ALGO MÁS QUE REPAVIMENTAR

EL PAÍS, Madrid, 23 de diciembre de 2017

TRIBUNA

Reforma des-constitucional

Josep M. Colomer

 

La reforma constitucional ha aparecido como un remedio casi mágico para resolver muchos problemas del actual régimen democrático español. Pero la reforma es muy difícil porque requiere mayorías cualificadas en las dos cámaras (y su repetición tras unas elecciones para temas de derechos y la Corona), así como un referéndum. Una buena salida seria desconstitucionalizar algunos temas para que pudieran ser objeto de cambios legislativos más asequibles.

España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea. En cambio, todos los países democráticos tienden a revisar sus constituciones periódicamente.

La más antigua y más corta de las constituciones actuales, la de Estados Unidos, ha recibido 27 enmiendas, una cada ocho años de media, incluido sobre cuestiones importantes como los derechos civiles, la esclavitud, los derechos de voto, las reglas electorales o el límite de mandatos del presidente. El país europeo con más cambios constitucionales es Portugal, donde, a diferencia del vecino, las reformas solo requieren una decisión parlamentaria por amplia mayoría; las reformas portuguesas han incluido temas mayores como las restricciones a la política económica y la trasformación del régimen presidencial en uno parlamentario. En Gran Bretaña, como la constitución no está codificada en un solo texto, los cambios también son relativamente fáciles: ha habido 51 desde la Guerra Mundial, incluidos la Convención de Derechos Humanos, la reducción de Lores hereditarios, la justicia o la elección de los alcaldes. En Francia ha habido 17 reformas en menos de sesenta años, las cuales han afectado a los tratados de la UE, la duración del mandato del presidente, las relaciones parlamentarias, y ahora Emmanuel Macron ha anunciado nuevos cambios en el tamaño del Parlamento, el sistema electoral y el procedimiento legislativo. En Alemania ha habido 14 reformas desde la reunificación en 1990, incluidas sobre la UE, la protección ambiental, la discriminación positiva a las mujeres o el derecho de asilo. En Italia, las barreras son más altas, ya que cabe pedir un referéndum, pero ha habido 15 reformas, incluidas las que han dado autonomía legislativa y competencias exclusivas a las regiones.

España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea

En contraste, en España no ha habido apenas alteraciones del texto constitucional. Pero tampoco hay revisión a través de la legislación. Los cambios son efectuados, de hecho, por las sentencias del Tribunal Constitucional, al que muchos ven como sesgado y partidista. Para facilitar los cambios sin cambiar las reglas, cabe una reforma que desconstitucionalice algunos temas, es decir, que los haga desaparecer de la Constitución para que puedan ser reformados mediante leyes. Una reforma de este tipo podría hacerse de una sola tacada en el Parlamento y eludir el referéndum, ya que no requeriría la introducción de nuevos textos alternativos, sino solo el traspaso del poder de reforma al Parlamento.

Entre los candidatos a la desconstitucionalización y una ulterior reforma legal cabe identificar, entre otros, la provincia como circunscripción electoral (para facilitar un sistema más proporcional), la elección directa o por los parlamentos autonómicos de los senadores (para que la cámara alta pudiera representar a los gobiernos autonómicos), la investidura del Presidente del Gobierno con apoyo minoritario en la segunda vuelta y la moción de censura constructiva (para impulsar la formación de una mayoría parlamentaria), la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado (para reducir su partidismo), o la lista de posibles competencias de las Comunidades Autónomas (manteniendo la lista de competencias exclusivas del Estado, para facilitar que cada Comunidad pueda decidir su nivel de competencias).

La desconstitucionalización de una lista de artículos y apartados debería ser más fácil que la negociación y aprobación de un paquete de reformas de la Constitución, ya que no comprometería a ningún cambio concreto, sino que solo abriría la posibilidad de legislar por separado en los distintos temas. Este enfoque debería reducir el miedo a “abrir el melón” de la reforma constitucional, como suelen decir los gobernantes españoles, y hacer los cambios políticamente viables.

