selección de artículo: el sistema económico

El Nacional - Miércoles 01 de Octubre de 2003 A/8
El sistema económico (I)
D.F. Maza Zavala

No es solamente la discrepancia política la que se manifiesta en el país en este tiempo, sino también la económica y social. De una u otra manera el Gobierno ha estado definiendo un objetivo estratégico en cuanto a la organización y el funcionamiento de la economía; lo conveniente sería que los elementos de esa estrategia oficial se organizaran en un plan coherente –hay varios documentos al respecto – para que la nación tuviera un conocimiento claro y preciso de los propósitos y la acción del Gobierno, en el corto, el mediano y el largo plazo. La oposición –que no es homogénea ni debe serlo– haría bien si presentara a la opinión pública aunque fuera los lineamientos básicos de una estrategia económico social. Con estas dos definiciones – o alguna otra si se considera conveniente– la discusión pública sería más consistente y las expectativas más firmes. Mi modesta contribución profesional y personal la hago en dos partes:
La primera, objeto de este artículo, es una especie de fundamento teórico del sistema que, a mi juicio, conjuga diferentes posiciones, intereses y aspiraciones. La segunda, posteriormente, será la aplicación de ese fundamento a la realidad y la posibilidad del país.

Hay que advertir, en primer lugar, que la globalización no significa uniformación de las economías nacionales o multinacionales.

Así como la naturaleza es biodiversa –y ello es una condición de vida–, también la economía se diversifica en cuanto a organización y funcionamiento, en respuesta a los problemas fundamentales de la existencia humana. Inclusive el capitalismo no es un sistema homogéneo, no tiene elementos iguales en todos los países y regiones, aunque sus fundamentos sean genéricos. No es idéntico el capitalismo europeo, al japonés, el asiático o el norteamericano; el que se practica en América Latina tiene características y modalidades explicables, no solamente por el índice de desarrollo que ha alcanzado, sino también por las circunstancias concretas en que se ha organizado y funciona; y aún dentro de la región hay diferencias y particularidades.

Lo que toda sociedad requiere, en materia económica, puede resumirse como sigue: Capacidad, potencial o aptitud para producir medios que satisfagan las necesidades de la gente, tanto las esenciales como las complementarias y progresivas; tales medios deben producirse eficientemente, es decir, con la mayor racionalidad posible, dados los recursos naturales y adquiridos de que se disponga y la tecnología que sea accesible; la riqueza que se genere debe ser reproducible y servir de base para el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población; en este orden de ideas, la economía debe funcionar según una normativa y con mecanismos eficaces para asegurar la distribución equitativa –no igualitaria, por supuesto – de los bienes y servicios producidos; por último, aunque no exhaustivo, hay que mantener el equilibrio ecológico y social –medio ambiente natural y de la vida colectiva– para garantía de las futuras generaciones.

Lo anterior puede esquematizarse en indicadores básicos: Productividad, eficiencia, sustentabilidad, eficacia social, justicia distributiva, conservación.

La organización económica –fundamento de la organización social, aunque no es el único– consiste en una determinada división de funciones entre los miembros de la sociedad: trabajadores, empresarios, intermediarios, y, en sentido institucional, la sociedad civil y el Estado. El mercado es un medio instrumental de la actividad económica, no un elemento definitorio, porque toda economía necesita un mecanismo de circulación de bienes, servicios factoriales y no factoriales y medios de pago. Existe la tendencia a caracterizar las economías que maximizan la iniciativa privada como de mercado, pero también otras utilizan el mercado y tienen amplios espacios para los intereses privados, sin ser esencialmente capitalistas.

Por otra parte se dice que el Estado no debe desempeñar funciones económicas, aunque ningún estado en la vida contemporánea deja de hacerlo por razones de necesidad y de política. Quiero significar que coexisten –y conviven en el mejor sentido– tres espacios organizativos y de actividad: El privado, el estatal y el social. La coordinación y la cooperación entre estos tres espacios –o tres actores si se prefiere– determinan lo que pudiera calificarse como la economía nacional, una resultante de esas acciones combinadas, no exentas de contradicciones, que no deben llegar al punto de antagonismo o conflicto, pues en este caso el interés general no alcanza el óptimo.

Hay que mencionar, brevemente, las formas de actividad que son posibles dentro de una estructura económico/social: El trabajo asalariado, el independiente, las empresas grandes, medianas y pequeñas, las microempresas y comunidades productivas, las cooperativas y, en una perspectiva promisoria, las economías domésticas. En cuanto a los productos se pueden clasificar en: Bienes del mercado, servicios privados, bienes públicos, servicios públicos y sociales, cuya índole se explica por sí misma.

El Nacional - Miércoles 15 de Octubre de 2003 A/8
El sistema económica (II)
D.F. Maza Zavala

En artículo anterior (01/10/03) expuse algunos fundamentos y elementos de un sistema económico que puede funcionar en un país como el nuestro, en procura de su desarrollo y sometido a condicionantes externos e internos que lo dificultan particularmente. En esta oportunidad trataré de definir el sistema económico venezolano actual, según las disposiciones constitucionales y legales, y la propia realidad nacional; indicar elementos complementarios o suplementarios para que el sistema adquiera características de estabilidad, equilibrio, potencialidad de crecimiento, calidad de desarrollo integral y, desde luego, eficacia económica y social para servir de base al bienestar equitativo de la sociedad nacional.

Un equilibrio fundamental es el que debe existir entre la estructura económica, la social y la política. El encuadramiento institucional de este equilibrio es la democracia en el sentido más comprensivo: económica, social, política y con las características de equitativa, participativa, solidaria y dinámica. La justicia social es un principio universalmente consagrado y establecido en nuestra Constitución, así como también, en alcances interpretativos, la justa distribución del ingreso, del bienestar y de las oportunidades reales de promoción y ascenso social. La democratización de la propiedad, del capital, del acceso a los recursos naturales es un objetivo del programa básico que es la Constitución (el Gobierno lo incorpora en su plan de desarrollo 20012007) ; ello está sustentado en el derecho de propiedad, sujeto a limitaciones, restricciones, obligaciones y contribuciones que definen su función social; de la misma manera hay que señalar que no hay una única forma de propiedad: existe la privada, la comunitaria, la social, la estatal, entre otras. Deben coexistir dentro de la estructura económica y complementarse funcionalmente. La heterogeneidad de ésta debe consistir en las modalidades de producción, de intercambio, de acumulación y de consumo, pero la estructura tiene que ser flexible en lo posible y no contenida en compartimientos estancos.

La libertad económica es un aspecto significativo de la libertad en general. No existe en nuestro ordenamiento institucional la regimentación de actividades: cada quien es libre de adoptar la suya y ejercerla; sin embargo, esa libertad está sujeta a limitaciones, en relación con el desarrollo humano, la seguridad, la salud, la conservación ambiental y, esencialmente, el derecho de los demás. En la Constitución el Estado tiene la obligación de promover la iniciativa privada y de cooperar con ésta para el desarrollo integral del país. La libertad económica, la iniciativa y la propiedad privada, el funcionamiento del mercado no son incompatibles con la planificación:en el ámbito del Estado es indispensable e imperativa; pero el Estado, en Venezuela, tiene un espacio fundamental en la economía, cuyo componente mayor es la actividad petrolera y en menor dimensión otras: industrias básicas, estratégicas, finanzas, servicios, electrificación; la gestión pública global afecta a la privada y por ello los objetivos, las metas, los propósitos del Estado condicionan en gran medida a la actividad privada.

El Estado tiene la facultad de regular, orientar, promover, supervisar la economía, sólo que debe utilizarla para garantizar una buena y equilibrada evolución de aquella. En el caso venezolano, la circunstancia de que el Estado administra, controla y percibe los proventos petroleros le impone una exigencia crucial: ser factor del desarrollo, velar porque esta fuente no se agote prematuramente y genere el excedente máximo para su acumulación económica y social.

La Constitución establece la reserva al Estado de la actividad petrolera y la inalienabilidad de las acciones de la empresa matriz nacional petrolera, así como la de los yacimientos de hidrocarburos y demás minerales combustibles. Ello impone al Estado la obligación de capitalizar el ingreso neto petrolero y minero y de procurar el equilibrio fiscal mediante la contribución ordinaria de los particulares, con el menor endeudamiento posible. Sin embargo, existe la posibilidad de que intereses privados se incorporen a la actividad petrolera, especialmente en la exploración, explotación y desarrollo de recursos naturales nuevos, y en la industrialización de los productos respectivos.

La exclusión del monopolio y el latifundio de la estructura económica es ordenada por la Constitución y las leyes, así como también las prácticas de usura, acaparamiento, especulación ilícita, cartelización, indebida elevación de los precios y abusos de la libertad económica. El consumidor debe ser protegido. Se favorece a la mediana y pequeña empresa, a las cooperativas, microempresas, empresas familiares y artesanía, conformándose una tendencia al equilibrio estructural, lo que no excluye de ninguna manera a la gran empresa productiva, a las actividades de la mayor escala, y hay que propiciar la convivencia entre esas diversas formas de actividad y propiedad. No basta lograr la mayor productividad, sino también, indisolublemente, la distribución justa de los beneficios.

Cuatro grandes actores deben cooperar, coordinarse y compartir el espacio económico del país: el Estado, el empresariado, los trabajadores y la sociedad civil, en una estrategia nacional de desarrollo.

selección de artículos: el ingreso petrolero

El Nacional - Miércoles 25 de Octubre de 2006 A/6
El ingreso petrolero (I)
D. F. Maza Zavala

Es lugar común decir que el petróleo es un recurso natural no renovable, es decir, no reproducible, resultado de la fosilización a través del tiempo milenario de materias orgánicas y existe en el subsuelo --terrestre o marino-en cantidades limitadas. En el estatuto histórico venezolano, desde el famoso decreto del Libertador en 1829, este recurso es de propiedad de la Nación y su titularidad, a todos los efectos, la ejerce el Estado. En estos términos, la riqueza petrolera es de la propiedad común de los venezolanos, pero no a título individual sino colectivo, porque es una propiedad indivisa. En toda evolución constitucional de la República aquél principio se ha mantenido. El artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999), establece: "Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles". El artículo 302 de la misma Constitución ordena: "El Estado se reserva... la actividad petrolera". Esta reserva es el fundamento de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos con vigencia desde el 1 de enero de 1976. Este recurso constituye un elemento básico del Patrimonio Nacional.

El Estado es, en su carácter de autoridad fundamental de la República y por voluntad expresa de la Nación, el administrador de la riqueza en hidrocarburos del país, y en este sentido le corresponde la evaluación y conservación de ésta y el desempeño del régimen de exploración, explotación, refinación, industrialización y comercialización de aquél recurso y de los productos y proventos derivados de ello. Los poderes públicos que conforman al Estado son responsables solidaria mente de la indicada administración. Lo que comprende dos aspectos interrelacionados: la conservación del recurso natural y la aplicación de sus proventos económicos y financieros a los fines del interés público. Dado que el patrimonio considerado disminuye por extracción, y no hay forma de reponerlo directamente, se requiere fomentar una alternativa que permita la reposición indirecta de ese patrimonio y, mejor aún, su aumento posible en términos económicos y sociales. Esta es la norma fundamental de la política petrolera, de la cual derivan otras que especifican o particularizan la orientación primaria.

El petróleo, en el subsuelo, no tiene, convencionalmente, un valor económico; sin embargo, probados y conocidas las reservas de esa materia existentes en el país --en el entendido que pueden existir otras, probables o potenciales por descubrir y cuantificar-puede estimarse un valor referencial de acuerdo con algunos parámetros fehacientes; ese valor referencial no es estático sino variable en relación con circunstancias y contingencias que, en su mayoría, escapan al control nacional. De este modo el criterio patrimonial adquiere un significado objetivo que debe ser tenido en cuenta.

