Luis Barragán
Interesan las más o menos remotas
vicisitudes del parlamento venezolano, aunque ciertos escolares de la política actual tiendan a despreciar la experiencia
acumulada, creyéndola desechable en nombre de la buena suerte que los acompaña.
Importa, específicamente, una revisión del primer allanamiento a la inmunidad
que se hizo bajo la Constitución de 1961, intentando esbozar una lección
necesaria para la coyuntura actual: la materia tiene un fundamental carácter
histórico, pero – convertida en un anacronismo político - tiende a ocultar más las verdades de los
abusos insurreccionales que de los represivos.
El país soportó una recurrente
alteración del orden público, agravándose en los meses de octubre y noviembre
de 1960 que condujo a la apertura de una averiguación penal por un tribunal de
instancia que solicitó la suspensión de las prerrogativas constitucionales de
los diputados Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y Teodoro Petkoff. Admitida para Rangel y Petkoff, la Corte
Suprema de Justicia hizo el trámite correspondiente y, previo Informe de la
Comisión Permanente de Política Interior, considerado por la Cámara de
Diputados, finalmente, el desafuero lo
aprobó la Comisión Delegada del Congreso de la República a mediados de
1961, suponiendo el diputado Omar Rumbos que las futuras generaciones
únicamente verían con “bastante extrañeza” el auto de la Sala
Político-Administrativa Accidental.
En fecha 06/07/1961, las cámaras
prorrogan sus sesiones por quince días y, recibidas las actuaciones del Máximo
Tribunal, la Comisión de Política Interior invita el 07/07/61 a Rangel y a
Petkoff a exponer sus razones, como en efecto ocurrirá tres días más
tarde. Vencida la prórroga
parlamentaria, la Comisión Delegada sesiona en fecha 02/08/61 (Acta nr. 3),
ausentes los congresistas Francisco Faraco, Gustavo Machado y Jesús María Casal
Montbrun, por casi ocho horas, para
abstenerse de levantar los fueros parlamentarios de Rangel, señalado como
responsable sendas editoriales del semanario “Izquierda” de octubre de 1960,
autorizando así el enjuiciamiento de Petkoff por los distintos delitos ocurridos en la Ciudad Universitaria
en los meses señalados, junto a otras 70 personas detenidas.
La doble comisión
La Cámara de Diputados consideró
largamente la materia en dos ocasiones: en fecha 17/07/61 (Acta nr. 61), por cuatro y media horas; y en
fecha 19/07/61 (Acta nr. 64), por cinco
y media horas, quedando pendiente la sesión extraordinaria para una definitiva
decisión del cuerpo. Ésta la adoptará la Comisión Delegada en fecha 02/08/61,
como apuntamos, encontrándose en receso reglamentario la Cámara del Senado y la
de Diputados.
En la Delegada, el diputado
Ignacio Luis Arcaya llamará la atención en torno a una decisión previamente
adoptada por los comandos partidistas que no está vinculada con la ética
parlamentaria y, por lo demás, haciéndolo inútil, concluye en el costo
económico que acarrea el Congreso para la nación. Tomamos nota del alegato,
pues, si bien es cierto que cuenta con un carácter político que ha comprometido
a las instancias parlamentarias y extraparlamentarias, añadida la opinión
pública, no menos lo es que el tratamiento o desarrollo en profundidad del problema, ha podido
desembocar en una situación distinta, como
ocurrió.
El diputado Gonzalo Barrios,
presidente de la Comisión de Política Interior, había expresado que la
oposición no variaría la decisión adoptada por la coalición gubernamental,
mayoritaria en el Congreso. Prosiguiendo
con la reseña periodística (El Nacional, Caracas, 11/07/61), añadió que no pretendía función judicial
alguna (aclaratorias, interrogaciones ni actuaciones), a pesar de la invitación
formulada a los dos diputados afectados, por lo que manifestó el diputado
Rangel: “¿Es decir – preguntó alzando la voz – que Petkoff y Gustavo Machado y
yo somos unos delincuentes y asesinos, y
que si promovemos una manifestación es para robar y para quemar autobuses?”.
