NOVEDAD

EL PAÍS, Madrid, 6 de junio de 2014
LA CUARTA PÁGINA
De repente, un extraño: Podemos
Las biografías de sus candidatos muestran que no son ‘frikis’: aspiran a empleos estables, más bien en el sector público; son jóvenes —con incrustaciones de mayores— que quieren integrarse y cambiar el sistema
José Antonio Gómez Yañez 

¿Qué es Podemos? El resultado de la crisis y, también, de la incapacidad de las élites de la Transición para crear una economía innovadora y competitiva que genere crecimiento y empleo de calidad. Lo que significa que ensambla sectores que han perdido con la crisis y jóvenes cuya experiencia es que sólo pueden acceder a empleos precarios. Les une, además, la repugnancia por el nivel ético de la política. Ha surgido por la izquierda porque ha habido políticos que han captado este clima. Pudo ser Ada Colau y su PAH, pero ha sido un grupo de profesores de Políticas de Madrid. Había espacio para algo parecido por la derecha, pero Vidal Quadras, Nart y UPyD son establishment.
Ha articulado un discurso de defensa de las personas frente a un sistema económico que ha extendido la incertidumbre a amplias capas sociales, sobre todo después de la reforma laboral. La sociedad española se ha escindido en dos partes con expectativas divergentes: en mayo, el 25% de los ocupados de estatus social medio-bajo y el 17,6% de los de estatus medio creen que tienen muchas o bastantes posibilidades de perder su empleo en los próximos meses, más de la mitad de los hogares de estatus medios y bajos creen que sus ingresos pueden bajar o no saben cómo evolucionarán, los ocupados de estatus medio-alto y alto, los supervivientes de la crisis, ven despejado el futuro. Podemos captó los temores de la parte más débil, su discurso, lo que los electores perciben, contra “la violencia institucional” (desahucios, trabajo precario, banqueros corruptos que andan por la calle, la casta) responde virulentamente a las demandas de protección frente al mercado de quienes se sienten desamparados por las instituciones, partidos y sindicatos.
Se moteja a Podemos de antisistema, y a sus dirigentes y votantes como frikis, no lo son. Las biografías de sus candidatos a eurodiputados muestran que aspiran a empleos estables, normalmente en el sector público, pocos en el privado. Varios, con treinta y pocos años son profesores universitarios con contratos temporales y remuneraciones mileuristas a los que la universidad ofrece un lento y absurdo sistema que les llevará a ser profesores estables a los cuarenta y tantos. Muchos de sus compañeros de generación, algunos colaboradores de estas páginas, han emigrado a universidades británicas, suecas, norteamericanas o australianas. Son fragmentos de generaciones jóvenes que quieren integrarse y cambiar el sistema, con incrustaciones de mayores de 50 años atemorizados por ser expulsados del trabajo, ver reducidas sus retribuciones o devaluadas sus pensiones tras cotizar años y años. La enorme bolsa de paro juvenil y de trabajos por debajo de sus cualificaciones extiende la frustración porque los jóvenes no encuentran vías para entrar ni empleos acordes con su formación para construir sus vidas. Los desahucios y el deterioro del trabajo atemorizan a las familias de los desempleados y subempleados mayores de 50. Un dato: ha obtenido el 3,6% del censo electoral, pero el 7,5% entre los empleados a tiempo parcial.
Ha recogido voto joven (el 5,5% entre los de 18 a 24 años, el 4,3% de los de 25 a 44) y de toda la izquierda: ha sangrado a IU, 370.000 de sus votantes de 2011; 250.000 del PSOE, más 325.000 de la gran bolsa de abstención socialista en 2011, y 150.000 de la izquierda residual. No hay entre ellos alienados para la política, todos se identifican con la izquierda.
Obtuvo el 3,6% del censo electoral, pero el 7,5% entre los empleados a tiempo parcial
Podemos está en ebullición, cristalizará según sus decisiones y las de otros actores. El PP ha definido una política basada en una agresiva reforma del mercado de trabajo privado, el rescate bancario, recortes en prestaciones y retoques para sostener todo lo demás sin renovar, insensible hacia las personas en las medidas y en el discurso. Se piensa socialmente que ha rescatado a los banqueros y abandonado a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, su resultado es coherente: en noviembre de 2011 tuvo 10,8 millones de votos; en las europeas, 4,1. Ha destrozado su base electoral por las clases medias-bajas de centro-derecha de edades intermedias (ocupados atemorizados por la reforma laboral y sus familias) y los autónomos, uno de sus núcleos duros. Por instinto de supervivencia debería reflexionar sobre para qué gobierna.