El petróleo que fluye a la superficie tiene un valor económico efectivo: incorpora no sólo el costo de agotamiento del recurso natural sino también el costo de la extracción en términos de fuerza de trabajo y capital (de paso hay que decir que el costo de la exploración, incluso una tasa de riesgo, debe estar incorporado al valor de las reservas probadas). Se presenta aquí un motivo de discusión u opinión: la renta que pudiera corresponder al carácter de recurso natural de los yacimientos de hidrocarburos, en concepto, según mi mejor interpretación de la teoría clásica de Ricardo, la renta propiamente es una vertiente de ingreso que no agota la fuente de su origen (como en el caso la agricultura en amplio sentido), en tanto que la extracción de petróleo (y gas) sí agota físicamente esa fuente; por ello es mejor el calificativo de costo de agotamiento en lugar del de renta. Este costo es sufrido por el propietario del recurso natural, aunque ciertos costos de explotación y, por supuesto de explotación corren cargos de la empresa que se ocupa de ello. Es importante la distinción desde el punto de vista de la caracterización de la naturaleza del ingreso petrolero. Puede afirmarse en este sentido que no es la muestra una economía rentística, sino una basada en la explotación de un recurso natural no renovable en la cual se combina: naturaleza, trabajo, capital y tecnología y, pro tanto, hay que hacer énfasis en que es un producto y no un simple reglado de la naturaleza que nada nos cuesta.

En el orden de ideas que vengo examinando cabe comenzar, sin intención de llegar a fondo del asunto, las categorías de costo, precio y excedente. El costo, como el de todos los bienes primarios, incluso un elemento natural (los fisiócratas creían que este era la verdadera y única sustancia del valor), correspondiente a la condición primaria de la producción (podría discutirse la proporción en que afecta a las distintas categorías de bienes producidos) y elementos económicos, como los mencionados: trabajo, capital y tecnología. Este costo (son aplicables los niveles total, medio y marginal) es parte del precio de realización del producto mediante su venta en el mercado (interno e internacional); la diferencia posible entre ese precio y el costo es el excedente, denominado técnicamente de explotación y que en el mundo empresarial se conoce como ganancia o beneficio. El excedente es neto si se han deducido de los ingresos por venta, además de las remuneraciones factoriales, el costo de reposición, en nuestro caso de conservación de yacimientos, y de los activos de capital utilizados en la producción.

El Nacional - Miércoles 08 de Noviembre de 2006 A/8
El ingreso petrolero (II)
D. F. Maza Zavala

En artículo anterior (25 de octubre de 2006), traté sobre la naturaleza física y económica del petróleo, recurso natural agotable por extracción, y el carácter del ingreso que percibe el propietario de dicho recurso (en nuestro caso la Nación, representada por el Estado) en concepto de explotación (que no es un impuesto sino un derecho del poseedor, denominado convencionalmente regalía, y no una renta, como expliqué). En el presente artículo me propongo examinar tres aspectos de la cuestión del ingreso petrolero: i) el petróleo en el producto interno bruto del país; ii) los precios de este producto; iii) el excedente petrolero y su significado.

La actividad petrolera genera un valor económico que forma parte del PBI y que en el caso venezolano representa en promedio, en términos reales, 25% del total de aquél agregado. Debe entenderse que esta valoración se efectúa a precios constantes del año base de nuestras cuentas nacionales que es 1984 y, por tanto, no registra los cambios ocurridos en el valor nominal determinado por los precios de realización del petróleo y sus productos. La actividad de la que trato se realiza en tres niveles superpuestos, según la clasificación técnica de Colin Clark: el primario, la extracción del crudo del subsuelo; el secundario, su procesamiento en las refinerías; el terciario su comercialización; en cada uno de estos niveles se agrega un valor en relación con los factores productivos empleados: fuerza de trabajo, capital y tecnología. Deseo hacer énfasis en que así considerado el petróleo es un producto que se ofrece en el mercado como una mercancía, de índole especial si se quiere pues su utilización es básica en la economía mundial y es estratégica en la geopolítica internacional, como casi ninguna otra mercancía. Se diferencia de los buenos primarios obtenidos por cultivo, por recolección en los árboles silvestres, por aprovechamiento de bosques naturales o por captura de peces) en que, al igual que los minerales, la fuente de la que se obtiene es agotable, lo que tiene mucha importancia al considerar el carácter del ingreso respectivo, que no es renta. También es diferenciable de otros productos primarios, como los a agropecuarios y los procedentes del mar y otros medios acuáticos, en que las necesidades que satisface son de índole elástica, en primer lugar con respecto al ingreso de los consumidores y usuarios, en segundo lugar con respecto al precio; también lo es la oferta de petróleo.

Existe una gama de precios de petróleo. Los más usuales son los precios de mercado o de realización: hay que distinguir los del mercado interno, bastante más bajos que los internacionales; aquellos precios son denominados también nominales, para diferenciarlos de los reales, que se calculan aplicando a los nominales algunas tasas de descuento en concepto de inflación y depreciación del dólar. La diferencia entre los precios nominales y los reales es muy considerable, de un orden de 60%, en razón del alza pronunciada de los nominales o de mercado, los precios reales son importantes en el sentido de que representan el verdadero poder adquisitivo del petróleo en términos de bienes y servicios transables. Una modalidad de precios, implícitamente mencionada, es la de precios de exportación, calculados en el puerto de embarque, a partir de los cuales pueden hacerse descuentos según la política de mercadeo. Un precio especial que debe tenerse en cuenta en el de equilibrio o natural, que sería aquel que permite lograr la normalidad del mercado, sin excedente de oferta o demanda, en el corto y el mediano plazo. Otro modo de considerarlo sería en base del costo de producción, incluido el de agotamiento, más un excedente "normal".

El tercer aspecto que traigo a consideración es el del excedente, la diferencia entre el precio y el costo, libre de la reposición. El excedente corresponde al propietario de la empresa petrolera (en nuestro caso al Estado) en razón de dos vertientes: la que afluye al capital a la empresa como tal, sin entrar en disquisiciones sobre la procedencia o legitimidad de esta vertiente, tan problemáticamente en la literatura económica. Así, el Estado percibe, en principio, tres afluentes de ingreso: la regalía (costo de agotamiento), intereses del capital y beneficio del empresario. En propiedad, la regalía no forma parte del excedente y debería ser aplicada a la conservación de los yacimientos y a la del patrimonio nacional en concepto de inversiones reales y sociales; los otros ingresos del Estado originados en la actividad petrolera no son, en verdad, impuestos sino ingresos extraordinarios capitalizables, lo que se consagra explícitamente en la Constitución de 1999. Este ingreso y el de regalía figuran en el presupuesto de la República y son considerados inadecuadamente como ingresos ordinarios. Una reestructuración funcional del presupuesto --en el cuadro de las finanzas públicas estructurales-tendría que diferenciar, funcional y operativamente, entre el de origen petrolero y el tributario, lo que tiene mucha importancia, pues el primero debería aplicarse totalmente a la inversión real y social, en tanto que el segundo atendería al requerimiento de las necesidades corrientes públicas. Desde luego, una ya larga tradición fiscal no distingue entre uno y otro, fundada en el principio la unidad del Tesoro, que no tiene vigencia en los hechos.

El Nacional - Miércoles 22 de Noviembre de 2006 A/6
El ingreso petrolero (y III)
D. F. Maza Zavala

La corriente principal delingreso petrolero es percibida por el Estado, que para esta consideración incluye a la industria petrolera nacional y los entes monetarios y financieros poseídos por aquél. Esta corriente --que ingresa en divisas-se compone, principalmente, de: regalía, impuestos, intereses del capital invertido en la actividad petrolera por las empresas oficiales y utilidades o dividendos, como he explicado en artículos anteriores de esta serie. El volumen de aquella corriente es fluctuante, tanto coyuntural como tendencialmente, en razón de varios factores: los precios del petróleo, las exportaciones, los costos y los parámetros fiscales que afectan al ingreso. La cuestión de los costos merece un examen especial, que no es del caso realizar ahora, ya que la evolución de ellos ha sido bastante irregular y ha merecido la crítica de los analistas por su elevado nivel y, con frecuencia, su escasa relación con el volumen de producción. Por otra parte, en términos reales, los valores resultan más bajos que los calculados en forma nominal, lo que conviene tener en cuenta para un estudio integral de este tema.

No está de más decir que el ingreso petrolero figura en varios presupuestos del Estado: en primer lugar en el de la propia industria petrolera, con referencia a los costos, las inversiones y la proporción del excedente que retiene para sus fines financieros; en segundo lugar, virtualmente, el presupuesto de divisas del Banco Central, que es más exigente en virtud de la existencia del control de cambio y del cálculo, a efectos legales, del nivel adecuado de reservas monetarias internacionales del Instituto Emisor; en tercer lugar --el más importante-el presupuesto fiscal elaborado por el Ejecutivo y sancionado por la Asamblea Nacional; en cuarto lugar, los créditos adicionales aprobados por la Asamblea (en relación con la diferencia entre lo recaudado por el Fisco y lo calculado en el presupuesto sancionado sobre la base de un precio del petróleo mucho más bajo que el de mercado); otro presupuesto autorizado desde la modificación de la Ley del BCV en julio de 2005, es el de Fonden, que percibe el excedente de divisas petroleras de Pdvsa, y el de las reservas del BCV. Son cinco presupuestos públicos que registran ingresos petroleros y sus aplicaciones. Valdría la pena hacer el esfuerzo de consolidar esos presupuestos, que en buena parte vierten recursos en moneda nacional a la economía interna y en parte al exterior en divisas; en todo caso es conveniente que la administración de esos presupuestos esté coordinada en el alto gobierno y mediante un mecanismo funcional que permita el conocimiento oportuno de los recursos disponibles y sus destinos, con particular énfasis en la evaluación de sus resultados económicos y sociales.

Es necesario determinar la proporción de ahorro referida al ingreso petrolero, en obediencia a lo dispuesto en la Constitución, ya que se trata de un ingreso asimilable a un capital que debe ser invertido para que el país no se empobrezca. La primera prioridad es la inversión en la propia actividad petrolera, en ampliación ponderada de su potencial y en industrialización de los hidrocarburos en el país; opino igualmente que la industria petrolera, si bien debe atender a requerimientos sociales y tener proyección en este sentido, no tiene por qué ocuparse directamente en la ejecución de programas de esa índole que corresponden a otros órganos del Estado. En segundo lugar, el ahorro tiene que ser invertido en infraestructura física y social, y en industrias básicas bajo el control del Estado; sostengo que es necesario una estrategia de desarrollo que, mientras promueva el crecimiento económico, contemple activamente la imposición de correctivos eficaces a las evidentes imperfecciones del mercado, en cuanto a distribución progresiva del ingreso y elevado nivel de empleo calificado, remunerativo y productivo. En todo ello, está envuelta la lucha contra la pobreza y la desigualdad extrema, por la seguridad social integral y la conservación ecológica.

Dos advertencias son indispensables en la consideración de este tema: la primera se refiere a la capacidad de absorción efectiva del ingreso petrolero por la economía nacional, para evitar los rendimientos decrecientes o nulos o de aplicaciones inadecuadas de recursos variables a una capacidad que no puede evolucionar a saltos en el corto plazo; la segunda es que, no obstante que el ingreso petrolero es fundamental, no es el único del que pueda disponer el país, ya que otras actividades deben generar riqueza, bien directamente, o bien mediante el efecto multiplicador del ingreso. Una tercera consideración que estimo pertinente: la inversión da frutos dentro de ciertos períodos de maduración de índole tecnicoeconómica, por lo que hay que proveer al consumo de la población, tanto desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios para este objeto como desde el de la dotación de poder adquisitivo para obtenerlos. Los programas sociales, que propician la difusión del ingreso, pueden ser eficaces en este sentido, si se combinan con estímulos a la producción de corto plazo y una importación racional de bienes escasos, por una parte, y con objetivos de fortalecimiento de la salud, la educación y la aptitud para el trabajo.

selección de artículos: el país petrolero

El Nacional - Miércoles 31 de Agosto de 2005 A/6
La oportunidad de un país petrolero (I)
D. F. Maza Zavala

Nadie puede asegurar que la coyuntura actual de precios relativamente altos del petróleo va a persistir por mucho tiempo. Las predicciones más optimistas indican que el nivel de precios petroleros comenzará a descender el año 2007; sin embargo, es razonable esperar que ese descenso sea paulatino y que el piso al que pudieran llegar no sea inferior a 35 dólares el barril. La tendencia histórica de la demanda de petróleo, al compás del crecimiento económico mundial, señalaba un incremento anual de no más de 3% ; esa tendencia ha sido alterada casi abruptamente por la incorporación de China y la India al mercado de compradores, en tanto que no se descubren nuevos yacimientos de productividad comercial en la proporción necesaria para satisfacer la mayor demanda. El volumen de inversiones requeridas para ampliar el potencial de producción y, en particular, para aumentar y mejorar la capacidad de refinación es muy considerable, y el atractivo de los altos precios no es suficientemente estable —al parecer— para provocar esas inversiones. Es cada vez más difícil encontrar emporios de petróleo (los de gas son más accesibles, comparativamente) y no está en la perspectiva inmediata una alternativa eficiente como medio energético.

