A LAS PUERTAS

EL PAÍS, Madrid, 3 de septiembre de 2015
TRIBUNA »
¿Guerra contra la inmigración?
Es crucial que las instituciones europeas inicien una reflexión para elaborar una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo
Sami Naïr 
 
La tragedia humana que tiene lugar a las puertas de la UE conjuga de forma espectacular la profunda imbricación de varios tipos de demanda migratoria; los solicitantes de asilo, huyendo de la descomposición de sus Estados y de las guerras civiles, se suman a los inmigrantes económicos, intentando escapar de la miseria o sencillamente deseosos de vivir más dignamente. Lo novedoso es que los candidatos a la emigración, pertenezcan a la categoría que sea, quieren abrir a toda costa las fronteras de la fortaleza Europa. Esta ofensiva refleja el agotamiento del modelo de gestión migratoria puesto en marcha desde 1985.
Con la adopción de los Acuerdos de Schengen (1985-1990) y su prolongación con los Acuerdos de Dublín (1990-2003), la estrategia comunitaria ha erigido una auténtica barrera de hierro frente a las migraciones externas: cierre de la inmigración laboral para los no comunitarios (compensada con una admisión más flexible de la reagrupación familiar para los inmigrantes instalados legalmente en Europa); reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y por tanto del derecho de asilo; gestión cuasi militar del control de fronteras; y adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino en el de llegada a Europa.
Si se observa la reacción tanto de los inmigrantes económicos como de los solicitantes de asilo —es decir, recurso inevitable a la inmigración ilegal, incremento de la reagrupación familiar— ante este vasto muro de seguridad, se puede constatar que la presión migratoria, aunque con el endurecimiento progresivo de las leyes, ha sido mantenida en límites estrechos para la UE.
Pero, en paralelo, poniendo en evidencia el carácter cortoplacista de esas medidas, la demanda migratoria no ha cesado de aumentar en los últimos 30 años. Se ha creído que se podía contener, para siempre jamás, un problema estructural de naturaleza demográfica y geoeconómica únicamente con medidas policiales: ¡esto es lo que hoy explota en plena cara de la Unión! La ofensiva conjunta de los solicitantes de asilo, trabajadores comunitarios provenientes de países pobres de la Unión e inmigrantes económicos no comunitarios quiebra finalmente la muralla del imperio europeo.
Pero más que nunca, y por causa de la crisis, la mayoría de los países europeos clama su rechazo a la acogida de nuevos inmigrantes; algunos no dudan en desestabilizar la situación de los extranjeros ya instalados legalmente para recortar aún más los derechos o expulsarlos; otros limitan la libre circulación de los trabajadores comunitarios, las opiniones públicas se arman contra la amenaza migratoria, mientras que centenares de miles de desesperados piden ayuda a los pies de la fortaleza sin vacilar a la hora de poner su propia seguridad en juego, transformando su búsqueda de una vida mejor en obligación de socorro a personas en peligro. Desbordado por completo, el sistema Schengen-Dublín se raja poco a poco. Es lo que ha reconocido, el 16 de agosto, ante la afluencia de refugiados en Alemania, la canciller Merkel. Así pues, sugiere “revisarlo completamente”. Pero, ¿en qué sentido?
La única manera de limitar la demanda es el aumento significativo de la ayuda al desarrollo
La tendencia desarrollada estos últimos años ha sido la de la renacionalización de las políticas migratorias, reduciendo a su más simple expresión la capacidad común de gestionar estos flujos, aunque sepamos que son continentales. ¿No hemos asistido, por cierto, en relación al asilo, a un lastimoso espectáculo dado recientemente por países de la zona euro —cuyo PIB se encuentra entre los más altos del mundo— rechazando rotundamente acoger a unos cuantos millares de siniestrados?
Esta voluntad de renacionalizar la gestión de flujos, de la que Gran Bretaña ha hecho bandera, es más nefasta que la propia impotencia actual. Y es irrealista, puesto que no tiene en cuenta la complejidad del fenómeno migratorio. Si las políticas de contención de estos últimos 30 años saltan hoy es principalmente porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha sin percatarse que la única manera de limitarla era el aumento significativo de la ayuda al desarrollo en los países no comunitarios a fin de estabilizar in situ las poblaciones. Además, este blindaje de la fortaleza europea se sufre como una cruel relegación a espacios de miseria a millones de personas que viven en las fronteras de la riqueza, mientras que la libertad de circulación aparece hoy día como un derecho fundamental en el mundo. Por último, y es la variable agravante, la voluntad de emigrar se ha redoblado por el crecimiento demográfico, que vuelve prácticamente imposible, especialmente en el África subsahariana, la absorción de las jóvenes generaciones por el mercado de trabajo.
Ahora bien, ningún Estado europeo puede, por sí solo, afrontar estos desafíos. Solo una política común, que tenga en cuenta los tropismos históricos y los intereses económicos de cada Estado concernido, puede aportar soluciones. En caso contrario, la Unión se verá involucrada en una espiral de militarización caótica de sus fronteras.
Sin una política común, la UE entrará en una espiral de militarización caótica de sus fronteras
Es, por tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo. Debería proponer, junto con los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, la creación de documentos de residencia móviles de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Estos documentos no supondrían, automáticamente, el derecho a la reagrupación familiar pero podrían responder, en parte, a la demanda migratoria no satisfecha; desarrollar sobre todo una política europea común de cooperación, articulándola, si es necesario, con las distintas políticas nacionales, con el fin de aumentar la parte del presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medioambientales y agrarios; revisar —necesariamente al alza— el derecho de asilo acordado a los refugiados si quieren evitar más muertes de inocentes; atacar a las mafias de trata de personas con una fuerza de intervención asociada con los países afectados y bajo mandato de la ONU; y reforzar el papel de las asociaciones civiles, de los municipios y de las comunidades en la acogida de los refugiados. Estas líneas de actuación no son exhaustivas; tienen únicamente por finalidad reformar un sistema migratorio demasiado rígido, responsable en parte de las tragedias actuales, y considerar a los inmigrantes no una amenaza de guerra, sino una oportunidad para la Europa del siglo XXI.
(*) Sami Naïr es profesor de Ciencias Políticas. Universidad Internacional de Andalucía. Universidad Pablo de Olavide.
Ilustración: Eduardo Estrada.

