SE EVIDENCIAN CADA VEZ MÁS

EL UNIVERSAL, Caracas, 22 de octubre de 2015
Medidas cautelares de protección
Marino Alvarado Betancourt

El 14 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección al Equipo Coordinador de Provea y a mi persona ante la situación de riesgo a la integridad física y vida en un contexto de un discurso de odio de altos funcionarios del Estado venezolano contra los y las defensoras de derechos humanos.
Las medidas cautelares que otorga la comisión junto a las medidas provisionales que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen un mecanismo de protección para personas en situación de riesgo inminente incluyendo funcionarios civiles, policiales o militares. Estas personas pueden ser víctimas de violaciones a los derechos amenazadas por haber realizado la denuncia y solicitar justicia. Puede ser un defensor o defensora de derechos humanos o un colectivo de ellos. Lo pueden ser colectivos de personas de una población determinada, o los presos de una cárcel, o estudiantes de una institución educativa.
La situación de gravedad puede llevar a la comisión ya sea por solicitud de una persona o una organización o por iniciativa propia, solicitar al Estado donde se esté produciendo el riesgo que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas. El Estado para cumplir debe implementar mecanismo urgentes y efectivos para evitar el daño se produzca.
Una revisión de algunas de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2015 no da una idea de la importancia que tiene para los derechos humanos que este mecanismo de protección exista y que los Estados cumplan con tales medidas.
El 01 de septiembre la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de integrantes y exintegrantes de un consejo parroquial del municipio Simojovel en Chiapas, México. Por haber denunciado actividades del crimen organizado recibieron amenazas y sufrieron hechos de violencia.
El 28 de julio la CIDH otorgó medidas a favor de tres personas en Haití quienes por haber fundado una emisora comunitaria y realizar denuncias fueron amenazados por el alcalde la ciudad donde funciona la emisora.
El 27 de julio de 2015 dictó medidas cautelares a favor de un funcionario policial con rango de subinspector en Honduras quien habría participado en un operativo relacionado con un hecho antidrogas y en consecuencia amenazado de muerte.
El 30 de abril los pueblos indígenas Teribe y Bribri en Costa Rica fueron objeto de medida de protección quienes han recibido amenazas como consecuencia de la lucha que desarrollan para recuperar sus tierras.
Como bien puede constatarse la comisión ha otorgado medidas en otros países.  En lo que va de año hasta mediados de octubre ha otorgado 34 medidas cautelares favoreciendo entre otros a líderes sociales, activistas de derechos humanos, dos pueblos indígenas y un funcionario policial en doce países distintos.
La historia de la comisión está llena de casos donde su actuación oportuna ha permitido salvar vidas o evitar daños a individuos y colectivos. Hay Estados que han cumplido de manera muy adecuada las medidas y junto a los beneficiarios han establecido mecanismo para hacer efectiva la protección. En otros casos los Estados no cumplen como ocurrió, por ejemplo, este mismo mes cuando Estados Unidos aplicó la pena de muerte contra un ciudadano salvadoreño a pesar de las medidas cautelares que había dictado la CIDH para que dicha pena no se ejecutara.
En el caso de Venezuela ya veremos cuál es la voluntad política del Estado venezolano para cumplir la protección ordenada a favor de Provea. La experiencia reciente indica que no hay muchas esperanzas pues viene incumpliendo otras medidas otorgadas a varias personas en el país. Ojalá empiecen a rectificar y adopten a favor de todos los beneficiarios las medidas correspondientes.

FRENTE AL RECORTE

Diputados de la Movida Parlamentaria piden a la ONU exhortar al Gobierno a no apartarse de la Cidh
10 de sep de 2013 12:52 pm |
Carla De Castro