La experiencia venezolana —y mundial— es la de que los precios del petróleo describen un módulo cíclico de largo plazo y que la tendencia en términos reales es creciente, pero moderada.

En algunos períodos hay una aceleración en la dinámica de precios —como en el actual— y en otros una declinación sustancial. Por ello, la influencia relativa de factores estabilizadores —como la OPEP— procura que los cambios en el mercado no alteren excesivamente el desenvolvimiento del negocio; otros factores —como los mencionados del lado de la demanda y los accidentales del lado de la oferta— conmueven al mercado y dan lugar a la especulación y la incertidumbre. Lo más indicado es mantener la oferta exportable con ajustes indicados por la coyuntura y la tendencia (ponderadas), sin dejar de realizar inversiones de mantenimiento —cuantitativo y cualitativo— del potencial existente, inclusive de recuperación de los deterioros ocurridos (como los de los últimos años) y de los yacimientos marginales; también hay que ejecutar un plan de inversiones, teniendo en cuenta los factores de largo plazo y con vista a la transformación de la actividad petrolera para obtener un mayor valor agregado, y contribuir al desarrollo de una economía equilibrada, reproductiva, integrada y competitiva. Los recursos para esta transformación deben ser generados por la propia actividad petrolera, lo que implica un orden de prioridad en el plan nacional de desarrollo:no sólo extraer recursos sino asegurar las condiciones para que la fuente de ellos mantenga su capacidad en concordancia con las exigencias reales que se le hagan.

Las consideraciones anteriores conducen a sustentar la necesidad de crear y mantener —en términos dinámicos— un mecanismo de esta estabilización tanto en lo financiero como en lo real. No se trata simplemente de reservar fondos estimados como excedentes sin una aplicación cierta y eficaz, orientada al desarrollo económico y social; los recursos respectivos deben constituir una fuente de financiamiento para la sustitución de importaciones y el fomento de exportaciones, así como también para el fortalecimiento del factor humano, base primaria de toda actividad creativa de riqueza material y valor social, bajo la forma de calidad integral de vida: salud, educación, seguridad, empleo productivo, vivienda estable, recreación sana, cultura, estabilidad familiar, cabal ejercicio de derechos sociales y humanos. En concreto, los excedentes que genere la actividad petrolera deben servir a una doble acumulación: real y humana.

En particular, hay que liberar progresivamente al presupuesto público de su dependencia del ingreso petrolero, en cuanto a su conformación como cuenta corriente; y fortalecer cuantitativa y cualitativamente la cuenta capital; la primera tiene que ser sustentada en ingresos tributarios auténticos, equitativos, sistémicos, para atender a los servicios administrativos y sociales ordinarios; el superávit que se logre en esta cuenta, junto con la participación fiscal en el excedente petrolero, hay que destinarlo a lo ya mencionado: acumulación real y social. La planificación del gasto público debe permitir su mejor aplicación y su regular expansión, lo que implica modificar la tendencia tradicional de la gestión fiscal, de gastar más allá de las limitaciones impuestas por los ingresos ordinarios, bajo la presión de necesidades efectivas o supuestas generalmente encuadradas en un designio político no ajustado a un plan de desarrollo consensual, participativo y verdaderamente nacional. En estas consideraciones no se descarta la recurrencia al crédito público: el de corto plazo para cubrir insuficiencias transitorias de tesorería (y también para ser utilizado como instrumento de la política monetaria) y el de largo plazo para reforzar la capitalización, de tal manera que corresponda a una programación autofinanciable. La deuda pública no es condenable per se, sino cuando se utiliza en aplicaciones improductivas que no contribuyen al potencial económico ni al bienestar social. Ello supone que el crédito público se incorpore al plan nacional de desarrollo y su utilización se ajuste a las metas y objetivos de éste.

El Nacional - Miércoles 14 de Septiembre de 2005 A/8
Oportunidad de un país petrolero (II)
D. F. Maza Zavala

Algunos piensan que los altos precios del petróleo persistirán por mayor tiempo que el inicialmente estimado.

Hay consenso sobre la idea de que, en lugar de un descenso abrupto esos precios, podría presentarse una crisis energética, que obligaría a racionamiento mundial de petróleo.

En todo caso, lo que interesa en cuanto al análisis que vengo haciendo es que tenemos la oportunidad excepcional —tal vez la última— de utilizar la bonanza petrolera no tanto para reafirmar la condición de país exportador de hidrocarburos —que no dejaremos de ser por bastante tiempo— sino para construir una economía sólida, estable, equilibrada, reproductiva y equitativa, como base material de una sociedad sana, justa, independiente y solidaria. Economía sociedad deben marchar juntas, interdependientes, en la unidad de un país con derecho a disfrutar de un espacio útil bajo el sol y en el mundo.

El petróleo es nuestra principal riqueza natural; la mayor riqueza es, embargo, la humanidad que habita en esta tierra, su potencial creativo, aptitud para la vida, su capacidad para reproducirse en niveles cualitativamente más elevados. Por tanto, la mejor inversión que puede y debe hacerse con los ingresos del petróleo una vez atendidas las necesidades conservación y ampliación de la fuente que los genera— es la que tiene objeto la calidad y el nivel de vida la población, de toda ésta, ya que, hasta el presente, esas variables se han concentrado en una minoría privilegiada —propietarios de medios de producción, grandes rentistas, herederos de fortunas, especuladores, personas favorecidas por el poder político, traficantes de conciencia— en tanto que la mayoría social padece toda clase de penurias, carencias y dificultades, entre las cuales la ausencia de oportunidades de empleo y el menguado acceso a los servicios públicos destacan por su significación.

Es la parte de la población permanentemente damnificada, maltratada, excluida, la que, sin embargo, es objeto de promesas oficiales de mejoramiento y base para la sustentación de los gobiernos.

Dos maneras de considerar la actividad petrolera son pertinentes y consistentes en este análisis: la primera es como negocio, como explotación económica, como fuente de riqueza y, en este sentido, lo procedente es obtener de ella los proventos óptimos, mediante una administración eficiente, competente, de la cual hay que excluir al clientelismo político; esto no significa, de ninguna manera, que los funcionarios, técnicos, gerentes, trabajadores, sean eunucos políticos o se les imponga la anulación de conciencia pública; pero deben ser profesionales competentes en todo caso.

La otra manera que se considera es la de fuente de ingresos que deben ser destinados en su mayor parte a la acumulación real y social.

El petróleo es de todos los venezolanos; es cierto, desde luego, pero ello no debe ser interpretado como derecho individual y personal a obtener un dividendo, como si se fuese accionista de una compañía anónima; ni tampoco como recurso privatizable para ser manejado por entes o factores particulares; los proventos del petróleo son de propiedad común e indivisa de los venezolanos y, por tanto, su administración no puede ser sino a cargo del Estado. Tampoco es justificable que la propia industria nacional petrolera destine y maneje recursos obtenidos en su explotación para fines que deben ser encomendados a otros entes del Estado; o bien se decida a obtener recursos de su actividad o bien tales recursos decaen porque no se puede ser eficiente en todo, como lo establece el principio axiomático de la división del trabajo.

Lo anterior tiene que ver con el flujo de divisas petroleras. Siempre he sostenido que la primera prioridad de éstas es la de conservar y fortalecer el potencial de la propia industria petrolera. También he sostenido invariablemente que las divisas petroleras tienen una significación y un valor muy especiales: representan la contrapartida de un agotamiento prácticamente continuo de los recursos naturales que permiten su generación; son divisas escasas y valiosas.

Entre las condiciones que deben prevalecer para su administración está la de su centralización en el instituto emisor, la que no permite, en principio, que intervengan muchos y muy diversos actores en su aplicación; la dispersión en la tenencia de divisas —además de dificultar las políticas cambiaria y monetaria— puede incidir en la dispersión de aplicaciones en detrimento de la inversión planificada.

Estas consideraciones son compatibles con el requerimiento de utilizar esas divisas en su mayor parte para el desarrollo. El BCV ha mantenido la posición de que las divisas petroleras estimadas como excedentes —ya que no se puede marginar la demanda que se hace de ellas para necesidades normales de la economía y de la gente— sean destinadas a un fondo de desarrollo económico y social y no deben ser aplicadas al gasto público corriente.

Otra manera de considerar la relación entre la actividad petrolera y la economía nacional —en lugar de la dicotomía estructural que por mucho tiempo se mantuvo y que aún persiste en algunos aspectos— es la de su integración como sector productivo real en la estructura de la producción del país, como fuente de insumos y como absorbente de bienes y servicios que otros sectores producen. En términos técnicos:
hay que llenar muchos de los vacíos existentes en la matriz de insumo / producto del país, multiplicando las relaciones intersectoriales y fortaleciéndolas, de tal manera que la economía se haga más autodependiente, sin dejar de ser abierta en un grado conveniente.

El Nacional - Miércoles 28 de Septiembre de 2005 A/8
Oportunidad de un país petrolero (y III)
D. F. Maza Zavala

Hay consenso en la necesidad y oportunidad de un cambio integral en el país.

Desde luego, las versiones del cambio varían de acuerdo con los intereses materiales, la posición que se ocupa en la sociedad y los valores sociales que se sustenten. Por ello es indispensable la participación general en la determinación de los lineamientos fundamentales de un proyecto nacional de desarrollo, que refleje el promedio ponderado de aquellos factores, los cuales, en todo caso, estarán sujetos a cambio.

Modificar el sistema económico/ social existente en el país no es un proceso fácil de realizar ni se puede lograr en un plazo breve. En primer lugar, hay que diagnosticar con precisión los desequilibrios, las fallas estructurales, las debilidades y los vacíos. En segundo lugar, hay que definir los alcances de la transformación propuesta, los medios y recursos para su aplicación a este proceso, los objetivos y metas para su realización. En relación con ello, hay que organizar un control de gestión institucional y social.

Es indispensable proyectar a largo plazo los recursos que provendría del petróleo y de otras actividades. Planificar la inversión real y social como una proporción conveniente de esos recursos, procurar un pronóstico realista del crecimiento económico sostenible y sustentable en los próximos 5 y 10 años. No cabe divagar con respecto al futuro, ni se debe proceder por ímpetus de inspiración, ni según ideas dispersas o imágenes personalistas y subjetivas. Siempre son bienvenidas las iniciativas y los propósitos viables, la imaginación creativa, encuadrados en los objetivos y condicionados por las limitaciones.

No hay que imitar modelos aplicados en otras realidades. La realidad venezolana es única y a la vez comparable con otras.

Puede tomarse del capitalismo —el real y el teórico— lo positivo y útil para el proyecto nacional de desarrollo y del socialismo —que en verdad no ha sido realizado conforme a las concepciones teóricas, abstractas o ideales— lo que pudiera funcionar en nuestro país. Colectivismo, estatismo e individualismo (en su mejor sentido) pueden coexistir equilibradamente para construir una estructura consistente en lo económico y social, de consenso. Al respecto, son hábiles las modalidades empresariales, en escalas indicadas por la índole de las actividades; las comunidades productivas, las cadenas de producción, los núcleos productivos, las cooperativas, entre otras. La finalidad de todo esto es el bienestar social equitativo, el desarrollo integral que se expresa en una sociedad sana, justa, libre equilibrada, y en seres humanos conscientes y convencidos de los objetivos, de su necesidad de transformación, ni de la creación de una economía reproductiva y estable. Los recursos generados por aquella explotación son y serán siempre escasos, agotables y, por tanto, economizables, lo que obliga a una estrategia petrolera de corto, mediano y largo plazo, para optimizar los rendimientos que se obtengan y propiciar una estabilización dinámica de sus aplicaciones. El petróleo y el gas constituyen la base natural de un negocio nacional y social, que debe ser administrado con eficiencia, transparencia y pragmatismo. No hay bonanza petrolera sino coyunturas, favorables o desfavorables, que adoptan un módulo cíclico de largo plazo, al que hay que ajustar la estrategia de producción, comercialización y utilización de los proventos respectivos. La cooperación y la solidaridad con naciones y pueblos hermanos y amigos deben ser un elemento de la estrategia, no una emoción circunstancial.