PRIMAVERALES

EL PAÍS, Madrid, 25 de Agosto de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Un nuevo paradigma
Se abre un periodo de experimentación del islam político tanto en Túnez y Libia como en Egipto y, probablemente pronto, en Siria, bajo dominio saudí y con el apoyo directo de Estados Unidos y Europa
Sami Naïr 

Desde las revoluciones de 2011, algo está cambiando entre Estados Unidos, Europa y los países árabes musulmanes. Hasta esa fecha el paradigma de la política exterior occidental, asumidas todas las diferencias, se resumía en la defensa, a cualquier precio, de la estabilidad interna en los países árabes, del control de las fronteras occidentales frente a los flujos migratorios y, por fin, de la lucha en contra del integrismo religioso. Los países europeos apoyaban a regímenes dirigidos por dictadores supuestamente laicos (Mubarak, El Asad, Ben Ali, Gadafi), mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque sostenían a los mismos dirigentes (con matices tratándose de Gadafi y El Asad), ponían hincapié sobre la diferencia entre el islamismo conservador, que merecía el apoyo, y el integrismo, enemigo irreductible. Esta sensibilidad americana y británica a favor del islamismo conservador, incluso el de los Hermanos Musulmanes de Egipto, hunde sus raíces en una vieja tradición, inaugurada en 1944 en el acuerdo de Quincy entre Roosevelt y el rey Ibn Saud, cuyo objetivo era asegurar la perennidad del régimen wahabita a cambio del petróleo árabe. A partir de este momento, Arabia Saudí se volvió una potencia casi-americana en la región, probablemente más involucrada en la estrategia estadounidense de lo que sería Israel más tarde.
Americanos, británicos y saudíes estuvieron estrechamente unidos en la lucha en contra del nacionalismo laico árabe desde los años cincuenta hasta la década de 2000, favoreciendo la constitución por doquier de fundaciones, institutos, editoriales islámicos para hacer frente a las ideologías de izquierdas. Esta ofensiva religiosa acompañaba, en el mundo musulmán, a la “doctrina Eisenhower” de lucha en contra del comunismo. La revolución islámica iraní, en 1979, sorprendió a todo el mundo y trastornó el mapa geopolítico regional. De repente, Arabia Saudí tuvo un adversario en el mismo terreno religioso, aunque chií. Irán, descartado de la escena islámica y árabe desde que la CIA había instalado en el poder al sah Mohamed Reza, volvió así como potencia autónoma y radicalmente opuesta a Estados Unidos y a sus aliados regionales. Y desde 1979, EEUU, las potencias europeas, Arabia Saudí y Egipto, lo combatieron, incluso apoyándose sobre el Irak nacionalista de Sadam Husein. De allí la guerra de ocho años entre Irak e Irán, que costó más de dos millones de muertos a ambos países, y que acabó sin vencedor.
Desde aquel entonces, el objetivo de las monarquías petrolíferas era contrarrestar la expansión iraní. ¿En nombre de qué ideología? Arabia Saudí, legítimamente, no confiaba en el nacionalismo prosoviético y antifeudal de Sadam Husein. Siria era aliada de hecho con Irán por razones a la vez religiosas (pertenencia del clan El Asad a una rama chií-alauita) y políticas (control de los chiíes libaneses). La única alternativa posible era oponer al chiísmo el sunismo. Así que la primera guerra del Golfo en 1991 y la invasión americano-británica en 2003, de Irak, marcaron el fracaso definitivo del nacionalismo árabe y el auge, en todas partes, de los enfrentamientos confesionales interislámicos.
Tras la ‘primavera árabe’ lo importante no es el adjetivo “islámico”, sino el sustantivo “democracia”
Las revoluciones democráticas de 2011 plantean ahora nuevos retos. Se ha abierto un peligroso periodo de inseguridad. Han surgido nuevos actores políticos, a veces desconocidos o cuyas estrategias quedan opacas. El hecho más decisivo, tanto para Estados Unidos como para los europeos y Arabia Saudí, ha sido la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Él era el verdadero guardián del orden occidental. Y eso porque Arabia Saudí ni entendió ni aceptó el apoyo de Washington a los revolucionarios de la plaza de Tahrir. Tampoco podía aceptar una evolución democrática laica, que representaba un peligro mortal para sí misma. Razón por la cual el periodo de vacilación no duró mucho. La contraofensiva fue iniciada desde Riad; está