de trabajadores son parte esencial del proceso revolucionario bolivariano dentro de la democracia participativa y protagónica.
--¿No anulan los sindicatos? --La Ley Orgánica del Trabajo aclara que no asumen las áreas de competencia de los sindicatos, lo cual no impide que ambas estructuras se complementen. Los consejos ejercen el control y vigilancia de los medios de producción, participan en la gestión de las empresas y en la formación de los trabajadores.
--¿Dónde ejercerán el control? --En las empresas comunales y las recuperadas por el Estado, además de las industrias básicas de las que todos los venezolanos somos parte.
--¿En el sector privado? --Aclaro que este es un debate que se está dando. Hay empresas privadas, como las de alimentos, con compromisos con el Estado, en las que debe haber un control por tratarse de una actividad estratégica. El debate plantea también que el control lo ejerza el mismo Estado y no los trabajadores, para no entrar en conflictos.
--¿Cuándo entraría en vigencia? --Trabajamos en el anteproyecto de ley, con todas las propuestas presentadas a la comisión, para llevarlo a primera discusión parlamentaria este mes. Una vez aprobado se hará el debate público con todos los actores para ir a segunda discusión seguidamente. El próximo año tendremos la ley de los consejos de trabajadores.
--¿Cómo va el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo? --El Consejo Superior del Trabajo consideró esperar un tiempo prudencial para ver la instrumentación de la ley.
Estamos en la fase del cronograma para redactar el reglamento que seguro estará listo en 2013.
--¿Antes del 1º de Mayo? --No puedo dar una fecha, pero será lo más pronto posible.
--¿Cómo han sido estos primeros siete meses de la ley laboral? --Ha disminuido mucho la cantidad de reclamos que se presentaba con la ley anterior.
Ha sido acatada por los sectores público y privado.
--¿Y la tercerización? --Se han presentado problemas con trabajadores tercerizados para acelerar el procedimiento, lo que se resuelve con el diálogo como en Corpoelec, que absorbió 300 personas en una primera fase, y Sidor, que incorporó 7.000. La privada General Motors pasó a los tercerizados a nómina.
La ley da 3 años, pero no se trata de que los empleadores esperen el último momento, aunque ellos deben asegurarse los recursos económicos para ese paso.
--¿Hay tercerización en las cooperativas? --Algunas usan esta práctica para eludir la responsabilidad directa con los trabajadores. En las denuncias traídas a la comisión descubrimos cooperativas creadas por los mismos patronos para subcontratar.
--Sindicalistas alertan que se quiere imponer un solo contrato colectivo con iguales condiciones para todos los trabajadores del Estado.
--Eso es falso. Más de 80% de los contratos se discuten de manera regular.
--¿Qué pasa en las empresas básicas? --Luego de las elecciones sindicales, en Sidor y otras empresas de Guayana comenzó la negociación en la que se plantea prorrogar la discusión para el año próximo, el pago de una bonificación especial y dar vigencia al contrato a partir de 2013. Hay que entender que los contratos deben tomar en cuenta la situación económica de las empresas.
--¿Y el contrato marco del sector público? --Hemos tenido fallas, lo reconocemos, con el contrato marco de la administración pública central. Nuestro llamado es a que las dos federaciones nacionales de trabajadores (Fedeunep y Fentrasep) vayan a elecciones.
--El ministro Héctor Navarro dijo que no pueden asumir el contrato colectivo eléctrico.
--Ese contrato es producto de la fusión de 18 empresas con beneficios económicos dispares que debieron homologarse, lo cual resultó muy oneroso y dificulta su cumplimiento. Hay atrasos, pero se debe rescatar que es un contrato de avanzada. Fetraelec ha mostrado mucha madurez, por lo que creemos que habrá una solución.
--Los sindicatos petroleros denuncian que no dejan actuar al Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laborales.
--El Inpsasel ha hecho inspecciones con recomendaciones y sanciones a funcionarios y a la propia Pdvsa. Se han dado casos que han impedido la inspección, pero esa no es la política de la industria petrolera. Las sanciones han llegado también a Corpoelec y a otras empresas del Estado.
--¿La comisión ha citado a los responsables de la refinería de Amuay por el accidente de agosto? --En Amuay la investigación la realizan organismos del Estado y expertos en áreas muy especializadas. Una vez que se tengan los resultados se invitará a los funcionarios a acudir a la Asamblea Nacional.
--¿Los empleados públicos tienen que ser rojo rojitos? --Sabemos que hay trabajadores que no comparten el ideal revolucionario y siguen en sus puestos porque tienen garantizada la estabilidad por los decretos presidenciales de inamovilidad laboral y por la Ley del Estatuto de la Función Pública. En Alcasa y Ferrominera ganaron las elecciones sindicales planchas no identificadas con el chavismo. Hay dos federaciones (Fedeunep, vinculada con la CTV, y Fentrasep, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores) que conversan para unirse.
--¿Y la disidencia del chavismo? Se habla de una purga contra la Unión Nacional de Trabajadores.
--La Unete desempeñó un papel muy importante en la lucha para derrotar a la CTV y rescatar el país. Pero perdió vigencia, nunca hizo elecciones y los trabajadores vieron que se debía cambiar.
Se está en una renovación de la dirigencia sindical para unificar varias federaciones en una sola. Esto ha dejado vacíos de sindicatos y federaciones a la CTV y a Unete.
Fotografía: Omar Véliz.