El mercado petrolero es una variable que no manejamos, aunque podemos actuar para su mejor aprovechamiento.

Tenemos una posición modesta dentro del cuadro mundial del petróleo, aunque las reservas naturales probadas y probables, incluídas las de la Faja del Orinoco, permiten desempeñar un papel significativo.

El mundo requiere 84 millones de barriles diarios de petróleo y este requerimiento aumenta a razón de 2,5 anual. Estados Unidos es, con mucho, el mayor importador, con 11 millones de barriles diarios, 13% del total. La oferta efectiva no representa un margen amplio con respecto a la demanda y ello determina que el nivel de precios se mantenga relativamente elevado y será así en el mediano plazo. Diversos factores influyen para que los precios tiendan al alza, pero esos factores no son permanentes. Sin embargo, tenemos la oportunidad excepcional de obtener ingresos extraordinarios considerables, estimables en US% 27.000 millones mensuales cuando menos en los próximos 2 ó 3 años, una cantidad que bien administrada permite abrir el camino a la construcción de una economía diversificada, sostenible; reproductiva, base del progreso social en la perspectiva de un venezolano cuyas necesidades generales —salud, educación, seguridad social, alojamiento, cultura, recreación— estén satisfechas, lejos de la carencia, la incertidumbre y la pobreza crítica.

Hay que invertir en petróleo y gas, primera prioridad; hay que invertir en desarrollo; hay que invertir en el país que queremos transformar. Lo que no se puede ni debe hacerse es perder esta oportunidad, ni considerar que los recursos petroleros alcanzarán siempre para el despilfarro.

Ilustración: www.venelogia.com

selección de artículos: navegación

El Nacional, Caracas, 07 de Noviembre de 2001
Navegar en las dificultades
D.F. Maza Zavala

El siglo XXI y el III milenio han comenzado bajo el signo de la contingencia cargada de amenaza y de incertidumbre. Estamos en una época de transición. En Venezuela la transición se abrió paso desde 1998, cuando se acentuaron las expectativas y los deseos de cambio. La gran mayoría de la sociedad venezolana ha aspirado y aspira a un cambio, aunque hay diferentes versiones de éste según los intereses, las opiniones y las posiciones de cada sector. En lo institucional, el cambio se manifestó en la Constitución de 1999 y en la reforma o creación de diversas leyes; este aspecto importante del cambio no ha concluido y ello mantiene un clima de incertidumbre, de expectativas y de presunciones que inevitablemente se refleja en la vida económica. Las definiciones básicas del estatuto constitucional no dan lugar a dudas: somos un país democrático, de libertades, derechos y garantías, naturalmente limitados y condicionados por e interés social y por la convivencia entre los ciudadanos; la venezolana es una economía de mercado, con una importante participación del Estado como empresario, propietario de medios de producción, generador y ejecutor de políticas económicas y sociales, planificador, promotor, interventor, procurador del equilibrio entre intereses diferentes; la iniciativa privada, la empresa privada, el móvil privado de lucro y acumulación, son factores de este orden económico, como lo es la propiedad privada, sujeta a obligaciones según la función social; la sociedad civil debe ser participativa, autónoma, contralora de la gestión pública. No hay, por tanto, desde el punto de vista institucional, algo que pueda dar lugar a duda sobre la organización y el funcionamiento de este país.

La economía venezolana depende de la actividad petrolera, este hecho marca su historia desde hace 75 años. La perspectiva es que continuará siendo determinante los próximos 20 ó 25 años. Dos estrategias deben aplicarse para compensar el riesgo de vulnerabilidad y para optimizar los beneficios del petróleo: la de estabilización y la de desarrollo; en verdad, se trata de una sola estrategia, ya que al estabilizar se hace propicio el esfuerzo de desarrollo y al desarrollar se facilita la estabilización. Teóricamente hemos sostenido –un grupo de venezolanos de ayer y de hoy– que los recursos del petróleo, por su índole extraordinaria y asimilable a ingresos de capital, deben ser aplicados a la inversión real reproductiva y al desarrollo social; si ello se hubiese practicado desde que la actividad petrolera se hizo presente en el cuadro económico venezolano, actualmente seríamos un país de mediano desarrollo y económicamente estable. Entendemos que no es posible reservar la totalidad del ingreso petrolero nacional a los objetivos mencionados, porque, sin el crecimiento sostenido de otras fuentes de ingreso, hay que desviar una parte de aquellos recursos al gasto corriente público; sin embargo, habría llegado un momento en esa evolución en que la potencialidad tributaria interna hubiese sido suficiente para entender al gasto administrativo y aun generar un excedente. En el largo período petrolero ni se estabilizó ni se desarrolló la economía, lo cual no quiere decir que se hayan dejado de realizar esfuerzos en esa orientación, pero dispersos, discontinuos y en buena medida inconsistentes. Confrontamos ahora una coyuntura adversa y debemos prepararnos para asimilarla y superarla. No son novedosas las dificultades, pero las circunstancias no ayudan mucho.

Una vez más el ciclo del petróleo nos afecta: de 26 dólares el barril en el año 2000 a 22 posiblemente este año; pero en este trimestre final los precios acusan debilidad, hasta llegar a 16 ó 17 dólares; el recorte de la producción no parece eficaz en esta oportunidad, pues no acompañarían a la OPEP en esta decisión los productores que no son miembros y más bien se aprovecharían de un nuevo recorte para aumentar su producción, aun a expensas del precio. La economía mundial está en situación recesiva y aunque el invierno del norte ayude los precios difícilmente superarán los 20 dólares. El presupuesto del Estado para el 2002 se ha calculado según un precio de 18,50 dólares que, quizá, podría alcanzarse; pero hay que preparar un plan de contingencia ante la incertidumbre. El desequilibrio del presupuesto presentado es ya muy elevado y de difícil financiamiento. El acceso a los mercados financieros internacionales no es imposible, pero podría ser muy costoso, dado el margen de cautela prevaleciente. El mercado financiero interno, aún propicio, ofrece ventajas y desventajas: entre las primeras, la de contribuir a que el potencial bancario y el ahorro privado encuentren salida atractiva en el país y no presionen al mercado de divisas; entre las últimas, una colocación masiva e intensiva de títulos públicos haría subir sensiblemente las tasas de interés con efectos desfavorables en la economía real y, por ende, en la tasa de crecimiento. En todo caso, el aumento del servicio de la deuda se reflejaría en un mayor desequilibrio fiscal a corto y mediano plazos. Es necesario un gran esfuerzo de recaudación tributaria interna y aun así no se cubriría el déficit. Los recursos ahorrados en el FIEM podrían ser utilizados parcialmente para aliviar la brecha; pero se impone un reajuste del gasto y esto es complicado por la rigidez de los compromisos que lo afectan. Además, un reajuste del gasto –que incidiera en la inversión y en los servicios sociales– haría menos viable el sostenimiento de una actividad económica similar a la del presente año. No huelga mencionar la consabida ineficiencia administrativa en cuanto a la eficacia del gasto para generar o inducir crecimiento y reducir el desempleo.

La probable declinación de los precios del petróleo, por otra parte, dificultaría la gestión cambiaria y monetaria, por el menor ingreso de divisas y la persistencia de una demanda impulsada en cierta medida por expectativas de devaluación o de depreciación más acelerada. La política monetaria tendrá que ser muy consistente y hábil para evitar la incidencia más aguda de la inestabilidad externa. Navegar en las dificultades es un arte necesario en estas circunstancias; para ello se requiere un clima de estabilidad política y de conciencia social; hay que superar los conflictos y las confrontaciones.

El Nacional, Caracas, 25 de Septiembre de 2002
Presente y futuro
D.F. Maza Zavala

La transición es un proceso de la vida venezolana que transcurre desde hace más de 25 años. En ese largo período (1975–2002) los factores de crisis han estado casi siempre presentes y coyunturas de corto y mediano plazo se han sucedido sin solución de continuidad. Ese proceso no sobrevino con el Gobierno actual, aunque este régimen le ha impreso características singulares, de índole institucional y política; algunos fenómenos tienen antecedentes en la historia contemporánea del país, aunque en otros escenarios y con otras manifestaciones; me refiero, por ejemplo, a la emergencia de la sociedad civil, en sus diferentes estratos socioeconómicos, en ejercicios democráticos masivos que pudieran parecer explosivos. La vida política ha incorporado a mucha gente, que ha descubierto un nuevo poder, la manifestación pública, la protesta abierta, el reclamo; las libertades de manifestación, de expresión, de asociación, se practican hasta límites antes inconcebibles. No es posible quejarse de contención o de inhibición. Las actitudes y los comportamientos se han expresado incluso bajo el signo de la desobediencia. Es bueno que la ciudadanía se muestre activamente; lo que no es bueno es que se incurra en la violencia, en desafío a las leyes. Tampoco lo es que las posiciones lleven a la fragmentación de la sociedad venezolana, a la ruptura de los vínculos valorativos que dan consistencia y proyección a la nación.

En este proceso de agudización de contradicciones se ha estado realizando un reordenamiento institucional, desde la base constitucional hasta el conjunto de leyes que conforman el orden jurídico, el marco normativo en el que se desenvuelven las diversas actividades públicas y privadas. No siempre las leyes reflejan el consenso, la comunidad de intereses, la orientación superior del bien colectivo. Pero las leyes –empezando por la fundamental que es la Constitución– deben reflejar el futuro, la expectativa de cambio, la prefiguración del país que necesitamos y queremos y por el cual estamos dispuestos a servir, a luchar, a trabajar. Desde un punto de vista formal, pero trascendente, las leyes representan el enlace entre el presente y el futuro y, al mismo tiempo, la continuidad del proceso histórico nacional, sujeto a transformación. Las actuaciones del poder público y las del poder privado –mejor dicho social– dan contenido real a las leyes y por ello esas actuaciones deben ser ponderadas, en la perspectiva de que, más allá de lo cotidiano, se gesta, en cada coyuntura, la vida de mañana y del tiempo potencial que va incorporándose en las aspiraciones, en las esperanzas de los venezolanos.

La transición implica que los factores del pasado, los que en su momento y circunstancia determinaron el quehacer y el ser de la vida nacional, en lo económico, en lo político, en lo cultural, entraron en crisis, se agotaron, cada uno en su espacio funcional, y deben ser reemplazados por nuevos factores para enfrentar nuevos problemas, realidades cambiantes, necesidades emergentes. Por ejemplo, el papel del petróleo no puede ser el mismo de hace 20 ó 10 años. La etapa primaria de su explotación y de su aprovechamiento es cada vez más inadecuada. El Estado no puede seguir sustentándose principalmente de los recursos del petróleo y no puede –no debe– seguir utilizándolos para cubrir las exigencias fiscales que corresponden a la tributación ordinaria. El petróleo puede servir de poderoso medio para una nueva estructura industrial con proyección en nuestras relaciones internacionales. El petróleo no puede seguir siendo el vehículo de la vulnerabilidad externa e interna de nuestra economía. No quiere decir esto que la era del petróleo ha pasado: por el contrario, ahora comienza una nueva fase de transformación, de poderosos relieves y de posibilidades múltiples. Es una reflexión y una discusión que tienen que hacerse presentes en la vida política, institucional, económica, cultural, más allá de la contingencia, de la confrontación estéril, de la urgencia fiscal y financiera.

No es sólo el petróleo. Hay que reestructurar la economía y las relaciones sociales. Por supuesto, hay que reformar al Estado. Al decir relaciones sociales quiero significar los planos de la dinámica colectiva: las relaciones que ordenan las decisiones estratégicas de las que depende el desenvolvimiento del país, entre el Estado, el sector empresarial, el sector laboral, la sociedad civil como escenario de integración; y las relaciones entre los factores de generación de riqueza: la fuerza de trabajo, la gestión empresarial, el consumidor y el ahorrista. La evolución de las empresas no puede ser ajena al interés del trabajador, al del consumidor, al del ciudadano como tal; esas relaciones no sólo se expresan en un salario real, sino en participación en la gestión de la empresa, que no es un asunto de la pura competencia del interés privado, sino preocupación activa de la sociedad. Esto es algo más que una oferta y demanda de bienes, servicios y factores, algo más que la omnipotencia del mercado, algo más que la intervención del Estado: se trata de un nuevo pacto social; para crear riqueza, bienestar, seguridad y dignidad para todos.