IU será desestabilizada por la aparición de Podemos, habrá tensiones para buscar alianzas y los posibles perdedores internos se resistirán. Dependerá de cómo se gestione.
Rubalcaba convocó un congreso extraordinario del PSOE para julio. En ese plazo, con las elecciones internas para delegados en junio, sólo se activarán sus aparatos clientelares. El más potente, Andalucía, controlará el partido pese a sus ERE, sus fraudulentos cursos de formación... ¿Comprende el PSOE que será inadmisible para la opinión pública? Imposible que en dos meses haga la reflexión que necesita para afrontar el reto que significan las tensiones de fondo de la sociedad española, sus dirigentes hablan de sus estatutos y de reforma constitucional. El PSOE gestionó la primera fase de la crisis y también diseñó la estructura económica que se cuartea, ha gobernado España 21 de los últimos 32 años. Son suyas muchas decisiones que estructuran el país (la organización de las autonomías, la de Justicia, la Universidad, la antigua ley de cajas de ahorro, la carrera de los funcionarios, la configuración de un capitalismo dependiente de decisiones administrativas, etcétera), que han infiltrado la política, la ineficacia y la corrupción en muchos rincones de las Administraciones y de la sociedad, que son cuellos de botella que impiden el ascenso de nuevas generaciones y bloquean la innovación económica y la creación de empresas. ¿No reflexionará sobre eso? Podemos es la respuesta de las nuevas generaciones de izquierda a la ineficacia de este sistema. En Francia, la UMP ha convocado congreso para noviembre, seis meses para que el partido analice, produzca nuevas ideas, replantee su organización y surjan nuevos líderes en debate con los sectores sociales que pretende representar. Aquí, los dirigentes socialistas miniaturizan la política al acuerdo de sus patrones sobre quién mandará barnizado con un engendro de primarias. Así, sólo cambiarán algunos nombres.
Si los grandes partidosno reconducen sus políticas el bipartidismo saltará en pedazos.
Si los grandes partidos no reconducen sus políticas y malbaratan esta oportunidad para reflexionar y plantear medidas para renovar el país y a ellos mismos, el bipartidismo saltará en pedazos. Recomponer un sistema político consumirá durante años las energías que la política necesita para renovar la economía, la política (la perentoria ley de partidos) y las Administraciones. El PP puede confiar en retener el apoyo de la mayoría de centro-derecha, pero será insuficiente para gobernar. Con los dirigentes socialistas enroscados en su partido, ajenos al reto generacional y social que ha alterado la izquierda, la izquierda se dividirá y el PSOE languidecerá. Podemos ha dado consistencia a una generación y a sectores sociales que se habían quedado sin representación política y ha puesto sobre la mesa “su problema”, que es el de la sociedad española, una economía ineficaz, en transición hacia un modelo social en el que se agrandan las desigualdades mientras el país se desliza hacia la periferia del mundo desarrollado. No tiene las soluciones y salidas que se necesitan, sólo un desván de ideas recicladas lanzadas como puñales contra el sistema, pero ahora su función es expresiva, no programática. No es un alien, capta corrientes que el sistema alimenta diariamente: cuatro directivos de Caja Penedés, rescatada con dinero de todos, son condenados por trincar 28,5 millones de euros, devuelven el dinero y se van a su casa, igual que Sepúlveda, con 600.000 euros de Gürtel. Hoy, Podemos tiene más votos gracias a los tribunales que lo decidieron. Quienes se comportan como si España fuera una monarquía bolivariana son las élites, su falta de autoexigencia ética y profesional es deplorable y destructiva.
Lo que no debería ocurrir es que en año y medio nos encontremos con un Gobierno de coalición con dos partidos noqueados y un Congreso inmanejable.
(*) José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III y socio de Estudio de Sociología Consultores.
Ilustración: Eduardo Estrada.