DISPOSICIÓN POR SIEMPRE TRANSITORIA

La Trampa Orgánica del Trabajo
Luis Barragán

El Tribunal Supremo de Justicia ha perfeccionado el abusivo empleo de la habilitación presidencial, reconociendo y avalando  el carácter orgánico del más reciente Decreto-Ley que Miraflores ha dispensado. Lejos de pretender una larga disquisición jurídica, luce necesario insistir en la desenfada violación de la vigente Constitución de la República.

Ya no se trata del artículo 203 constitucional que se ocupa de las leyes orgánicas, sino de la propia Disposición Transitoria Cuarta que ordenó  dictarla a la Asamblea Nacional, a objeto de actualizar específicas materias como la modalidad de cálculo de las prestaciones sociales, la prescripción decenal y la reducción de la jornada laboral.  No obstante,  el TSJ fuerza los argumentos para un interesado control de la constitucionalidad que, como ocurrió con el correspondiente Decreto-Ley sobre la máxima legislación castrense, lesiona el principio de supremacía constitucional adquiriendo un perfil cuasi-constituyente.

Inadvertido, ha ocurrido también que la misma Asamblea Nacional ha sancionado otros instrumentos que requerían de la mayoría calificada de votos, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Los ha contentado una circunscrita y literal  interpretación del aludido artículo 203, el cual autoriza la denominación con la sola consideración y aprobación del título del proyecto, dándole entrada, creyéndose relevado el chavezato de esa mayoría para el debate y la aprobación del articulado.

Doble digresión, nos permitimos apuntar – por una parte – que las injustificadas prisas del constituyente lo llevó a tamaño error de redacción perfectamente subsanable al percatarnos de la finalidad de la norma, ya que – en última instancia – opera la presunción favorable a la constitucionalidad. Y – por otra – nos permitimos un testimonio personal, pues, incorporados a la segunda discusión del instrumento sobre la Delincuencia Organizada, nuevamente nos percatamos de la concepción y práctica legislativa del régimen: horas antes, el Orden del Día estuvo repleto de las sempiternas solicitudes de crédito adicional, sorprendiendo a la oposición con un distinto temario; la discusión y aprobación fue absolutamente atropellada,  por lo que sentimos la angustia en torno al silencio y perplejidad de los colegas pertenecientes a la Comisión Permanente especializada, lo que nos llevó a las infructuosas diligencias con un representante del estado Monagas que todavía espera la autorización del jefe de su bancada para intervenir, aunque en otras ocasiones ha tomado la palabra conjugar determinados asuntos de naturaleza penal; desincorporado, la semana siguiente el chavezato sancionó el instrumento orgánico gozando de mayoría simple; y, finalmente, no logramos obtener copia de los debates de esas sesiones, porque – nos dijo personalmente el Secretario de la cámara – hay un cambio de la plataforma tecnológica que todavía no hace posible la inmediata entrega digital o impresa.

