UNA MATERIA OLVIDADA

EL NACIONAL, Caracas, 13 de abril de 2018
Chavismo y derecho
Luis Alfonso Herrera Orellana

A la memoria de Humberto Njaim.

Desde la publicación de su tesis doctoral, La idea del derecho en la Constitución de 1999 (UCV. Caracas: 2008), Francisco Delgado Soto se ha convertido, con la discreción que lo caracteriza, en el pensador venezolano que más profundamente ha comprendido, explicado y comunicado la destrucción jurídica e institucional del país, a manos del proyecto político llamado “chavismo”, que como bien ha sido descrito por intelectuales como Erik del Búfalo, más que un sistema coherente y articulado de ideas, así sean falsas como las del marxismo, es un proyecto criminal, premoderno y antiliberal, de corte tribal y violento, dirigido a saquear todo lo que esté a su alcance y a demoler por la fuerza toda forma de civilidad y libertad (ver: https://goo.gl/qTDJ3r).

Tanto en la obra mencionada, como en La reconstrucción del derecho venezolano (Galipán. Caracas: 2012), y ahora en el libro que nos honra comentar, Chavismo y derecho (Galipán. Caracas: 2017) el también profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Venezuela ha desarrollado un análisis minucioso, argumentado, lleno de evidencias y explicación de las graves consecuencias, de lo que han sido las ideas, reformas, usos y aplicaciones que sobre el derecho y del derecho ha hecho el chavismo desde el poder, hasta llegar a la terrible situación actual, en la que como argumenté en otro lugar (en Venezuela, un estado de naturaleza, sin derecho: https://goo.gl/6Zqkxe), los venezolanos vivimos sin derecho, sin previsibilidad, seguridad, orden y certeza respecto de cuáles son las normas jurídicas, obligaciones y derechos que debemos tener en cuenta en nuestro día a día para actuar, elegir y desarrollar nuestros proyectos de vida, pues todo esto depende en forma directa de la nuda voluntad de quienes detentan por la fuerza el poder.

A través de 10 capítulos, algunos de cuyos títulos son “Horror a las normas”, “Los jueces: entre la sujeción y el activismo”, “Los derechos humanos en el Estado total” y “El método constituyente”, que son seguidos de unas valiosas Reflexiones Finales sobre los temas analizados, Delgado ofrece abundantes razones de lo que implica para una sociedad el apoyar políticamente una idea del derecho con influencias marxistas, posmodernas, iusmoralistas y antiliberales, así como la tesis de la subordinación e instrumentalización del derecho por la política-partidista, tanto más si se trata de una política-partidista guiada por fines de control total de los integrantes de la sociedad, como la que abiertamente apoyaban y apoyan aún personajes celebrados en el foro jurídico del país como José Manuel Delgado Ocando, Francisco Carrasquero López, Hildegard Rondón de Sansó y Jesús Eduardo Cabrera Romero.

Esa realidad –el uso político-partidista del derecho–, que debe señalarse no surgió con el chavismo, sino que fue perfeccionada y radicalizada por él –tanto el militarismo como el socialismo democrático precedentes también tuvieron esa visión del derecho– facilitó el avance con paso firme del régimen colectivista que es el chavismo, ya que el desprecio a las normas, la falta de independencia judicial y valoración social del papel de los jueces, el uso de figuras como la constituyente, la Constitución y la jurisprudencia de forma desenfrenada y según la necesidad política del momento, y sobre todo el desconocimiento de los beneficios y las ventajas del Estado de Derecho, los derechos individuales, la supremacía constitucional, la propiedad privada, la autonomía del Poder Judicial y la interpretación responsable y no moralizante del derecho, existente en la población, y de forma notable en los abogados, estudiantes de Derecho y operadores jurídicos en general –un escándalo, pero una realidad también”–, facilitó que todo lo que sucedió con el derecho venezolano a partir de 1999, ocurriera sin ninguna consecuencia, desde el punto de vista del repudio al proceder del chavismo.

La transcripción de algunos párrafos nos servirá para comprender mejor lo antes indicado.

En cuanto al desprecio hacia las normas y la forma jurídica, nos explica: “…el problema del chavismo con las normas es el problema del chavismo con los límites, con la restricción definitiva de las posibilidades. Reiteremos que el horror al que nos referimos no se manifiesta comúnmente en una actitud de rechazo a la creación de normas, puesto que no postula una filosofía de tipo anarquista. Dado que lo decisivo es el comportamiento frente a la exigencia que la regla hace, el horror se expresará bajo la forma de una evasión de la norma en casos concretos o su modificación a conveniencia” (p. 30).

