EL NACIONAL - Domingo 17 de Febrero de 2013 Siete Días/7
De indígenas, militares, mineros y contrabandos
TULIO HERNÁNDEZ
1 . Parece el argumento de una de aquellas películas que caracterizaron por una época a cierto cine latinoamericano de denuncia social: en tierra lejanas, un grupo de indígenas hartos del mal trato que reciben de la Fuerza Armada de su país decide someter a 28 soldados y 14 oficiales, tomarlos como rehenes y exigir al Gobierno mejor trato y un pliego grande de otras reivindicaciones.
Amparados por la oscuridad, de madrugada, los insurgentes emprenden la acción. Toman por sorpresa a los uniformados, se apoderan de sus armas y las ocultan en un lugar seguro. Con los militares y las armas ahora en su poder, y como el Presidente de la República ha desaparecido, exigen la presencia en la zona del vicepresidente y el ministro de la Defensa.
Vice y ministro se niegan, pero envían como emisario al jefe militar de mayor rango en la zona.
Los indígenas aceptan y, apenas llega el general, también lo secuestran y lo obligan a sentarse a negociar. Antes exigen disculpas por el mal trato de soldados y oficiales a las comunidades. El general las ofrece y comienza la negociación.
Los jefes indígenas inician una asamblea en presencia de la ministra de Asuntos Indígenas, el gobernador del estado y el viceministro de Minas. 7 horas más tarde firman un acuerdo que contempla, entre otras cosas, la desmilitarización de las tierras ancestrales, el derecho exclusivo de los indígenas de desarrollar la minería en la zona y la asignación por parte del Estado de 1.500.000 bolívares, una cifra nada despreciable, para el desarrollo de proyectos en la región. Sólo queda pendiente la devolución de las armas. Habrá que ir a buscarlas en su escondite en una zona selvática a 2 días de navegación fluvial. El negocio es redondo. El final feliz.
2 . Pero no estamos hablando de una de esas películas militantes en las que los gobiernos y los empresarios capitalistas son malos, muy malos, y los indígenas sufridísimos pero muy valientes a la hora de defender sus derechos.
Hablamos de un hecho real, muy bien recogido por la prensa nacional, que comenzó a ocurrir el pasado jueves 7 de febrero. Un hecho en el que los malos-malos no son los empresarios capitalistas y sus fuerzas represivas sino el ejército evidentemente mal entrenado de un gobierno que se declara a sí mismo revolucionario y que ha hecho del tema de la reivindicación de los indígenas uno de sus más publicitados íconos proselitistas.
Del otro lado, tampoco tenemos a un grupo étnico, los pueblos pemones, que sólo trata de defender su "cultura y sus saberes ancestrales", estamos también ante un grupo humano como cualquier otro que defiende el derecho de realizar una actividad económica la minería, razón por la cual entra en conflicto con otro grupo humano los militares que tiene intereses en la misma actividad. Es decir, estamos también ante un conflicto de intereses económicos. Legítimos en el caso de los pemones, ilegítimos por ilícitos en el de los militares.
Así va la nación. El Gobierno no investiga, la Asamblea Nacional tampoco, pero las denuncias sobre los manejos dolosos con la minería en Bolívar y Amazonas son un tema cotidiano en estas regiones donde los militares tienen la hegemonía no sólo de la fuerza, sino de las aeronaves requeridas para sobrevolar tan grandes, intricadas y desoladas distancias. No tardará en ocurrir algo análogo el día que los jefes de la Guardia Nacional quieran asegurarse sólo para sí el multimillonario contrabando de gasolina que dirigen en las fronteras de Táchira y Zulia con Colombia.
Pero de este incidente de película el Gobierno no podrá culpar, como suele hacerlo, al Imperio o a la oposición. Por una razón, porque los pemones, además de su lengua materna y el español, hablan también el lenguaje de la revolución y cuando declararon "persona no grata" y "enemigo del pueblo pemón" al general Clíver Alcalá, jefe de la Región de Defensa de Guayana, lo definieron como "representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista burguesa y enemigo del proceso". Lo decía el Presidente ausente: "La voz del pueblo es la voz de Dios".
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domingo, 17 de febrero de 2013
sábado, 9 de febrero de 2013
LA REALIDAD INSOBORNABLE
EL NACIONAL - Sábado 09 de Febrero de 2013 Regiones/4
BOLÍVAR Indígenas exigen destitución de Cliver Alcalá
Indígenas mantienen retenidos a 43 militares
La comunidad de Urimán realizó la detención en protesta por el recrudecimiento de acciones contra los mineros
CLAVEL RANGEL CIUDAD GUAYANA
Ayer hasta las 4:00 de la tarde 42 de los 43 militares retenidos el jueves en la mañana permanecían a manos de indígenas de la etnia pemón, en la comunidad de Urimán, municipio Gran Sabana. Sin embargo, uno de los soldados fue liberado por presentar dislocación del hombro.