Descartado Machado, los
parlamentarios del PCV y MIR hicieron sus alegatos ante la Comisión Permanente,
en la que el diputado Arístides Calvani Silva distinguió entre inmunidad e
inviolabilidad, estimando que el allanamiento no representaba una capitis diminutio; los diputados Fabricio Ojeda y Luis
Miquilena, indicando la necesidad de conocer más a fondo los hechos; o el
diputado Manuel Vicente Ledesma, considerando que no podía violentarse el
secreto sumarial, ni solicitar otras actuaciones, insistiendo el diputado
Rangel en la descalificación de los integrantes de la Corte Suprema.
El diputado Pedro Ortega Díaz
recordó que, por el allanamiento del diputado Antonio Pulido Villafañe, COPEI
solicitó una mayor investigación de los hechos en 1948, y, en lo misma sesión
de la Comisión Delegada, el diputado Godofredo González también reiteró lo
dicho en la Comisión de Política Interior, al ratificar que el parlamento no
cuenta con competencias judiciales,
aclarando que el diputado Pulido Villafañe no había sido escuchado por
comisión alguna.
El caso presentó varias
particularidades, pues, por una parte, el auto de la Corte indica la comisión
de varios delitos cometidos en Ciudad Universitaria (homicidios, lesiones
personales, porte ilícito de armas,
interrupción de la actividad universitaria, violencia, resistencia a la
legítima autoridad), cuya amplitud le permite considerar al diputado Arcaya que
“a los incidentes más triviales se les da un carácter extraordinario y de
peligrosidad y de que se acabó el mundo y se acabó este país y ocho meses
después …”; mientras la coalición gubernamental, por voz del senador Luis
Beltrán Prieto Figueroa, esgrime la lentitud de la “organización judicial” y,
al diferenciar entre procesabilidad y culpabilidad, estima pertinente el
proceso judicial. Por otra, la propia existencia del secreto sumarial que
permite dudar o confiar de las diligencias jurisdiccionales, como ocurrió
algunos lustros después con el allanamiento de un parlamentario incurso en un
delitos de drogas; o, acotemos, la circunstancia de Petkoff como diputado
suplente al Congreso y, a la vez, principal de la Asamblea Legislativa del
estado Miranda que llegó a presidir (Tribuna Popular, Caracas, 06/05/60), por
lo que – inferimos – no fue el dirigente secundario que él mismo presumió, sirviéndole de alegato para pedir la
anulación del auto de la Corte en la sesión de la Cámara del 17/07/61 debido a
su (des) incorporación, siendo fácil adivinar una coartada ilimitada.
La oposición argüirá que parte
del clima de violencia se debe a campañas como las emprendidas por la Cadena
Capriles, añadiendo – por la vía del diputado Rangel - que el desprestigio judicial está abonado por
la ola de robos, sin que le extrañe que sea afectado el centinela del cuartel
policial de Cotiza o de las oficinas de la Policía Técnica Judicial, y
“aparezca raptado un agente por algún ladronzuelo audaz”. Pareciéndole hablar
al país del siglo XXI, agregó que las
cámaras no afrontan los problemas de la inseguridad ni del desempleo, causantes
de la violencia. Empero, para un adicional contraste con el presente, debemos
subrayar la extensión – la rica extensión – de los debates que permitía
considerar las distintas perspectivas del problema, adentrándose también en
importantes conceptualizaciones, en el seno de la Comisión Permanente, en la
Cámara o en la Comisión Delegada, aunque fracasó la propuesta formulada en ésta
de una Subcomisión que ventilara el problema.
Inhabilitación
El diputado Jorge Dáger, en la Delegada,
versó sobre el exceso de violencia incomprensible para un diputado al que le
faltaban ocho días para la cesación de su inmunidad, convirtiéndose – por si
fuese poco – en intérprete de la intervención del diputado Barrios, ya que –
entrelíneas – la medida tendía a
proteger al PCV. Colocaba el acento en
la amenaza más sentida, la inhabilitación política del aludido partido, junto
al MIR, para la cual – refirió antes el diputado Rangel - el gobierno no tenía fuerza, aunque – con los
allanamientos – buscaba ilegalizarlos, insistiendo en su llamado al diálogo.
Valga la coletilla, inhabilitación
estaba en el ambiente, susceptible de las más variadas interpretaciones, como
la de Ramón Antonio Villarroel: “intención de fraude electoral implícito” (El Venezolano,
Caracas, 03/08/1963).
