CAZA DE CITAS

"¿Dónde se discute abiertamente? ¿Qué instancias y funciones parlamentarias favorecen la discusión dialógica?¿Quién fija la posición de los legisladores y cómo? ¿Cuál es la relación entre los líderes en las cámaras y la élite de sus partidos?"

Carlos Rico Motos

("Deliberación parlamentaria y democracia representativa", Congreso de Diputados, Madrid, 2016: 132)

Fotografía: LB, Caracas (17/11/2019)

ALQUILER DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Calle y deliberación
Luis Barragán

Nada ornamental, el derecho constitucional al libre tránsito, nos remite a la posibilidad cierta de desplazarnos por los espacios públicos como a cada bien le venga en gana, salvo incurra en algún delito o falta previamente establecida. Por regla, la calle es absolutamente libre, a menos que transgredamos el derecho de otros a usarla.

Todos contribuimos a mantenerla, mejorarla y hasta empeorarla, cierto, sin que nadie esté exceptuado del pago del IVA, al menos. Vale decir, aportamos a las condiciones necesarias, si no óptimas,  para la infraestructura, la señalización y la seguridad personal. No obstante, acá, la calle es exclusivamente del Estado y de quienes circunstancialmente lo dirigen, administrándola como coto personal.

Todo transeúnte  es sospechoso, aunque la vestimenta y la motocicleta de alta cilindrada suela visarlo ante las autoridades tan cautelosas por ese primer vistazo de sus habituales tropelías callejeras. Por lo demás, no hay despacho oficial, aún el más modesto, que no ostente sendos conos anaranjados o sus equivalentes, para asegurarse el irregular estacionamiento de sus vehículos en la inmediatez de las puertas principales, aunque estorben al resto de la humanidad;  u operativos policiales y militares, alcabalas, redadas u otro capricho en la guerra de posiciones que libran contra el hampa que la hace de movimientos, que no permitan deducir otras facetas más obscuras.

La dictadura cuenta con el derecho adquirido de emplear la calle para  instalar sus tarantines y mitinearnos, donde se le antoje, aunque no concite el interés de los peatones que siguen de largo, hastiados. El libre mensaje político está vedado para los demás, incluyendo el volanteo de papel o de megáfono, corriendo mejor suerte – por ejemplo – los Testigos de Jehová con su prédica, intercepción y obsequio de la folletería que atrae al más distraído caminante.

El nuestro, es un pago forzoso de alquiler al Estado para una travesía de supervivencia, en los espacios públicos que domina junto al hampa. Por ello, en nada debe sorprender que las inmediaciones de la sede legislativa nacional sirvan para todo, menos para la deliberación y el libérrimo acceso de los parlamentarios a su sede natural de trabajo.

El histórico Capitolio Federal de múltiples accesos en el difícil casco central caraqueño, sólo tiene por ruta lo que fue un boulevard en las centurias precedentes, entre las esquinas de San Francisco y Las Monjas.  Bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana y de los llamados colectivos armados que, varias veces, incumplen su turno, no es posible recorrerla con la espontaneidad que dice garantizar el constituyente de 1999.

Ampliada la vía, remodelada a finales del siglo pasado para literalmente caminarla, en el presente fue interesadamente ajardinada hasta que el oficialismo la achicó. Y es que, entre las citadas esquinas, sólo pueden circular y aparcar las personas y vehículos de la alcaldía menor de Caracas, explicando muy bien su paso el funcionario legislativo o el diputado ultrajados.

Consabido, el lugar – puerta este del Capitolio – ha sido escenario de las más variadas agresiones físicas y verbales de las turbas del gobierno, añadidos los hechos más recientes que protagonizaron los parlamentarios y los periodistas golpeados por los efectivos militares.  Y es que, militarizados el acceso y la propia administración de los espacios interiores del Palacio Legislativo, dificultan todavía más cualquier pretensión ciudadana de apenas conocerlos: muy distinto es el caso de las normas básicas de seguridad al secuestro real del inmueble y sus adyacencias.

Ajenos a una versión idílica del pasado, sobran los testimonios de la otrora tranquilidad, accesibilidad y desempeño ciudadano al andar o atravesar el lugar en otros tiempos. Instituciones digitales como Caracas en Retrospectiva o Memoria Urbana, ofrecen sendas reseñas de un sitio apacible y propicio para la conversación y, por la vecindad del parlamento, proclive a toda discusión política.