(*) Josep M. Colomer, autor de Ciencia de la política (Ariel), es también autor del capítulo ‘Comparative Constitutions’ del Oxford Handbook of Political Science y editor senior de Instituciones Políticas de la Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Fuente:

https://elpais.com/elpais/2017/12/21/opinion/1513876032_863427.html

Fotografía: http://www.construar.com.ar/2016/12/1998-repavimentacion-de-un-tramo-de-la-ruta-provincial-no-10/

EL PODER DE LA BANALIDAD

EL PAÍS, Madrid, 28 de octubre de 2013
TRIBUNA
La banalidad del poder
Los políticos tienen cada vez menor margen de maniobra para tomar decisiones
Josep M. Colomer

El Partido Popular tiene más poder formal que cualquier otro partido haya tenido en la democracia española. Sin embargo, el Gobierno del PP es impotente para tomar las decisiones políticas más importantes. Por un lado, como es bien sabido, el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado y controla el Gobierno; preside una amplia mayoría de las comunidades autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como una gran mayoría de los grandes Ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias; el PP también ha propuesto una mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y ha nombrado a la Defensora del Pueblo y a los presidentes del Banco de España, del Consejo de RTVE, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró, poco después de tomar posesión, que “no tiene libertad” para tomar las decisiones mayores, ya que está sujeto al mandato y la vigilancia de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El proyecto de presupuesto estatal recientemente presentado apunta a objetivos de déficit y deuda que han sido previamente fijados fuera del proceso político español. Como en la mayor parte de los países democráticos, el gasto público discrecional llega solo a un 30%; el resto son obligaciones previamente contraídas, especialmente salarios públicos, pensiones, subsidios del paro, intereses de la deuda y otras transferencias y gastos financieros. Pero incluso la decisión política sobre el gasto discrecional está fuertemente limitada por programas de larga duración y una moderada continuidad. Actualmente, las diferencias reales en la asignación de recursos entre un Gobierno de izquierdas y uno de derechas afectarían a menos del 5% del PIB.
La paradoja del poder impotente no es exclusiva de España. La mayor parte de los Estados europeos ya no tienen soberanía real y no producen resultados por sí mismos. Los gobiernos técnicos o de gestión, así como los formados por amplias o grandes coaliciones de múltiples partidos, se limitan a ejecutar las obligaciones previamente acordadas. Muchos Parlamentos —como el español— ya no legislan por su cuenta, sino que básicamente ratifican decretos gubernamentales que reflejan las directrices internacionales.
La mayor parte de los Estados europeos ya no tienen soberanía real
Hay dos consecuencias muy notables de esta traslación del poder, aunque su relación con la creciente globalización de los asuntos públicos no se suele subrayar. La primera es la degradación de la política doméstica, especialmente la banalización del discurso político y de las campañas electorales. En muchos países del mundo, el desarrollo de procesos transnacionales y globales genera una banalización del poder estatal. Muchos políticos y altos funcionarios ejercen ahora el poder de una manera banal y rutinaria, sin cuestionar los objetivos de las órdenes que reciben. Podrían decir tranquilamente que actúan por obediencia debida, ya que la responsabilidad política por sus acciones se ha evaporado.
Pero la búsqueda de fama hace que el show político, pese a su inocuidad, continúe como siempre. La gesticulación habitual de los políticos domésticos persiste como si no pasara nada. Muchos cargos de partido repiten viejos mantras y clichés fuera de contexto. Como el espectáculo está sobredimensionado, ya que está falto de sustancia, degenera en riñas personales, insultos y desplantes. Los partidos se consumen en sus propios tirabuzones internos. A veces, el espectáculo de los políticos repitiendo sus discursos, sus gestos y ceremonias, mientras ignoran o fingen ignorar el paisaje de fondo de su colosal impotencia, resulta asombroso. El resultado es el descrédito de la política y el fastidio de los espectadores.
La otra consecuencia de la impotencia política del Gobierno, el Parlamento y los partidos es aún más chirriante. La persecución del interés privado y la “avaricia insaciable de los políticos”, a la que se refería David Hume, emergen a la luz del día. En los políticos sin poder real de decisión, la búsqueda de fortuna y de modus vivendi adquiere más relieve. Las viejas instituciones que han quedado inefectivas despliegan ceremonias vacías, pero se convierten también en botín de ganancias privadas.
Los ciudadanos y los medios de comunicación también son ahora más propensos al escándalo precisamente porque no perciben un desempeño de resultados que compense el robo. ¿Por qué no hubo escándalos de corrupción, por ejemplo, en torno a los Juegos Olímpicos de Barcelona? Porque la ciudadanía estaba entonces satisfecha con las inversiones públicas y la imagen de España, por lo que no apetecía levantar alfombras. Ahora es justo al revés. Es la pérdida de poder político real de las instituciones estatales lo que explica, sobre todo, el descrédito de la política y la proliferación de los escándalos de corrupción.
(*) Josep M. Colomer es profesor de investigación en el Instituto de Análisis Económico del CSIC. Autor de Ciencia de la política (Ariel).

Fotografía: LB, pieza atribuida a ¿Latorraga?