Abraham Gómez R.
En el Derecho Internacional Público el proceso de delimitación es una operación de suficiente importancia y, para los Estados además de un derecho, una obligación su establecimiento; Por cuanto resulta inevadible, necesario y vital que cada uno conozca hasta dónde llega exactamente el contorno de su soberanía.
Las imperfecciones e imprecisiones, como la que heredamos en la zona del Esequibo, derivan en conflictos y trascendentales situaciones jurídicas, políticas y legales en las que estamos imbuidos, que han dado orígenes a gestiones diplomáticas sin la contundencia de nuestra parte --que no es guerrerismo-- a pesar de sabernos asistidos de razón socio-histórica y de contar con los documentos probatorios del acto nulo e írrito consumado mediante el Laudo Arbitral celebrado en París en 1899.
Quedamos estupefactos, y nos enardeció la vergonzosa omisión de parte de nuestros delegados, cuando La representante de Guyana, Marilyn Cheryl Miles, indicó, en clara e inteligible voz para el mundo entero, en la recién finalizada XVII cumbre de los países No-Alineados, que la reclamación de Venezuela sobre la posesión del Esequibo "amenaza a su país". Y como tratando de ponerle algo de cosmética a tan duras y directas palabras agregó que su gobierno “está comprometido con una solución pacífica, regida por los estatutos del Acuerdo de Ginebra.
"Sin embargo, entendemos el valor del diálogo y de la tolerancia como elementos para unir a las naciones", añadió.
Por una parte, sentimos cierto agrado que la autoridades invoquen el Acuerdo de Ginebra como documento base para continuar las discusiones en torno a esta controversia.
Lo decimos, porque cada vez que el canciller Carl Greenidge o el presidente guyanés David Granger se pronuncian al respecto, nos mandan bien largo al cipote, asegurando que no tienen nada que dirimir con Venezuela respecto a la Guayana Esequiba, por cuanto esa sentencia ya está dada; y se ha admitido, según ellos, como cosa juzgada.
Aprovechemos tal contenido que emana de este aludido discurso de la embajadora guyanesa en nuestro país para reafirmarnos, invariablemente que el Acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966, que acaba de cumplir 50 años, viene a ser el único instrumento vigente donde está viva la controversia y pone en tela de juicio la tropelía jurídica cometida contra nuestra nación, sin consideración ni misericordia.
Así también, debemos llamar la atención, a lo interno de Venezuela, fundamentalmente a quienes ahora rigen la Política Exterior, que Lo más peligroso para nosotros en esta reclamación, a la luz del Derecho Internacional, es la Aquiescencia: la permisividad de nuestros gobiernos. La aquiescencia o consentimiento tácito para que Guyana haga concesiones a transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de las riquezas de la región esequibana.
Ya es un hecho consumado la entrega inconsulta, displicente y descarada que hace Guyana a más de cien compañías de distintas procedencias y nacionalidades, para que aprovechen los recursos petrolíferos, forestales, hídricos, energéticos etc. En flagrante violación de los artículos IV y V del Acuerdo de Ginebra.
Aunado al principio de Aquiescencia (dejar hacer, consentir que la otra parte ejecute) ya citado. Tal vez resulte fácil a Guyana invocar, en tribunales internacionales, el otro principio denominado Estoppel en que ha incurrido este gobierno con sus constantes loas y conductas, que reconocen y legitiman con silencios cómplices, como el que nos ocupa en este momento, el trabajo que adelanta la parte guyanesa en conflicto con lo cual (in)directamente podría quedar anulada o desestimada la demanda.
La historia cobrará esta omisión permisiva, cómplice a los revolucionarios de pacotilla que no han tenido la disposición para defender nuestra soberanía, y se han arrastrado, militares incluidos, a la estrategia que está jugando Cuba en estos asuntos.
(*) Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
