
Magistratura y lumpen-magistratura
Luis Barragán
Excepto los estudios de actualización aportados por Roberto Briceño-León,
por ejemplo, no existen referentes de profundidad sobre las clases sociales en
la Venezuela de los días que corren. Por
supuesto, una economía rentista suele desmentir los presupuestos teóricos más
elaborados, remitiéndonos a los fenómenos de descomposición que estamos a
tiempo de atajar.
Teniendo por origen un viejo texto publicado en El Nacional de Caracas (http://lbarragan.blogspot.com/2012/09/invertebracion.html),
tempranamente sentimos inquietud por el signo de la pretendida revolución con
la que abrimos el siglo XXI que, por cierto, nos retrotrajo al XIX, endeudados,
miserables y hambreados, bajo una brutal
dictadura. Se asomaba ya protagónico el populacho, expresión de los desclasados
de todas las clases, soporte de toda experiencia fascista, como la que vivimos,
en nombre de un socialismo que jamás fue definido y, menos, aportó un análisis
de clase, perdedor de cuantas elecciones sindicales y gremiales se atreviera
hasta – simplemente – prohibirlas.

Inevitable, quizá más cercanos a la noción de casta que de clase social,
surgió una lumpen-burguesía derivada de los desmanes propios de sendas mafias
conformadas y ramificadas con saña y habilidad, en las distintas áreas de la
economía, atadas a un Estado que muere por asfixia mecánica. No hay ánimo
alguno de descalificación personal, pero – en ese batiburrillo de los
partidarios que hace la cotidianidad oficial -
el dirigente político no es tal, sino un mandadero agradecido; el
militar, sinónimo de ciego represor; el especialista, el tarotista esperado; y,
entre varios de los renglones, el juez, un dócil office-boy.
De acuerdo a un cuadro que circula profusamente por las redes, existe un
fundamental contraste entre el grupo de magistrados nombrado arteramente por la
Asamblea Nacional en el apresurado diciembre de 2015, y el que designó la
Asamblea Nacional en el lento julio de 2017. De compararlos, según el cuadro en
cuestión, a juzgar por las maestrías, hay 7 en 2015, frente a 42 en 2017;
doctorados: 0 en 2015 y 28 en 2017;
especializaciones: 15 en 2015 y 68 en 2017; bilingües: 0 en 2015 y 10 en 2017;
trilingües, 0 en 2015 y 12 en 2017; años de docencia, 28 en 2015 y 384 en 2017;
libros (IBSN): 3 en 2015 y 73 en 2017; horas de juicio: 1700 en 2015 y 5000 en
2017; prontuario: 11 en 2015 y 0 en 2017.

La lumpen-magistratura en cuestión, nos remite a dos circunstancias y a una
consideración sobre la cual podrán
abundar más los especialistas. Quizá
debamos esperar a un examen más sereno, a un estudio revelador que,
concienzudamente, ayude a levantar el mapa de los tiempos que corren.
En un caso, por una parte, las decisiones adoptadas en año y medio por la
Sala Constitucional, en completa y quirúrgica sintonía con los intereses de la
dictadura, gozan de una abierta
ajuridicidad inherente a la escasez de criterio de los titulares y de sus
asesores, improvisadores de una argumentación que, clara y expresamente,
contradice hasta la letra misma de la Constitución, en un juego de procedimientos
que los convierte en descarados ingenieros de la leguleyería. Y, por otra,
fácil de constatarlo, media una distancia sideral entre quienes asesoraron a
los viejos dictadores que, muy pocos o nadie, a pesar de todo, los demeritaba como juristas,
por ejemplo, Pedro Manuel Arcaya, quien dejó como legado una estupenda
biblioteca abierta al público.

24/07/2017:
Fotografías:
LB, Las Mercedes (Caracas, 21/07/2017): reunión previa a la sesión de la AN.
Expréss:
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