martes, 28 de enero de 2020

UNA VERSIÓN

La historia mentida
Juan Van-Halen / ABC

Comienzo con una evocación gozosa. En el viejo castillo de Luc de Clapiers, marqués de Vauvenargues, moralista francés del XVIII, está enterrado Pablo Picasso que lo compró en 1958. Conocí las lúcidas máximas del marqués en la excelente traducción de Manuel Machado. Dejó escrito que «todos los hombres nacen sinceros y mueren mentirosos», mientras Cioran, en exceso generoso, concluyó que «la mentira es una forma de talento». Trapacería o valor intelectual, la mentira invita a la reflexión.

Padecemos una interesada memoria histórica, concepto ya de por sí falso según el certero juicio de Gustavo Bueno. Se trata de una Historia mentida, manejada con pertinacia por cierta izquierda. Cuando la mentira se hace colectiva adquiere la fuerza de una verdad. Sobran los ejemplos. Refrescaré una reiterada falsedad histórica, atendiendo a lo que parece nos espera: la bondad casi angelical de la Segunda República. Quienes desean una tercera experiencia republicana declaran, por ceguera o ignorancia, que su ejemplo es aquella república fallida. Para Huxley «la más grande lección de la Historia es que nadie aprende las lecciones de la Historia».

El régimen del 14 de abril de 1931 no nació de la voluntad nacional expresada en las urnas; llegó desde una inducida movilización callejera tras unas elecciones municipales que en el conjunto de España ganaron las candidaturas monárquicas. El comité revolucionario, nacido del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, se autonombró, sin título legítimo alguno, Gobierno provisional de la República. En menos de un mes se produjo la quema de conventos; ardieron más de cien edificios religiosos sin que actuasen los bomberos ni la Policía, salvo para impedir que el fuego dañase los edificios colindantes. Azaña, presidente del Gobierno, reaccionó: «Ni todos los conventos de Madrid valen la vida de un republicano». Pero ninguna vida estaba en peligro.

La Constitución republicana de 1931, no sometida a referéndum, representó a una mitad de España contra la otra mitad. El presidente de la Comisión Constitucional, Luis Jiménez de Asúa, la definió en el Congreso como «una Constitución avanzada, democrática y de izquierda». No se contemplaba una república de derecha. Ese grave lastre fue el motivo último de su fracaso.

En 1933 el centro-derecha ganó las elecciones y la izquierda amenazó con acciones violentas si accedían al poder los triunfadores. Ante las presiones, Gil Robles, líder de la CEDA, coalición vencedora, renunció a encabezar el Gobierno. Un año después Lerroux, del Partido Republicano Radical y presidente del Gobierno, incorporó a tres ministros cedistas, y la izquierda cumplió su amenaza: la revolución de Asturias del 6 de octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo. Hubo cerca de 2.000 muertos y graves daños en edificios históricos como la catedral de Oviedo y la universidad.

Lluís Companys, de ERC, presidente de la Generalitat, aprovechando la situación, proclamó «el Estado catalán dentro de la República Federal española». Aquel golpe de estado fue sofocado a cañonazos, con escasas víctimas, por el general Domingo Batet, jefe del Ejército en Cataluña. Suspendida la Generalitat, Companys y sus consejeros fueron juzgados y condenados a treinta años de prisión.

Días antes «El Socialista» amenazaba, 27 de septiembre de 1934: «Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado». Y el 30 de septiembre: «Nuestras relaciones con la República no pueden tener más que un significado: el de superarla o poseerla». La revolución de Asturias llevó a escribir al exministro e intelectual republicano Salvador de Madariaga: «Con la rebelión de 1934 la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936».

Ante las elecciones de febrero de 1936, Largo Caballero anunció: «Si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada». Y más tarde: «Ahora, después del triunfo, se precisará salir a la calle con un fusil al brazo y la muerte al costado». El Frente Popular ganó los comicios pero aquel resultado es todavía discutido. Hubo amenazas, secuestros de urnas y violencia en muchos distritos electorales, y la posterior intervención de la Comisión de Actas del Congreso, presidida por el socialista Indalecio Prieto, hizo bailar decenas de escaños a favor del Frente Popular. Pocos creen hoy que no hubo fraude. Companys y el resto de los condenados por el golpe de estado de octubre de 1934 fueron amnistiados. Es la libertad que esperan de Sánchez nuestros nuevos golpistas. Montesquieu hace tiempo que es un molesto recuerdo.