El diputado Ortega Díaz aseveró
que “nosotros hemos demostrado que ese allanamiento es una agresión política
del Gobierno a sus enemigos políticos de la oposición”, como respuesta al
diputado Barrios, quien antes había asentado: “Pareciera que somos nosotros o
es el Gobierno o la Sociedad quien ha agredido al Partido Comunista y a los que
piensan más o menos en la misma tendencia”.
Será en mayo de 1962, acumuladas las más graves circunstancias, que se
hará efectiva la inhabilitación de ambos partidos, sin acarrear la inmediata
pérdida de las prerrogativas de sus parlamentarios, excepto Eloy Torres,
sorprendido en medio de uno de los dramáticos alzamientos del quinquenio.
Originalmente planteado el
allanamiento de los diputados Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y Teodoro
Petkoff, la Corte descarta al primero y la Cámara al segundo de los
nombrados. En su defensa, Petkoff
alegará que, para finales de noviembre de 1960,
exhibiendo la constancia suscrita por el director del Clínico
Universitario, presidente de la Federación Médica y militante de Acción
Democrática, se encontraba hospitalizado, siendo posteriormente objeto de una
intervención quirúrgica. En casa, recibe también la visita de los dirigentes
estudiantiles copeyanos Luis Corona, Álvaro Páez Pumar y Adel Muhamad.
El presidente de la Cámara,
diputado Rafael Caldera, le llama la atención por una expresión “indecorosa”,
relacionada con el célebre dicho de Cambronne en Waterloo, revelando la
habilidad discursiva que ulteriormente desarrollará el joven dirigente, quien
disertará sobre el imperialismo y la defensa de Cuba; los acontecimientos que
favorecían al movimiento opositor que “crecía arrolladoramente”, logrando la
excarcelación de Humberto Cuenca, Héctor Pérez Marcano y Rafael José
Múñoz; hará una larga lectura de sendos
documentos internos de AD; celebrará el “hermoso” símbolo de la quema del
automóvil del embajador estadounidense, Teodoro Moscoso; y considerará el proceso
del cual era objeto, como expresión del que atentaba contra la juventud
venezolana por obra de un comando de ancianos de la Corte Suprema, con
arterioesclerosis mental como los diputados Barrios y González. Además, apuntó que no se atrevieron a juzgar
al diputado Machado por la resonancia que adquiriría, diferente a la de un
“dirigente de segunda categoría”.
Dos factores lucen fundamentales
en la diatriba, como el proceso recreador de la Cuba revolucionaria en
Venezuela, con sus evidentes y marcados impulsos insurreccionales en un clima
golpista de derecha, y el papel
desarrollado por el MIR y, sobre todo, a la luz de su III Congreso, el
PCV. Los sucesos de finales de
1960, adquieren francas características
subversivas, motivando la suspensión de las garantías y su ratificación en
enero de 1961, generando un extenso debate de las cámaras en sesión conjunta
del 01/02/61 (Acta nr. 3), aproximadamente de doce horas: “En octubre y
noviembre hubo Rangel en la formas
insurreccionales que el pueblo espontáneamente opuso contra la persecución de
que era víctima y que se avivaron en esa llama todopoderosa del descontento y
de las explosiones sociales aparejadas por la miseria creciente que reina en
las clases mayoritarias del país”, afirmará el diputado Rangel en la ya
mencionada reunión de la Comisión Delegada. Sumemos lo dicho por el diputado
José Vicente Rangel en la misma sesión, respecto a la intención de inhabilitar
al PCV, seguido por el MIR, hasta alcanzar a su partido, URD.
Puede decirse que Navarro Dona no
encontró suficientes elementos de culpabilidad para una inmediata aprehensión,
después de julio de 1961, pero también que no hubo una fijación gubernamental
por radicalizar el acecho, la persecución y castigo del dirigente, dando
espacio al juego político. A modo de ilustración, sintetizada su trayectoria
por Jesús Sanoja Hernández (La Razón, Caracas, 11/05/1997), Petkoff ingresará
definitivamente a la lucha armada con sus más variadas y hasta espectaculares
incidencias. Gustavo Machado, antes de iniciarse una de las sesiones.
Brevísimo anecdotario
Las tres reuniones de la Cámara
de Diputados, agregada la que fija la sesión extraordinaria, más la de la
Comisión Delegada, sin considerar la Comisión de Política Interior, suman alrededor de 20 horas de prolongados
debates en atención al final allanamiento de un diputado suplente. Orador
alguno sufrió limitación de tiempo para sus intervenciones, obligando a la
prórroga de las sesiones para escuchar los pormenorizados argumentos que
tuvieran a bien formular, por cierto, en sintonía con los partidarios del
gobierno y de la oposición que hallaban cupo en las barras.
