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viernes, 30 de marzo de 2012

CÓDIGO GENÉTICO


EL NACIONAL - Viernes 30 de Marzo de 2012 Opinión/10
Caricaturas
ÁLVARO G. REQUENA

La caricatura, como medio de expresión artística, es muy antigua. Quizá los egipcios no practicaron ese arte, pero los griegos y los romanos sí. ¿Qué caricatura más brillante que ese dios campestre llamado Sátiro? Tanto, que terminó siendo sinónimo de crítica, censura, mordacidad, ironía, sarcasmo y alegría festiva.

El humor satírico es compañero fiel de los humanos. La risa en su origen es temor, y al perder la inmediata impresión de amenaza se convierte en rictus que pasa a risa franca y se acompaña de actitudes y pensamientos alegres.

Si el estímulo se logra a través del comentario jocoso o el dibujo grotesco de la representación imaginativa del suceso y sus actores, mejor, pues más apreciación habrá del suceso y de los sujetos.

La burla no necesariamente destruye, también endereza al torcido y finalmente terminamos considerándola como crítica mordaz con intención satírica.

A medidos del siglo XIX, en Inglaterra y Francia, aparecieron publicaciones periódicas como Charivari y el semanario Punch.

Éstas y las muchas otras que desde entonces han sido fueron muy exitosas, pero Punch instituyó la costumbre de publicar semanalmente una caricatura que, usualmente, tenía que ver con el consabido tema político, pues la comunicación oficial, siendo escasa e insuficiente, obligaba a los artistas a pintar los sucesos y sus protagonistas; y cuando, uno u otro o ambos, se ponían a tiro, se les disparaban balas de humor satirizado para regocijo y solaz de lectores y mirones.

También servían las caricaturas para que criticados o burlados y quienes actuaban igual se diesen cuenta de su inadecuada y risible actitud. Siempre bajo el concepto de que todos lo actos humanos son calibrados dependiendo del ángulo desde el que nos toque mirarlos.

Los caricaturistas son, por lo general, magníficos dibujantes, con gran habilidad para captar y desarrollar los rasgos más conspicuos de una persona.

Así, como Quevedo escribe de un hombre a una nariz pegado, el caricaturista lo plasma en el cartón.

Ambas expresiones son igualmente risueñas y la imaginación crea la figura en nuestras mentes con la misma definición que el pintor. Son verdades que no necesitan comprobación. No es necesario probar científicamente que la nariz es grande ni de qué tamaño es. Nadie ríe de la nariz de Cyrano y sus poemas nos llenan de romántica emoción, pero una caricatura de Cyrano puede llevarnos a la hilaridad y si sus poemas son leídos con sorna y cierto dejo de chiste, pueden causarnos risa. El buen humor, zumbón, burlón y satírico, nunca hará más daño que el suceso que lo provocó.

Por supuesto, señores del oficialismo, la caricatura se sigue nutriendo de la política, pero sobre todo de los políticos y sus grotescas propuestas, como la de denunciar a los caricaturistas por ser políticos. ¿Y qué más?

Ilustración: Presupuesto. Elite, Caracas, nr. 1809 del 28/05/60.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

PARTIPROTA


EL NACIONAL - MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 PRIMERA PÁGINA/1

Democracia participativa y protagónica
Los productores de café de Trujillo, Portuguesa y Sucre vinieron a solicitar el aumento del precio del quintal del producto. Ahora reciben 623 bolívares, aunque está regulado en 747, y quieren un precio justo: 1.700 bolívares, por debajo todavía de los 1.900 bolívares que paga el Gobierno por el grano de Nicaragua. La Guardia Nacional no permitió que los autobuses siguieran a Miraflores y cuando intentaron continuar a pie, les echaron gas del bueno. Ordene, comandante

Fotografía: Raúl Romero

lunes, 1 de agosto de 2011

¿CAJAS FELICES?


De la cultura del presupuesto público (y viceversa)
Luis Barragán


Monopolizada la divisa petrolera por el Estado, teóricamente el debate parlamentario ha de suscitar el interés y el seguimiento de todo el país para intentar materializar las grandes y postergadas demandas sociales. No obstante, en ese ardid permanente en el que se ha convertido la gobernabilidad, a pesar de las lesiones infringidas a la legitimidad y a la eficacia que la hacen posible, hay más de oscuridad y resignación que claridad y vehemente reclamo.

Más allá de la burda aplicación de la mayoría oficialista, distintos sectores de la sociedad no logran hacer de sus exigencias una matriz competitiva de opinión, porque – de un lado – la complejidad técnico-administrativa del asunto no lo permite con la rapidez y soltura aconsejable, y – por el otro – es el propio gobierno nacional el que tiende a imponer los temas sustanciales, como la propia y confesa insinceridad del ejercicio fiscal.