E, incluso, en nuestros archivos disponemos de viejas gráficas, maltratadas por el tiempo, que hablan de una vía amplia, por lo demás, para atender cualquier situación de emergencia, como ahora no lo imaginamos. A modo de ilustración, el primero de marzo de 1945, la prensa reseñó un importante incendio en Las Monjas que nos permite  observar cuan desahogado estaba para una inmediata acción bomberil, acoger la inevitable aglomeración de personas que seguramente dedicarían las horas posteriores a los comentarios del caso.

Cada vez más restringida la privada, el centro comercial, pocas personas incurren en la audacia de citarse en una plaza pública para dialogar, recorriendo sus proximidades. Luce  obvio que el foro del Estado, por excelencia, no otro que el parlamento, es un referente agudo y exponencial de un problema derivado de esta dictadura de cada día.

Reproducciones: Incendio en Las Monjas, Caracas. El Universal y El Heraldo, Caracas, 01/03/1945.
10/06/2018:
http://guayoyoenletras.net/2018/06/10/calle-y-deliberacion/

INSULARIDADES

Los bueyes detrás de la carreta

Luis Barragán

Paradójicamente, los partidos tienden a no ser deliberantes e, internamente despolitizados,  apartidistas, dependiendo la obediencia del momento que se vive o calcula, mientras que a la corporación castrense  le ocurre todo lo contrario. Se dirá, los bueyes están detrás de la carreta.

Independientemente de la decisión adoptada por sus reducidas direcciones nacionales que, más de las veces, sintetizan dos o tres personas, en torno a los comicios regionales, lo cierto es que no hubo consulta previa alguna de los cuadros en distintos niveles. Vale decir, la discusión quedó vedada y la orden fue movilizarse para el cumplimiento de la tarea asignada.

El asunto nos remite a una situación resueltamente común en buena parte de las organizaciones partidistas, pues, no existe la colegiación en las decisiones adoptadas y, menos, la debida discusión de las circunstancias e, incluso, de los principios sometidos a prueba por las realidades. Nos sorprende que sean tan irregulares las reuniones   semanales de las diferentes direcciones, añadiendo que sólo excepcionalmente se declaran en sesión permanente ante la gravedad de los acontecimientos en curso.

Antes, las mejores y más sentidas posiciones, las que comprometen y efectivamente adhieren, fueron fruto de  la deliberación que, por lo general, justificaba la atención – además, informada – de los medios de comunicación que cada lunes interpelaban al vocero oficial de turno. Y, por personales que fuesen las opiniones de este vocero, debía expresar las del cuerpo de dirección.

Simplemente, la costumbre se perdió y las condiciones del régimen actual se impusieron, siendo tan presuntamente normal que se imparta una orden a secas, surgida del parecer exclusivo del que ordena, con absoluta prescindencia de un debate que pueda enriquecerla y legitimar su cumplimiento, así haya disensión.  Por lo demás, estas instancias de conducción pierden valor al militarizarse – digamos – espiritualmente al partido.

Por estos días, recordaba el amigo, que el comité nacional de un partido de gobierno debió pronunciarse en relación a algunos aspectos que concernían al mercado petrolero, por lo que citaron también a dos ministros adicionales al del ramo,  militantes de la organización. Éstos informaron con detalle y,  seguidamente, se marcharon, porque los integrantes de la dirección debían delibrar sobre el asunto para fijar una postura, ya que al fin y al cabo, representativos, fueron elegidos para eso.

Luego, nos preguntamos, ¿qué ocurriría hoy? Entre varias de las respuestas, posiblemente habría sesión para tener la ocasión de solicitar un favor al ministro que, de paso, siendo más importante que todos los directivos juntos, se queda, conduce la sesión e impone su criterio; no teniendo un interés personal e inmediato en el negocio petrolero, daría igual acudir o no acudir a la dirección, porque – apenas – se trata de un pronunciamiento ante la opinión pública; para qué informarse sobre una materia que, por más que tenga  implicaciones políticas, es una cosa de tecnócratas; o, simplemente, siendo tan numerosas las personas, quedaría fuera de las cámaras de televisión en un intercambio en el que el periodista poco o nada conoce del problema.

