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martes, 25 de febrero de 2020

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA, POR EJEMPLO

Universidad: mito y realidad
David Ortega / El Mundo

No son pocas las veces que opinamos de las más diversas materias teniendo pocos datos reales sobre las mismas. El rigor siempre es un compañero de viaje aconsejable, especialmente cuando hablamos de temas importantes y, tengo pocas dudas de que el estado de salud de nuestra educación superior es uno de ellos.

Probablemente en el imaginario colectivo reciente del estado actual de nuestro sistema universitario destaquen, entre otras, dos ideas principales: primera, el famoso y explotado hasta la saciedad caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos; y, segunda, que dentro de los rankings internacionales, las universidades españolas no salen muy bien paradas, estando muy lejos de los 200 o incluso 500 primeros puestos. De la primera idea, que dado que es mi universidad conozco bastante bien, la realidad es que de las 2.797 personas que trabajamos en la Universidad Rey Juan Carlos, tan solo cuatro están actualmente encausadas -aún no juzgadas-, lo que representa el 0,1% de la URJC. Respecto de la segunda idea, merece la pena dedicarle algo más de tiempo, pues los datos reales están bastante alejados de tal percepción, como trataré de demostrar.

Desde hace más de dos décadas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) elabora un muy interesante y lamentablemente poco leído Informe sobre el estado de salud de nuestro sistema universitario (La universidad española en cifras). El último es del curso académico 2016/17, aunque utiliza algunos datos más recientes, consta de 164 páginas y maneja más un millón de datos. Entiendo que aporta una visión bastante real y ajustada de la verdadera situación de nuestras universidades, de las que destaco las siguientes reveladoras y en algunos casos sorprendentes -para bien- conclusiones:

Primera. El sistema universitario español contribuye a la movilidad social en mayor medida que en otros grandes países europeos. Esto significa que familias con menor nivel de renta y cuyos padres suelen carecer de estudios superiores, logran que sus hijos tengan esos estudios. España se sitúa en una posición intermedia por delante de países como Francia, Italia, el Reino Unido o Estados Unidos, estando a la cabeza los países nórdicos, Corea, Austria, Países Bajos y Japón.

Segunda. La implantación geográfica de nuestras universidades ofrece un acceso equitativo a una oferta de enseñanza de calidad a los estudiantes de los diferentes territorios. En Estados Unidos hay una universidad con producción investigadora por cada 753.935 habitantes y en España por cada 751.613. A un nivel parecido está Japón con 720.455; peores cifras tienen Italia y Alemania con 889.706 y 972.941, respectivamente. A la cabeza se sitúan el Reino Unido con 578.947 y Francia con 550.000. Se puede afirmar que España se encuentra en los parámetros de los grandes países desarrollados en la ratio número de universidades con producción investigadora respecto a la población.

Tercera. Hay un dato clave para entender la realidad actual de la universidad española: el gasto en I+D ha retrocedido en España a niveles de hace una década, mientras sigue avanzando en el resto de países competidores. Entre los años 2008 a 2016, China ha aumentado su gasto en un 46,6%; Corea, un 35%;Alemania, un 13,2%;Italia, un 10,5%;la media de la Unión Europea, un 10,1%; Francia, un 9,2%; el Reino Unido, un 3,5%; y España, un -9,7%. Podemos afirmar que éste es uno de los problemas centrales de la economía española, tan solo estamos por delante de Portugal y Grecia. A pesar de ello, en ese mismo periodo, nuestras universidades han registrado una importante mejora de su productividad científica, incrementando un 87% la producción de artículos científicos y un 13% la proporción de los mismos que se publican en revistas científicas del primer cuartil.

