¿LA OTRA PORTADA?

Portada de El Nacional, Caracas, del 05/02/1992, según: http://horadecambios2006.blogspot.com/2011/02/portada-de-el-nacional-el-5-de-febrero.html

PRAXIS ANTIPARLAMENTARIA

De los office-boys del gobierno
Luis Barragán
En una reciente sesión plenaria, el diputado Biaggio Pillieri planteó un debate sobre el grave problema de la escasez del papel que ha generado el cierre eventual y efectivo de importantes periódicos en el país. Negada la bancada oficialista a darlo, alegando las diligencias que ha hecho en la materia, el parlamentario yaracuyano, además, se quejó con sobrada razón que la Comisión de Medios no se ha instalado este año.

No tardó la contrarrespuesta para finiquitar el punto declarado inadmisible, acusado Pillieri de faltar a su trabajo.  Temerario señalamiento,  por lo pronto, nos interpela sobre las prácticas parlamentarias en boga.

En efecto, los voceros del PSUV reconocen que no declararon la emergencia parlamentaria del caso,  pero contactaron rápida y personalmente a altos funcionarios del gobierno. Vale decir,  excluida la oposición, todo quedó entre los oficialistas.

Luce evidente que, al aceptar la versión del Ejecutivo Nacional,  renuncian a investigarla y constatarla, como aquella de los puertos repletos de papel que todavía no retiran maliciosamente los medios, aunque ya un importante diario de la capital ha rechazado tamaña acusación.  Así, la sociedad queda indefensa ante una versión imposible de verificar, mediante la indagación de una Asamblea Nacional obligada al informe que produzca una básica coincidencia y discrepancia.

Era necesaria la reconstitución de la aludida Comisión Permanente, por muy próxima que se replanteé una posible renovación reglamentaria de sus miembros.  Hay formalidades necesarias de cumplir,  incluyendo a la oposición, ya que – negadas - asoman al desesperado oportunismo de los diputados oficialistas por socorrer al gobierno o a determinados y altos funcionarios, subordinándose descaradamente.

Las circunstancias enunciadas tejen el inevitable chantaje frente a los medios independientes de comunicación social, injusta y quirúrgicamente despojados de la razón que todavía les asiste.  De nuevo, pretenden convertir a la víctima en victimaria.

Nada extraña la conducta de los legisladores oficialistas, convertidos así en una suerte de office- boys del gobierno que, además de habilitar, parlan, acatan y fían, perdiendoprecisamente el papel que les asigna la Constitución. Y enfurecen cuando la oposición hace su trabajo, como el diputado Pillieri.

http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/18048-de-los-office-boys-del-gobierno

NI NÍES

EL NACIONAL - Jueves 24 de Octubre de 2013     Opinión/7
Ni se compra ni se vende
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

Lejos de intentar crear un clima de paz y tranquilidad, el régimen de Maduro insiste en el espinoso camino de la confrontación, expresada en la brutal persecución e intimidación que se realiza en contra de los medios, un ejemplo, el periódico 2001, al que por cumplir con su deber de informar se le ha abierto un procedimiento dirigido por la misma fiscal general, una amenaza que ahora se extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que, según Nicolás Maduro, estarían implicados en la "guerra económica" para justificar el precio del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a quienes se les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo, que ocupan en representación del pueblo, Juan Carlos Caldera, "respetado y apreciado", según palabras de Maduro, y, la diputada Aranguren, del estado Monagas, representativa del número 99; y, en el acorralamiento de que son víctimas los gobernadores de las fuerzas democráticas, Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello, quien ha también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho, y Falcón, quien tenía que "retractarse" en menos de 24 horas, según pedido de Maduro, grosero ultimátum exprés.
La intimidación en práctica por el régimen bolivariano ataca directamente a todos los venezolanos que resultamos objeto de abominables medidas de control: entrega de divisas en forma de dádiva, inspecciones intimidatorias en fábricas y sitios de trabajo, dificultades para la obtención de documentos, férreo control de precios y sanciones por "acaparamiento" y "especulación", entre muchos otras, innecesarias todas, pero útiles, según ellos, para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los "revolucionarios", ignorando deliberadamente la ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez, preparan una ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción que los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a la medida de la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El "ataque" a la corrupción que anuncia el régimen excluye actos que evidentemente constituyen delitos graves contra la cosa pública y la moral, cuya interpretación fiel pondría a más de uno vinculado al régimen, desde dentro o fuera del Ejecutivo, en serio aprietos. Los revolucionarios separan hábil y deliberadamente la "corrupción" de otras prácticas delictivas evidentes como el "tráfico de influencias", el "soborno", el "enriquecimiento ilícito" evidente este último por la "situación patrimonial" del investigado y por la forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el "incremento patrimonial desproporcionado" que no se puede justificar. También ignoran el abuso de funciones; el peculado, especialmente de uso; la concusión, cuando al funcionario público, abusando de sus funciones, constriñe o conduce a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los "investigadores" y "contralores" del régimen no les interesa la declaración jurada del patrimonio, común en épocas de democracia, menos aún compararla con la riqueza evidente de algunos. Tampoco ven a los funcionarios y familiares que usan los bienes públicos en forma indebida, simple peculado de uso; menos a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que utilizan los recursos del Estado, las instituciones, los medios todos, para hacer campaña cuando la Ley contra la Corrupción de 2007 señala muy claramente que no se podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos o proyectos políticos.
Lamentablemente, quienes mandan hoy en el país insisten torpemente en dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el poder, fundándose en la destrucción del país y de las instituciones y del empobrecimiento de los venezolanos.
Pero en vano, como lo veremos el 8-D, otra fecha memorable en este proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en tristes periodos de posguerra superados en otras partes, los venezolanos castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que la dignidad ni se compra ni se vende.