Digresión que se nos hizo extensa, volvamos a la legislación laboral. Por más clara e inequívoca que se ofrezca la Constitución de la República, el gobierno nacional es capaz de mentir y, con una gruesa dosis de distracción, pasar la página.

Reivindicada la castellanización del término “by pass”, Miraflores confió en la respuesta favorable del TSJ que le ahorró los inmensos costos políticos del debate. La estridencia publicitaria y la mentira de las 19 mil consultas, como si fuese toda una proeza de la participación cuando ni los más bulliciosos dirigentes laborales del PSUV conocían el proyecto, le permitió pontificar sobre la tercerización, la negociación colectiva y la democracia sindical, sin la más mínima rendición de cuentas de una gestión que – precisamente – ha auspiciado la tercerización, negándole al sector público toda contratación colectiva y golpeando a los sindicatos autónomos.

Dada esa estridencia publicitaria, afincado inescrupulosamente el régimen en una propaganda falsificadora de la realidad, la trampa política está tendida,  pues jamás reconocerá la razón que le asiste a la oposición para cuestionar y diligenciar judicialmente contra el procedimiento consumado para la novísima ley orgánica, presentándolo como un intento fascista de desconocimiento de los legítimos derechos de los trabajadores. En propiedad, trampa orgánica, sistemática, recurrente, habitual, orientada a la generación de confusión y al morboso provecho de las circunstancias.

Fuente: http://www.analitica.com/va/politica/opinion/8929884.asp

 

ENGRANAJE

La LOTbriz del apontazo laboral
Luis Barragán

Comprobado queda, el planteamiento de una distinta Ley Orgánica del Trabajo se hizo en el marco de la guerra psicológica en la que se ha especializado el Estado por todos estos años frente a la ciudadanía, aunque ahora se le llame – eufemísticamente – guerrilla comunicacional.  Y, como bien se ha dicho, surge el instrumento con una clarísima y contundente vocación electoral.

Puede denominársele, pues, Ley Orgánica del 7 de Octubre y, de escudriñar más, Ley Orgániza del Apontazo Laboral. Por una parte, tiene por principales objetivos el de aparentar al proletariado como protagonista de la transición hacia las infinitas transiciones, como el de  distraernos sobre el caso de Eladio Aponte Aponte, llevándonos a las escenas finales de “Sombras nada más” de Sergio Ramírez, con el corrosivo humor que reivindica la naturaleza de ciertos procesos políticos que se fingen revolucionarios; y, por otra, bastando  el simple enunciado oficial, se dirá, procura evitar a todo trance el debate a fondo, garantizando también  la impunidad  de los procedimientos.

Por lo pronto, obviamente no le cabía en momento alguno a Chávez Frías el mandato de legislar en una materia donde el constituyente fue inequívocamente directo y enfático. La Ley Orgánica del Trabajo es un asunto que le compete al parlamento y, aunque él  no honró por todos estos años la Disposición Transitoria Cuarta de la vigente Constitución de la República,  en todo caso, pudo pagar esa deuda el TSJ a través de la  omisión legislativa.

El régimen dice hallar una vía para la impunidad, ahorrándose el costo político de la ventilación de sus políticas económicas y sociales, el apego a una modalidad del cálculo de las prestaciones por más de diez años que cínicamente denuncia como un robo,  la apropiación indebida de los recursos que debieron destinar para solventar el problema de los pasivos laborales, la tercerización sistemática de la que es culpable promotor, entre otros renglones. Urge del borrón y cuenta nueva, en un marasmo de burla a los trabajadores que nunca consultó.

La oposición asumió posturas, a pesar de la cautela incomprensible de los medios de comunicación que final e inexorablemente abrieron sus puertas al tema. Legítimas fueron sus conjeturas, porque – dados los dispositivos estructurales del engaño – el silencio era lo que calculaban y deseaban los agentes de la principal sala situacional de Miraflores, harto diferente al morboso ejercicio de las adivinanzas a las que condenó a los más visibles voceros del oficialismo, hoy de nuevo condenados a defender un instrumento que, sencilla y vergonzosamente, ignoraban.