Las funciones y facultades del Gobierno son limitadas. Lo son las del Estado, que no se restringe a la organización y el funcionamiento de los poderes públicos tradicionales o convencionales, sino que incorpora en su ámbito de relaciones las instituciones de la sociedad: económicas, políticas, culturales, representativas y participativas. El Estado no puede ser un ente providencial, del cual dependen exclusivamente los bienes y los males, las soluciones y las orientaciones y en el cual se concentran las responsabilidades y las culpas. El Estado debe ser la expresión orgánica, funcional, de los intereses del común. Ello extraña un nuevo concepto de oposición política o ideológica, según el cual el libre ejercicio de la crítica incluye el de la autocrítica, el deber de presentar soluciones, indicar caminos, demostrar actitud y aptitud para ser una alternativa. En este sentido la oposición es indispensable, forma parte del orden social, debe ser una condición del Estado. No es la simple confrontación: es una grave responsabilidad.


El Nacional - Miércoles 04 de Agosto de 2004 A/8
Petróleo siglo XXI
D.F. Maza Zavala

Parece que estamos atravesando el umbral de una nueva era del petróleo. Es temprano aún para determinar si se trata de una coyuntura de mediano plazo o de una tendencia.

Se observan factores calificados como eventuales y otros de índole relativamente permanente. Entre los primeros hay que mencionar: la situación de Irak, los trastornos temporales en la producción de Rusia y la escuela del paro petrolero en Venezuela. Entre los segundos:
la incorporación de China y la India como grandes consumidores de hidrocarburos, la recuperación económica de Estados Unidos y Europa, así como el crecimiento de la América Latina. Todo ello por lo que afecta al mercado, sobre todo desde el lado de la demanda. En cuanto a la oferta, salvo la impredecible vuelta de Irak al mercado, la normalización de la actividad en Rusia y la pregonada potencialidad de Arabia Saudita, los signos son de una aproximación al equilibrio con respecto a la demanda. La producción del Mar del Norte (Europa) se muestra relativamente estancada desde hace varios años, en tanto que la de Libia probablemente se amplíe dada la nueva orientación política en ese país. La OPEP, que aporta alrededor de un tercio del total mundial, tiene una función estabilizadora.

La tasa de crecimiento de la demanda de petróleo se calcula entre 3% y 3,5% anual para los próximos años. Los inventarios no están en su mayor nivel. Todo concurre a pensar que los precios del petróleo se desenvolverán en un plano satisfactorio, dentro de una banda que podría situarse entre 28 y 32 dólares el barril, lo que estimularía las inversiones en esta actividad. El mundo continuará sustentándose en el flujo de hidrocarburos (petróleo y gas) por un tiempo largo. Aunque surjan otros energéticos aquéllos figurarán en buena posición en el balance global.

Así el siglo XXI, como el XX, es el siglo del petróleo y el gas.

Interesa examinar, en términos generales, la perspectiva venezolana.

Actualmente atravesamos una coyuntura que conviene analizar y proyectar. Se descarta que tenemos un potencial considerable en hidrocarburos, con reservas probadas y probables que permiten una explotación importante por varios años; sin embargo, conviene fortalecer y ampliar ese potencial dentro de márgenes razonables, teniendo en cuenta nuestras necesidades de desarrollo y la exigencia de conservación.

La producción actual se calcula en más de 3 millones de barriles diarios, de los cuales Pdvsa aporta alrededor de 2,6 millones y el sector privado 0,5 millones. El restablecimiento de nuestra industria –lesionada por el paro petrolero contra el país– podrá elevar los niveles mencionados, asegurándose una exportación de crudo y derivados de 2,6 a 2,8 millones de barriles diarios. Es posible calcular una banda de precios a mediano plazo entre 26 y 28 dólares y a largo plazo entre 24 y 26 dólares. En todo caso es razonable contar con un ingreso bruto de exportación de alrededor de 26 millardos de dólares, si se incluyen un porcentaje de lo que exporta el sector petrolero privado.

La situación es propicia para la proyección de una estrategia petrolera de largo plazo ajustada al desarrollo nacional, como la principal palanca para lograrlo en un tiempo que pudiera extenderse hasta los próximos 25 años.

La estrategia petrolera, como pieza maestra de la estrategia de desarrollo, tiene que ser discutida con la participación de todos los sectores de la vida nacional, orientada únicamente por el interés nacional. La decisión suprema corresponde al poder público, a la expresión orgánica e integral del Estado. Modestamente, con propósito ilustrativo, me permito sugerir algunos lineamientos al respecto.

En primer lugar la disyuntiva entre producción y precios debe ser resuelta de la única manera sostenible:
lograr la optimización del excedente petrolero. Las dos variables implicadas deben ser ponderadas con los datos disponibles y dentro de las restricciones necesarias:
no controlamos los precios y estamos comprometidos a la disciplina conveniente de la OPEP. Tenemos también la frontera del potencial, dentro de un criterio técnico/económico de conservación. Hay que procurar inversiones tanto para fortalecer como para ampliar el potencial; no sólo para esto, sino también para profundizar en la producción de derivados de los hidrocarburos con valor agregado nacional creciente.

Una visión preliminar –que siempre he mantenido– es la de que la nueva economía venezolana debe tener un núcleo energético, constituido por los recursos de esa índole y que permite el establecimiento de un potencial productivo diversificado, pero coherente; minería, metalurgia, agricultura, explotación forestal, manufactura, petroquímica, metalmecánica, construcción y otros sectores y ramas. Por ello el excedente petrolero debe constituir un fondo de estabilización y desarrollo, lo que obliga a una reestructuración de las finanzas públicas y al diseño y ejercicio de políticas macroeconómicas coordinadas. El petróleo debe ser un factor integrador interno y externo (a escala regional), de soberanía real y base del nivel y la calidad de vida de nuestra población.

selección de artículos: dignidad y palabra

EL NACIONAL - Martes 09 de Noviembre de 2010 Opinión/7
La dignidad civil
D.F. Maza Zavala

Durante 88 años fue pacientemente hilvanando, desde una infancia dura y llena de dificultades, una vida que acaso pudiera definirse con una sola palabra: honestidad. A partir de ella derivó toda su acción como político (que lo fue y de manera admirable), como economista que nunca se dejó encerrar por cifras y documentos, sino que salió a la calle a divulgar entre los lectores esa ciencia económica tan hermética para el común de los mortales.

Honesto fue también Domingo Felipe Maza Zavala en la práctica inmediata y arriesgada del periodismo de izquierda en los tormentosos años sesenta y luego, también, en el ejercicio académico como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde no sólo apoyó con entusiasmo numerosos proyectos de investigación, sino que dio impulso a un vasto plan de publicaciones para que esos estudios se divulgaran como nunca antes. Todavía hoy se le recuerda con su voz profunda y pausada bautizando tanto los libros de veteranos profesores como los de jóvenes investigadores.

Su labor parlamentaria no fue menor en importancia y trascendencia. Resultó electo diputado por el MAS por dos períodos y aceptó responsabilidades en las comisiones de Economía y Finanzas y en la reforma de la Ley del Banco Central en 1981.

En el Congreso se le tenía como referencia sensata, por encima de los oportunismos políticos y los vaivenes de la coalición entre partidos.

Sus amigos, sus colegas, los estudiantes y los periodistas lo llamaban a secas "doctor Maza", con ese tono cercano que significaba empatía y respeto, admiración y confianza. Entre los reporteros de la radio, la televisión y la prensa era la persona que nunca dejaba de aceptar una llamada a la hora que fuera para aclarar algún punto económico que estuviera en el tapete. De similar manera se resistía a hablar cuando lo consideraba conveniente, pero igual atendía al periodista y le daba sus razones para no opinar. Jamás se ocultó tras una nube de asistentes o secretarias para bloquear el acceso a la prensa, como ocurre ahora con cualquier saltimbanqui rojo rojito, ignorante y guisador.

Su vida austera, sencilla y extremadamente apegada a los principios de solidaridad social fue y seguirá siendo un ejemplo para todos los economistas de este país porque nunca se doblegó a las exigencias del poder ni a los sectarismos de la política. Demostró que se puede ser maestro rural, profesor universitario, diputado al Congreso, decano en la UCV y miembro del directorio del Banco Central de Venezuela, sin bajar la cabeza ni arrodillarse vergonzosamente ante un sátrapa militar.

Este gobierno trata ahora de mostrarse como amigo de Maza Zavala. No lo fue en vida, porque nuestro amado profesor fue insultado en televisión por el presidente de la república en varias ocasiones. Incluso, en las paredes de la sede del BCV las bandas chavistas pintaron graffiti ofensivos contra este civil ejemplar.

Eso no se olvida.

EL NACIONAL - Jueves 21 de Mayo de 2009 Opinión/11
La palabra de los economistas
D. F. MAZA ZAVALA

He sostenido la tesis de que la economía y, por tanto, la sociedad venezolana, está gravemente afectada en su desenvolvimiento por una crisis estructural y, en relación con esto, de las políticas que los gobiernos han ejecutado para solucionar los problemas del crecimiento. A fines del siglo pasado esta crisis se hizo evidente y surgió la figura de Hugo Chávez Frías con relieves de esperanza en la necesidad de un cambio significativo. Pocos, si es que algunos, pensaban en un cambio radical; se esperaban reformas avanzadas que permitieran abrir los cauces de un crecimiento sostenido, equilibrado y equitativo. Lo que ocurrió después es conocido. Sirva esta referencia para indicar que a la crisis mencionada se agrega otra, que resulta del propósito manifiesto del Presidente de la República de implantar acelerada y forzadamente un régimen económico-social y político, con la denominación de socialismo del siglo XXI, no bien definido, aunque se manifiesta en las actuaciones oficiales orientadas al fortalecimiento creciente del Estado, a la centralización y concentración de los poderes públicos, a la reducción del ámbito económico del sector privado y aun de los derechos y beneficios de importantes grupos de trabajadores. Este proceso genera otra crisis mucho más complicada que la previamente existente. Una tercera crisis se ha presentado como efecto o consecuencia de la que sufre la economía mundial, cuyo reflejo más vivo en nuestra economía consiste en la caída vertical de los precios del petróleo.

Por tanto, se trata de una triple crisis, de un nudo excepcionalmente intrincado que requiere un tratamiento estratégico de alcances necesarios.

El Gobierno no ha apreciado, por lo que se observa, la severidad y profundidad de la situación que el país padece. Su respuesta tardía y preliminar consiste en unas medidas coyunturales de orden fiscal, con una reformulación del presupuesto de ingresos y gastos, que resulta en un reajuste de 7% en términos nominales y de 19% en términos efectivos.

Para reforzar el ingreso fiscal se aumentó el IVA de 9% a 12%, lo que, según el índice de precios BCV-INE, apenas se reflejó en la dinámica del mercado. La contracción del gasto público sí se deja sentir en los recortes aplicados a las asignaciones a diferentes entes públicos y la virtual contención de los ajustes salariales. Otra manifestación de la situación recesiva se observa en el régimen cambiario: descenso de más de un tercio en las autorizaciones para importar y restricciones considerables en las asignaciones para tarjetas de crédito.

La dependencia del petró1eo genera inestabilidad, vulnerabilidad y limita la visión y la gestión de largo plazo, de la cual deriva el crecimiento económico. Hay que agregar la importación de bienes esenciales para la producción, la inversión y el consumo, en virtud de que la producción interna real ha sufrido los efectos de la incertidumbre, las tomas oficiales de propiedades, activos e instalaciones, sin que haya contrapartida en la creación de riqueza por las empresas del Estado. La recurrencia a las importaciones para cubrir la brecha deficitaria entre la oferta y la demanda de bienes está ahora comprometida por la escasez de la capacidad para importar. La perspectiva, sin ánimo de alarmar porque no está en nuestro interés, es muy preocupante; es probable que este año los indicadores macroeconómicos señalen tasas de actividad muy bajas o negativas, mayor desempleo, mayor inflación, deterioro del nivel de consumo y de inversión y saldos adversos de la balanza de pagos. Se requiere con urgencia un entendimiento entre el Gobierno y los diferentes sectores de la economía y la sociedad, para llegar a un acuerdo eficaz para superar los perfiles más agudos de la crisis y abrir camino a soluciones de largo plazo.

selección de artículos: vicisitudes

EL NACIONAL - Jueves 28 de Enero de 2010 Opinión/8
Economía en suspenso
D. F. MAZA ZAVALA

La transformación de una economía es un proceso organizado según un plan viable y consistente, en prosecución de objetivos que se consideran de interés común y convenientes.