Las libertades democráticas fueron vulneradas repetidamente durante la Segunda República que, además, vivió una espiral de violencia, como reflejan los «Diarios de Sesiones» del Congreso. Repasar los periódicos de la época es un ejercicio saludable. Las intenciones de socialistas y comunistas estaban claras si perdían las elecciones de 1936. Y, a medio plazo, también si las ganaban. Con el prólogo del asesinato del líder opositor Calvo Sotelo por policías y pistoleros socialistas, fracasado el golpe militar del 18 de julio, el país desembocó en la tragedia de la guerra civil.

Lenin predijo ya en 1920 que «el segundo país de Europa que establecerá la dictadura del proletariado será España». A ese fin se empleó Stalin en la guerra civil, potenciada su intervención tras los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona; una guerra dentro de la guerra, como cuenta George Orwell, testigo de aquella sangría. Su vanguardia armada fueron las Brigadas Internacionales. Muchos combatientes del bando republicano no defendían la democracia sino planteamientos revolucionarios totalitarios.

Recordar todo esto acaso llegue a ser delictivo, merced a la nueva ley de Memoria Histórica que nos amenaza. El mentiroso más acreditado es el que cree sus propias mentiras. Hay mentirosos perennes que, a veces, llegan a ocupar altas responsabilidades y, pese a que sus falacias son públicas y notorias, no reciben rechazo social, incluso son jaleados por una abulia y una comodidad generalizadas, convertidas en corrección política. Pienso en el caso de Sánchez, ese mentiroso pertinaz.

Padecemos una Historia mentida en una realidad social en la que abundan la falta de «relato» y la credulidad. Como recordaba Eduardo Serra Rexach en una reciente Tercera «carecemos de un verdadero proyecto nacional que nos aúne alrededor de un objetivo común». Sánchez pacta con quienes ansían acabar con la Monarquía, la Constitución y la unidad de España. ¿Lo harán por el método del 14 de abril, con movilizaciones callejeras, añadiendo esta vez un referéndum cocinado? Sería ingenuo confiar en que se siga la vía constitucional para acabar con la Constitución. ¿En manos de quiénes estamos? Y la sociedad, muda.
(*) Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

06/01/2020:

EL RETO FILOLÓGICO DE LA CONTINUIDAD DESEADA

La Reconquista a debate
Rafael Sánchez Saus / ABC

A los españoles de mi generación se nos hace difícil comprender cómo ha llegado a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de Reconquista. Tengo ante los ojos el que fuera quizá el manual de Historia Medieval de España más utilizado por los estudiantes de los setenta y los ochenta, debido a un catedrático reconocidamente marxista, José Luis Martín. En él se mostraba reticente hacia la idea de «reconquista», en la medida en que, aclaraba, no hubo siete siglos de luchas continuas movidas por ideales religiosos -algo que hoy, y creo que ya entonces, ningún historiador pretendía-, pero no dudaba en aplicarla para dar cuenta del «avance de las fronteras de los reinos y condados del norte» sobre Al Andalus. Desde entonces la historiografía española ha cambiado mucho, en general para bien, pero evidentemente no podía permanecer inmune al gran debate que desde hace algún tiempo se plantea sobre la existencia misma de España como sujeto histórico, debate que permea todos los grandes procesos y acontecimientos como se ha demostrado, en estos días, con motivo de la conmemoración de la primera circunnavegación del mundo.

Un extranjero, aunque nos conoce muy bien, y ajeno al medievalismo aunque no a la historia, el gran Stanley Payne ha sido capaz de saltar por encima de los charcos de la crónica menor para explicarnos el rango que la Reconquista debiera tener en nuestra historia nacional y en la de la humanidad: «El gran proceso de recuperación y creación conocido escuetamente como la Reconquista es, si se toman en cuenta todas sus dimensiones, un acontecimiento absolutamente único en la Historia, y habría dado a España un papel destacado y sin precedentes en la historia universal, incluso si su pie y huella no hubiera llegado nunca a América».

Frente a esta visión tan potente, ¿somos conscientes los historiadores y medievalistas españoles de hoy de la importancia extraordinaria de lo que Payne observa, tanto si nos adherimos a su juicio como si no? Porque lo que sorprende en el actual y fiero debate sobre la idea de Reconquista es la insistencia en cuestiones de tan escaso porte real como la inexistencia del término en tiempos medievales ni antes de fines del siglo XVIII, o lo supuestamente inapropiado del concepto para describir fenómenos de indudable complejidad que comprendieron no sólo la ocupación territorial, también en buena medida la sustitución de las poblaciones y de la cultura allí asentadas desde hacía muchas generaciones.