02/10/2017:

http://www.noticierodigital.com/2017/10/luis-barragan-los-bueyes-detras-de-la-carreta

http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=83382

SESGO

Fuerza Armada y deliberación

Luis Barragán

La semana pasada, el ministro de la Defensa concedió un par de declaraciones en torno a la ya sancionada Ley de Amnistía. En una, anunció el inicio de una jornada de la corporación castrense para estudiar su impacto respecto al Estado de Derecho, impunidad y derechos humanos; y, en la otra, fruto de la deliberación celebrada en Fuerte Tiuna, cumplimentando la auto-profecía,  concluyó que “legaliza la violación de los DD.HH., favorece a los actores de delitos comunes y hace una confesión de los delitos cometidos (…) traería consecuencias nefastas”,  y – faltando poco – “atenta contra la paz y la estabilidad de las instituciones democráticas e incluso la disciplina de la Fuerza Armada (…) contra la vida militar (y) le haría un daño gravísimo a nuestra disciplina”.

Advertido el impedimento en el genuino constitucionalismo bolivariano, véase – por ejemplo - la Carta de 1819 (artículo 9° del título 11°: “ningún cuerpo armado puede deliberar”), el apremiado constituyente de 1999 hizo caso omiso y, sin aclarar suficiente y adecuadamente su alcance, auspició una interpretación políticamente interesada. Valga acotar, la inédita supresión es susceptible de un enfoque hermenéutico alternativo, pues la deliberación política no tiene cabida, cuando la Fuerza Armada es una “institución esencialmente  profesional, sin militancia política” y, en cumplimiento de sus funciones, “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, reconociéndoles a sus miembros activos el derecho al sufragio, “sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político” (artículos 328 y 330 constitucionales).

De acuerdo con las dos acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la  Lengua, deliberar significa considerar con atención y detenimiento los motivos favorables o desfavorables que conducen a una decisión, la cual exige – obviamente – una meditación. Y, si fuese de naturaleza política, siguiendo la fuente, en sus 2°,5°, 7°, 9° y 12° acepciones, concierne a las orientaciones, actividades y opiniones ciudadanas referidas a los asuntos públicos o gubernamentales.

Consignadas tan necesarias premisas, en atención de las citadas declaraciones, entendemos que la experiencia deliberativa de Fuerte Tiuna fue sesgada, pues, por una parte, no sopesó todas las razones que condujeron a la discusión y a la sanción parlamentarias de la Ley de Amnistía, las cuales concreta y públicamente debieron refutarse; por otra, atendió y repitió los motivos absolutamente políticos invocados por el Presidente de la República, en su condición de jefe de Gobierno y dirigente partidista, aunque pudo saber de la versión sostenida por los diputados de la oposición, incluso, invitando personalmente a una representación calificada; y, luego, de negar el carácter político a la deliberación, queda el cumplimiento de una orden emanada por el jefe de Estado, en su carácter de Comandante en Jefe, infiriéndola como una consulta con fines proselitistas, ya que – siendo la especialidad – no hay evidencias de una evaluación en lo que al sector defensa se refiere. Ergo, no encontramos una explicación sobria, coherente conteste con expresa e inequívocamente establecido en la Constitución.

Por lo demás, el general  Vladimir Padrino López, naturalmente, al integrarlo, vota en el Consejo de Ministros, escenario propicio para fijar una postura política que no ha de afectar la vida institucional y profesional de la entidad que representa, habida cuenta de los lapsos y las soluciones contempladas en los artículos 214 y 216 de la vigente Constitución de la República.  En todo caso, con la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía, apreciamos, nada de nefanda sería respecto a la necesarísima reconciliación nacional, favoreciendo la paz y la estabilidad institucional, ni relaja la disciplina o daña la vida militar, como tampoco ocurrió con la Política de Pacificación (y sus instrumentos), décadas atrás; y, mejor, obliga a una Comisión de la Verdad, como universalmente se le comprende e implementa, pues, la violación sistemática de los derechos humanos apunta más a un régimen que, no hace mucho, cegó la vida a 43 jóvenes venezolanos en el legítimo derecho que tenían de protestarlo pacíficamente.