(Caracas, 10 de septiembre. Noticias24) – Este martes los diputados de la Movida Parlamentaria acudieron a la sede de la ONU en Caracas, para hacer entrega de un documento que rechaza contundentemente la decisión del Gobierno Nacional de salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El parlamentario William Dávila informó que el documento fue recibido por la representante interina Kiyomi Kawaguchi. “El gobierno venezolano está demostrando una falta de fe en la dignidad del ser humano y violenta los principios de cooperación internacional que están inscritos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que hoy consuma su salida dejando desprotegida a la población venezolana a la hora de acudir a instancias internacionales cuando los tribunales internos no funcionan”, explicó.
Dávila tildó de “grave” la medida tomada por el Gobierno Nacional, la cual fue anunciada durante la gestión de Hugo Chávez, pues es una “violación a un principio de progresividad universal de los derechos humanos, es decir, es una postura regresionista del gobierno que contradice lo que ha venido hablando de profundizar una democracia participativa y protagónica, porque le está quitando al pueblo venezolano un derecho fundamental como la posibilidad de acudir a las instancias internacionales en la búsqueda de la protección de los derechos humanos que actualmente son violentados por el Ejecutivo”.
“El gobierno está demostrando una falta de fe en la dignidad del ser humano y violenta los principios de cooperación internacional”
El abogado detalló que en el documento los diputados de la Mesa de la Unidad Demotrácica solicitan al secretario General de las Naciones Unidad, Ban Ki-moon, hacer un enérgico llamamiento al Gobierno Nacional exhortando a no apartarse de las instancias reconocidas en materia de derechos humanos. “También hacemos el señalamiento que el escrutinio público tanto nacional como internacional es fundamental para exponer a los perpretados, reducir la impunidad y avanzar en el disfrute pleno de los derechos fundamentales de la persona. Esto solo acontece en gobiernos que desprecian la democracia”, fustigó.
El abogado resaltó que el Gobierno está violando los artículos 23 y 31 de la Constitución, “el primero de estos le da rango a los tratados internacionales que no pueden ser derogados de manera unilateral y al mismo tiempo el derecho de queja”, dijo al agregar que la denuncia de fraude electoral introducida por el excandidato Henrique Capriles, a través de un representante, entra en esos derechos.
En ese sentido añadió que aún con la salida de Venezuela de la Cidh, continúa sujeta a la carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, “en consecuencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede perfectamente analizar esa solicitud que hoy ha hecho la oposición venezolana”, zanjó.

Más temprano la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el abandono de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos, anunciada el año pasado, pero que se hace efectiva hoy.
“Creemos que puede tener un impacto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales en el país y en su región“, señaló en Ginebra el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/192608/diputados-de-la-movida-parlamentaria-piden-a-ban-ki-moon-exhortar-al-gobierno-a-no-apartarse-de-la-cidh/

Parlamentarios de la MUD consignan documento ante la ONU 
Martes, 10 de Septiembre de 2013 16:11
La carta, dirigida al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, fue recibida por la sra. Kiyomi Kawaguchi, su representante en Caracas, de manos de un grupo de parlamentarios de la MUD

Caracas, martes 10 de septiembre de 2.013

Organización de Naciones Unidas
Distinguido Secretario General de las Naciones Unidas,
Su Excelencia Sr. Ban Ki-moon
Su despacho.-

Nosotros Williams Daniel Dávila Barrios, Leomagno Flores, Ángel Medina Devis, Juan Pablo García, Carlos Berrizbetia, Deyalitza Aray, Américo de Grazia, María Corina Machado, Vestalia San Pedro, José Gregorio Contreras, Eduardo Gómez Sigala, Andrés Velásquez, Luis Barragán, José Manuel González e Iván Colmenares, Diputados a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por el bloque parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática , nos dirigimos a Usted con el fin de manifestar nuestra preocupación por la decisión del Gobierno Venezolano de salir del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos al denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)  :
Durante el gobierno del finado Presidente Hugo Rafael Chávez, el gobierno venezolano dejó en evidencia su desprecio a la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos, a través del reiterado incumplimiento a las decisiones  adoptadas tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al negarse a admitir las obligaciones del Tribunal Regional de Derechos Humanos como en los casos de la injustificada inhabilitación política del dirigente opositor Leopoldo López, el cierre del canal de televisión RCTV , o la detención de la Juez María Lourdes Afiuni, por no mencionar sino sólo algunos casos.
A su vez, la negativa de admitir la autorización de una Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cumplir una visita “in loco” demostraba el total desapego a las disposiciones Constitucionales que obligan al Estado venezolano y, el desacato a los compromisos internacionales se radicalizó aún más  con la grave decisión de crear un sistema acomodado a los designios del Estado en contra del derecho de los ciudadanos de recurrir a la instancia regional de defensa de derechos humanos contemplada  en el Pacto de San José (CADH) por considerarlo inaceptable a las concepciones programáticas de su política gubernamental caracterizado por la ausencia de un Estado de Derecho y la falta de independencia de los Poderes Públicos sometidos a la voluntad autoritaria del Ejecutivo.