Y añade: “…podría afirmarse que su horror a las reglas jurídicas es una consecuencia necesaria de la forma en que entiende la relación entre política y derecho: lo esencial es el poder, el derecho es una herramienta; si la herramienta impide la conservación del poder o lo pone en riesgo resulta irracional insistir en su aplicación u obediencia” (p. 31).

Respecto de las influencias directas sobre la idea chavista acerca del derecho, explica el autor: “…pueden distinguirse al menos dos fuentes de la visión instrumental que el chavismo tiene del derecho. La primera es su concepción caudillista o personalista de la política (…) La segunda fuente es el socialismo en su concepción de la sociedad y del Estado, en su praxis política, en sus ideas sobre economía, derecho, educación y moral, el chavismo finalmente se ve a sí mismo y se presenta como un tipo de socialismo marxista” (pp. 41-42).

Con relación a cómo el antiformalismo chavista encubre es un visceral antiliberalismo contrario al Estado de Derecho, señala que: “… se trata así, en este sentido del antiformalismo, de una concepción definida por su oposición, no a las formas jurídicas en general dentro del derecho, sino a aquellas formas o instituciones que dan fundamentos a los Estados de derecho desde una filosofía liberal. Entendido de este modo, es solo un término equivalente de antiliberalismo, que se emplea en lugar de este con el cuestionable propósito de hacer ver que es expresión de un debate interno dentro de la ciencia jurídica. Visto de cerca no es sino un intento de hacer pasar como teoría jurídica novedosa, lo que es mera crítica marxista” (p. 65).

Por último, en cuanto a la ideologización de los jueces, destaca Delgado lo siguiente: “…el activismo judicial contradice todos los aspectos básicos de la idea expuesta. Tiende a ver la ilegalidad y la imparcialidad tal como las entiende el pensamiento marxista, como favorecedoras de los intereses de la clase dominante que son los que están expresado en los textos legales. Desde esta perspectiva la imparcialidad se considera una noción ideológica que sirve al mismo tiempo para disfrazar la realidad de dominio de clases y para presentar a los tribunales, que son un instrumento de tal dominio como si fuesen verdaderamente neutrales en la solución de los conflictos” (p. 104).

Desde luego, una obra como la aquí comentada es relevante para abogados, estudiantes y operadores jurídicos en general, con interés en comprender en qué medida en Venezuela no existe derecho como tal, sino métodos de dominación política que han venido a sustituir a aquél casi de forma total, y en aprender, al mismo tiempo, cómo funciona un sistema jurídico institucional, moderno y eficaz, de cara a una futura reconstrucción del derecho en todos sus niveles, empezando por la Constitución misma.

Pero también es relevante, y quizá más todavía en el momento actual, la lectura de este libro por aquellos que, de buena fe en algunos casos y en otros simplemente por ignorancia de lo que ha sido y es el chavismo, plantean que es necesario y positivo que quienes se han opuesto y resisten la tiranía en partidos políticos, coaliciones, organizaciones civiles, medios de comunicación, academias, etc., reciban, se asocien y apoyen incluso la acción políticas de chavistas “democráticos” o “moderados”, en fin, que haya política, mediación y acuerdo con miras a una transición entre todos los actores relevantes, porque sin ello no sería posible avanzar en la eventual salida del poder de los chavistas “radicales”.

Estas personas, entre las que se encuentran académicos como Ángel Álvarez y Fernando Mires, analistas como Michael Penfold y políticos como Eduardo Fernández, entre otros, que cuestionan a los “extremos” por parecerse entre sí, a los radicales “de lado y lado”, o a quienes se niegan a formar equipo con Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Nicmer Evans y Henri Falcón –algunos responsables de graves violaciones de los derechos humanos, hechos de corrupción y al sistema democrático republicano–, por ejemplo, harían bien en leer este libro de Francisco Delgado, y en explicar a los que rechazan esas posibles asociaciones, cómo es que se puede pretender reconstruir a Venezuela con personas que de forma consciente apoyaron las ideas y medidas brutales que se describen en Chavismo y derecho.