En el caso venezolano actual, existe en los hechos un proceso de cambio cuyo propósito, al parecer, es el de implantar en el país un sistema calificado como socialismo del siglo XXI, en sustitución del que existe, definido por la Constitución como de economía social de mercado, con participación del Estado bajo la forma de un sector público productor de bienes y servicios que se transan en el mercado, y poseedor de medios de producción, circulación y distribución importantes, instituciones financieras, organismos de comercialización, de transporte colectivo y el Banco Central. El sector privado comprende una gama amplia de actividades económicas que constituyen alrededor de 65% de la economía total. Esta composición de la economía se ha calificado como mixta, en la que el Estado tiene la facultad de regular, planificar, intervenir y orientar al conjunto, con el fin de promover, orgánica y equilibradamente, el desarrollo económico y social. Según la actuación del gobierno, el designio de éste es cambiar el orden constitucional vigente y establecer un sistema en el cual el espacio económico del Estado sería determinante y la actividad privada sólo marginal.

El Gobierno ha tomado posesión de empresas, explotaciones y propiedades del dominio privado, bajo distintos pretextos, y se observa inseguridad económica, desconcierto y necesidad de una definición clara y precisa de los alcances de sus actuaciones. En esta situación el gasto público no es suficientemente eficaz para contrarrestar los factores recesivos. El ingreso fiscal ordinario se queda rezagado con respecto al gasto; se ha recurrido al endeudamiento pero éste es costoso; no conviene un aumento de la carga tributaria en términos normales y por ello se toma la medida de la devaluación que es realmente un impuesto indirecto, con beneficios fiscales considerables, pero con efectos ominosos para la gente que no puede de inmediato reajustar sus ingresos monetarios en relación con el inevitable impulso adicional en los precios.

El socialismo, según Carlos Marx, no se establece por decreto o por el empeño personal de un individuo o un grupo, sino en virtud de circunstancias históricas, en reemplazo del capitalismo cuando éste ha agotado su potencial de desarrollo y entra en crisis, la cual determina una revolución social. En Venezuela el capitalismo no se ha desarrollado a plenitud y ello plantea la necesidad de considerar reformas profundas, para lograr un desarrollo que tenga como objetivo el bienestar integral del ser humano. Lo que hasta ahora ha actuado el régimen bajo el rótulo de socialismo es una absorción impulsiva de funciones, actividades, empresas y propiedades que exigen para su administración eficiencia gerencial, lo que escasea en los medios oficiales. Lo que se ha logrado es un estatismo ineficiente. La participación social, principalmente de los trabajadores, en la gestión económica del sector público está ausente; incluso, la gestión de las comunidades no se ha desarrollado; todo depende de lo que el Gobierno haga o deje de hacer.

Problemas de mucha monta reclaman una verdadera transformación en la gestión pública y en la vida social, pero no se plantean soluciones eficaces por parte del Estado. Lo práctico es que a la par de que se toman providencias de corto plazo, se proyecten soluciones de fondo y se asignen los recursos económicos y técnicos y el personal para cada caso. De no hacerse así los problemas se agravarán hasta el punto de colapso, para tormento de una colectividad que padece sus consecuencias, pero cuya paciencia se agota.


El Nacional - Miércoles 06 de Agosto de 2003 A/7
Lecciones del control de cambio
D.F. Maza Zavala

Independientemente del funcionamiento del régimen de control de cambio establecido en febrero –que, según las últimas informaciones tiende a mejorar– algunas lecciones pueden obtenerse de este breve tiempo, tan conmovido por las circunstancias de la vida política y social, cuya expresión más dramática, en lo económico, ha sido la caída del PBI en el primer trimestre del año, suceso que no se repetirá en la proporción en que se manifestó. No se puede atribuir al control de cambio la causa principal de ese resultado, sino a la secuela negativa del paro de actividades –destacadamente el petrolero- entre diciembre de 2002 y enero de 2003, que más que golpear al Gobierno lo hizo a la economía y al país. Es probable que el PBI de este año acuse una contracción real de 12% o 14%, en lo que es razonable considerar como uno de los factores al régimen cambiario.

La primera lección que, en mi opinión, deriva de la experiencia cambiaria es la de que el país sufre cada vez más la adicción a las divisas. Casi todo, al parecer, gira en torno a su suministro: la producción, la inversión, el consumo, el bienestar, la salud, la cultura, la recreación, la seguridad, entre otras variables de la vida nacional. El bolívar ha llegado a ser prácticamente un medio para acceder a la divisa extranjera:
la demanda de moneda nacional se subordina a la de moneda de Estados Unidos. Inclusive para exportar se requiere el dólar. Ello indica que la dependencia económica con respecto a la disponibilidad de divisas ha aumentado.

La segunda lección, menos evidente, es que pueden estar creándose las condiciones para una cierta disciplina en el uso de las divisas, dada su escasez. En este país hemos dispuesto de divisas para todo, para lo necesario y lo superfluo, para transferir fondos al exterior y para especular. Debemos adquirir conciencia de que la divisa es un bien valioso, particularmente la que es generada por la actividad petrolera, pues procede de la liquidación de un patrimonio natural de propiedad nacional, agotable, y su aplicación tiene que ser para crear capacidad productiva alterna y desarrollo social, y no para el consumo no esencial.

En lo anterior destaca la necesidad de una diversificación de la economía, para reducir progresivamente la dependencia del petróleo, que envuelve el riesgo de vulnerabilidad, de inestabilidad, de insuficiencia y de agotabilidad en el largo plazo. Es verdad que en el mundo de hoy globalizador, falsamente interdependiente, no puede aspirarse a la autosuficiencia, sino a conquistar y sostener un espacio de desarrollo que no esté bajo el signo de la incertidumbre ni de la contingencia, sino bajo nuestro dominio relativo. Es una verdad histórica que Venezuela se ha orientado al comercio exterior que, inclusive, su posición geográfica y la índole de sus recursos naturales sustentan esa vocación que debe ser equilibrada en el sentido del intercambio real.

No tengo la noción precisa de en qué momento se interrumpió el proceso de sustitución de importaciones; pero conviene renovarlo sobre nuevas bases, en función de nuestras ventajas comparativas y competitivas y en orden a nuestras necesidades reales, mediante la reorientación de los patrones de consumo, de producción e inversión, elementos fundamentales del desarrollo cultural.

De la misma manera es conveniente estimular, fortalecer y reestructurar las exportaciones llamadas no tradicionales, inclusive en el campo de los hidrocarburos, la minería y la energía, profundizando el esquema de productos y servicios de creciente valor agregado nacional.

En otros aspectos no menos importantes pueden apreciarse lecciones de la experiencia cambiaria:
hemos podido acumular reservas internacionales en magnitudes significativas, lo que es positivo hasta cierto punto, en tanto que esa acumulación permita fortalecer la imagen de solvencia del país, favorezca la confianza de los inversionistas y permita un manojo prudente del crédito público internacional; pero si la acumulación, más allá de un nivel óptimo, se hace a expensas del crecimiento económico y el bienestar, deja de ser deseable.

En el mismo orden de ideas hay que señalar que el control de cambio ha tenido como consecuencia un aumento de la liquidez monetaria, con perfiles positivos y negativos: En lo positivo, han bajado las tasas activas de interés, haciéndose menos costos en términos financieros el crédito y el consumo y permitiendo un espacio mayor a la deuda pública interna, aunque ello no ha estimulado sensiblemente la demanda privada de crédito; en lo negativo, y por la misma razón mencionada, el excedente de liquidez no ha beneficiado a la economía, porque son estrechos y precarios los canales hacia su aprovechamiento productivo, de modo que el BCV ha servido de receptáculo a ese excedente, incurriendo en costos monetarios. Hay que hacer énfasis en la necesidad de una reforma del sistema financiero, que propicie el mejor uso de los recursos crediticios y fortalezca el equilibrio del sistema.

No huelga decir que para optimizar los efectos positivos del control de cambio son indispensables políticas públicas concurrentes a la estabilización macroeconómica y la reactivación del aparato productivo. Se requiere la concordancia, la cooperación y la complementación entre los sectores públicos y privado.


EL NACIONAL - Jueves 11 de Febrero de 2010 Opinión/9
Invertir en Panamá
D. F. MAZA ZAVALA

Panamá es un pequeño país centroamericano que hasta comienzos del siglo XX for mó parte de Colombia. Su independencia se debió a la imposición de Estados Unidos, que la requería para negociar la construcción del canal interoceánico.

Panamá, cuya economía es esencialmente de servicios, ahora se ha convertido en importante centro financiero internacional y en lugar de trabajo para los emigrantes de otros países latinoamericanos, Venezuela entre estos. Es lo que se califica como un paraíso fiscal, cambiario, financiero y turístico. En razón de ello sus ingresos son elevados y atraviesa una etapa de bonanza.

El objeto de este artículo es poner de manifiesto el contraste entre lo que ocu rre en Venezuela y lo que ocurre en Panamá. Capitales venezolanos afluyen a ese país en magnitudes apreciables, y también existe un flujo de personas en busca de oportunidades. Panamá ofrece seguridad física, económica, cambiaria, estabilidad política e institucional, lo que falta en Venezuela. Emigra desde aquí no sólo el capital financiero sino también el talento, la aptitud y la voluntad de emprendimiento, una pérdida más sensible que la financiera. Emigra la juventud, su afán de vivir y hacer. Podría parecer que esta emigración humana ha perdido su afecto a esta tierra; podría interpretarse que es una deserción y que la conciencia patriótica ha fallado en los que se van.

Así mismo, parecería como si los inversionistas, los ahorristas buscan generar en otro país la actividad que se canaliza a la creación de riqueza, la multiplicación de oportunidades rentables, pero so bre todo la seguridad, el resguardar de las amenazas, del riesgo que emerge de un mal tratamiento institucional y arbitrario, para los fondos invertibles.

No tiene por qué ser así. Este es un país que ha podido disfrutar de su singular posición de exportador de petróleo y de su dotación múltiple de recursos naturales, mineros, forestales, agrícolas, marítimos, climáticos y de su situación geográfica al norte de Amé rica del Sur, en las rutas internacionales, abierto a los horizontes del mundo. Los venezo lanos han sido hasta hace pocos años poco propensos a la emigración, militantes de la libertad, de la paz, de la solidaridad, del buen humor. Cuántos recursos financieros se hubieran podido invertir en el desarrollo de esta economía. De modo distinto, lamentablemente, nuestra balanza de pagos registra con penosa constancia la salida de capitales: cada año millardos de dólares, financiada esa salida por los proventos del petróleo. Estamos en la paradójica situación de un país en que el ahorro nacional excede ampliamen te la inversión interna, como si el ahorro no encontrara aquí formas y medios de coloca ción provechosa y se extrovierte. Pero la realidad es que la necesidad de inversiones públicas y privadas es perentoria, inclusi ve en la propia industria petrolera, matriz de los ingresos. Las industrias llamadas bási cas de Guayana languidecen por falta de inversiones; la infraestructura física del país se deteriora y quebranta por falta de inversiones, la generación de hidroelecricidad que suministra esta energía a más de la mitad del país está bajo grave riesgo. La última bonanza petrolera ha concluido, al parecer, bajo la incidencia de la crisis mundial. El Gobierno confía en la recuperación de los precios del pe tróleo; pero los indicios no per miten sustentar el optimismo. Hay que multiplicar los bolívares sobre la base de dólares escasos. Inflación, devaluación, escasez de bienes, crisis de servicios básicos, caída del PIB, aumento del falso empleo. Mientras ello ocurre, ahorristas, inversionistas venezolanos buscan el alero de Panamá, un pequeño país sin más recur sos que servir de asiento al canal y al turismo.