A finales del mes de abril del año 2012, el Presidente Chávez, acusó a la Corte IDH de apoyar al terrorismo por haber emitido un fallo a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña , asimismo, el ex presidente señaló que: “Venezuela se retira de la CIDH por dignidad y la acusamos frente al mundo de ser indigna y de llevar ese nombre de DDHH apoyando al terrorismo” , por tanto el gobierno venezolano “colérico” por esas circunstancias suscribió una nota oficial diplomática dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en septiembre del año 2012, denunciando a la CADH, iniciándose el preaviso de un año a cumplirse el venidero 10 de septiembre de 2013, donde se concretará el retiro del sistema interamericano de protección de derechos humanos actuando en detrimento de toda la ciudadanía venezolana.
Como consecuencia de esa decisión particular, el Estado  venezolano se aparta del Sistema Interamericano de Justicia y por tanto éste pierde su jurisdicción en el país, en medio de una gran contumacia por parte del Estado Venezolano que no cumple las sentencias de la Corte IDH en casos concretos como la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005 relacionadas con las desapariciones forzadas de personas durante la tragedia del Estado Vargas y con una deuda por pagar a más de 260 víctimas que fueron amparadas por el máximo tribunal de la región, después de fracasar en el intento de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales producto de negligencia, omisiones y denegación de justicia; es importante señalar que sólo por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias condenatorias, se deben nueve millones, setecientos setenta y un mil novecientos noventa y ocho con noventa y cinco  dólares americanos (9.771.998,95USD)  y, en 10 fallos fue condenado el Estado Venezolano por violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos relacionados a: violación al derecho a la vida, la integridad personal, violación de la Libertad de Expresión y denegación de justicia.
La política tomada por el fallecido presidente Chávez, ha sido continuada por el actual Presidente Nicolás Maduro. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 23 que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno” asimismo el artículo 31 establece que todo ciudadano  tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos y, hoy día el Estado venezolano ha asumido compromisos frente al bloque regional MERCOSUR con lo que, al ingresar Venezuela al grupo también adopto íntegramente el conjunto de resoluciones y jurisprudencia, donde el bloque contempla el acervo normativo de la CADH, por tanto el derecho a apelar y acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tiene rango constitucional, y, la salida de Venezuela de este sistema es una afrenta del régimen para las víctimas y la totalidad de los ciudadanos que les deja sin protección, es decir, no basta la retórica y fraseologías rimbombantes de los gobiernos como el venezolano, o la ejecución de acciones desde una sola óptica político-ideológica, que en muchos casos, como ha demostrado la historia dejan de lado el verdadero sentido de un buen sistema de Administración de Justicia; es fundamental que los casos graves sean procesados imparcialmente para lograr justicia, reparación a las víctimas, sosiego social.
Cabe mencionar igualmente dentro de los artículos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela violados con esta decisión de separarse del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el articulo 339,  que es el único que menciona a los requisitos de la Convención Americana de los Derechos Humanos que debe cumplir el decreto que declare el estado de excepción consagrado en el Capítulo II del Título VIII de la Carta Magna.
Excelentísimo Secretario General, queremos hacer del conocimiento de la ONU institución, representante legítima de todos los pueblos del mundo, que es necesario hacer un enérgico llamamiento de atención al gobierno venezolano, exhortándole a no apartarse de las instancias hoy día reconocidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de sus  instrumentos legales principales como la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es de resaltar que el escrutinio público nacional e internacional es fundamental para exponer a los perpetrados, reducir la impunidad y avanzar en el disfrute `pleno de los derechos fundamentales de la persona humana.
Recurrimos a Usted, conscientes de que la Organización de Naciones Unidas responde a los intereses legítimos del ser humano atendiendo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1.948.
Reciba, Señor Secretario General las expresiones de esperanza de millones de ciudadanos venezolanos que exigen que se cumpla la defensa, promoción y protección de los derechos humanos,
Solícitamente,

[1] Bloque opositor  conformado por 23 organizaciones políticas opuestas al actual régimen de gobierno.
[2] Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita por la República tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969
[3] Radio Caracas Televisión
[4] Ciudadano venezolano, condenado por un Tribunal venezolano en julio de 2.008, por supuesta participación en colocación de explosivos en el Consulado de la República Colombia y La Oficina de Negocios del Reino de España en la Ciudad de Caracas en el año 2.003. Convención Americana sobre los Derechos Humanos
[5]http://noticias.univision.com/america-latina/venezuela/article/2012-07-24/venezuela-e-retira-de-cidh#axzz2e8ANqCkJ
[6] http://venezuela.diariocritico.com/noticias/cidh-/salida-de-venezuela/mas-de-260-victimas/409691

http://opinionynoticias.com/noticiaspolitica/16596-parlamentarios-de-la-mud-consignan-documento-ante-la-onu

