domingo, 5 de junio de 2016

ESTA DINTINGUIDA AUTORIDAD



EL NACIONAL, 22 de noviembre de 2014
La Autoridad, según J. M. Bochenski

Atanasio Alegre  

Cuando lo llamaron a filas en 1920 a raíz de la invasión soviética de Polonia,  J. M. Bochenski tenía 18 años, había concluido con honores el bachillerato, era bilingüe en polaco y en alemán, poseía buenos conocimientos de los dos idiomas clásicos latín y griego y todo ello adquirido dentro del monasterio de los padres dominicos de su ciudad natal. El sometimiento a la autoridad militar, ejercida en su caso por un joven suboficial admirable por su capacidad, no solo para hacer cumplir las órdenes, sino para resolver cualquier problema que  confrontara la tropa, puso en la pista al soldado Bochenski de que en la palabra auctoritas latina había componentes que, de momento no acertaba a expresar.  O sea que no era lo mismo la autoridad del que manda que la autoridad del que sabe, como en el caso del suboficial en el que confluían ambas.
La anécdota de su primer encuentro con la autoridad como soldado la contó Bochenski al comienzo del seminario en el que tuve la suerte de participar en el verano del 76. Fueron dos días de intensa y gozosa reflexión sobre la lógica de la autoridad.
La anécdota de todas maneras –como pude constatar después– aparece también en el libro de Bochenski: ¿Qué es la autoridad?
Cuando apareció ese libro, Bochenski había profesado ya en la Orden de los dominicos y hacía honor a las siglas de la Orden, OP, Orden de Predicadores, con la diferencia de que el campo para el que estuvo dotado con el don de la expresión fue el de la filosofía.
Tanto su recuerdo como el libro que sirvió de guión para aquel seminario, me han acompañado hasta hoy; y no solamente por la fascinación del personaje, sino porque ya entonces había anunciado que las grandes crisis por venir tendrían que ver con las de la autoridad.
Personalmente, he sostenido que este vertiginoso cambio de época que se trasluce actualmente en la avalancha de la información, va a ocasionar una situación parecida a la que se produjo en el Renacimiento con la invención de la imprenta, la cual liquidó, entre otras, la concepción de autoridad, divinizada durante la Edad Media. Fue la aparición del homo divinus y el deus humanus mucho más allá de cualquier interpretación lingüística.
¿Sería conveniente en vista de ello hacer un breve repaso del pensamiento de Bochenski en el supuesto de que nos encontramos ante una crisis de la autoridad?
Esta nota tiene ese propósito.
La primera pregunta que hay que formular, teniendo a la vista los dos espejos cóncavos deformantes de la autoridad, la rebeldía y el exagerado sentido carismático de ejercerla, sería la de establecer la categoría a la que pertenece la autoridad. Las cosas se presentan como objetos, como propiedades o como relaciones. Si la autoridad no es un objeto, como lo es la pared de enfrente, la autoridad debería ser entonces o una propiedad o una relación. Naturalmente, la autoridad, más que una propiedad, es una relación terciaria y en tal sentido, sus elementos son el portador de la  autoridad, el sujeto sobre el que se ejerce y el campo de competencia de la misma. Si se concibe la autoridad como una propiedad, el sujeto sobre el que va a recaer va a estar más cerca de la esclavitud que de otra cosa. La esclavitud que no figura hoy como acto público, existe en la explotación laboral, en el trabajo infantil o en la llamada trata de blancas, para citar solo tres casos. Todo ello por arrogarse una propiedad indebida sobre la condición humana.
Por tanto, la autoridad para bien ser, es una RELACIÓN. Claro que una relación, la de un hombre con otro, la del que manda, en este caso, con la de quien está dispuesto a obedecer sobre un determinado asunto, puede ejercerse de dos maneras: mediante órdenes (que implican una manera determinada de comportamiento) o mediante recomendaciones o consejos. Si utilizáramos una desinencia griega para expresar estas dos formas del ejercicio de la autoridad, podríamos hablar de una autoridad deóntica o la que implica deberes y una autoridad epistémica o la del que sabe, la del que reúne una determinada competencia en un campo del conocimiento. La autoridad puede ser, por tanto: deóntica o epistémica.
La autoridad deóntica se basa en la consecución de un fin práctico mediante una orden. El delincuente que me asalta para que le entregue mis pertenencias, me ordena que le de mis cosas bajo amenaza de muerte.
Pero, otras órdenes dependen de lo establecido previamente por un legislador las cuales teóricamente, persiguen el bien de los miembros de una comunidad. Su cumplimiento o no puede acarrear consecuencias. En las órdenes que  debe trasmitir a la tripulación el capitán de un barco para evitar el naufragio, tal vez haya tomado en cuenta la experiencia de algunos de los tripulantes considerados como lobos de mar. Esos  viejos lobos de mar, al ofrecer al capitán, sus recomendaciones han echado mano de una autoridad epistémica,  aprendida en ocasiones parecidas.