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Referencias:

http://www.noticierodigital.com/2016/04/padrino-lopez-la-fanb-evaluara-impacto-de-la-ley-de-amnistia-en-el-estado-de-derecho/

http://www.noticierodigital.com/2016/04/padrino-lopez-ley-de-amnistia-atenta-contra-la-paz-y-la-estabilidad-de-las-instituciones-democraticas/

11/04/2016

http://www.noticierodigital.com/2016/04/fuerza-armada-y-deliberacion/

http://noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=24806

http://www.ventevenezuela.org/fuerza-armada-y-deliberacion-por-luis-barragan/

PASAJE HISTÓRICO

Érase la plena independencia
Guido Sosola

Marcando una pauta continental, la independencia venezolana arrancó de la plenitud de la deliberación inicialmente municipal. Luego de los consabidos acontecimientos de 1810, creado el principal partido de propulsión, no otro que la Sociedad Patriótica, tuvimos un congreso constituyente.

Congreso que el 5 de julio de 1811 no sólo declaró la independencia plena, sino que parió una Constitución que, para su tiempo, fue expresión de una modernidad que llegaba con retraso. Carta ésta que, con el indebido anacronismo de siempre, fue tan mal juzgada por todos los que legítimamente, por ejemplo, aspiraban a la definitiva liquidación de la esclavitud, aunque señalaba el camino para hacerlo – por cierto – adelantándose quizás a los modos de producción.

El caso está en que ese Congreso reivindicó la deliberación de todos los sectores alfabetizados y semialfabetizados de la injusta sociedad de entonces, siguiendo el ritmo que la política – fundamento de la experiencia -  reportaba con pasión.  Prontamente, asomada la guerra que nos tragaría por completo, quedó pulverizada – por lo menos – en la dimensión que había alcanzado.

Un par de  obras de Giovanni Meza Dorta, “Miranda y Bolívar. Dos visiones” (Bid&Co., Caracas, 2007) y “El olvido de los próceres. La filosofía constitucional de la Independencia y su distorsión producto del militarismo” (Jurídica Venezuela, Caracas, 2012), rompe el esquema. Lo que se vivió como extraordinaria y viva deliberación, concluirá como el apogeo de las irremediables dictaduras que, so pretexto de la guerra, molieron muchísimas e innovadoras posibilidades.

La pérdida de la Primera República supuso el sacrificio de toda la civilidad que aportó a su construcción, luego del golpe de Estado contra Francisco de Miranda. Los posteriores congresos constituyentes, algunos de ellos de dudosa representación y hasta de asistencia (o quórum), nunca supieron de la vivacidad de la polémica del parlamento de 1811 que también – motivo de celebración por el coraje de manifestarlo, aunque discrepemos – añadió la negativa de un diputado, procedente de La Grita  para tamaña declaración, salvando Maya el voto.

Reproducción: Realizaciones del Ministerio de Obras Púlicas, sede de la Cancillería. Billiken, Caracas, nr. 76 del 21/05/1921.
Fuente: http://www.opinionynoticias.com/opinionnacional/23020-erase-la-plena-independencia

LA CONSTITUCIONALIDAD ES SUBVERSIVA

De la plaza pública
Luis Barragán

Recientemente, la Guardia Nacional Bolivariana desalojó o pretendió desalojar una plaza pública que sirvió de escenario a la Asamblea de Ciudadanos que encabezaba María Corina Machado, al oeste (SIC) de la ciudad capital. Ella, con sobrada razón, observó que el hecho contrastaba con la autorización que emitió la Sala Constitucional (TSJ), a través de una insólita sentencia,  a favor de la participación de los militares activos en los eventos político-partidistas del oficialismo, mientras que los civiles – fácil deducción – debemos resignarnos a la mudez, obediencia y no deliberancia.

A juicio del gobierno nacional, la sospecha recae sobre los espacios públicos que conciten el encuentro de las personas para conversar sobre los problemas comunes que  las aquejan, pues, exclusivamente debe transitarla el hampa. Ésta, no combatida según la gravedad de sus desmanes, obliga al enclaustramiento del resto de lapoblación y, por consiguiente,  agavillados serán todos los que pacífica y cívicamente deseen compartir la palabra para ventilar sus más modestas inquietudes.