LEY GRAVITACIONAL DE PARTIDOS

ELPAIS, Madrid, 13 de Febrero de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Lo más urgente es la ley de partidos
Tras la publicación el domingo pasado del manifiesto ‘Cómo reconstruir el futuro’, EL PAÍS abre con este artículo el debate sobre las reformas y los pactos necesarios para superar la crisis política e institucional
Cómo reconstruir el futuro
José Antonio Gómez Yañez 

El editorial de Financial Times del 4 de febrero decía sobre España: “Sus instituciones, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, muestran signos de putrefacción”. Así nos ven. Los casos Bárcenas, Amy Martín-Fundación Ideas, ITV de Oriol Pujol, Palau, ponen al desnudo que los aparatos centrales de los partidos desarrollan tumores sin que sus dirigentes sepan/puedan/quieran controlarlos.
No son casos individuales de alcaldes o concejales que se forran con un plan urbanístico o una licencia; presidentes de diputación o alcaldes que colocan decenas de clientes para garantizarse su apoyo; desaprensivos (Gürtel) o financiación ilegal del partido (Filesa o Naseiro). Son metástasis en las sedes centrales abonadas por el descontrol del dinero, utilizado para “engrasar la maquinaria” o llevárselo. Es la estación término de la política de la Transición que, para estabilizar los partidos, concentró en sus cúpulas los resortes sobre el acceso, ascenso y exclusión de la política. O sea, para incluir y ordenar candidatos en listas electorales, excluir a los disidentes de los órganos del partido —controlando las elecciones internas con listas cerradas para todo—, repartir cargos en las Administraciones y satélites, dilatar el periodo entre sus congresos (cada cuatro años: solo Berlusconi y el Partido Comunista Chino lo superan), escapar al control de sus parlamentos internos (anulándolos en la práctica) y sobre sus cuentas (acerca del Tribunal de Cuentas, EL PAÍS, 11-2-2013, página 13).
El rendimiento de esta política es decreciente. Véase el descenso de la calidad media de los políticos —salvo excepciones—, sus discursos acartonados y la multiplicación de casos de corrupción. La quiebra de las cajas de ahorros, el gasto descontrolado y el crecimiento del personal nombrado discrecionalmente en las Administraciones, la multiplicación de organismos y el ocultismo en las retribuciones de los políticos muestran que esta política está en la raíz de la crisis española. Lo que ahora pasa es que se ahoga en sus propios residuos. Es un fallo institucional que atraviesa a todos los partidos, de ahí la alarma social. Esto pasó en Estados Unidos y en 1902, en Wisconsin, inventaron las elecciones primarias abiertas a los ciudadanos para elegir los candidatos a todo y romper los aparatos y sus corruptelas. La idea es que la democracia es el mejor desinfectante, y que los partidos son entidades muy importantes cuya actividad debe regularse por ley.
Salgamos de la lamentación y las ideas genéricas. Es urgente hacer una Ley de Partidos que transforme la política española. No será fácil: como escribió García Pelayo, los partidos se resisten a ellas. La correosa renuencia del PP y PSOE a reducir el número de concejales y aclarar sus retribuciones lo demuestra. Tomemos como modelo las leyes de Alemania o Estados Unidos.
La competencia entre los políticos es la única medida preventiva contra la corrupción
El objetivo es que los políticos, dentro del partido, tengan fuentes de poder propias, es decir, que los cargos internos y los candidatos a las elecciones sean elegidos por los afiliados o por los ciudadanos, no designados por el jefe del partido, alcalde o presidente autonómico. Esto introducirá competencia entre los políticos, y la competencia es la única medida preventiva contra la corrupción. No hay otro sistema: ni exigir cualificaciones previas, ni listas abiertas para que los ciudadanos elijan entre quienes propongan los de siempre (como ocurre con el sistema del Senado).
La clave siempre es quién y cómo hace la lista. Eso es lo que hay que cambiar. Esto requiere leyes que regulen la actividad de los partidos, que tienden naturalmente a la oligarquización y a eliminar a los disidentes. Para eso hay que encajar muchas piezas, porque son organizaciones complejas y escurridizas.