Cuarta. La universidad española tiene un alto nivel de empleabilidad y calidad docente. El Graduate Employability Ranking 2019 elaborado por el ranking de referencia internacional QS clasifica a los 500 mejores campus del mundo según la empleabilidad de sus alumnos/as. Europa sitúa 208 universidades entre el TOP 500 y España a 14, estando tres universidades españolas entre las 100 primeras del mundo. Si lo relacionamos con el número de habitantes por país, en primer lugar estaría el Reino Unido, después Alemania y en tercera posición España, por delante de Italia, EEUU, Francia y Japón. Por cierto, según los últimos datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre afiliación a la Seguridad Social de los universitarios, la URJC se sitúa como la primera universidad madrileña en empleabilidad de sus egresados a los dos años de haberse graduado.

La realidad no demasiado conocida de las universidades españolas es que, si dejamos a un lado los rankings de investigación, enormemente influidos por la inversión I+D de cada país, donde somos claramente deficitarios, las universidades españolas están entre las mejores del mundo respecto de la empleabilidad de sus egresados, según el citado Informe. Igualmente nos pasa en calidad docente, donde el dato es que, dentro de las 242 mejores universidades europeas, tenemos 42 universidades españolas según el Europe Teaching Ranking 2018.

Quinta. Por último, nos queda el dato más conocido y utilizado por los medios de comunicación respecto de los rankings internacionales y la posición de las universidades españolas. La clave a destacar es que se centran principalmente en la actividad investigadora. De los diferentes rankings existentes, los expertos señalan el ranking ARWU como el más antiguo, consolidado y objetivo de los existentes. Hay otros rankings como el ya citado QS o el THE. En el del año 2018, dentro de las 1.000 mejores universidades del mundo aparecen 33 españolas (32 públicas y una privada). Si tenemos 84 entre públicas y privadas, representa el 39% de nuestras instituciones de educación superior. El dato sin duda más interesante y positivo es que, dentro de las 200 mejores del mundo en los diferentes campos científicos, nos encontramos con 18 universidades públicas españolas.

En este sentido podemos extraer la siguiente conclusión global del dato manejado. Según el Fondo Monetario Internacional, España se sitúa como la 13ª economía del mundo en el año 2018. Sin embargo, en relación con el gasto en I+D ocupamos, según el Banco Mundial para ese mismo año, el puesto 25. No obstante, y ésta es la noticia positiva en términos relativos, ocupamos el puesto 13º en el TOP 500 del ranking ARWU 2018.

De todos los datos aportados, sin duda el más decisivo es el importante retraso que tiene España en gasto en I+D. Éste sí que es un tema de interés nacional y decisivo en el que nuestros políticos deberían entrar, especialmente porque los países que colocan en los primeros puestos a sus universidades, todos, salvo Rusia, gastan más del 1,19% del PIB en I+D que invierte España. El asunto de fondo desde luego no es menor, todo lo contrario, pues, según afirma el Informe en su página 103, «la consecuencia más importante del bajo nivel de gasto I+D es, sin duda, la progresiva debilidad de nuestra economía en términos de competitividad tecnológica y de innovación y la pérdida que ello implica de oportunidades de crecimiento y de bienestar para los españoles».

Nuevamente, una información detallada de los temas decisivos en la vida pública y también privada de nuestra querida España, nos ayuda a formarnos una opinión más acertada de dónde están nuestros verdaderos problemas y si son las universidades o los presupuestos aprobados por nuestra clase política quienes no están haciendo sus deberes. Por lo demás, y no me cansaré de insistir en ello, no deja de ser verdaderamente preocupante, por no decir absolutamente vergonzoso, que estos temas claves y esenciales de nuestras vidas, no ocupen prácticamente ningún espacio en los medios de comunicación ni en la agenda pública, la mayor de las veces rellenada de asuntos vacíos y realmente inútiles.

(*) David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

02/08/2019:
Fotografía:

jueves, 9 de enero de 2020

TIEMPOS RAROS

Defensa de lo básico
El día 30 de diciembre de 2019 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de David Ortega, en el cual el autor opina que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España.
David Ortega

Vivimos tiempos complejos, casi todos lo son, y nuevamente debemos llamar la atención sobre lo que es importante y relevante en nuestra vida pública, entre tanto marasmo, confusión y charlatanería. Jerarquizar lo que es esencial y marcarlo con claridad me parece prioritario, si se quiere avanzar y progresar de manera seria y responsable.

