GESTUALIDAD

EL NACIONAL - Jueves 21 de Junio de 2012     Opinión/9
Corrupción: de eso no se habla
COLETTE CAPRILES

Es como si de pronto desapareciera alguno de los elementos de la tabla periódica. No uno de esos llamados "gases raros" que evocan nombres de protagonistas de cuento soviético de ciencia ficción, sino algún material de esos de todos los días: cobre o magnesio o hierro. Resulta que el tema primordial de aquella campaña de 1998, la "vía real" hacia la presidencia, la gran metonimia de la "honda crisis" que nos aquejaba, desapareció de la conciencia nacional. Algo, en efecto, cambió.
Y no fueron las prácticas porque nadie se atreve a negar que los últimos casi catorce años han sido los de la apoteosis de eso mismo cuya denuncia, en su momento, sirvió para apacentar a las masas y convocar los decisivos apoyos de las élites que se tradujeron en la victoria electoral. Las fortunas acumuladas en estos años sin otra explicación que la fidelidad son elocuentes. Más que elocuentes: son objeto de exhibición, como trofeo legítimo del cazador que no se contenta con matar sino que inmortaliza su habilidad en la mirada artificial del animal taxidermizado.
Mi pregunta es cómo pudo operarse una transvaloración tan brutal. De la percepción de que los males del país se resumían en la sola palabra corrupción, a tolerarla o celebrarla como forma legítima de ascenso social y justa compensación por el desvelo revolucionario.
El precio justo, en efecto, que ha de pagarse por recibir la "gotica de petróleo" y las promesas magníficas. La corrupción no sería entonces una enfermedad política, un vicio deleznable, sino un asunto que se percibe contra el fondo de la escasez y que se desdramatiza en tiempos de vacas gordas, cuando todos nos volvemos ladrones y pícaros.
Y confieso que lo que evocó todo esto es la lectura del libro de Leslie C. Gates, que podría traducirse como Eligiendo a Chávez: los negocios de la política antineoliberal en Venezuela, que examina de cerca cómo la poderosa ola semántica de la "corrupción" condicionó la preferencia popular hacia el candidato que, en última instancia gozaría de un apoyo clave, decisivo, de ciertos grupos y factores del sector privado, en parte porque algunos de estos grupos, beneficiarios tradicionales del proteccionismo, resultaron agraviados por la apertura de la economía desde 1989, pero, básicamente, porque temían perder el acceso preferencial a las entrañas del aparato del Estado que ha sido una práctica común en la manera de hacer negocios en Venezuela. Pero lo enigmático de todo esto es que la percepción de la corrupción incluía precisamente una valoración negativa de la actividad de la empresa privada por su asociación con los políticos, de modo que la retórica del candidato contra el sector privado resultaba bienvenida, no por su contenido ideológico o izquierdizante, no por ofrecer una opción política, sino por la vinculación percibida con la corrupción generalizada.
Aquellos que apostaron por el Chávez de liquiliqui verdoso fueron barridos por una mafia empresarial diseñada a la medida del autócrata precisamente con la aplicación de la extensa experiencia cubana en materia de corruptelas, como se sabe. En todo caso, la pregunta se hace más perentoria.
Mi hipótesis es que lo que ha cambiado son las condiciones de posibilidad del discurso público, si se puede decir así: aquellos eran tiempos de relativa transparencia democrática, o mejor dicho, de sus grandes síntomas que son la estridencia y el escándalo; estos, en cambio, son los tiempos del silencio, del secreto, del miedo, o peor aún, de la inercia.

MEMO

EL NACIONAL - Jueves 14 de Junio de 2012     Opinión/8
ATresManos
Aponte Aponte y la inmoralidad
Miradas múltiples para el diálogo
EMIRO ROTUNDO PAÚL*

¿ Por qué las instituciones jurídicas, políticas y legislativas de un Estado que se proclama democrático y que fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la Constitución bolivariana de 1999 (artículo 1º) se niega obstinadamente a investigar las imputaciones que en calidad de confesión, más que de denuncia, ha hecho públicamente un ex fiscal militar y ex magistrado del máximo tribunal de la nación que ponen en tela de juicio la moralidad, la legalidad y la legitimidad del Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la nación, de la Contraloría General de la República y del Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional? El Gobierno y los otros órganos del poder público no han refutado en forma convincente las acusaciones del ex magistrado, no han demostrado la falsedad de sus imputaciones, ni han desvirtuado con razones y pruebas contundentes el contenido acusador de su dramático mea culpa. Se han limitado a infamarlo y a descalificarlo, lo han tildado de pillo, traidor y vendido. Pero tales adjetivos no invalidan ni debilitan en nada las graves implicaciones que en relación con el desempeño de la función pública se derivan del testimonio de quien fuera por muchos años un fiel camarada y un decidido compañero de ruta.

Más bien, creo, las reafirman.

Porque, véase bien: ¿quién, sino un pillo, puede cometer felonías en cumplimiento de un papel compartido con otros funcionarios con anuencia de la jerarquía superior? ¿Quién, sino un traidor, puede exponer con tanto detalle los hechos dolosos cometidos en función de un fin político que contraviene el espíritu de la Constitución? ¿Quién, sino un vendido, puede cambiar o vender la información valiosa que posee en relación con esos hechos para salvar sus posesiones, su libertad y su vida? El Estado bolivariano no puede investigar ni éste, ni ninguno de los otros casos denunciados con anterioridad (los muertos del 11 de abril de 2002 y la renuncia del Presidente, Antonini Wilson y la maleta con los 800.000 dólares para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, Geovanny Vásquez y el asesinato del fiscal Danilo Anderson, Walid Makled y las acusaciones de narcotráfico por parte de la cúpula militar, etc.) La razón es clara: una investigación imparcial de cualquiera de estos casos arrojaría un resultado devastador para el Gobierno. Pondría de manifiesto, sin ningún atenuante, el verdadero carácter del régimen: su implícita inmoralidad, su radical inconsistencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se realizan, es suma, su consustancial falsedad.

La ideología del equipo gobernante conduce, sin remedio, al país por esos derroteros.

La corrupción, el populismo, el clientelismo, la manipulación de las conciencias, la utilización de los recursos del Estado para comprar fidelidades y votos, el irrespeto a la Constitución y las leyes, el atropello, la persecución, el engaño, la mentira, el acoso, la ofensa y otros vicios, eran males que se denunciaban y se combatían con ardor cuando se cometían (en grado mucho menor) en la llamada cuarta república, pero ahora, en la república bolivariana, esas prácticas son válidas porque tienden a un fin superior: la instauración del socialismo.

Si la historia reciente del mundo no estuviera plagada de casos similares que han fracasado estruendosamente, dando paso a sistemas renovados de justicia, libertad y moralidad, tendríamos serios motivos para sentirnos acongojados, pero la experiencia nos dice que no hay razón para ello, que más temprano que tarde las cosas cambiarán, y no para regresar al pasado, sino para escalar un nuevo escalón del progreso, de la justicia, de la paz y la tranquilidad. Que así sea.

*UCV Estimado amigo: La cultura de la corrupción está instalada muy hondo en los cromosomas de la sociedad.

Se parece mucho a la violencia delincuencial: una cosa es el manejo policial-judicial del asunto y otra mucho más apretada es superar las raíces psicosociológicas de la delincuencia crapulosa. Los bochornos a los que te refieres indican la magnitud de la tarea que está por delante.

R. Lanz