Contrastante también con el
actual parlamentarismo, por muy delicados que fuesen los señalamientos y grave
la situación planteada, prevaleció la consideración personal, la
serenidad, el respeto y el
reconocimiento del adversario en el hemiciclo. No hay una frase desvergonzada,
soez, procaz u ofensiva, sino la atención al hecho político que exigió
profundidad de los oradores, con la libérrima presencia de la prensa en cada
sesión.
Gonzalo Barrios dirá de la
“desesperanza existencialista” de Domingo Alberto Rangel; éste, increpará al
gobierno con las generosas metáforas acostumbradas, apostando por las masas
populares que liberarán a los parlamentarios eventualmente presos; o aquél
afirmará que Rangel habla como si le hubiesen allanados sus fueros, pidiendo
“bajar de tono, descender de la epopeya a la prosa sumarial”. Rangel publicará
un extenso artículo de opinión, esgrimiendo sus razones políticas y jurídicas
(El Nacional, Caracas, 11/07/1961), como era habitual en los más destacados
dirigentes al cubrir tan importante, clarificadora e indelegable faceta.
La polémica sobre el primer
desafuero realizado bajo la novísima Constitución de 1961, reporta algunas
características de la institución protectora del parlamento: el acuerdo ha de
ser razonado, coherente y fundado; implica una suspensión y no pérdida de la
investidura, en beneficio del órgano del Poder Público; al aprobarlo, la cámara
no prejuzga; ella no cuenta con
competencias judiciales, imponiéndose la oportunidad política; el antejuicio
evita toda confabulación o conspiración.
No bastará con la sola voluntad allanadora del partido de gobierno, sino
que las distintas relaciones y condiciones políticas le imponen un paciente
ejercicio de la razón confrontada, incluso, de naturaleza estrictamente
jurídica, a pesar de las apremiantes circunstancias, que reivindican la
existencia de los órganos deliberantes.
A título de conclusión
Únicamente, el espíritu
revanchista y manipulador del actual oficialismo, podrá apelar a los
allanamientos de la inmunidad parlamentaria de los que presume sus legítimos
antecesores, en la década de los sesenta. Excepto los razonamientos jurídicos,
poca o ninguna familiaridad guardan con las circunstancias presentes, por lo
que incurriría en un anacronismo político que diga concederle alguna autoridad
moral.
Por ejemplo, el primer
allanamiento ocurrido bajo la por entonces novísima Constitución de 1961,
afectó al diputado suplente Teodoro Petkoff.
Además de las tres sesiones de la Cámara de Diputados que comportó, las
requeridas por la Comisión Permanente de Política Interior y la de la Comisión
Delegada del Congreso de la República, más de veinte horas acumularon los oradores
para exponer sus alegatos, nunca limitados de tiempo, con la presencia de sus
partidarios en las barras y la de la prensa libérrima, en el hemiciclo y demás instalaciones del
Capitolio Federal, entre julio y agosto del citado año.
Originalmente, un juzgado de
primera instancia en lo penal planteó el desafuero de Gustavo Machado, Domingo
Alberto Rangel y Petkoff, desestimando la Corte Suprema de Justicia en Sala
Político-Administrativa Accidental la solicitud en relación al primero de los
mencionados. Desde el principio, en la Cámara de Diputados, solamente estuvo
planteado el nombre de Petkoff, por los hechos investigados que - además -
tuvieron características insurreccionales, de octubre y noviembre de
1960.
Negada su participación en los
eventos específicamente acaecidos en la Ciudad Universitaria de Caracas, tuvo
ocasión Petkoff de ejercer extensamente su defensa en la Comisión de Política
Interior y en la plenaria de la Cámara. Sobrevino el receso parlamentario y le
correspondió a la Delegada allanarlo, tras una larga y respetuosa discusión
que, por graves que fuese la coyuntura, nunca pisó el terreno de la obscenidad.
Efectivamente allanado, el juez
Navarro Dona no le dictó inmediatamente el auto de detención. Se dirá que no
halló elementos que lo autorizaran, pero también que no hubo una fijación del
gobierno para acechar, perseguir y castigar a Petkoff, en atención al juego
político que impuso una dosis importante de paciencia. Valga acotar, la
detención se produjo en enero de 1962, por motivos diferentes.