triunfando ahora, aunque probablemente de manera coyuntural. Su concepto es claro: se trata de recuperar la revolución democrática cuya dinámica era potencialmente laica, dado que los islamistas no tuvieron un papel importante en la contienda, y transformarla en victoria del islam político. Para ello, Arabia Saudí, Catar y las innumerables organizaciones privadas del islamismo financiero internacional, derramaron toneladas de dinero a los movimientos islamistas. Los islamistas tunecinos, como los egipcios, utilizaron esta ayuda “divina” para comprar votos y corromper a sectores enteros de la población en las elecciones frente a los demócratas y laicos. Esta estrategia de Arabia Saudí ha conseguido un verdadero éxito. Para este país, como para sus aliados islamistas en Egipto y Túnez, se trata fundamentalmente de utilizar la democracia para islamizar la sociedad. Y lo están intentando ahora, democráticamente.
Frente a esta nueva situación, las potencias occidentales están reorientando poco a poco su diplomacia. Atrapadas en las redes de la contraofensiva saudí, la apoyan objetivamente. Eligieron a los islamistas como interlocutores privilegiados, tanto en Egipto como en Túnez; favorecieron la victoria de los islamistas supuestamente “liberales” en Libia y, más claramente, están sosteniendo directamente a los islamistas sirios —armados por Arabia Saudí— frente a la dictadura de El Asad.
El nuevo paradigma parece ser el de una búsqueda de la estabilidad regional interna en los países árabes basándose en los islamistas conservadores, que se han convertido en los nuevos aliados. Las fuerzas democráticas laicas árabes parecen demasiado débiles, no constituyen una elección seria de momento… Se abre de hecho un periodo de experimentación del islam político tanto en Túnez, Libia, como en Egipto y probablemente mañana en Siria, bajo dominio saudí y beneficiándose del apoyo directo de Estados Unidos y Europa. Por supuesto, hay que matizar este paradigma en función de los intereses particulares de cada uno, pero en el fondo, es idéntico para todas las potencias occidentales.
Las fuerzas laicas árabes parecen demasiado débiles, no constituyen una elección seria
Este cambio es, evidentemente, necesario. Hay que tener buenas relaciones, tanto de intereses como de vecindad, con los países de la ribera sur del Mediterráneo. Sin embargo, desde 2011 hemos entrado en una larga época de desestabilización. Nada es menos seguro que la hipótesis de que la “islamización” de estas sociedades pueda tener un éxito fácil. Pues no se trata solo de un problema ideológico, de “recuperación cultural”, tal y como lo afirman los islamistas, sino más bien de un hecho sociológico: el auge de nuevas clases sociales dentro de los sistemas económicos y políticos. Quieren reemplazar a las capas occidentalizadas, orientadas hacia Occidente. En Túnez, hoy día, los islamistas de El Nadha miran hacia Oriente y prometen a sus seguidores la promoción social dentro de los aparatos del Estado y de la función pública. ¿En detrimento de quién? En Egipto, la misma evolución social. La mirada de los islamistas, al igual que la de los grupos sociales que les apoyan, está dirigida hacia Oriente. Es una tendencia de fondo.
Ahora bien, los islamistas no tienen un proyecto económico diferente del de los regímenes dictatoriales: abogan por un liberalismo incapaz de solucionar las demandas económicas de sus seguidores. El clash social parece cierto, aunque los islamistas lo van a cubrir de retórica religiosa. Lo demuestra ya el actual enfrentamiento entre los sindicatos tunecinos y el poder islamista.
Por otra parte, la demanda migratoria hacia Europa se va a incrementar, inevitablemente, tal y como ocurrió en Argelia cuando el partido islamista ganó las elecciones, en 1990. Por esa razón es por la que el nuevo paradigma europeo, más allá de los intereses inmediatos, debe tomar en cuenta las aspiraciones de los demócratas y republicanos árabes, aunque solo sea porque, después de las revoluciones democráticas de 2011, lo importante para todos no es tanto el adjetivo: “islámico”, sino, más bien, el sustantivo: democracia.
(*) Sami Naïr, catedrático de Ciencia Política, es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su último libro es La lección tunecina (Galaxia Gutemberg).

Ilustración: Raquel Marín