Idealmente, le corresponde a toda la sociedad polemizar sobre la distribución de los ingresos – ordinarios y extraordinarios - petroleros y de los tributos directos e indirectos con los que, puntual e impostergablemente, cumple, aunque – sin dudas - ello lo facilita el criterio expuesto por unas u otras voces autorizadas. Al respecto, revisando la vieja prensa, observamos una mayor abundancia de posiciones y cierta altura del debate público en décadas anteriores (por ejemplo, los estupendos trabajos que publicó la revista “Resumen” de Caracas), muy distantes de lo que ahora publican los medios virtuales e impresos.

Desde ya, importa que la civilidad organizada preste atención a sus aspiraciones para el año venidero, encuentre fórmulas para plantear y lidiar con ellas de cara a los inmensos recursos que pertenecen – es necesario acentuarlo – a todos. Los partidos políticos y las organizaciones intermedias de la sociedad civil, urgentemente deben difundir todo lo que está previsto en la vigente Constitución de la República en el campo presupuestario, articulando el clamor popular por los recursos que no llegan gracias a la demagogia y estafa de las políticas públicas que no son tales, actualizando así el gigantesco problemario que nos aqueja.

Debemos reivindicar y transitar una cultura presupuestaria que, desde ya, requiere del sereno estudio de los recursos disponibles y de su adecuada presupuestación, dada la innegable desconfianza que inspira el propósito oficial. La misma complejidad y – acaso – relativa inexperiencia, impide el planteamiento de un proyecto de ley alterno, quizá siendo innecesario el extenso trabajo que comporta ante sus probables y flacos resultados, pero sectorialmente, organizada la sociedad con firmeza, pueden escenificarse sendas manifestaciones cívicas y presiones institucionales para intentar desplazar u obstruir las ambiciones de los clanes gubernamentales, fieramente respaldadas por los grandes contratistas que autorizan a una peligrosa, sedienta y habilidosa boliburguesía, cuya existencia es incontestable a la luz del socialismo rentista que sintetiza la naturaleza del régimen.

A guisa de ilustración, el sector cultura que, por definición, es de mayores dimensiones, - involucramientos, realizaciones y necesidades - fuera del Estado, ha de afrontar el trabajo de organizar sus peticiones y contabilizarlas, parejo a una conceptualización y propuesta alternativa de políticas, que se haga también un hito para el momento de debatir el presupuesto de 2012. Obviamente, es una tarea difícil y ciclópea, pero indispensable a los fines de una pedagogía política que disponga de las herramientas parlamentarias y las cuestionen si lo desean.

Recientemente, a propósito de una jornada de reflexión sobre las ofertas culturales del aún incógnito candidato unitario de la oposición, nos permitimos sugerir la tarea. Hay tiempo para trabajar el presupuesto cultural del año entrante, identificar necesidades y hallar recursos aún cuando el gobierno nacional los diga escasos en sus prontuarios, pero – sobre todo – buscar la coyuntura y condiciones para que una demanda social, por lo menos, tenga éxito que lo es todavía aún cuando – desenmascarado – el gobierno nacional niegue el dinero.

Fuente:
http://www.medios24.com/p38223.html
Fotografía: LB, obra de José Campos Biscardi, Caurimare, Caracas (07/11)

viernes, 17 de diciembre de 2010

una cosa lleva y expresa la otra


(Súper) habilitación legislativa y Estado de excepción
Luis Barragán


Ha sido una constante del gobierno nacional la invocación de una emergencia nacional, tanto que no la ha resuelto a través de todas las habilitaciones legislativas con las que ha contado, prácticamente en doce años. Y el excepcional recurso institucional, a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1961, exclusivamente circunscrito a la materia económica y financiera, adquiere ahora dimensiones políticas descomunales por obra del ingenuo constituyente de 1999.

De modo que esa invocación ha burlado el carácter extraordinario del recurso y de toda medida, lesionando el interés público que dice inspirarla. No hay acontecimiento superiormente jerárquico para el Estado que las vicisitudes cotidianas de Miraflores, por lo que la prioridad o jerarquía de los padecimientos colectivos únicamente existe para la manipulación utilitaria del poder establecido.

La llamada legislación gubernativa ha perdido todo rango excepcional, convertida en una herramienta de distorsión y anormalidad en el desenvolvimiento de las instituciones. La urgencia como fundamento y la emergencia como una de sus expresiones, van más allá de la coyuntura, extendiéndolas como un modo de vida dizque republicano.

La emergencia, en la segunda y tercera acepción del DRAE (22da. edición), versa sobre “suceso, accidente que sobreviene”, y “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”. La urgencia nos lleva, en su segunda y cuarta acepción, a la “necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio” y “hablando de las leyes o preceptos, actual obligación de cumplirlos”. Y urgir nos conduce a “instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio”.