Post-Data (Fotográfica): Se dirá de un acento en la defensa esgrimida por los voceros de la otrora oposición. Ciertamente, no abundamos sobre los alegatos de los voceros de la coalición gubernamental. Salvando las distancias, esa defensa pudiera también argüirla la actual oposición, incluyendo la intención de los sucesivos allanamientos que pueden seguir después de los candidatos actualmente "fiscalizados". Reiteramos, se trata de un hecho histórico que no autoriza moralmente al revanchismo hoy en boga, a objeto de esconder otras realidades del poder. E insistimos en ello, preventivamente, para desnudar las insanas intenciones de esta hora tan difícil para el país.
Agreguemos, en orden descendente de las fotografías, datadas ya consendas marcas de agua, que la reproducción de la fotografia originalmente publicada por El Nacional de Caracas (1961), se nos traspapeló, incluyendo el nombre del fotógrafo (¿Bajda?); en ella figuran Luis Miquilena, Teodoro Petkoff y Gustavo Machado, en la Comisión de Política Interior; la que ofrecemos, fue tomada de Deslinde de Caracas (1969). Garrido constata con su cámara, las dificultades para conseguir el quórum del Congreso por aquellos días de julio de 1961, añadidas las fuerzas opositoras; por cierto, puede obsevarse el modo de organización de las curules en el hemiciclo de Diputados, como lo suponemos, siendo la Cámara más populosa. Sesiona la Comisión Delegada en el Salón de los Escudos para fijar la fecha de la sesión extraordinaria, aunque habrá que indagar cuándo ypor cuánt tiempo esa Comisión se reunió en ese salón o en el Senado. Petkoff al iniciarse la sesión de allanamiento, aunque la leyenda de Élite de Caracas lo trataba de "niño mal criado" (SIC), Un comentario suelto de la misma revista y edición, antes citada. Concluyendo, un artículo de Herrera Oropeza de esos días, y una crónica de Jesús Sanoja Hernández, bordeando el nuevo siglo.
31/07/2013:
http://www.noticierodigital.com/2013/07/1961-inmediaciones-de-un-allanamiento/
Post-Data (Fotográfica): Se dirá de un acento en la defensa esgrimida por los voceros de la otrora oposición. Ciertamente, no abundamos sobre los alegatos de los voceros de la coalición gubernamental. Salvando las distancias, esa defensa pudiera también argüirla la actual oposición, incluyendo la intención de los sucesivos allanamientos que pueden seguir después de los candidatos actualmente "fiscalizados". Reiteramos, se trata de un hecho histórico que no autoriza moralmente al revanchismo hoy en boga, a objeto de esconder otras realidades del poder. E insistimos en ello, preventivamente, para desnudar las insanas intenciones de esta hora tan difícil para el país.
Agreguemos, en orden descendente de las fotografías, datadas ya consendas marcas de agua, que la reproducción de la fotografia originalmente publicada por El Nacional de Caracas (1961), se nos traspapeló, incluyendo el nombre del fotógrafo (¿Bajda?); en ella figuran Luis Miquilena, Teodoro Petkoff y Gustavo Machado, en la Comisión de Política Interior; la que ofrecemos, fue tomada de Deslinde de Caracas (1969). Garrido constata con su cámara, las dificultades para conseguir el quórum del Congreso por aquellos días de julio de 1961, añadidas las fuerzas opositoras; por cierto, puede obsevarse el modo de organización de las curules en el hemiciclo de Diputados, como lo suponemos, siendo la Cámara más populosa. Sesiona la Comisión Delegada en el Salón de los Escudos para fijar la fecha de la sesión extraordinaria, aunque habrá que indagar cuándo ypor cuánt tiempo esa Comisión se reunió en ese salón o en el Senado. Petkoff al iniciarse la sesión de allanamiento, aunque la leyenda de Élite de Caracas lo trataba de "niño mal criado" (SIC), Un comentario suelto de la misma revista y edición, antes citada. Concluyendo, un artículo de Herrera Oropeza de esos días, y una crónica de Jesús Sanoja Hernández, bordeando el nuevo siglo.
31/07/2013:
http://www.noticierodigital.com/2013/07/1961-inmediaciones-de-un-allanamiento/
No hay comentarios:
Publicar un comentario