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lunes, 5 de junio de 2017

OCURRENCIA QUE PASA POR JUGADA MAESTRA



Constituyente militar

Luis Barragán

Violentando el texto constitucional,  Maduro Moros intenta un artificio que lo y los vise por más tiempo en el poder. Excedido,  el comandante en jefe ha ordenado una constituyente militar a su medida.

La ocurrencia, porque lo es así la digan una inspirada y genial jugada maestra, desmiente la propia naturaleza de la institución armada prometiéndole el precipicio que le faltaba. La sola idea de la deliberación, forzosamente sectaria y empecinadamente partidista, no sólo la ata y condena a los obscuros intereses del poder establecido, sino que disloca su misma identidad y la deslegitima como uno de los factores esenciales del Estado.

Incluso, en los países que admiten el voto para los militares, limitan muy bien la polémica al interior de un sector que tiene  la nada sutil ventaja de ejercer el monopolio lícito de la violencia. La más elemental y rigurosa lógica nos remite, aunque la estética busque aligerarlo, a la imposición de la pólvora por encima del resto de la sociedad que, nunca podemos olvidar el dato, deposita, forma y confía las armas a quienes deben retribuir – simplemente – esa confianza con lealtad, consecuencia y honor.

Nadie, en su sano juicio, puede concebir la mudez absoluta de una entidad irremediablemente humana, referente de inquietudes y también de sobresaltos, adecuadamente administrables al atender una especialidad y desarrollar una vocación: la del sector defensa, cuya mayor eficacia depende del nivel cierto de subordinación al sector civil. Abrir las compuertas a una constituyente que no es tal, convocada a espaldas de la Constitución, y, para colmo, a una constituyente militar, significa el desbordamiento de todas las aguas enrarecidas, la pérdida de todo parámetro republicano y la evaporación de todo un historial, bajo la completa responsabilidad del régimen que representa Maduro Moros.

Una muestra de la vieja prensa, en los tiempos violentos de los sesenta del XX, reporta comentarios como los del entonces titular del ministerio de la Defensa, general Ramón Florencio Gómez: a mediados del decenio, por ejemplo, admitía un nivel de intercambio de opiniones en los mandos militares, a propósito de la respuesta a las acciones del guerrillerismo en auge, aunque cuidaba que no tuviese una imprudente trascendencia, reafirmando el carácter institucional de la corporación castrense. Por estas semanas, en un caso, asistimos a un foro organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro”, donde el general retirado Cliver Alcalá Cordones reconoció un intercambio semejante en los cuarteles en tiempos del extinto, al compartir la discusión con Ricardo Sucre y Luis Manuel Esculpi; y, en otro, el general retirado Fernando Ochoa Antich, en un foro realizado por la Universidad Monte Ávila, dio testimonio de la formación del soldado habituado a cumplir e impartir las órdenes, experimentando un choque cultural cuando recupera plenamente su condición ciudadana, al compartir la discusión con Luis Alberto Buttó y Fernando Sanquírico.

Luce comprensible que en el estricto ámbito militar, exista la consulta, mas no la deliberación que conduzca al sufragio y, mucho menos, pretenda proyectarse más allá del cuartel.  Varias veces ejemplificado por el cine, tomar una colina nunca dependerá del concurso de los soldados involucrados que fuerzan a una votación, defendidos los distintos pareceres, llevándonos a una escena inolvidable de “Tierra y libertad” de Ken Loach (1995) en la que obviamente fracasó el grupo anarquista; varias veces ejemplificado por la historia real, a los pueblos les corresponde deliberar sobre el destino compartido, fracasando si esa deliberación la sufragan las bayonetas exclusivamente profesionalizadas en los actos de fuerza.


En el supuesto negado que la constituyente tenga por domicilio los cuarteles, apuñalada la Constitución,  tendrá que reconocerse la vocación y voluntad profesional de buena parte de sus miembros tan injustamente implicados en un bastardo proceso de partidización y la pugna quedará reducida al control que se tenga del parque disponible por tendencias que definitivamente cristalizarán, generalizando la violencia. Las tareas represivas que la dictadura ha encomendado a la GNB ya tienen un costo elevado e innecesario, por lo que quizá los servicios cubanos de inteligencia recomiendan el abandono de la tal constituyente, según se ha filtrado en las redes sociales.