El capitán general de la zona, Néstor Ramírez, informó que para ayer habían decidido desamarrar a los soldados y permitirles que se comunicaran con sus familias "para que no se preocupen". "Ellos han comido, tomado refresco, se han bañado. No queremos que se sientan como prisioneros. Están bien. Ellos también son venezolanos como nosotros", declaró el jefe de la comunidad.
El dirigente contó que unos viceministros no precisó quiénes habían estado en el lugar para intentar mediar junto al alcalde de Gran Sabana, Manuel Vallés. Sin embargo, los indígenas no cedieron en ninguna de las ocho peticiones que ayer divulgaron a través de un remitido.
Cese del hostigamiento, permiso para el desempeño de la minería a pequeña escala, liberación de los vuelos que transportan comida y combustible a las comunidades de las áreas de Gran Sabana y Canaima, así como la destitución del jefe de la Región de Defensa Integral de Guayana, Cliver Alcalá, son algunos de los ocho pedimentos para soltar a los militares.
Cierre de aeropuertos. Además de la retención de los militares, los pemones cerraron la pista de Santa Elena de Uairén a la que, desde hace unos meses, sólo llegan vuelos privados y estatales.
Ayer, casi a las 4:00 de la tarde, la comunidad de Canaima decidió sumarse a la protesta de los indígenas, por lo que impidió el aterrizaje de los únicas dos empresas, Transmandú y Tranaca, a las que se les permite volar.
El capitán Josval Simón exigió que Cliver Alcalá se acercara a la zona y el restablecimiento de la cuota mensual de 11.200 litros de gasolina para la asociación de Canaima, que funciona como la capitanía.
Entre los alegatos para la protesta, los indígenas acusan al Ejército de violar el derecho de las comunidades de ser informados y consultados sobre su hábitat, recursos naturales, aprovechamiento de los recursos auríferos y propiedad de las tierras ancestrales y al general Alcalá de ordenar "explotar todos los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y que ha retenido los transportes aéreos sospechosos, según él, de trasladar suministros mineros y narcotraficantes".
Larga historia. El conflicto entre el Ejército y los indígenas se intensificó en el mes de enero cuando el Ejecutivo suspendió los vuelos a cada una de las comunidades de Canaima y Gran Sabana.
El capitán de la comunidad Musk Pa de La Paragua, Alexis Romero, explicó que, contaban con el servicio de 21 aeronaves que por cada viaje cobraban hasta 1.200 bolívares desde Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar hasta el pueblo.
Con la reducción de los vuelos, sólo dos compañías prestan servicio, lo cual ha incrementado los costos en 100%.
"Los militares dicen que con estas aeronaves traemos cosas para la minería, y sí, porque de la minería es la única forma que uno puede vivir aquí", dijo Romero.
EL UNIVERSAL, Caracas, 10 de Febrero de 2013
Indígenas de Urimán en Bolívar liberan a 43 militares retenidos
Los capitanes indígenas han reiterado que no están en contra de que las autoridades actúen en contra de la extracción ilegal de oro, pero dicen que la actividad es sustento económico de varias comunidades. El comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá confirmó la liberación de los efectivos.
Los efectivos ya han establecido contacto con sus familiares
Según informó el comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá "nuestros compañeros de armas en Urimán se encuentran libres y con el compromiso de patria".
Este mensaje, enviado a la red social Twitter define que se ha llegado a un acuerdo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los capitanes indígenas de la región.
Miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron en la mañana de este jueves a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería.
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
"Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos", dijo, al explicar que el Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves "eran ilegales" y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Sólo dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Se ha llegado a un acuerdo con un acta que tienen ambas partes para los efectos de que se cumpla lo allí establecido.
Miembros de la FANB ya han establecido contacto con sus familiares para explicarles su situación.
En la mesa de compromisos
Son 11 acuerdos en total que resultaron del encuentro realizado en Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar y que derivó en la liberación de los efectivos militares.
Uno de los puntos logrados es que se permitirá sólo a la población indígena trabajar la minería sin dañar el cauce de los ríos en la entidad.
Los capitanes generales se comprometen a buscar las áreas para el ejercicio de la minería en esos términos.
Fotografías: Américo de Grazia para El Nacional, y Correo del Caroní para El Universal.