Evidentemente, contrastando con lo alegado por el gobierno nacional, no existe la inmediata necesidad política y técnica de acelerar el proceso legislativo mediante un mandato temporal y especial, sobrasaltando – ciertamente - el orden jurídico. Aprovechando la oportunidad de colar una normativa que bien puede plantearla ordinariamente, por ejemplo la tributaria, saca provecho de un parlamento elegido hace cinco años por menos del 25% del electorado, frente a otro que se instalará en pocos días, reflejo más exacto del país plural y complejo que somos, a pesar de las manipulaciones circuitales.

La institución de las facultades o poderes extraordinarios es pertinente aún en períodos de estabilidad o normalidad, absoluta o relativa, donde el sistema cuenta con un dispositivo para afrontar sus urgencias progresivas o regresivas, formalizadas éstas en el terreno de las emergencias. La superhabilitación hoy es injustificable y perniciosa, respondiendo a otra violación de las pretensiones y disposiciones constitucionales, aunque mañana se convierta en un recurso indispensable para la transición democrática, siendo la inestabilidad o anormalidad regresiva una regla impuesta y legada por el chavezato.

La emergencia es “un hecho insólito que amenaza la vida del Estado e impide el comportamiento regular de sus instituciones y al que no se le puede controlar mediante la normatividad con que ordinariamente cuenta el Estado”, señaló María de los Angeles Delfino en un trabajo publicado por la Fundación Adenauer y la COPRE en 1995. De esta manera, la emergencia habilitante es radicalmente distinta a aquella que da origen al Estado de excepción, pero - indudablemente - se inspira en él.

El estado de emergencia se explica a través de los conflictos interior y exterior o los motivos fundados que permitan la aplicación de las medidas previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, como la movilización total o parcial de la Fuerza Armada Nacional, la requisición o medida cautelar de seguridad sobre los bienes necesarios, régimen penal de emergencia o régimen jurisdiccional militar. Tememos que un traspapelamiento entre la emergencia habilitante y el estado de emergencia o, lo que es peor, todo el régimen de excepción, puede derivar en situaciones más graves todavía, escondida varias cartas presidenciales en la intención de derribar todo obstáculo institucional para la definitiva implantación de un proyecto totalitario.

Ahora bien, al establecer una comparación entre las medidas de excepción y los decretos-leyes regulares, tenemos que aquellas atienden la alteración o amenaza de alteración del orden público o, mejor aún, nos remite a la protección del orden jurídico efectiva o eventualmente afectado, mientras que éstos dirán justificarse por la crisis social y económica ya consabida. Unas provienen de las facultades propias del Ejecutivo, concerniente a la seguridad de Estado, mientras que los otros apuntan a un mandato inusual, temporal y especial, que no renuncia o transfiere la titularidad de una facultad inherente a la Asamblea Nacional.

Los actos de excepción están inspirados directamente en la Constitución, la cual se ejecuta inmediatamente, mientras que la habilitación no está en el elenco de figuras para atender los estados de excepción, operando en un cuadro de (presunta) normalidad institucional. Los decretos del régimen de excepción, mediante los cuales declaran el estado de emergencia o resuelve la tan sólo determinadas o específicas restricciones o suspensiones de garantías, deben ir a la Asamblea Nacional al cabo de unos días.

A modo de ilustración, medidas como las de alta policía requerirán de un control en cuanto a su constitucionalidad, legalidad, seguimiento y refutación de las políticas que origina, bastando con consultar – entre otros autores - a Hildegard. Rondón de Sansó y su obra “Los Estados de Excepción en el Derecho Venezolano” de 1992, para apreciar las diferencias. Por lo menos, en un contexto mínimo de sensatez para el desarrollo de las instituciones.

La fortísima escalada autoritaria supone una respuesta rápida, espontánea y contundente de toda la llamada sociedad civil y, si los partidos políticos de la hora no sirven, se impone su superación, mas no la resignada espera (y adivinanza) del próximo zarpazo del régimen. A propósito de la arbitrara selección de los magistrados del TSJ, el reto más acertado probablemente hubiese sido la votación secreta de los parlamentarios, como ahora con la superhabilitación, aunque esa herramienta de uso estrictamente político ni siquiera se consideró.

Comenzamos a sentir los estremecimientos del Estado de excepción no declarado, siendo tan fácil y simplista invocar hoy el celebérrimo artículo 350 constitucional. Las direcciones de los partidos de oposición, confluyan protagónicamente o no en la Mesa de la Unidad, deben declararse en sesión per4manente para discutir el asunto y avistar las respuestas absolutamente constitucionales que se imponen, por lo que – fin de fiesta – el momento no está hecho para los interminables agasajos decembrinos.

Fuentes:
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/9820286.asp
http://www.noticierodigital.com/2010/12/super-habilitacion-legislativa-y-estado-de-excepcion/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=719834
www.opinionynoticias.com/.../6676-de-la-habilitacion-y-el-estado-de-excepcion
Fotografía: Carlos Correa (Espacio Público ONG), agredido en las inmediaciones de la sede de la Asamblea Nacional por sectores ligados al oficialismo (El Nacional, Caracas, 17/12/10)