Particularmente, nos permitimos trabajar algunas de las perspectivas a las que nos forzaban los escasos y subrepticios borradores que, tomados de la red de redes, siguen inspirando cualquier intento de reforma post-electoral, por la naturaleza y el lenguaje de unas propuestas más afines al sentido que ha adquirido el régimen en los últimos cinco años. Además de cooperar en la discusión y elaboración de un documento que explicó por varias semanas la constitución de una comisión socialcristiana y de cuya validez no abrigamos dudas, sintetizamos nuestras perspectivas en sendos escenarios que, modestamente, recogimos en un texto intitulado “Ley del trabajo y revolución”, publicado en este mismo medio.

Confirmando uno de esos escenarios, de tanto pujar el régimen ha parido una lombriz: no se atrevió a una radical o  radicalísima transformación de las relaciones laborales en Venezuela, porque no tiene con qué pensarlo y hacerlo, quemando una oportunidad para una democrática y amplía actualización del mundo del trabajo, inevitablemente inserto en la globalización que toca desesperada a nuestras puertas,  confiriéndole  al trabajo un carácter liberador. Socialismo rentístico, al fin y al cabo, miente descarada y descomunalmente, mientras que suelta ese apontazo laboral que,  inconstitucional y manifiestamente ilegítimo, preserva los intereses creados por más de una década, la posibilidad – incluso – del chavismo desenfadadamente sin su creador, obligando a sus seguidores y más cercanos colaboradores a permanecer en esa piscina de la supervivencia que un poco o mucho se parece a la que sirvió para el juicio popular novelado por Ramírez.

Ilustración: Ferdinand Léger, "El remolcador rosa" (1918)

18.999

Ley del Trabajo: ¿y las restantes 18.999 propuestas?
Luis Barragán

Asombroso amanecer del Primero de Mayo, sin que conozcamos el texto íntegro de un Decreto-Ley que jura refundar el relacionamiento del trabajo en Venezuela. Y es que está hecho para develarse como la pieza central de un espectáculo ya agotado, el de la gigantesca y bien sufragada movilización de autobuses en la ciudad capital que consagrará a la revolución como un descomunal simulacro que ya no les genera vergüenza alguna.

Fuerzan a la movilización, explotando la buena fe del llamado chavismo, movimiento social y político, propio del rentismo sociológico que nos agobia, inyectándole todo el helio posible de las falsas expectativas de un discurso demagógico para que vuele en medio de un desesperado afán de supervivencia. Y el chavezato, los privilegiados del poder, deben cargar con el inmenso bacalao de adivinar y aplaudir un instrumento legal del que únicamente supo y sabe Chávez Frías, porque a Antonio Espinoza Prieto le pasaron los días del tubazo que, por lo visto, tampoco dará en los días que siguen.

La democracia participativa formal rinde sus últimos estertores con una ley que violenta la vigente Constitución de la República, porque – además – en su Disposición Transitoria Cuarta jamás delegó en el ocupante de Miraflores entregarla. No lograrán ocultar nunca la deuda que no honró el parlamento cuando vivió sus más estelares momentos de férreo control oficialista, ni la literal patada que le dieron al secretario general del PCV que se creyó el cuento de presidir una respetada y especializada comisión para la elaboración del proyecto.

Y es que tampoco apelaron a la omisión legislativa, desconfiando de la propia mayoría del chavezato del TSJ para alcanzar ese instrumento. Solamente, debemos repetirlo hasta la saciedad, Chávez Frías, no otro, condenó a su generalato político a la morbosa competencia por adivinarlo, obligándolo a la temeraria defensa de un texto ignorado.

La programación dominical de dos canales privados de televisión, recientemente, reportó el sobrevuelo de Oswaldo Vera, presidente de la supercomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea que, entre otras competencias, le cabía el estudio de la ley, frente a José Vicente Rangel, el entrevistador que, obvia y complacientemente, no lo incomodó con la solicitud de un dato fiable y concreto. Al igual que el probable gesto de cortesía de Alfredo Ramos, quien no interrogó y delató el desconocimiento del también diputado Francisco Torrealba en torno al celebérrimo texto que nerviosamente defendió.