No cabe duda que hoy el tema de la organización territorial del Estado es clave y determinante en nuestra vida pública y política, gastando una parte muy significativa de nuestras energías políticas: el conflicto en Cataluña con el independentismo, la formación del Gobierno de España, la proliferación del nacionalismo. El debate nacional público y publicado -mediático- está dominado por este asunto muy por encima del resto, pues afecta a todo nuestro entramado institucional: poder legislativo, poder ejecutivo, poder moderador, poder autonómico, poder electoral, etc.

En situaciones complejas, y ésta sin duda lo es, siempre es recomendable atender a los principios básicos de la política desde hace milenios: el interés general, el bien común, los principios de libertad e igualdad, el respeto por la democracia que es lo mismo que el respeto por la ley, pues aunque algunos intenten tergiversarlo, la ley es la expresión o el fruto de un sistema democrático.

Hace no muchos días celebramos los 41 años de nuestra Constitución de 1978, la única que ha funcionado en nuestros dos últimos siglos de caos democrático y constitucional hasta el nacimiento de la misma, creo que tres guerras civiles en el siglo XIX, una terrible en el XX, varios golpes de Estado y dictaduras -una de casi cuarenta años-, dos repúblicas fracasadas y seis constituciones ineficaces, lo atestiguan. Estimo que es muy útil refrescar tan solo dos artículos que prácticamente abren el Título VIII de nuestra Constitución, que precisamente se titula De la organización territorial del Estado. El artículo 138.1 establece (por cierto, qué lastima -e irresponsabilidad- que la Constitución no se enseñe en todas nuestras escuelas, cuánto bien se haría a nuestra democracia) lo siguiente: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”. Esto significa varias cosas. Primero, que el Estado autonómico español tiene límites claros que la Constitución marca, no todo vale. Segundo, que se apoya y favorece la descentralización, pero nunca la injusticia entre territorios y, más importante, entre personas. Tercero, que el artículo 2, nada más y nada menos, apunta un principio del Estado autonómico: la solidaridad entre los españoles, sin que el territorio donde se viva signifique un desequilibrio económico. Y cuarto, que la solidaridad del artículo 2 no debe ser jamás un brindisalsol, por eso el artículo 138.1 repite y enfatiza muy claramente: “realización efectiva del principio de solidaridad”. Tal vez pueda generar alguna duda el artículo 138.1, aunque yo pienso que no, pero si la hubiera, el siguiente apartado la disipa con rotundidad, pues el artículo 138.2 determina: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Parece poco discutible que la Constitución no quiere Comunidades Autónomas de primera y Comunidades Autónomas de segunda, lo contrario sería admitir que en España hay españoles de primera y españoles de segunda, a nivel económico y social.

Creo que en estos momentos de debate político sobre las competencias, financiación y “determinados” derechos de los ciudadanos de algunas Comunidades Autónomas, debemos tener presentes estos preceptos. Por cierto, para despejar ya todo tipo de dudas, el artículo 139.1 establece que: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Hemos de tener presente que los poderes del Estado y sus diferentes actores deben desarrollar el marco político y, dentro del mismo, tienen todo el margen de maniobra que consideren, pero los límites que marca la Constitución son líneas rojas insalvables. Lo contrario implicaría la intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad, a instancias de los órganos legitimados para ello.

Por lo demás, el Gobierno de España también tiene sus deberes. En este sentido el artículo 97 abre el Título IV de la Constitución Del Gobierno y de la Administración y dentro de las siete funciones principales que le atribuye, está la “defensa del Estado”. Es esta una responsabilidad ineludible, el Gobierno de España debe obligatoriamente defender el Estado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, defender el Estado regulado en la Constitución. Y ya hemos visto cómo los señalados artículos 138 y 139 se refieren al Estado. El círculo democrático se cierra lógicamente con el artículo 9.1 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. No sé qué parte de este artículo no ha entendido el Gobierno -y parte del Parlamento- de Cataluña. Reventar el sistema democrático español, donde viven 46 millones de personas, no sé si es muy democrático. A mí me recuerda a lo peor del siglo XIX y XX de la historia de España. Vuelta a no respetar la norma. Vuelta a no respetar las instituciones. Vuelta a la demagogia como degeneración de la democracia. Por cierto, dentro del no respeto institucional está el ninguneo a la Jefatura del Estado, esto es, al Rey de España, artículo 56.1 CE.