El primer reproche, quizá el más repetido hoy, es casi infantil. Todos sabemos que las denominaciones empleadas por los historiadores desde hace varios siglos, tampoco precisamente desde ayer, para referirse a acontecimientos o procesos complejos y de larga duración no son prácticamente nunca contemporáneas a los hechos. La gran mayoría son un producto de la historiografía decimonónica, la primera que los estudió percibiendo o creyendo percibir la unidad que les da sentido, y así han llegado hasta nuestros días esos términos quizá no del todo apropiados pero necesarios para la comprensión histórica, y no digamos para la docencia: «invasiones bárbaras», «imperio bizantino», «califato de Córdoba», «guerra de los Cien Años»… y tantos otros que nunca fueron empleados por las gentes que los protagonizaron, pero sin los que sería imposible una mera conversación sobre los hechos que compendian.

El término Reconquista no podía nacer en la Edad Media porque el latín no lo posee, ni siquiera como idea estricta, pero los españoles de aquellos siglos sí usaron otros poco diferentes para referirse a lo mismo que la palabra «reconquista» evoca: el largo y dificultoso proceso de ocupación del territorio hispano en manos del islam, acompañado de la voluntad de extinción de Al Andalus, considerada ilegítima su propia existencia. Entre los conceptos entonces empleados para designarlo, el de Restauratio Hispaniae fue el más habitual y, al mismo tiempo, el más abarcador y el más cargado ideológicamente. La Restauración de España no podía consistir, tal como se la concebía, en una mera conquista militar, implicaba también el regreso a las formas idealizadas de la Spania anterior a la invasión islámica. Ese ideal goticista, ya desde el siglo IX, identificaba el solar hispano con un pueblo y un reino, heredero del de Toledo, y con una fe, la católica. ¿Debiéramos sustituir Reconquista por Restauración de España? No parecen esas las intenciones de los críticos.

La otra objeción, la de cómo llamar Reconquista a la ocupación de territorios que los cristianos no poseían desde hacía varios siglos, puede parecer más consistente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el término responde inequívocamente a la perspectiva de los reinos norteños, de los que los españoles posteriores siempre se han considerado continuadores hasta hoy, lo que hace es subrayar precisamente la fuerte convicción de los conquistadores de estar recuperando algo que era suyo y legítimamente les pertenecía, aunque hubiera sido ocupado durante siglos por gentes sin derecho a ello. Lo indudable es que para que un convencimiento así llegue a cuajar y a formar parte de la identidad de una comunidad, se hace completamente necesario un sentimiento de continuidad entre los reinos cristianos y la España perdida. Ese sentimiento de continuidad, al menos desde el siglo IX, es claramente perceptible.

Pero como sucede a menudo, la justificación y pervivencia del término Reconquista puede estar asegurada por la inexistencia de otro mejor, por la incapacidad de quienes lo rechazan para proponer otro que no posea una tal carga ideológica actual que su empleo pueda hacerse sin repulsión. Historiadores y filólogos debieran ser capaces de prescindir de las suspicacias ideológicas más que científicas que una expresión de tanta solera como Reconquista genera, conseguir separarse de la carga emocional que algunos siguen proyectando sobre acontecimientos irreversibles desde hace cientos de años, como si la resurrección de un Al Andalus mitificado dependiera de ellos y sus trabajos, y comprender que lo que interesa a todos conocer y explicar, más que el nombre, es la magnitud de los fenómenos históricos que el concepto de Reconquista sintetiza.

No podemos hacernos muchas ilusiones: el problema no reside en aceptar o rechazar una mera palabra más o menos apropiada, ni siquiera una idea asociada a un término, a lo que muchos se niegan es a reconocer la formación de una gran realidad histórica y cultural sobre la noción conservada de otra preexistente y el empeño de muchas generaciones en su recuperación. La primera, procedente de los tiempos godos; la segunda, la que la Reconquista cuajó. Cada una fue hija de su tiempo y entre ellas existió un enorme hiato, aunque también evidentes continuidades. Ambas fueron y en buena medida siguen siendo una y la misma España que hoy nos acoge a todos.
(*) Rafael Sánchez Saus es Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz.