Incluso, si se aceptara esa falaz e irresponsable distinción entre “chavismo” y “madurismo” creada por la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática y sus asesores, quienes apoyan el trabajo en equipo con tales personas tendrían que explicar cómo se puede confiar y trabajar políticamente con los supuestos chavistas “moderados” cuando estos, justamente, lo que se plantean como objetivo político es restaurar el verdadero legado de Hugo Chávez, que habría sido destruido por Nicolás Maduro. Es decir, claramente lo que ofrecen es volver a actuar como en el libro de Delgado se describe procedió el régimen de Chávez, desde su ascenso al poder en febrero de 1999.

Es por esta razón que también resulta inadecuado y hasta irresponsable, comparar el muy particular caso de la actual tiranía criminal que opera en Venezuela (apoyada por otras tiranías de mayor abolengo, como la rusa, la cubana y la china) con casos como el de la España franquista y el Chile pinochetista. Si quienes como Alberto Barrera Tyszka en fecha reciente, antes de apelar a las comparaciones ligeras, conocieran lo que tanto a nivel institucional como a nivel jurídico se avanzó durante estas dos dictaduras –sin olvidar las graves y horrendas violaciones de derechos humanos, que es asunto de otra discusión– para el fortalecimiento de la futura democracia y el Estado de Derecho en esos países, en modo alguno se atreverían a comprar el chavismo con el franquismo, o con el régimen militar de Pinochet.

Mientras en España y en Chile la agenda de las dictaduras no fue la destrucción institucional de esos países ni su entrega a tiranías extranjeras, matar de hambre y enfermedades a sus ciudadanos, saquear de forma indiscriminada y permanente los recursos públicos y sobre todo, apoyar un proyecto hegemónico regional e internacional antiliberal, antioccidental y antidemocrático, este sí es claramente el proyecto del chavismo, y el libro de Francisco Delgado así lo demuestra, sin atenuantes.

No resta sino invitar a la lectura pausada de Chavismo y derecho, pues en ella, tal vez, los lectores –en especial los abogados– dentro y fuera de Venezuela, esperanzados por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, puedan comprender qué ideas y propuestas, que incluso en algún momento apoyaron o simplemente menospreciaron, son las que hicieron posible la consolidación de la tiranía, por qué las formas, la seguridad, el Estado de Derecho, los derechos individuales, la libertad individual, el principio de legalidad y la división de poderes son esenciales para esa recuperación, y por qué enfoques y doctrinas como las del Estado social, el constitucionalismo social, el neoconstitucionalismo, el Estado de justicia y los derechos sociales, son inconsistentes, perjudiciales e incentivos para el abuso de poder, la corrupción y la abolición de la república.

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/chavismo-derecho_230676

AUNQUE - EN SU PUREZA - NO HAY IDEARIO ALGUNO REALIZADO

EL NACIONAL, Caracas, 24 de diciembre de 2016
Historiografía antiliberal
Luis Alfonso Herrera Orellana

Existe un consenso general entre notables historiadores venezolanos, con Germán Carrera Damas y Manuel Caballero a la cabeza, según el cual operaron en algunos períodos de la historia de nuestro país esquemas liberales de ejercicio del poder, que han recibido denominaciones como “República autocrática liberal” o “República democrática liberal”, para distinguirlos de otros períodos, propiamente dictatoriales, en los que no hubo ningún respeto a la libertad de los ciudadanos, pero más allá de ello, para sostener que en esos períodos “liberales”, tanto del siglo XIX como del siglo XX –regímenes como los de Guzmán y Gómez, por ejemplo, en los que supuestamente se habría promovido la libertad económica pero no la política, y durante los gobiernos de la democracia civil, en la que se promovió la libertad política pero no la económica-, sí se aplicaron ideas propias del pensamiento liberal, y se rechazaron otras corrientes políticas como el republicanismo, el socialismo o el militarismo, siendo entonces posible, desde esta interpretación, evaluar qué resultado ha tenido, positivo o negativo, la aplicación del liberalismo en tierras venezolanas.

La historiografía derivada de la obra de los mencionados autores, entonces, considera acertado, al menos desde el punto de vista de esta disciplina, considerar al Partido Liberal Amarillo, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez -y quizá hasta a Marcos Pérez Jiménez-, como organizaciones y gobernantes liberales, que aplicaron las propuestas de esta corriente del pensamiento conforme a las circunstancias nacionales, y que, por tanto, a partir de su desempeño es lícito evaluar toda propuesta actual de cambio institucional y ejercicio del poder basada en dicha filosofía moral y política a la luz de los resultados alcanzados por dichas organizaciones y personajes, a favor o en perjuicio de los venezolanos, siendo en tal sentido negativo el balance, al estar entonces las ideas liberales asociadas así a tiranías, privilegios, despotismo, discriminaciones y falta de igualdad ante la ley, lo que en forma directa invalidaría por inútil y acaso hasta inmoral el defender ideas liberales en la Venezuela actual, dado que éstas se habrían aplicado y fracasado en el pasado, por su carácter supuestamente anti-democrático, así como su presunto economicismo radical, prueba de lo cual serían, supuestamente, las medidas económicas aplicadas al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a inicios de la década de los 90 del pasado siglo.