¿Dónde está el futuro?

EL NACIONAL - Jueves 22 de Abril de 2010 Opinión/8
Contrastes del bicentenario
D. F. MAZA ZAVALA

Se celebra el bicentenario del movimiento de Independencia. Como ha sido analizado por historiadores calificados y politólogos de alta escuela, ese movimiento fue puramente civil. Los actos de la celebración de la fecha patriótica muestran, en primer lugar, el poderío militar; pero hay escasas manifestaciones, si es que hay alguna, del grado de fortaleza económica que haya alcanzado el país. La consistencia de la nacionalidad descansa materialmente en el potencial económico y el bienestar social que ello permite y genera. Ahora, a 200 años de la gesta caraqueña, la economía venezolana presenta múltiples fracturas estructurales y debilidad de sostenimiento. En los 2 siglos de nuestra historia hemos pasado de un país dependiente de la agricultura de exportación a uno mucho más dependiente de la exportación de petróleo. Los proventos derivados de esta actividad han sido suficientes para la construcción de una base económica reproductiva, autosostenible, equilibrada y equitativa, para asegurar un nivel de calidad de vida muy satisfactorio.

Lejos de eso, tenemos que importar desde los alimentos básicos hasta los bienes y servicios de consumo y producción para mantener una industria en estado casi de postración y un patrón de vida para la mayoría caracterizado por lo menguado de sus satisfacciones y lo inestable de los factores que lo determinan.

La sociedad del café y el cacao era modesta, aferrada a viejos estilos y valores, aunque profundamente desigual.

La sociedad del petróleo se desenvuelve en la zozobra, las expectativas contradictorias y la incertidumbre. La seguridad alimentaria, que hace 200 años se sustentaba en los frutos de la tierra y del trabajo, ahora se sustenta en la capacidad y la oportunidad de importar los alimentos que ayer producíamos e, incluso, exportábamos.

Nada hay más riesgoso para un país que depender de lo que podamos comprar en el extranjero. Todo ello se paga con petróleo, es decir, con riqueza transitoria, agotable e inestable. La seguridad económica es más necesaria que la militar, en el entendido también de que esta última no existe aisladamente sino en relación con el potencial económico.

El bicentenario este año y el próximo es una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro como nación. Más allá de los símbolos patrios, de la leyenda heroica, del pasado glorioso, la realidad se impone como problema y como desafío de transformación. Tenemos ante nosotros el espejismo de la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de petróleo pesado del mundo. Sin embargo, un país no puede confiar sus destinos únicamente a un prospecto petrolero, que, por otra parte, exige la inversión de ingentes fondos financieros y de elevada tecnología. Aun si se confía en ese potencial, hay que establecer un destino para los proventos que de ello se obtengan.

Esos recursos deben constituir una buena oportunidad para un nuevo estilo de crecimiento, fundado en actividades reproductivas, multiplicadoras de inversión y empleo, constitutivas de una estructura económica fuerte y progresiva.

Es indispensable un proyecto de desarrollo que sea compartido por todos los sectores del país y que estén dispuestos a poner de su parte para llevarlo adelante. Un diseño sencillo, transparente, claro, viable, que represente las aspiraciones y los sueños de los venezolanos.

No se requieren genialidades administrativas o técnicas para emprender las acciones que reclama el colectivo. Tampoco hay problema crucial de recursos económicos, pues la crisis inducida por la coyuntura recesiva internacional, está de paso y puede esperarse promedios de precios para el petróleo venezolano de entre 65 y 75 dólares el barril. La exigencia es de voluntad política y elevado interés público para lo que haya que hacer.

EL NACIONAL - Jueves 06 de Mayo de 2010 Opinión/9
La geografía de la pobreza
D. F. MAZA ZAVALA

El Instituto Nacional de Estadística, bajo la dirección de Elías Eljuri, ha levantado un mapa de la desigualdad y la pobreza del país, incorporado en la publicación Síntesis estadística nacional, cuya versión periodística realizó El Nacional (02/05/10) y que por la importancia del tema, su actualidad y proyección merece un comentario sin pretensión de análisis. Hace tiempo el sociólogo brasileño Josué de Castro hizo una investigación famosa que tituló Geografía del hambre, en que se destaca que el hambre es un flagelo mundial, particularmente grave en las dos terceras partes de la población humana, la subdesarrollada, sumergida en el atraso, presa prematura de la muerte. La geografía humana es de fuertes contrastes, es un asiento desigual de los seres humanos, reveladora de que el progreso se distribuye muy desigualmente y hay persistentes extremos de riqueza y miseria.

Venezuela, por su petróleo, adquirió fama de país próspero, afortunado, de ingreso seguro para una población relativamente escasa. En la era del petróleo, la población creció de menos de 3 millones a 28 millones, es decir, más de 9 veces. La mayor parte reside en centros urbanos (85%), pero estos evidencian que numerosos grupos de habitantes forman el cinturón de pobreza. La relativa prosperidad se observa en los sectores residenciales de las ciudades. El índice de 32% de pobreza como media nacional que calcula el INE, oculta realidades dramáticas, característica de los promedios estadísticos: cada venezolano debe percibir alrededor de 7.000 dólares anuales, ingreso que le permitiría vivir al menos sin hambre y otras expresiones crudas de la pobreza real; lo que ocurre es que el ingreso se reparte muy desigualmente entre la población: 20% percibe en conjunto 65% del ingreso nacional, en tanto que 80% apenas sobrevive con 35%. La infraestructura física, las instalaciones de servicios básicos, la dotación de vivienda sana y segura, están fuera del alcance de esa mayoría social.

El gobierno actual ha difundido parte del ingreso petrolero bajo la forma de misiones, pensiones, subsidios, sostenimiento de milicias; pero no basta con el ingreso monetario transitorio: hay que rescatar de la pobreza a la población, ofreciéndole acceso efectivo a los servicios de salud, educación, transporte, vivienda y, sobre todo, trabajo productivo, estable, digno.

Las cifras del INE revelan fuerte desigualdad interregional: Barinas registra 52% de pobreza; Apure, 44%; Portuguesa, 42%; Delta Amacuro, 42%; Amazonas, 37%. El país del petróleo ­que ha percibido en los últimos 20 años más de 1.300.000 millones de dólares­ se divide entre los residentes prósperos de las ciudades principales, los pobres marginales de los centros urbanos y los de las zonas rurales.

Pobreza no es sólo carencia crítica de alimentos: también es vivienda precaria e insegura, niños sin escuela, graves deficiencias en la atención de salud, desempleo, caldo de cultivo de la delincuencia, lazos familiares débiles o inexistentes, inestabilidad ocupacional, basura acumulada en las estrechas calles de los barrios marginales, entre otros aspectos del rostro feo de la vida. No se deja de ser pobre porque se perciba un subsidio, una pensión, una ayuda monetaria, una cesta de alimentos. Este tipo de pobreza no revelado por las estadísticas, pero existente, debe ser superado mediante políticas sociales adecuadas, como parte de la estrategia general de crecimiento y bienestar. No se trata, por supuesto, de metas utópicas de igualdad absoluta, sino de un patrón distributivo que favorezca la difusión posible del bienestar.

Hay posibilidad y necesidad de hacerlo; para ello se requiere solidaridad social, clima de entendimiento, propósito de reintegración de la sociedad venezolana, reafirmación de la conciencia nacional: no sólo símbolos y nombres, sino procesos reales de cambio.

EL NACIONAL - Jueves 03 de Junio de 2010 Opinión/9
La política social
D. F. MAZA ZAVALA

El objetivo de la política social es corregir los desequilibrios que genera la economía de mercado y que los mecanismos culturales acentúan, lo que da por resultado la profundización de la desigualdad social. En Venezuela el objetivo indicado toma una caracterización especial al considerar que el Estado percibe y administra el excedente petrolero nacional. En este país el Estado tiene una doble función: contribuir a la creación de una economía reproductiva, equilibrada, en la que el petróleo sea incorporado como un factor que facilite la transformación progresiva de la base económica, y propiciar e impulsar un desarrollo social que eleve el nivel de vida de la población.

El Gobierno actual no cumple evidentemente esa doble función, pues, en lugar de proponerse el desarrollo económico y social, actúa para frenar y desorganizar las fuerzas productivas existentes, lo que genera la fragmentación del aparato productivo y de la propia sociedad. El Gobierno ha considerado que con la difusión inorgánica de ingresos entre grupos sociales no favorecidos ha cumplido la función distributiva que le impone la institucionalidad del Estado; pero no cumple con lo ordenado por la Constitución en el sentido de que el ingreso petrolero fiscal sea aplicado preferentemente a la creación de riqueza útil y al mejoramiento consistente de las condiciones de vida de la población. Los resultados de la gestión han sido frustrantes: caída del producto real del país, colapso de la inversión, contracción del consumo, persistencia de la inflación, inseguridad alimentaria, postración de las industrias básicas de Guayana, aumento del desempleo, deterioro de los centros públicos de salud y de educación, quebrantamiento de la infraestructura física del país, endeudamiento público sin contrapartida en la creación de potencial productivo y declinación del potencial efectivo de la industria petrolera.

El Gobierno, según su propia declaración, reiterativa, persigue una transformación del sistema económico, que la Constitución define como economía de mercado con proyección social, en una economía de Estado con mínima participación privada y elevada concentración de facultades, recursos y poderes en la Presidencia. Lo que llama la atención es la exclusión de hecho de los trabajadores de este proyecto y la negación de sus derechos sociales, el deterioro de sus salarios reales, la ausencia de participación laboral en el proceso llamado de socialización que en esencia es estatización.

Se considera generalmente que trabajadores y empresarios tienen intereses contrapuestos. Sin embargo, existe la posibilidad de una cooperación entre los dos factores de la producción: empresas cogestionadas, participación conveniente de trabajadores en la gestión de la empresa. Cuando el empresario es el Estado, con mayor razón hay conveniencia en esa cooperación. En lugar de promover esta posibilidad, el Gobierno excluye a los trabajadores de la gestión de las empresas públicas y, lo que es más irritante, aplica una política de hostigamiento, de negación de derechos, de desempleo, que parece absurda si se proclama el socialismo. Un socialismo que enfrenta a los trabajadores no tiene base.

Para un país como Venezuela, favorecido por la naturaleza, beneficiario de un ingreso relativamente elevado, el bienestar de sus habitantes debe ser obvio, si la administración de esa riqueza es eficiente, orientada por el interés común, pulcra, empeñada en rendir cuentas de manera transparente.

La realidad es dramática: se han perdido por lo menos dos oportunidades de bonanza petrolera: la de 1974-77 y la de 2004-2008. Ahora se pretende que asimilemos el costo de una recesión y de una supuesta transformación que no ha sido discutida a nivel nacional.

EL NACIONAL - Jueves 17 de Junio de 2010 Opinión/8
Régimen cambiario alternativo
D. F. MAZA ZAVALA

El régimen cambiario controlado ha sido modificado por la decisión conjunta del BCV y el Ejecutivo para incorporar las transacciones calificadas como de permuta que se realizaban en el llamado mercado paralelo. Esto significa una ampliación del control de cambio y una modificación importante de éste: el Banco Central de Venezuela interviene directamente en el régimen cambiario mediante una modalidad denominada Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera, Sitme, que funciona con unas bandas con un margen comprendido entre el límite superior (7 bolívares por dólar) y el inferior (5 bolívares por dólar), con un eje promedio de 6 bolívares.

A las operaciones del sistema concurren del lado de la oferta los interesados en vender los títulos públicos (Gobierno y Pdvsa) que poseen contra bolívares, y del lado de la demanda los interesados en adquirirlos con bolívares. La relación entre oferta y demanda determina día a día hábil un tipo de cambio: si la oferta supera la demanda, el tipo de cambio se sitúa hacia el límite inferior y si ocurre lo contrario, se desplaza hacia el límite superior; si hubiere equilibrio el tipo de cambio se situaría en el promedio de 6 bolívares.

No se trata de un mercado libre de títulos cambiarios, ya que tanto la oferta como la demanda están restringidos y el tipo de cambio regulado. Los títulos se ofrecen a través de los bancos y entidades de ahorro y préstamo, bien sea por cuenta de estos o por la de clientes.