24/01/2020:
https://www.almendron.com/tribuna/la-reconquista-a-debate/
https://www.abc.es/opinion/abci-rafael-sanchez-saus-reconquista-debate-202001232308_noticia.html

ANCESTRAL CONTRAPOSICION

Rescatar la palabra
Adela Cortina / El País

Recurrir al verso de Blas de Otero “me queda la palabra” en situaciones de desconcierto es un lugar común. “Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra”, decía el bien conocido texto. Para disentir o para acordar, seguimos creyendo que siempre nos queda la palabra. El medio más propiamente humano para construir la vida compartida.

En efecto, ya en el Libro I de la Política recordaba Aristóteles que el ser humano es un animal social, y no simplemente gregario, porque cuenta con el logos, un término que significa a la vez “palabra” y “razón”. A diferencia de los animales que están dotados sólo de voz para expresar el placer y el dolor, las personas cuentan con la palabra, que les hace sociales, porque les permite deliberar conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, sobre lo conveniente y lo dañino. Y ésta —la palabra— es la base de la familia y la amistad, es la base de la comunidad política, que congrega distintas familias y diversas etnias y se distingue de ellas porque tiende al bien común y debería esforzarse por alcanzarlo.

Rescatar la palabraLa palabra, por tanto, acontece en el diálogo, exige interlocutores; incluso nuestros monólogos son diálogos internalizados. Como bien decía Hölderlin, “somos un diálogo”. Y es esa palabra puesta en diálogo la que debería sustituir a la violencia a la hora de resolver los problemas que surgen de la vida común.

Pero la palabra puesta en diálogo tiene por meta la comunicación entre las personas y para alcanzarla ha de tender un puente entre el hablante y el oyente, o los oyentes. Un puente que, según acreditadas teorías, exige aceptar cuatro pretensiones de validez que el hablante eleva en la dimensión pragmática del lenguaje, lo quiera o no. Son la inteligibilidad de lo que se dice, la veracidad del hablante, la verdad de lo afirmado y la justicia de las normas. Si esas pretensiones se adulteran, no hay palabra comunicativa ni auténtico diálogo, sino violencia por otros medios, violencia por medios verbales: discurso manipulador, discursos del odio, que dinamitan los puentes de la comunicación y hacen imposible la vida democrática.

Poner el termómetro de estas cuatro pretensiones a los discursos que dominan nuestra vida compartida, a través de las redes sociales o de los medios de comunicación tradicionales, es necesario para descubrir la densidad de nuestra calidad democrática, para saber si, a pesar de los pesares, nos queda la palabra.

En lo que hace a la inteligibilidad, desde los años setenta del siglo XX se ha ido extendiendo —por fortuna— un movimiento en favor del Lenguaje Claro, convencido de que en sociedades democráticas la claridad no es sólo la cortesía del filósofo, sino sobre todo un derecho de la ciudadanía y un deber de los poderes públicos. La claridad en los documentos es un camino en el que queda mucho por andar, aunque se haya empezado a recorrer.

Pero siendo la inteligibilidad de lo dicho una pretensión difícil de satisfacer en la vida pública, más lo son las otras tres —veracidad, verdad y justicia— en tiempos en que se asume la posverdad, no como una lacra a extirpar, sino como un instrumento para alcanzar objetivos individuales y grupales. La “normalización” de la posverdad y de los bulos, el hecho de aceptarlos como un rasgo más de nuestra vida política, tendrá, entre otras, una nefasta consecuencia: que ni siquiera nos quede la palabra.

Como sabemos, los bulos son noticias falsas, propaladas con algún fin, cuyo emisor podría identificarse, aunque se necesitara para lograrlo mucho esfuerzo. Las noticias sobre la implicación de potencias extranjeras en elecciones y en acciones violentas en una inusitada cantidad de países, entre ellos España, son una prueba palmaria de ello. La posverdad, por su parte, es una “distorsión deliberada que manipula emociones y creencias con el fin de influir en la opinión pública”, una práctica usual de los demagogos. En realidad son mentiras, consisten en decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, buscando provecho propio, y están distorsionando la vida política y social.

El mecanismo es sencillo. Se trata de diseñar un marco de valores, simple, esquemático, desde el que los oyentes puedan interpretar los acontecimientos y en el que sólo juegan dos equipos, nosotros y ellos. No importa si hay dos partidos políticos o 20.000 fragmentados, la ancestral contraposición amigo-enemigo sigue siendo rentable para dotar a la ciudadanía de una identidad, sea desde la presunta izquierda o desde la presunta derecha. La creciente polarización de la escena política y social hace que la competencia se exprese en emociones binarias de simpatía/antipatía ante discursos, conductas y símbolos, cuando el pluralismo político reclama, en palabras de Ignatieff, “respetar la diferencia entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien al que quieres derrotar. Un enemigo es alguien al que tienes que destruir”. Concebir la política como el juego de la guerra entre enemigos irreconciliables, y con ello, a la polarización de la sociedad, es lo más contrario a la busca del bien común, que es la meta por la que la política cobra legitimidad.