Vivimos tiempos raros, donde no se tienen claras las ideas básicas: qué es una democracia, qué es un Estado de derecho, qué es una Constitución, qué es un poder constituido -fruto de la Constitución y sometido a ella-, qué es un poder constituyente -el que elabora la Constitución, el único soberano pues, es decir, el pueblo español, algo que el nacionalismo independentista tampoco entiende-.

Termino. Creo que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España. Hay principios esenciales a los que no se puede renunciar, como la libertad, la pluralidad -las sociedades cerradas y uniformadas características de cualquier nacionalismo: vasco, catalán o español, me producen vértigo-, la igualdad y el respeto a la norma que democráticamente nos hemos dado, y el nacionalismo está destrozando todos estos principios. Son principalmente el PSOE, el PP y Ciudadanos los que tienen que defender y respetar estos principios, si no la historia de la democracia española irá a un irreversible fracaso. Del resto de fuerzas políticas no espero mucho, primero por su carácter extremo, segundo por estar alejadas del interés general y el bien común de los 46 millones de españoles. Las pasadas elecciones generales dieron al nacionalismo un porcentaje de voto en ningún caso superior al 8%, me resulta muy difícil comprender y tener que aceptar, en términos democráticos, que menos del 8% de españoles marque la vida pública del restante 92%.

Ortega y Gasset, gran conocedor de la realidad española, abogaba por líderes que estén a la “altura de los tiempos”. Es tiempo de grandeza, responsabilidad, sentido de Estado y perspectiva histórica, poco o nada se habla ya del interés general y el bien común de las 46 millones de personas que viven en España. Para mí esta es la única perspectiva legítima y democrática, el resto es demagogia. Los cuarenta y dos años de vivencia democrática que hemos tenido, se han basado principalmente en la moderación y la competencia política centrada, evitando siempre los extremos. Dos siglos de historia política extremista creo que son bastante para haber aprendido la lección, espero.

(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos

Comentarios
Hubo cuatro guerras carlistas, la última fue la del 36-39: la reacción frente al progreso. También dos repúblicas democráticas que pudieron ser y ambas se abortaron con sendos golpes de estado militares. Del último vienen los lodos en los que estamos. No hay progreso donde no haya libertad, donde no haya igualdad y donde no haya fraternidad. El único Estado viable tiene que defender estos valores. El Estado está sobre la Constitucion; ésta es un intento de reflejar los principios del Estado; un mero instrumento a su servicio. Sacralizar la Constitucion es un fraude; olvidarse del Estado, que es su esencia, Eso exige que esta Transicion a la democracia que se nos vendió llegue a su fin, se recupere la democrcia y todos sea verdad que "somos iguales ante la ley", como dice el art. 14, pero viola todo el Título II; que sea verdad que "la soberanía reside en el pueblo de donde emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 CE78); no existe si se nos prohibe la periódica elección del jefe del Estado. Donde no hay democracia hay dictadura, monáquica o militar, pero sin libertad de elección, aunque se siga respetando la libertad para poner, 1, X o 2 en la quinielas. Todo pasa por la escuela, recordemos a Costa, senecesita más educacion en la ciudadanía y menos en creencias; quien cree se niega a reconocer su ignorancia, que es el primer paso para erradicarla; en su lugar se afirma en ella a medida que cree más y aumenta su violencia e intolerancia frente a los que, en lugar de creer que es verdad lo que ignoran, razonan // Escrito el 30/12/2019 13:28:09 por Alfonso J. Vázquez.

Fuente:
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1193961
Ilustración, LPO:
https://www.elmundo.es/opinion/2019/12/30/5e08b29f21efa0d7488b458d.html