Luis Barragán
Rasgaban sus vestiduras por el solo planteamiento de un ligero aumento de la gasolina, promoviendo las protestas que, luego, derivaban en otras hasta diluirse en la futilidad. Clamaban justificadamente contra la represión, enarbolando banderas en la prensa, en el parlamento u otras instancias que lucharon por sobrevivir. Empero, ahora los acobija un descarado cinismo.
La inconstitucional resolución 8610 del ministerio de la Defensa, tiende a formalizar una realidad: la militarización de una temida sociedad civil que ha anegado las calles, cumplimentando las largas e inéditas colas para alcanzar algún insumo básico, alimento o medicamento. La dirán acostumbrada a las armas de guerra que boquean por las grandes avenidas dizque para combatir al hampa común en su cómodo ascenso, en nada ruborizada por la exhibición, pero también rigurosamente interpelada por el destino de los centenares de miles de millones de dólares que se tragó el gobierno, suponiéndola asfixiada por la censura y el bloqueo informativo.
De consecuencias insospechadas en el marco de una economía alfilerada, incrementar el precio de la gasolina significa hacerlo con la represión, franca y abierta que desespera por una dosis de la juridicidad que no encuentra, habida cuenta de la cívica insurgencia estudiantil del año pasado que las encuestas de sus tormentos no previeron. Casi inadvertidamente, los muros de la ciudad exponen las ya remotas y ajenas desapariciones y muertes de los tiempos insurreccionales, procurando forzar el imaginario social para victimizarse, aún siendo hoy los victimarios.
Ciertamente, hubo casos deplorables como el de Alberto Lovera, aunque fue posible denunciarlo y ventilarlo por la existencia de una irreprimible, combativa e instituida opinión pública y un parlamento útil y eficaz, en nada parecido al de ahora. Podemos apreciar en los viejos Diarios de Debates, los cuales la Asamblea Nacional no publica desde hace más de una década, las numerosas denuncias y prolongadas intervenciones, fielmente transcritas, condenatorias del empleo de las armas de fuego para frenar o neutralizar las manifestaciones públicas, arrojando sentencias que, a modo de ilustración, a propósito de un particular caso, todavía interrogan a voceros como José Vicente Rangel: “No hay cosa peor que pretender detener la historia con la punta de una ametralladora; que pretender paralizar todo el proceso histórico de un país con medidas policiales y represivas. La experiencia en ésto (SIC) es muy larga y elocuente” (Nr. 31 del 27/05/1964: 865).Disculpándonos por la inelegancia, lo advertimos en la primera discusión de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998 (https://www.youtube.com/watch?v=7lZJep-zz-Q), pues, junto a la moneda verdadera de los antiguos excesos policiales, correría la moneda falsa de un instrumento de persecución y estigmatización de opositores, disidentes, inconformes. Suerte de conjunción astral, la resolución y la ley dirán sortear el gasolinazo disparando literalmente al que ose protestar, pretendiendo – desde ya - psicológicamente sojuzgarlo, aunque el otrora diputado tuvo alguna vez razón: los procesos históricos no dependen de la punta de una ametralladora.
Coletilla: Alvin Tofler escribió años atrás un libro sobre las guerras del futuro, ideando recursos para administrar las protestas públicas. Por lo que vemos, pasamos del perdigonazo y la lacrimógena a la eventualidad de un “basukazo”.Eso sí, país petrolero, al fin y al cabo, de exquisito diseño, cuales obras de Peter Gronquist.Reproducción: Even/Tony. Élite, Caracas, nr. 2057 de 27/02/1965.
Ilustración: Régulo. Últimas Noticias, Caracas, 14/02/1988.
Fotografía: LB, Caracas, 29/01/2015.
Piezas: Peter Gronquist.
Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionnacional/21632-de-la-punta-de-una-ametralladora
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:145311/De-la-punta-de-una-ametralladora