A todo ello se añade desde hace algún tiempo la profusión de prácticas que defienden la legitimidad de utilizar en el debate público términos con significantes ambiguos o vacíos, pero con una connotación positiva para la ciudadanía; significantes que permiten construir identidades con narrativas emocionalmente atractivas, aunque nada tengan que ver con los hechos. Se apela entonces a palabras biensonantes como “democracia”, “progreso”, “patria” o “soberanía”, que despiertan sentimientos positivos, pero a las que se ha vaciado de contenido, por eso se pueden utilizar en un sentido u otro según convenga. ¿Qué relación guarda todo esto con la veracidad y la verdad, propias del buen diálogo?

Recuperar en el mundo político el valor de la palabra, que es el medio más propiamente humano, como siguen recordando instituciones como la Fundación César Egido Serrano o la FAPE, exigiría precisar con claridad el significado de los términos que se utilizan: en qué consisten el progreso y ser progresista, de qué tipo de democracia hablamos, quiénes forman parte del pueblo, cómo se van a resolver problemas como el del desempleo, cómo articularemos las demandas legítimas de inmigrantes y refugiados, qué ideología está realmente detrás de cada propuesta y en qué instituciones cristalizaría. Pero también recordar que hablar es comprometerse, lo que obliga a cumplir las promesas generando confianza en una ciudadanía que, en caso contrario, queda estafada.

Y, por supuesto, atendiendo a la aspiración a la justicia, no confundir el auténtico diálogo, que es el que intenta llegar a decisiones que satisfagan los intereses legítimos de todos los afectados por ellas, con las negociaciones bilaterales con aquellos que tienen capacidad de negociar en su propio provecho. Tener presentes a los afectados por las decisiones es lo justo y lo conveniente, es el camino propio de la socialdemocracia, capaz de crear cohesión social. La agregación de intereses de quienes demandan privilegios es la vetusta práctica del clientelismo, un camino seguido bien a menudo por el individualismo neoliberal.
(*) Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación ÉTNOR.

22/01/2020:
Ilustración: Eulogia Merle.

domingo, 26 de enero de 2020

CONSIGNACIONES

Algunas iniciativas en la Asamblea Nacional en torno a la Comisión Especial o Mixta sobre el Esequibo, Isla de Anacoco, libro, y Comisión de  Política  Exterior.

NOTICIERO RETROSPECTIVO

- Rodolfo Schmidt. "Orquesta Sinfónica Venzuela". El Diario de Caracas, 01/07/1987.
- Rodolfo Quintero y las elecciones en la UCV. El Nacional, Caracas, 27/03/80.
- Luis Buitriago Segura. "El país en viaje hacia la sed (I): Venezuela se quedará sin agua n 20 años" / "(IV) Se agotan las aguas y envenenan las que nos quedan". El Nacional, 06 y 09/01/82.
- Adolfo Teilhardat. "Parlamento latinoamericano". El Nacional, 08/03/99.

Ilustración: Referida a la paralización de las actividades en la Universidad Central de Venezuela. El Nacional, Caracas, 19/05/1948.