Hasta ahora la disposición a vender es voluntaria y el acervo de títulos bastante limitado; sus precios dependen mucho de las cotizaciones de ellos en los mercados internacionales, hasta ahora por debajo de su precio de compra y de su valor nominal.

La demanda está muy restringida y condicionada, con cupos determinados para personas naturales y jurídicas y para atender necesidades específicas de pago o gasto en el exterior. Los potenciales compradores deben tener una cuenta bancaria en el exterior en la cual se depositen las divisas obtenidas, lo que virtualmente excluye a buen número de particulares y de pequeñas empresas. El Banco Central de Venezuela, como árbitro y operador, consulta si los demandantes han obtenido divisas de Cadivi y el margen no satisfecho de sus requerimientos, así como las aplicaciones de las divisas que pudieran obtener en el Sitme. Ello permite advertir que se trata de una extensión del control de cambio y que es complementario de Cadivi.

Los particulares van a experimentar dificultades para acceder a ese sistema, lo mismo que pequeñas empresas, tanto para vender como para comprar títulos (divisas). La evolución de este régimen de transacciones va a ser lenta y sufrirá modificaciones, una de las cuales podría ser la de las bandas limitantes. Podría presentarse el problema de la escasez de títulos en oferta, lo cual entrabaría las operaciones. Quizá el Gobierno y Petróleos de Venezuela tendrían necesidad de emitir nuevos títulos cambiarios y acaso el propio Banco Central de Venezuela . La capacidad de endeudamiento de estos entes públicos está en el trasfondo del sistema, así como el curso de las cotizaciones de los títulos en el mercado internacional.

La demanda podría superar la oferta en un margen de entre 4 millardos a 6 millardos de dólares, lo que determinaría que el tipo de cambio alternativo se moviera al límite superior.

En todo caso, aunque existan fuertes sanciones para el presunto mercado paralelo, habrá posibilidad de que las demandas no cubiertas ni por Cadivi ni por el Sitme lo fuesen en el mercado paralelo, que pasaría a ser "negro", lo que arrojaría su sombra en la formación de precios de bienes y servicios en alguna proporción.

Si el clima general del país fuese estable, normal, quizá no fuese necesario el control de cambio, porque la moneda nacional se apreciaría y la propensión a tener dólares sería menos acentuada. En ese supuesto, la producción nacional abastecería en alta proporción las necesidades de la población y la economía y la recurrencia a la importación (principal motivo de la demanda de divisas) sería para complementar y no para llenar el vacío de la producción propia. La salida de capital no alcanzaría las magnitudes inquietantes que se registran (un promedio anual de 20 millardos de dólares los últimos 10 años) y esos fondos se aplicarían a la inversión en el país.

El control de cambio es necesario porque si se suspendiera, la salida de dinero al exterior sería incontenible y las reservas del BCV se agotarían.

Algunos sostienen que la liberación del cambio contribuiría a la recuperación de la economía. Yo diría que esa liberación sería favorable con un cambio positivo de la situación política e institucional del país.

EL NACIONAL - Jueves 01 de Julio de 2010 Opinión/9
El drama alimentario
D. F. MAZA ZAVALA

El escándalo con motivo del descubrimiento en diversos lugares de contenedores con alimentos importados en estado de descomposición, tiene muchos aspectos que conviene comentar, que afectan a diferentes organismos de la administración pública, ya que es un problema de programación y coordinación y, por supuesto, de eficiencia, de responsabilidad y honestidad en el manejo de los intereses públicos.

No sólo Pdvsa ­a través de su filial Pdval­ la empresa matriz venezolana, otrora emblema de eficiencia, sino también el Ministerio de Energía y Minas (que controla a Pdvsa), el Ministerio de la Alimentación, el de Agricultura y Tierras, el de Planificación y Finanzas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República (coordinadora administrativa), entre otras dependencias, comparten en este caso responsabilidades que deben ser objeto de sanciones. Sería nefasto que este asunto de tanta monta pasara por debajo de la mesa o fuese confinado al silencio de los archivos.

La importación de alimentos perecederos no es empresa sencilla, sino una que exige experiencia y buen juicio. Colocar al frente de esta actividad a gente inexperta es responsabilidad de Pdvsa, al frente de la cual está el doctor Rafael Ramírez. Importar en exceso de lo que se puede colocar en el mercado y consumir, pone de manifiesto la ausencia de programación y de conocimiento de la materia. La pérdida que implica la descomposición de más de 100.000 toneladas de alimento es doble, por lo menos: pérdida económica, en términos de divisas que son escasas, y pérdida de oportunidad para suministrar alimentos a la población que sufre escasez real y se priva de esos bienes para su subsistencia. ¿Quién o quiénes cargarán con la pérdida? Por supuesto que el común de los venezolanos, no los burócratas enriquecidos que manejan el patrimonio público tan alegremente.

No el contralor de la República que, teniendo la información del caso desde años anteriores ­lo que indica persistencia en la grave irregularidad­ guardó silencio y no actuó como era su deber. No Pdvsa consciente del hecho, aunque tiene que cargar con parte de las pérdidas, lo que implica, una vez más, el común de los venezolanos. La ciudadana fiscal general declara que no supo del asunto hasta que el escándalo estalló.

Tampoco supo de ello la Asamblea Nacional. El entonces ministro de Agricultura y Tierras, Jaua, ocupado en expropiar fincas productivas para reducirlas a la inactividad, no tuvo programa para levantar la producción de alimentos.

Entiendo que siempre ha habido y habrá necesidad de importar alimentos, porque ningún país es autárquico en este sentido. Tendremos siempre que importar trigo y otros productos para cuyo cultivo no tenemos aptitudes naturales. Pero podemos y debemos producir suficiente arroz, azúcar, leche, pollo, huevos, carne de res y de cerdo, aceites vegetales excepto de oliva, y no hablemos de café y cacao. Sin embargo, hemos pasado de la agricultura de adentro a la de puertos. Pero hasta los puertos funcionan mal; después de privatizados, los contenedores de productos importados duermen el sueño de los justos en los almacenes de las aduanas, mientras se efectúan los trámites. Se requiere un tiempo normal calculado para despachar la mercancía importada; pero la burocracia de puertos y aduanas lo trastornó todo y la sombra ominosa de la corrupción se cierne sobre todos los procesos. Pdvsa ha cargado con costos que no le corresponden y su desequilibrio financiero obedece, entre otros factores, a la multiplicidad de funciones que se le han encomendado. El Estado se ha extendido demasiado y muy rápidamente sin consolidar sus funciones y actuaciones.

EL NACIONAL - Sábado 17 de Julio de 2010 Opinión/6
Petróleo para variar
D. F. MAZA ZAVALA

Los secretos del petró1eo parecen ser parte de los secretos de Estado. Los que no pueden ser objeto de duda son los precios del petró1eo.

En 1998 el precio promedio de la cesta venezolana fue de sólo 11 dólares; en 2008 alcanzó un máximo de 86 dólares, cayó a 54 dólares en 2009, y es probable que en 2010 se sitúe en 65 dólares. Es sostenible indicar que un precio de equilibrio para la cesta venezolana sería 70 dólares. A este precio, si la exportación efectiva fuese de 800 millones de barriles anuales, el ingreso bruto alcanzaría 56 millardos de dólares, suficientes para cubrir los costos, hacer la contribución fiscal, las inversiones suficientes de mantenimiento y ampliación y aún obtener un excedente neto; todo ello bajo la condición de que haya una gestión eficiente y pulcra.

En el periodo 1998-2008 el ingreso total obtenido por exportación fue de 700 millardos de dólares en cifras redondeadas; la participación fiscal fue de 250 millardos de dólares, 36% del total. Aparentemente, para el Fisco el petróleo no es un buen negocio, pues debería percibir cuando menos 50% del ingreso total. Sin embargo, la percepción oficial efectiva es superior a la indicada: las funciones y tareas de índole social impuestas a Pdvsa absorben 26 millardos de dólares en el periodo y las aportaciones a Fonden suman 30 millardos de dólares, de tal manera que el Gobierno, de una u otra manera, percibe, además de los 250 millardos de dólares de la participación directa, 56 millardos de dólares en participación indirecta, para un total de 306 millardos de dólares, 44% del total.

En 2008 se informa que la producción fue de 3.260.000 barriles diarios, lo que da un total anual de 1.190 millones de barriles. Si fuese así, sería muy bueno para el país. Pero para determinar la exportación "pagante" hay que deducir varios renglones: consumo interno de 650.000 b/d; exportación "no pagante" a los países amigos y asociados 200.000 b/d; en total hay que deducir 850.000 barriles diarios, o sea, 310 millones anuales, restan para exportación efectiva 880 millones de barriles. ¿Es esto cierto? Si así fuera, no sufriría Pdvsa el calvario de una deuda de 30 millardos de dólares y nuestra balanza de pagos estaría más fortalecida.

El costo de producción de petróleo en Venezuela es de 1,60 dólares el barril; en 1998 era de 3,60 dólares, alrededor de 50% del actual. Pdvsa también sufre los efectos de la inflación en cuanto compra en el país bienes y servicios y paga salarios. Pero el personal adscrito a la petrolera se ha elevado de 20.000 a 80.000 entre 2003 y 2010. Probablemente la industria petrolera venezolana no requiera más de 50.000 personas para sus operaciones, si la productividad fuese satisfactoria. Pero no imagino que se pueda retirar a 30.000 personas en corto plazo sin provocar una conmoción laboral y social.

Las reservas probadas convencionales se sitúan en 80 millardos de barriles; las contenidas en la faja del Orinoco, de petróleos pesados y extrapesados, pero explotables según el adelanto tecnológico y las necesidades de un mercado mundial ahora parcialmente deprimido, alcanzan, según los cálculos más moderados, 140 millardos de barriles, por lo que el total de reservas asciende a 220 millardos, entre las más altas del mundo, si no las más altas. Ese es un patrimonio nacional, un capital en parte efectivo, en parte potencial. Para aprovecharlo racionalmente habría que planificar su explotación, de acuerdo con 3 factores principales: las inversiones requeridas, las tendencias del mercado internacional y el interés nacional, en cuanto a los recursos que se obtengan y puedan ser aplicados para el desarrollo del país.

En ningún caso esas reservas deben ser alienadas a intereses extranjeros urgidos por ese dominio, y urgido el Gobierno por dinero presente.

El Nacional, Caracas, 1ro. de Noviembre de 1997
Maza Zavala visitó el Congreso
La meta de inflación de 1997 tendrá que ser reajustada en 39%

El director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, informó que, pese a que el instituto emisor está haciendo todos los esfuerzos por mantener este año la meta inflacionaria oficial, hay indicios de que la estimación del índice deberá ser reajustada entre 37% y 39%.

La inflación acumulada de este año se ubica en 25,8%, la puntual de septiembre fue de 3,4% y se espera un repunte importante en octubre, noviembre y diciembre, por lo que, a juicio de Maza Zavala, la meta de 35% debe ser reestimada.

El economista realizó una visita sorpresa al Congreso y, aunque no quiso revelar el motivo, comentó que el informe de la Comisión Bicameral de Finanzas sobre el canje de los bonos Brady por globales influirá negativamente en los mercados financiero y cambiario venezolanos, ``los cuales son muy sensibles a cualquier circunstancia política''.

No obstante, dijo que el país atraviesa por una coyuntura económica favorable y, en consecuencia, las objeciones que se hacen a la operación realizada por el Ministerio de Hacienda no afectarán gravemente la economía nacional.

``Creo que la situación de los valores venezolanos que se cotizan en la Bolsa es bastante firme, hay buenos negocios y nuevas inversiones petroleras, de construcción e industriales. En cuanto al mercado de divisas, hay una situación estable y la perspectiva inmediata es que esa estabilidad continúe''. Auguró que quien espere una devaluación del signo monetario ``será sorprendido porque no la habrá''.

Maza Zavala defendió los parámetros usados por el instituto emisor en la evaluación de la operación de canje de bonos Brady y dijo que se ajustan a los utilizados en los mercados financieros internacionales.

``Desde el punto de vista político, el Congreso está en su razón para analizar e investigar y llegar a consecuencias, pero insisto en que los cálculos del BCV obedecen a la situación real del mercado financiero y a las tasas que se aplican en esos casos'', agregó.


Alexander Duarte