Lo anterior permite comprender por qué Caballero afirmó lo siguiente:“Porque de la confrontación entre el liberalismo irrealizable (el de los tiros) y el liberalismo realizado (el del Benemérito) con la realidad venezolana de 1936, surgió esa crítica y sobre todo esta idea: la libertad (o sea el liberalismo, para hablar en términos políticos y económicos) no basta. Esa crítica y esta idea tienen diversas fuentes, pero la más torrentosa ha sido la marxista en sus diversas ramificaciones o afluentes, moderados o radicales. Ellas podrán contener muchos errores en el diagnóstico y en la medicación, pero han logrado imponer, más que una forma de pensar, lo que también se puede considerar a estas alturas una realidad con apariencias irreversibles: la esterilidad de todo intento por oponer lo individual a lo social. En otras palabras, la convicción generalizada de que la libertad sólo tiene sentido como equilibrio de la igualdad y viceversa. Que la libertad será democrática (o sea, social, ¡descansa en paz Antonio Leocadio!) o sencillamente, no será” (Manuel Caballero, Ni Dios ni Federación. 1998, pp. 167 y 168).

Podría pensarse que el impacto político práctico de esta tradición historiográfica, cuya orientación es tributaria de cierta visión marxista de la Historia, es bajo o nulo, por la poca atención que las mayorías y los centros de formación de opinión pública puedan prestar a los libros y ensayos de los historiadores. Pero tal creencia es equivocada, pues como bien lo afirmó Hayek, estos profesionales ejercen una influencia en la formación de creencias e ideas en toda sociedad muy superiores a la que ejercen los titulares de otras disciplinas, y en especial en la educación básica, entre los comunicadores y medios de información: “…probablemente los historiadores influyen sobre la opinión pública de manera más inmediata y completa que los tratadistas políticos que lanzan ideas (…) En este sentido, el poder directo sobre la opinión pública está por lo menos un paso más cerca del historiador que del teórico” (Friedrich Hayek, El Capitalismo y los Historiadores, 1997, p. 17).

Por supuesto, el limitado espacio de un artículo de opinión no es el apropiado para exponer todas las críticas y refutaciones que cabe dirigir a esta tradición historiográfica, parte de las cuales se hallan en el trabajo de mi autoría “¿Tiranos liberales? ¿Repúblicas autocráticas liberales?” (publicado en el libro Se trata de la Libertad. Galipán, 2015, pp. 89 y ss.), así como en la obra de otros historiadores de prestigio como Elías Pino Iturrieta, Diego Bautista Urbaneja y Rafael Arráiz Lucca, a los que remitimos al lector interesado, pero sí es posible plantear algunas de ellas aquí, dejando en claro que todas ellas parten de una idea de liberalismo y de libertad que ya era conocida, difundida y acogida desde el siglo XVIII, tanto en Europa como en América, y en modo alguno desarrollada con posterioridad a la existencia del Partido Liberal Amarillo, de la autocracia de Guzmán y la tiranía “liberal” de Gómez, lo que anula toda posible refutación a las mismas bajo la acusación de “presentismo”, es decir, de pretender juzgar y evaluar desde el presente, o desde ideas surgidas en un momento histórico posterior, la conformidad o no de la acción política y económica de un gobierno o de un gobernante a esas ideas no existentes en su momento. Esa idea, presente en las obras de autores como Locke, Hume, Smith, Acton, de Mariana, Humboldt, Turgot, Tocqueville, de Vitoria, Bastiat y Menger, entre otros que cabría mencionar, concibe el liberalismo no como una ideología sino como una filosofía moral, política y económica, que demanda la limitación del poder del Gobierno y la mayor garantía de la libertad individual en todos los ámbitos, tanto en el moral como en el político y el económico, pues la asume como una sola y no como muchas “libertades”.