EL UNIVERSAL, Caracas, 10 de septiembre de 2013 04:19 PM (AVANCE)
DERECHOS HUMANOS | Acudieron a la sede de la ONU en Caracas
Diputados de la Unidad: Es inconstitucional salida de Venezuela de la Corte
Los diputados de la Unidad Democrática entregaron un documento en la sede del organismo internacional para denunciar que la decisión del Gobierno Nacional de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es inconstitucional.
Dávila entregó un documento de rechazo a la salida de Venezuela de la Corte IDH (Cortesía)

Caracas.- Diputados de la Movida Parlamentaria acudieron este martes a la sede de la ONU en Caracas para entregar un documento que rechaza la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El parlamentario del estado Mérida, William Dávila, señaló que el documento fue entregado a la representante de la ONU en el país, Kiyomi Kawaguchi, quien lo enviará al sistema mundial de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
"El gobierno venezolano está demostrando una falta de fe en la dignidad del ser humano y violenta los principios de cooperación internacional que están inscritos en la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando desprotegida a la población venezolana a la hora de acudir a instancias internacionales cuando los tribunales internos no funcionan" señaló Dávila.
En el documento los diputados aseguran que el Gobierno Nacional está violando los artículos 23 y 31 de la Constitución, "el primero de estos le da rango a los tratados internacionales que no pueden ser derogados de manera unilateral y al mismo tiempo el derecho de queja" aseveró Dávila.
"Yo le hago un llamado a toda la sociedad venezolana, hagamos un frente común para crear conciencia que esta actitud regresiva del gobierno de Maduro es una expresión de una conducta que desprecia la democracia y los derechos humanos" puntualizó el representante del parlamento nacional.

Fotografías: Excepto la primera y la última, Carla de Castro.

VOLTAJE

EL NACIONAL - Viernes 03 de Agosto de 2012     Opinión/10
Inmoral
HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA

A sí tildó el presidente Chávez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia dictada en el caso de Díaz Peña, una persona condenada por los actos terroristas que ocurrieron en febrero de 2003 en contra de oficinas consulares de España y Colombia en Caracas. ¿Qué es lo que ha irritado tanto a Chávez que lo ha llevado a ordenar la denuncia (o el retiro) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Si Chávez hubiera leído la sentencia, se habría percatado de que, por no formar parte de los hechos del caso, el tribunal no se pronunció sobre presuntas irregularidades cometidas en el proceso penal que condujo a la condena de Díaz Peña en Venezuela. En su oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado que, respecto de esos hechos, la denuncia en contra de Venezuela era inadmisible por no haberse agotado los recursos jurisdiccionales internos, y así fue ratificado por la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal penal y, por ende, carece de competencia para juzgar sobre la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un delito; de manera que la sentencia tampoco se pronuncia sobre ese extremo, que sólo le corresponde a los tribunales venezolanos. La función de la corte es, sencillamente, dictaminar sobre posibles violaciones de derechos humanos y eso es lo que hace en su sentencia. El único elemento al que se refiere la sentencia es el relativo a las condiciones de detención a que fue sometido Raúl Díaz Peña, las cuales acarrearon el deterioro de su salud. Sobre la base de las pruebas aportadas, y no controvertidas por el Estado, la corte dio por establecido que Díaz Peña estuvo recluido en un sitio "sin ningún tipo de ventilación ni luz natural... un lugar muy caliente", sin acceso a ningún tipo de actividad y que, durante el primer año y medio de reclusión, no tuvo acceso al sol. Con base en lo que la sentencia hace constar, luego de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de detención fueron mejorando progresivamente.
A partir de esos hechos, la corte señaló que toda persona privada de libertad tiene derecho de vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado es el garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Lo anterior supone el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles la asistencia médica requerida, y garantizando que las condiciones de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. ¿En dónde está la inmoralidad? ¿Qué es lo que escandaliza a Chávez? ¿Cómo puede un Gobierno que no ha acatado ninguna de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana acusarla de "inmoral" por sostener que los reclusos también son titulares de derechos humanos? ¿Cómo puede un Gobierno que viola la Constitución, y que no respeta sus obligaciones internacionales, dar lecciones de moralidad? Hace 12 años, para evitar que el organismo conociera un caso relativo a la reelección presidencial, Alberto Fujimori hizo a la Corte Interamericana señalamientos similares a los que hoy hace Chávez, y retiró la declaración por la cual Perú había aceptado la competencia del tribunal. Pocos meses después, en medio del rechazo popular, Fujimori abandonó el poder, y dio paso a un Gobierno de transición, cuyo primer acto fue declarar la nulidad de ese decreto y restablecer la plena cooperación del Perú con la Corte Interamericana. Ahí es donde radica la moral de un Gobierno: en el reconocimiento y respeto de los derechos de los ciudadanos.