La democracia participativa es un mero formalismo y, lo muy lejos que puede llegarse para el régimen, amparados en la consigna, es una reunión para la asignación interesada de recursos públicos (en primera instancia), la conformación de una junta comunal adscrita  (en segunda), y el olvido de su existencia (en última), excepto deba reforzarse con adicionales recursos para mantener vivo el clientelismo o deba coadyuvar en las tareas de amedrentamiento o persecución de la disidencia u oposición. Quien presida una junta, por ejemplo, podrá suscribir una carta de residencia si le da la gana o simpatiza con el peticionario, quien sabe que no es autoridad pública y, de negarse la solicitud, no dispondrá de los elementos que la tradición administrativista puede concederle si fuese tal autoridad.

Las Asambleas de Ciudadanos por su naturaleza constitucional, es subversiva. Recordemos que es el gobierno nacional el que violenta la propia Carta que se dio, llevando todo al absurdo.

La Declaración de la Independencia de Venezuela se dio en el marco de la deliberación,  elegido y conformado un Congreso. Y las actuales Asambleas de Ciudadanos de una ya  acumulada experiencia, constituyen – hoy por hoy – la instancia deliberativa por excelencia y no tendrán otro norte que un Congreso para la transición necesaria, ganada desde la plaza pública y no  desde los escondrijos conspirativos e intrigantes que conocen muy bien los prohombres del régimen.

Fuente: http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/19838-de-la-plaza-publica

DELIBERAR

Falla eléctrica y Congreso de Ciudadanos
Luis Barragán

Producida - duradera y simultáneamente -  la falla eléctrica el día viernes 27 de junio del presente año, en más de diez estados,  parecía obvio que suscitara un inmediato debate en el seno de la Asamblea Nacional el día martes 01 de julio, pero la sesión fue suspendida. Hubo expectativas para que se reuniera la Comisión Permanente de Administración y Servicios el día miércoles 2, escenario adecuado para tratar el apagón, pero no fue convocada a pesar de la gravedad del suceso.

Asuntos de tan calamitosa trascendencia no encuentran cupo en el elenco institucional disponible, generando un inevitable cortocircuito. Impedir la clara y abierta deliberación de nuestras vicisitudes, refuerza y profundiza el carácter político de una crisis sistémicamente sostenida sobre las realidades económicas, sociales y culturales imposibles de borrar por un decreto presidencial.

Ocurre que el régimen prefiere apostar por el rápido olvido, pasando la página en lo posible, aunque la universalidad de los constantes apagones imposibilita la gesta del cinismo. A través de la mudez, privilegiando las materias que exclusivamente le interesan, no sólo da la espalda a nuestros dramas personales y colectivos, sino que pretende reprimirlos, censurarlos y  banalizarlos, acostumbrándonos al silencio.

Atormentada y negada, la sociedad urgentemente ha de reivindicar los espacios de deliberación que el régimen caricaturiza, cuando no francamente clausura. Propósito esencial e inicial, está planteada la realización de un Congreso de Ciudadanos, cuya virtud estará en el ejercicio cívico y pacífico de la palabra que ha de significar el reconocimiento compartido de la situación que atravesamos y de las salidas constitucionales inherentes. Y es que, insistamos, cuando la Asamblea Nacional no sesiona con la regularidad deseada, olvidando sus esenciales tareas o, por la manipulación oficialista, obstaculizando la polémica cada vez más impostergable de los problemas del país, abre las anchas avenidas a una sociedad para una sostenida deliberancia de calle.

Ciertamente, la bancada democrática de la oposición ya hizo la petición en la citada Comisión para la inmediata comparecencia e interpelación del ministro Jesse Chacón, y aunque el más probable resultado sea el del desprecio a la institución parlamentaria y de todo instrumento de control e información, procurando liquidar toda inquietud frente a un problema tan puntual, concreto y sustancial, resulta indispensable crear espacios alternativos de una marcada vocación cívica. Por ejemplo, el Congreso de Ciudadanos ofrecerá tamaño escenario, además, para incorporar las voces de los especialistas y trazar una política pública de recuperación de la ahora colapsada industria eléctrica que impone la transición democrática, susceptible de la más amplia discusión.

Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2014/07/falla-electrica-y-congreso-de-ciudadanos/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1041679
Fotografía: http://fotos2013.cloud.noticias24.com/luces1.jpg