DELIBERADA CONFUSIÓN

De la (in) comprensión de las elecciones universitarias
Luis Barragán

La alternativa fue siempre  la de celebrar los comicios universitarios de conformidad con el artículo 109 constitucional, la Ley de Universidades y el reglamento vigente en cada casa de estudios. Cierto, quizá la coyuntura política no era favorable para una iniciativa tan decidida que tampoco deseaba el régimen siquiera tentar, muy conforme con la hipoteca judicial de larga duración que finalmente rompió con la consabida sentencia de mediados de 2019, ordenándolos arbitrariamente.
Seguidamente, bajo la espesura de una desorientadora cautela, las autoridades universitarias decidieron callar probablemente por las limitaciones de la dictadura para copar todas las instituciones de educación superior del país o por la misma expectativa de negociación del plazo ordenado, aunque no tuvo estelaridad alguna en los eventos de Noruega y Barbados para una cohabitación que se juró promisoria.  Los hechos vandálicos de la UDO o, más recientemente, la designación de un vicerrector administrativo en LUZ, pendiente  la sustitución del renunciante en la UCV, perfeccionada la estratagema en la USB, demostraron y demuestran la firme determinación de intervenir, sojuzgar y liquidar a la universidad venezolana, trastocada en agencia de adiestramiento y producción por la fuerza.
Meando fuera del perol, según la sentencia popular, algunos incurren en la proeza de hacerlo consigo mismos, pues, ya imposible de soslayar el problema, piden elecciones a todo evento, traspapelada la agenda nacional en aguerrido desafío a los abstencionistas que osaron desconfiar de la fórmula de Henry Falcón.  Generando confusión, se deslizan hacia las reglas del oficialismo que se atrevió a la inmensa estafa constituyente de julio de 2017, la repitió en las elecciones regionales, municipales y presidenciales, esperando por las parlamentarias para cancelar así cualesquiera tentativas de superar las actuales circunstancias de algo más que un régimen de fuerza.
Semejante a lo que esperamos para el país, deseamos unas elecciones universitarias afianzadas por las normas constitucionales, legales y reglamentarias que digan de su eficacia, transparencia y rectitud que, además aporten al cese de la usurpación. Por ello, la propuesta formulada meses atrás por la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio, reiterada en los debates asamblearios del presente año, para realizar los comicios en forma masiva y simultánea en todo el ámbito universitario, porque – es el caso – la lucha ha adquirido un carácter existencial que no puede esperar al fatal cumplimiento del plazo o al chantaje de su continua postergación, para la quejumbre devenida hábito.
Por lo demás, aquellos que acusan de “intromisión” a todo aquél que siente una legítima angustia por el destino de la universidad, más aún al ejercer una responsabilidad de representación ciudadana, como es nuestro caso, deben – ante todo – ganar autoridad moral al defender convincentemente la autonomía. Facilita su entrega, la obstinada separación de la institución respecto a la suerte del país, redundando en las precarísimas condiciones alcanzadas.
28/01/2020:
https://www.caraotadigital.net/opinion-1/de-la-in-comprension-de-las-elecciones-universitarias

CONFEDERALIDAD SOCIALISTA

Primus inter pares
Luis Barragán

Recordamos el comentario: lo más impresionante de la visita realizada al ministerio de la usurpación dedicado a la educación superior, fue apreciar sobre el escritor del viceministro una banderita cubana. No había otra en todo el despacho al recibir a la directiva de la FAPUV, quedando el asunto como algo más que una anécdota.

Ahora, Maduro Moros habla de la incorporación del embajador isleño al consejo de ministros, a quien debe fastidiarle la idea de intervenir directamente en una instancia que seguro conoce, con las supuestas formalidades que sugiere su presencia.  Quienes, décadas atrás, rasgaban sus vestiduras por la presencia de la misión militar estadounidense, jamás hubiesen imaginado que Betancourt o alguno de sus sucesores, públicamente incurrieran en  algo semejante con el embajador del norte: huelga agregar, absolutamente impensable para todos.

Luce obvio que el solo comentario miraflorino avala la ocupación cubana del país y la sistemática intromisión en cualesquiera de los despachos gubernamentales, pues, el ilustrado viceministro aludido (¿de apellido León?), por muy entusiasta revolucionario que fuese, sabe lo que implica tamaña devoción; además,  la banderita, servirá de supersticiosa  credencial, contraseña o quién sabe qué para aquellos que osen sospechar de alguna veleidad disidente. Las obviedades remiten inmediatamente a casos de traición a la patria, entrega a una potencia extranjera, al régimen como la mayor vulnerabilidad en relación a nuestra seguridad y defensa, por lo que la banderita o el anuncio en cuestión parecen una nimiedad.

A nuestro juicio, sin que ello desmienta una realidad que cursa mejor tras bastidores, el comentario constituye quizá una provocación bien calculada para el país y para los punteros de la comunidad internacional; una advertencia burocrática al embajador cubano, cuya directa coordinación parece necesaria ante la incompetencia del resto de los colaboradores; un gesto auto-demostrativo de poder, o cualesquiera otras conjeturas que se nos ocurra.  Nadie duda de la condición de primus inter pares del enviado diplomático, a menos que  tenga a un comisario político más poderoso detrás de la puerta, pero lo cierto es que, por todos estos años, se evidencian sendos delitos derivados de la cubanización del poder en Venezuela, por lo que la “propuesta” es ociosa: una raya más para el tigre.

Cualquier “boutade” la celebran, porque jamás responderán a algún periodista impertinente que asedie a los prohombres del poder establecido. Esta posibilidad está descartada, facilitando esta u otras travesuras que la molicie autorice.