El colmo del atrevimiento fue el de Aristóbulo Istúriz al asegurar que la comisión presidencial recibió 19 mil propuestas, como si los venezolanos fuésemos estúpidos. No hay duda alguna, desconocen los fundamentos de un Decreto-Ley que, sencillamente, sólo requirió de la previa y disparatada defensa, como exigirá luego un desgarramiento de las vestiduras clamando por bondades que tampoco les convence.

El pueblo organizado no fue consultado, excepto se llame tal la contratación de los continuos estudios de opinión que les permita – dirán – seguir lanzando y colocando el dardo venenoso en la sorprendente operación propagandística y publicitaria que los enloquece. Y esto ocurre, por esa vocación totalitaria que garantiza, perfecciona y mueve al auto-engaño, reducto confortable de aquellos que se imaginan en el trance de desplazar a Trotsky de la jefatura del soviet de Petrogrado hacia1905, porque les queda lejos el tren blindado.

Tristeza e indignación nos produce tamaño arrodillamiento, como no tarda en llegar y quedarse en la intimidad de un chavismo forzado a la movilización y el aplauso. Mientras tanto, el chavezato vive su dramática procesión interna, obligado a sonreír en el Día de los Trabajadores, ridiculizados hasta el hartazgo.

En definitiva, un chavezato que no sabe de un diagnóstico fiable y debe adivinar esta vez la enfermedad presidencial. Entonces, ¿por qué tenía que saber de la Ley del Trabajo?, o – mejor - ¿por qué no inventar el cuento de los 19 mil aportes que redujeron a uno ya consabido, negada la menor noticia de un proyecto?

Mienten descaradamente, y – como si nadie se diera cuenta – decretan un magno Estado de Excepción a través de un Decreto-Ley que restringe nuestros derechos a la participación. Y, con la inevitable Gaceta Oficial por delante, sabremos que otros derechos y garantías vuelven trizas al no desarrollar – precisamente – la Constitución, comenzando por el camino idóneo, correcto y inequívoco del procedimiento impuesto a toda Ley Orgánica.


Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2012/05/ley-del-trabajo-%C2%BFy-las-restantes-18-999-propuestas/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=862128
Ilustración: Ferdinand Léger, "Mujer y Niño"

LOT-ERÍA

De la reducción de la jornada laboral
Luis Barragán

Muy poco que sabe del augusto y democrático Decreto-Ley, amaneciendo significativamente el Primero de Mayo. Excepto que es un texto orientado al mitín autobusero de Caracas que, aderezado por la amenaza de retirar al país de la CIDH, redondeará un espectáculo con el sello nervioso del 7-O.

Todavía es poco lo que puede decirse del novísimo relacionamiento del trabajo en Venezuela, pildorizado por un presidente que tiene por principal herramienta una red social que no surgió – precisamente – de ese socialismo real que, en Corea del Norte, por ejemplo,  tiene por empeño una bomba atómica.  Chávez Frías “tubeó” a la audiencia con la reducción de la jornada a dos horas por semana, contrariando el fracasado proyecto de reforma constitucional de 2007.

El oficialismo ha soñado imponer una reducción diaria de ocho a seis horas de jornada, obligando las otras dos para el sistemático adoctrinamiento de los trabajadores. No hay una exacta motivación económica, desprendida del crecimiento de la productividad, ni psicológica, propiciando la desalienación efectiva, sino un propósito contundentemente político: forzar la adhesión de los venezolanos a un proyecto que nunca han definido, salvo esa retórica ampulosa y guevarista de siempre.

De manera que esa liberación del tiempo, escapa de toda vocación estrictamente laboral. Acogida una idea de Sergio Urdaneta, miembro de la comisión socialcristiana que ha estudiado la materia, la hubiésemos preferido y entendido como la oportunidad de una beca-trabajo para la calificación y promoción laboral de quienes aspiran a una superior responsabilidad, pero no como otra experiencia de sojuzgamiento, condicionamiento y  humillación de la persona humana.