La ley debe obligar a los partidos a celebrar congresos bienales (Alemania) o anuales (Reino Unido). En los congresos se elige la dirección del partido. Los manuales de derecho político dicen que la oposición controla al Gobierno. No es verdad, es una visión anticuada, son los parlamentos internos (Junta Directiva en el PP, Comité Federal en el PSOE, Consejo Político en IU, etcétera) los que pueden controlar al Gobierno y a la dirección de la oposición. Cuando se atisba que se van a perder las elecciones, estos órganos son más incisivos que el Legislativo, y las maniobras, más peligrosas (por eso han sido casi anulados en estas décadas, espaciando sus reuniones y multiplicando sus miembros). Por tanto, clave: estos parlamentos internos no deberían tener más de 150 miembros, y sus reuniones, celebrarse cada cuatro meses, con votación secreta sobre la gestión de sus ejecutivas (fundamental). Esto no desestabilizaría a los partidos, los miembros de esos organismos son aguerridos profesionales, pero crearía un mecanismo que debe funcionar cuando sea necesario. Sus sesiones deberían ser públicas, porque un partido no es una asociación privada, los ciudadanos pagan el sueldo de (casi) todos sus miembros y su funcionamiento, y que los partidos insistan en que sean secretas desvela que aquí reside el verdadero control. La composición de los congresos y parlamentos internos ha de ser proporcional al número de afiliados o al número de votos (en la provincia, distrito, etcétera), y no debería haber miembros natos ni designados (en algún partido hay bastantes).
Todos los cargos internos y candidatos a instituciones representativas se deberían elegir por el voto secreto a personas de los afiliados o de los ciudadanos que se registrasen si el partido decide hacer primarias a la americana. Voto a personas, no a listas cerradas, y ordenación en las listas por el orden de votos. El Partido Democrático Italiano aplicó este sistema hace dos meses para elegir a sus candidatos. En Estados Unidos, las primarias las organizan los Estados, no los partidos; habría que copiar la idea y prever que seis semanas antes de las elecciones se celebrasen elecciones a candidatos en todos los partidos, sustituyendo la tenebrosa cooptación actual por una votación transparente. Los partidos no se van a ir de los consejos de las cajas de ahorros, televisiones, órganos consultivos; por tanto, mejor reglar que sus candidatos sean elegidos por los parlamentos internos.
Controlar su financiación. En Austria, si una comisión de expertos en publicidad sospecha que algún partido pasa los límites de gasto en una campaña electoral, abre una inspección. Son precisas auditorías externas anuales (censores de cuentas elegidos aleatoriamente), limitar el mandato de los tesoreros a cuatro años e interventores internos. El Tribunal de Cuentas es una entelequia para controlar las cuentas de los partidos, mejor pasar a un sistema de auditoría externa.
La política debe ser tan incompatible con la judicatura como la profesión de militar
Habría que utilizar la Ley de Partidos para sacar la política de la justicia y a los jueces de la política. Abochorna que en altos tribunales el voto de sus miembros responda a la conveniencia del partido que los promocionó. Al Tribunal Supremo deberían acceder solo miembros de la carrera judicial por méritos en ella. Se debe eliminar el turno para los que no son miembros de esta carrera: no es presentable que cuando van a llover demandas contra la banca acceda al Supremo el director jurídico de La Caixa. Debe desaparecer el tercio de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia regionales elegido por el CGPJ a propuesta de las Asambleas de las comunidades. La incompatibilidad del personal de la judicatura con la política ha de ser tan estricta como para los militares. Es un sarcasmo que los jueces no puedan afiliarse a un partido, pero sí ser secretario de Estado, portavoz parlamentario o asistir a sus ejecutivas y volver a la justicia cuando acaba la experiencia. La justicia es como la mujer de César.
Hay que hacer muchas más cosas. Revisar el sistema de elección de los diputados nacionales, regionales y concejales. Reducir el número de políticos. Una Ley de la Función Política que aclare retribuciones, incompatibilidades, desempleo, estatuto de los asesores. Separar la política de la carrera de los funcionarios, mejorar la elección de los órganos constitucionales (CGPJ, Tribunales Constitucional, de Cuentas...) y reguladores para hacerlos independientes. Pero lo urgente es la Ley de Partidos, para drenar esta basura hasta un nivel soportable. Este es el paso vital para salir de la crisis. Esta política nos asfixia.
(*) José Antonio Gómez Yáñez. Instituto de Política y Gobernanza. Universidad Carlos III.