05/06/2017:

sábado, 9 de febrero de 2013

LA REALIDAD INSOBORNABLE

EL NACIONAL - Sábado 09 de Febrero de 2013     Regiones/4
BOLÍVAR Indígenas exigen destitución de Cliver Alcalá
Indígenas mantienen retenidos a 43 militares
La comunidad de Urimán realizó la detención en protesta por el recrudecimiento de acciones contra los mineros
CLAVEL RANGEL CIUDAD GUAYANA

Ayer hasta las 4:00 de la tarde 42 de los 43 militares retenidos el jueves en la mañana permanecían a manos de indígenas de la etnia pemón, en la comunidad de Urimán, municipio Gran Sabana. Sin embargo, uno de los soldados fue liberado por presentar dislocación del hombro.
El capitán general de la zona, Néstor Ramírez, informó que para ayer habían decidido desamarrar a los soldados y permitirles que se comunicaran con sus familias "para que no se preocupen". "Ellos han comido, tomado refresco, se han bañado. No queremos que se sientan como prisioneros. Están bien. Ellos también son venezolanos como nosotros", declaró el jefe de la comunidad.
El dirigente contó que unos viceministros ­no precisó quiénes­ habían estado en el lugar para intentar mediar junto al alcalde de Gran Sabana, Manuel Vallés. Sin embargo, los indígenas no cedieron en ninguna de las ocho peticiones que ayer divulgaron a través de un remitido.
Cese del hostigamiento, permiso para el desempeño de la minería a pequeña escala, liberación de los vuelos que transportan comida y combustible a las comunidades de las áreas de Gran Sabana y Canaima, así como la destitución del jefe de la Región de Defensa Integral de Guayana, Cliver Alcalá, son algunos de los ocho pedimentos para soltar a los militares.
Cierre de aeropuertos. Además de la retención de los militares, los pemones cerraron la pista de Santa Elena de Uairén a la que, desde hace unos meses, sólo llegan vuelos privados y estatales.
Ayer, casi a las 4:00 de la tarde, la comunidad de Canaima decidió sumarse a la protesta de los indígenas, por lo que impidió el aterrizaje de los únicas dos empresas, Transmandú y Tranaca, a las que se les permite volar.
El capitán Josval Simón exigió que Cliver Alcalá se acercara a la zona y el restablecimiento de la cuota mensual de 11.200 litros de gasolina para la asociación de Canaima, que funciona como la capitanía.
Entre los alegatos para la protesta, los indígenas acusan al Ejército de violar el derecho de las comunidades de ser informados y consultados sobre su hábitat, recursos naturales, aprovechamiento de los recursos auríferos y propiedad de las tierras ancestrales y al general Alcalá de ordenar "explotar todos los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y que ha retenido los transportes aéreos sospechosos, según él, de trasladar suministros mineros y narcotraficantes".
Larga historia. El conflicto entre el Ejército y los indígenas se intensificó en el mes de enero cuando el Ejecutivo suspendió los vuelos a cada una de las comunidades de Canaima y Gran Sabana.
El capitán de la comunidad Musk Pa de La Paragua, Alexis Romero, explicó que, contaban con el servicio de 21 aeronaves que por cada viaje cobraban hasta 1.200 bolívares desde Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar hasta el pueblo.
Con la reducción de los vuelos, sólo dos compañías prestan servicio, lo cual ha incrementado los costos en 100%.
"Los militares dicen que con estas aeronaves traemos cosas para la minería, y sí, porque de la minería es la única forma que uno puede vivir aquí", dijo Romero.

 EL UNIVERSAL, Caracas, 10 de Febrero de 2013
Indígenas de Urimán en Bolívar liberan a 43 militares retenidos
Los capitanes indígenas han reiterado que no están en contra de que las autoridades actúen en contra de la extracción ilegal de oro, pero dicen que la actividad es sustento económico de varias comunidades. El comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá confirmó la liberación de los efectivos.
Los efectivos ya han establecido contacto con sus familiares

Según informó el comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá "nuestros compañeros de armas en Urimán se encuentran libres y con el compromiso de patria".
Este mensaje, enviado a la red social Twitter define que se ha llegado a un acuerdo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los capitanes indígenas de la región.
Miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron en la mañana de este jueves a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería.
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
"Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos", dijo, al explicar que el Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana)  suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves "eran ilegales" y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Sólo dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Se ha llegado a un acuerdo con un acta que tienen ambas partes para los efectos de que se cumpla lo allí establecido.
Miembros de la FANB ya han establecido contacto con sus familiares para explicarles su situación.
En la mesa de compromisos
Son 11 acuerdos en total que resultaron del encuentro realizado en Santa Elena de Uairén  en el estado Bolívar y que derivó en la liberación de los efectivos militares.
Uno de los puntos logrados es que se permitirá sólo a la población indígena trabajar la minería sin dañar el cauce de los ríos en la entidad.
Los capitanes generales se comprometen a buscar las áreas para el ejercicio de la minería en esos términos.

Fotografías: Américo de Grazia para El Nacional, y Correo del Caroní para El Universal.