Aspiramos que, prontamente, los especialistas del derecho del trabajo tomen por asalto este Decreto-Ley, por cierto, inconstitucional, explicando sus alcances. Ya hemos visto que, antes de la publicitación en Gaceta Oficial, fue muy poco lo que evacuó la prensa venezolana, incluyendo documentos de profundidad como el que planteó COPEI, dificultando las condiciones para el debate al que involuntariamente  nos obliga Chávez Frías: entre ellas, la sensibilización y el tratamiento sobrio de un delicadísimo tema.

Reparemos en tamaño descuido de la prensa que, por los intereses que corren en el gobierno o en la oposición, negada la ventilación misma a un documento partidista, por obra de prejuicios insuperados,  tienden a banalizar el asunto. Y, en propiedad, a reducir esa jornada de conciencia de los venezolanos sintetizada en la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, explicándonos el país anhelado y el que tenemos.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/11648-de-la-reduccion-de-la-jornada-laboral
Ilustración: Fernando Léger, "Las clavadistas circulares" (1942)

PROCESO POLÍTICO DEL TRABAJO

De la habilitante laboral
Luis Barragán

Quisiéramos todos presumir la buena fe respecto a la nueva legislación laboral que se anuncia, pero las evidencias obligan a asumir una postura contraria. Comenzando por el desconocimiento del proyecto mismo que elabora la comisión presidencial que, por cierto, dudamos, sea el mismo que - finalmente – apruebe y promulgue Chávez Frías, dueño de los dados.

Consabido, valiéndose de la cobarde habilitación legislativa pedida y concedida, la materia escapa de la emergencia que una distante vez invocó y traicionó. Ahora, la posibilidad de imponer una distinta Ley Orgánica del Trabajo (o del Proceso Social del Trabajo, como se ha filtrado lo que parece será un mero ejercicio sociológico), dependerá de la coyuntura que intenta prever.

El instrumento estará muy lejos de expresar un largo proceso de conquistas laborales que demanda un diferente y preciso corolario normativo, como lo ensayarán desenfadadamente los laboratorios de propaganda y publicidad oficial. Bastará con citar aspectos como el de la libertad sindical y la contrastación colectiva, por no mencionar la deuda contraída de 18 mil millones de bolívares débiles con los trabajadores del sector público, añadida la ausencia de rendición de cuentas por lo que concierne al paro forzoso, la política habitacional y el fondo de pensiones, que nos ubica con exactitud en el extenso problemario del socialismo rentístico que está sideralmente apartado del hecho liberador del trabajo.

De modo que si alguna desembocadura tiene el presunto proyecto, es la de servir de herramienta perversa frente a los adversarios u opositores del gobierno, sumado lo que queda del proletariado que nunca lo ha acompañado. Siendo así, confeccionado en el rincón de una bóveda a la que no acceden los comisionados y muchísimo menos los clanes (para) sindicales del oficialismo, Chávez Frías sacará de la vieja chistera una pieza acorde a sus objetivos estratégicos de supervivencia en el poder: ora radical y dislocadora, ora tímida y chapucera, admitiendo los matices que resulten más convenientes para el desarrollo de la lucha de clases, solamente la concebida desde las terrazas privilegiadas de la dirección del Estado.

Matices que recogerá al grácil mastodonte del clientelismo sindical para facilitarle las banderas de una satisfacción simbólica y provisional, enarboladas en las no menos gráciles trincheras de la economía informal y de la adulteración de las cifras de desempleo que no cuestionan, resignadas. Adalides de la democracia participativa y protagónica, deberán esperar por las otras movilizaciones que pautan a los hastiados empleados públicos, propias de la división social del trabajo proselitista, para redondear la audiencia que necesita Chávez Frías a cada instante.

A lo sumo, siendo una constante del elevado pensamiento jurídico del régimen, el instrumento legal tendrá por característica tal carga de eufemismos y de enrevesada terminología que terminará confundiendo al mastodonte en medio de la cristalería. Temiendo por un estornudo catastrófico, la promesa del consejo de trabajadores brillará en el firmamento, aunque las terrazas de nuestra desconfianza y escepticismo no soporten el peso, como tampoco podrá hacerlo la grúa de un barril petrolero por encima de los cien dólares.

Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2012/03/de-la-habilitante-laboral/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=850785