Ilustración: Eduardo Estrada.

Cfr. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360702428_905938.html

Nota LB: Por cierto, importa escuchar e discurso de la dirigente juveil del PSOE. Independientemente de las adscripciones ideológicas, ya quisiéramos - en este lado del mundo - contar con líderes, dirigentes o curiosos juveniles con una semejante, frontal y corajuda denuncia. Acá, en este lado del mundo, los tiempos han cambiado, y son los jóvenes - acaso - los más pragmáticos, hedonistas, oportunistas, "plateros": la utopía y el compromiso les hace cosquillas. Por ello, tan conservadores, poco innovadores en el mundo político. Bueno, es nuestro punto de vista.

¿Y EL BOSÓN...?

EL PAÍS, Madrid, 13 de Julio de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Los partidos, ¿el núcleo de todo esto?
La política se ha salido de sus raíles. La raíz del mal funcionamiento de las instituciones ha de buscarse en los grupos políticos, que han evitado ponerse normas de democracia interna y legislar sobre sí mismos
José Antonio Gómez Yañez 

Seguro que les ha pasado, en alguna reunión reciente alguien reelabora la pregunta de Vargas Llosa sobre Perú en su “Conversación en La Catedral”: “¿cuándo se gripó España?”. Propongo dos días: el 1 de julio y el 2 de agosto de 1985, fechas de las Leyes Orgánicas de reforma del sistema de elección del CGPJ pasando a elegirse sólo por las cámaras; y de reforma de las Cajas de Ahorro, entregando el 89% de sus asambleas a partidos y sindicatos (mediante la representación de ayuntamientos y comunidades; impositores y empleados), lo que suponía darles sus consejos de administración. Entonces se desbordó la política. Después vendrían otras leyes que desparramaron los partidos por los entresijos de la sociedad: la elección parlamentaria o por el Gobierno de las comisiones reguladoras de los mercados, del Tribunal de Cuentas, la propuesta al CGPJ por las Asambleas Autonómicas de candidatos a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, la financiación por múltiples vías a partidos y sindicatos (¡cuánto habremos gastado en formación profesional!), la creación de montones de organismos, una ley de Función Pública (30/84, de otro 2 de agosto, pensada como “provisional”) que hace que las carreras de los funcionarios directivos dependan sobre todo de sus relaciones personales y políticas (con honrosísimas excepciones), se facilitó a jueces y fiscales circular por la política lo que han utilizado algunos con grave daño para la credibilidad de la Justicia, etc. La combinación de esta omnipresencia de la política con una larga expansión económica y con la creación de 17 administraciones autonómicas era explosiva: basta sumar los altos cargos y parlamentarios autonómicos y el crecimiento de empleados públicos y organismos vinculados a la política (excluida la prestación de servicios).
Este entramado es cómodo para las direcciones nacionales y regionales –clave- de los partidos, pone a su disposición muchos recursos con los que controlar sus organizaciones y el proceso de toma de decisiones políticas. Con el tiempo se oxidó, por ejemplo, sobre las cajas de ahorros en esta crisis, J. M. Campa, exsecretario de Estado de Economía, escribía (El País, 29-6-12): “la cajas de ahorros tenía(n) … carencias en sus órganos de gestión que cuestionaban su profesionalidad”. El CIS muestra la preocupación creciente por “la política”, hay que pensar que los ciudadanos pensamos que este diagnóstico se puede extender a muchas instituciones.
España es la democracia más rígida de Occidente y la que más gravita sobre las cúpulas partidarias
Es claro que el diseño institucional del país está fallando y es una de las claves de la crisis. Sobredimensión, ineficacia, costes disparatados, deslealtades institucionales, comportamientos deplorables ante los que la Justicia se atasca, en fin, la política se ha salido de sus raíles. Tras el mal funcionamiento de las instituciones hay una raíz: los partidos. El país se ha gripado por la política, y la política se ha gripado porque los partidos han evitado ponerse normas sobre su funcionamiento interno.
El diseño de la política de la Transición respondió al temor a la inestabilidad y a la prioridad de consolidar los nuevos partidos. Se amontonaron instrumentos para reforzar el poder de sus cúpulas: moción de censura constructiva, listas electorales cerradas y bloqueadas, sin que las leyes electoral o de partidos previeran cómo se seleccionan los candidatos, quedando al arbitrio de los partidos; falta de una ley que regule la actividad interna de los partidos, reglamentos parlamentarios que gravitan sobre los grupos, financiación a cargo de los presupuestos públicos, etc. Los procesos de cooptación de los candidatos a las instituciones, a consejos de las cajas, del CGPJ, Tribunales Constitucional o de Cuentas, a magistrados en los Tribunales Autonómicos, consejos consultivos, defensores del pueblo, etc., son materia reservada. Prolongar durante décadas una política dominada por estos usos ha producido su metástasis.