BOLÍVAR Indígenas exigen destitución de Cliver Alcalá
Indígenas mantienen retenidos a 43 militares
La comunidad de Urimán realizó la detención en protesta por el recrudecimiento de acciones contra los mineros
CLAVEL RANGEL CIUDAD GUAYANA
Ayer hasta las 4:00 de la tarde 42 de los 43 militares retenidos el jueves en la mañana permanecían a manos de indígenas de la etnia pemón, en la comunidad de Urimán, municipio Gran Sabana. Sin embargo, uno de los soldados fue liberado por presentar dislocación del hombro.
El capitán general de la zona, Néstor Ramírez, informó que para ayer habían decidido desamarrar a los soldados y permitirles que se comunicaran con sus familias "para que no se preocupen". "Ellos han comido, tomado refresco, se han bañado. No queremos que se sientan como prisioneros. Están bien. Ellos también son venezolanos como nosotros", declaró el jefe de la comunidad.
El dirigente contó que unos viceministros no precisó quiénes habían estado en el lugar para intentar mediar junto al alcalde de Gran Sabana, Manuel Vallés. Sin embargo, los indígenas no cedieron en ninguna de las ocho peticiones que ayer divulgaron a través de un remitido.
Cese del hostigamiento, permiso para el desempeño de la minería a pequeña escala, liberación de los vuelos que transportan comida y combustible a las comunidades de las áreas de Gran Sabana y Canaima, así como la destitución del jefe de la Región de Defensa Integral de Guayana, Cliver Alcalá, son algunos de los ocho pedimentos para soltar a los militares.
Cierre de aeropuertos. Además de la retención de los militares, los pemones cerraron la pista de Santa Elena de Uairén a la que, desde hace unos meses, sólo llegan vuelos privados y estatales.
Ayer, casi a las 4:00 de la tarde, la comunidad de Canaima decidió sumarse a la protesta de los indígenas, por lo que impidió el aterrizaje de los únicas dos empresas, Transmandú y Tranaca, a las que se les permite volar.
El capitán Josval Simón exigió que Cliver Alcalá se acercara a la zona y el restablecimiento de la cuota mensual de 11.200 litros de gasolina para la asociación de Canaima, que funciona como la capitanía.
Entre los alegatos para la protesta, los indígenas acusan al Ejército de violar el derecho de las comunidades de ser informados y consultados sobre su hábitat, recursos naturales, aprovechamiento de los recursos auríferos y propiedad de las tierras ancestrales y al general Alcalá de ordenar "explotar todos los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y que ha retenido los transportes aéreos sospechosos, según él, de trasladar suministros mineros y narcotraficantes".
Larga historia. El conflicto entre el Ejército y los indígenas se intensificó en el mes de enero cuando el Ejecutivo suspendió los vuelos a cada una de las comunidades de Canaima y Gran Sabana.
El capitán de la comunidad Musk Pa de La Paragua, Alexis Romero, explicó que, contaban con el servicio de 21 aeronaves que por cada viaje cobraban hasta 1.200 bolívares desde Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar hasta el pueblo.
Con la reducción de los vuelos, sólo dos compañías prestan servicio, lo cual ha incrementado los costos en 100%.
"Los militares dicen que con estas aeronaves traemos cosas para la minería, y sí, porque de la minería es la única forma que uno puede vivir aquí", dijo Romero.
EL UNIVERSAL, Caracas, 10 de Febrero de 2013
Indígenas de Urimán en Bolívar liberan a 43 militares retenidos
Los capitanes indígenas han reiterado que no están en contra de que las autoridades actúen en contra de la extracción ilegal de oro, pero dicen que la actividad es sustento económico de varias comunidades. El comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá confirmó la liberación de los efectivos.
Los efectivos ya han establecido contacto con sus familiares
Según informó el comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá "nuestros compañeros de armas en Urimán se encuentran libres y con el compromiso de patria".
Este mensaje, enviado a la red social Twitter define que se ha llegado a un acuerdo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los capitanes indígenas de la región.
Miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron en la mañana de este jueves a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería.
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
"Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos", dijo, al explicar que el Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves "eran ilegales" y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Sólo dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Se ha llegado a un acuerdo con un acta que tienen ambas partes para los efectos de que se cumpla lo allí establecido.
Miembros de la FANB ya han establecido contacto con sus familiares para explicarles su situación.
En la mesa de compromisos
Son 11 acuerdos en total que resultaron del encuentro realizado en Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar y que derivó en la liberación de los efectivos militares.
Uno de los puntos logrados es que se permitirá sólo a la población indígena trabajar la minería sin dañar el cauce de los ríos en la entidad.
Los capitanes generales se comprometen a buscar las áreas para el ejercicio de la minería en esos términos.
Fotografías: Américo de Grazia para El Nacional, y Correo del Caroní para El Universal.
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