Al respecto, valga indicar entre otras cosas, que las clases políticas dirigentes, con la excepción de algunos pocos gobernantes, no han tenido compromiso con la idea liberal básica de limitación del Poder del Estado, de respeto a la libertad de todas las personas como una indivisible y negativa (es decir, como ausencia de coacción externa arbitraria), y que, por el contrario, su compromiso, en el mejor de los casos, ha sido con el orden, la organización, la seguridad y la paz, todo lo cual se puede lograr ampliando sin límites los poderes del Estado y violando la libertad individual. Entre 1830 y 1935 no hubo funcionamiento efectivo de instituciones liberales en el país, las ideas liberales, en lo económico, fueron más un programa, una aspiración, acaso por simple emoción de parecerse a otros procesos de prestigio, que por compromiso cierto, no fue una política de Estado realizada a favor de la prosperidad de las personas sin discriminaciones, y dio lugar más a esquemas mercantilistas y de privilegios a sectores cercanos al poder, que a marcos para la competencia y el acceso a la propiedad privada.

Por otro lado, se asumió la libertad como libertades, es decir, la libertad política por un lado, la libertad civil por otro, y la libertad económica más allá, cuando la libertad, para que sea efectiva, practicable por quienes integran una sociedad, se debe asumir como una e indivisible, según se entiende desde el liberalismo clásico (desarrollado, por cierto, mucho antes de ser escrita la obra de Hayek). Como en Venezuela la libertad se ha dividido a conveniencia del Poder, se observa que en algunos Gobiernos no democráticos y conservadores se intentó -o aparentó- garantizar las libertades económicas pero no las civiles y políticas, mientras que bajo Gobiernos democráticos como los de Acción Democrática y Copei, se garantizaron “libertades” políticas y civiles, pero no económicas. Los militaristas detestan la libertad en política, y los socialistas la libertad en economía, ambos quieren individuos sumisos y dependientes, no autónomos, más bien súbditos y vasallos, clientes, que ciudadanos libres. Además, como lo afirman juristas como Alberto Arteaga Sánchez, en Venezuela nunca ha existido efectiva independencia judicial, pues el poder político nunca lo ha permitido, lo que es una exigencia liberal irrenunciable.

En tal sentido, en Venezuela, en los siglos XIX y XX predominaron los militaristas, los bolivarianos y los socialistas en el Poder. El XXI lo iniciamos de la mano de un régimen que combinó y aplicó lo peor de esas tres ideologías autoritarias, generadoras de pobreza y de abuso en el ejercicio del Poder. Además, nunca ha existido en este país un partido político cuyo programa de Gobierno se fundamente en ideas liberales, entre otras cosas por el temor a ser calificado como de “derecha” por el elevado número de intolerantes partidos socialistas, socialdemócratas y socialcristianos, que parecen sólo admitir como adversarios en la política a partidos de “izquierda”.La razón de esa intolerancia al liberalismo, en el caso de los defensores de la democracia a inicios del siglo XX, podía originarse en el rechazo al militarismo al que se asoció en forma arbitraria al ideario liberal durante el siglo XIX, pero en el caso de los socialdemócratas y demás variantes socialistas de finales del siglo XX e inicios del XXI, más bien deriva de su temor y resistencia al desmontaje del Petroestado intervencionista y redistribuidor, fuente de privilegios y corrupción con la más absoluta impunidad (es decir, a perder los incentivos a dedicarse a la política).

Ante el terrible contexto nacional de fines del 2016, y ante los enormes desafíos que se presentan a los venezolanos en su tarea de reconstrucción y reorientación de la vida institucional del país, luce oportuno que en espacios propicios para ello, como los de la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Rómulo Betancourt, la Casa de Estudio de la Historia “Lorenzo A. Mendoza” o el CELAUP de la Universidad Metropolitana, se debatan planteamientos y críticas como las antes expuestas, pues más allá de las diferencias teóricas, disciplinarias y personales involucradas en el tema, puede tratarse de un asunto del mayor interés nacional, desde que debilitar y eventualmente abandonar esa visión histórica antiliberal, promotora a la vez de elementos negativos como el estatismo, el populismo, el presidencialismo y el mercantilismo, parece ser un paso esencial y necesario si los venezolanos en realidad queremos romper con nuestras instituciones autoritarias y extractivas, que nos han traído a esta crisis humanitaria, y sustituirlas por instituciones liberales e inclusivas, que promuevan las oportunidades, la libertad y la prosperidad, bajo el sistema democrático, el Estado de Derecho y la economía abierta.  

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/historiografia-antiliberal_72573