La evolución de los grandes partidos es común. PP, PSOE, PCE-IU, CDC, UDC y PNV desde 1978, han dilatado los periodos entre congresos de uno o dos años a tres o cuatro prolongando así los mandatos de sus dirigentes, sus procedimientos para elegir cargos internos han pasado de listas abiertas a cerradas y bloqueadas, los órganos de control de sus direcciones son inoperantes por el elevado número de miembros y sus esporádicas reuniones, todos han sido salpicados por escándalos sobre su financiación (o de algunos de sus miembros), las ejecutivas se reservan el derecho de expulsar a los afiliados y son más ágiles para echar a irreverentes con la dirección que a sospechosos de corrupción. Si se comparan los partidos españoles con los de otros países europeos atendiendo a criterios como los plazos entre congresos, la duración del mandato de los dirigentes, la discrecionalidad de las direcciones para nombrar candidatos y ordenarlos en las listas, la laxitud de sus estatutos y la influencia de los votantes para decidir quiénes ocuparán los escaños, se concluye que España es la democracia más rígida de Occidente y la que más gravita sobre las cúpulas partidarias, salvo Italia.
Con la competencia interna a los presuntos corruptos les sería más difícil sobrevivir
Tanta rigidez provoca disfunciones. En los 80 y 90 sus crisis se cronificaron (PSOE, 1991-96 y 2010-11), acabaron en escisiones (PCE-IU, PNV-EA) y/o con una estabilización burocrática que eliminaba las alternativas internas basadas en proyectos o dirigentes con perfiles distintos, ahogándolas por los largos periodos entre congresos, la supresión de los espacios de debate, y la exclusión de las listas. Las alternativas internas a las direcciones solo pueden proceder de reductos de poder territorial (comunidades) en manos de rivales de la dirección. Los congresos de algunos partidos recuerdan las guerras de bandas mercenarias medievales.
En su funcionamiento ningún partido español cumple con las normas de la Ley de Partidos alemana o los usos de Gran Bretaña, sin mencionar las primarias estadounidenses abiertas a los ciudadanos para elegir todos los cargos. En Alemania la ley de partidos establece que los congresos se celebren al menos cada dos años, que los candidatos para las instituciones representativas se elijan por elecciones primarias con voto secreto de los afiliados (reguladas por la Ley Electoral), regula la financiación de los partidos y el control de sus cuentas mediante auditorías externas, el voto secreto de los afiliados y delegados a congresos para elegir los cargos internos y la composición de los tribunales internos y sus incompatibilidades. En Gran Bretaña, las conferencias son anuales. En Austria, en el Boletín Oficial se publican los estatutos, las auditorías anuales y el informe de los gastos en publicidad electoral supervisados por una comisión de jueces y expertos del sector publicitario.
Tras el mal funcionamiento de las instituciones laten la política tejida en los partidos y los políticos seleccionados por ellos (la mayoría honestos y personas de valía). La experiencia de otros países dice que la mejor manera de prevenir este fallo sistémico de la política es tener leyes que obliguen a los partidos a garantizar la competencia entre sus dirigentes. La competencia interna es la que obliga a un ministro alemán a dimitir por haber copiado una tesis doctoral, porque sabe que vendrán rivales internos a explotar su pérdida de credibilidad. Esto es sano, renueva la política y obliga a los políticos a desarrollar habilidades para ganar apoyos propios y definir propuestas, sin tener que arrimarse a la dirección. Con la competencia interna a los presuntos corruptos les sería más difícil sobrevivir, y ambiciosos compañeros de partido controlarían las sombras en la gestión de los cargos públicos e internos. En España la competencia en los partidos, en términos democráticos, ha sido aplastada, lo que ha producido lo que estamos viviendo. Que esta política “desregulada”, tejida sin normas ni contrapesos se extendiera a todas las instituciones sólo podía terminar de esta mala manera. En esta metástasis de la política radica el agotador desasosiego que arrastra la sociedad española. España afronta algo más profundo que subir o bajar impuestos o prestaciones, requiere una radical reforma de su política e instituciones, o sea, sencillas reglas de funcionamiento.
(*) José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología de la Universidad Carlos III.

Cfr. http://politica.elpais.com/politica/2012/07/12/actualidad/1342127150_866769.html