Los consejeros, consultores, expertos e incluso ministros  con los que cuentan los hombres de gobierno para evitar la deriva del estado al que representan, deben conformar una mezcla deseada entre la conjunción de quienes ejercen la autoridad deóntica, asistidos con el respaldo de quienes poseen una  autoridad epistémica.
Naturalmente, el éxito de los fines que han de lograrse en uno o en otro caso dependerá de la elección los consejeros o asesores en buena  medida. Si los  consejeros son los apropiados para el gobernante, o los lobos de mar para el capitán del barco en peligro, en ambos casos deberá imponerse la autenticidad: que el gobernante aspire al bienestar de los gobernados y que quienes les ayudan a tomar las decisiones, dispongan de la debida competencia para ello.
Cuentan que Franz Joseph Strauss, quien tanta figuración tuvo en la política alemana de la posguerra, tenía a su servicio a un periodista que escribía todo lo que pensaba Strauss mientras fue presidente de la región de Baviera. Pero sucedía, a su vez, que luego, Strauss pensaba lo que el periodista escribía. O sea, una  vuelta en torno a sí mismo.
Hace unos días, un político catalán recomendaba no enseñar español a los niños catalanes porque el español es un idioma de pobres…
Evidentemente, la situación del fracaso en el ejercicio de la autoridad en estos tiempos bascula entre estos dos ejes: la veleidad –la del atolondrado político catalán recomendando no estudiar español– y la del tautológico consejero alemán. Dicho de otra forma, la situación actual de muchos de los que ejercen la autoridad roza en lo ridículo con no poca frecuencia, o en el engaño, en otras, a merced del desbordante sentido carismático con el que nos tienen acostumbrados a los gobernantes de marras.
***
J.M. Bochenski murió a los 93 años. Vivió a plenitud. Sigue siendo considerado como uno de los más connotados especialistas en lógica matemática; fue rector de la Universidad suiza de Friburgo, piloto de aviones, corredor de automóviles de formula 1, gustador de la amistad y de la más noble de las convivencias con los filósofos de su tiempo. Mario Bunge se ha referido al miedo que pasó recorriendo una región de Austria en  un automóvil, conducido por Bochenski, una noche a 150 kilómetros por hora. Juan Nuño, quien hizo un curso completo con Bochenski de lógica matemática, destacó el sentido deportivo con el que Bochenski encaró sus compromisos filosóficos. Bochenski y Nuño fallecieron, por cierto, con diferencia de meses, el mismo año, en 1995.
Was ist autorität?
Bochenski, J.M:
Herder Verlag,
Freiburg im Breisgau, 1974.
Fuente:

sábado, 4 de junio de 2016

CLAPTÓDROMO



Dejen comer a la gente
Nicomedes Febres

* Uno de mis mejores amigos, que murió en sus treinta años, era un hombre espiritualmente muy bondadoso y generoso, pero muy pendejo. Y creo que murió por pendejo al casarse con una cuaima que no le convenía, pese a que sus padres y yo se lo advertimos. Mi amigo era ingeniero y comunista de esos que se fue al MAS y todos los días me llamaba por teléfono y hablábamos. Fue el hermano que no tuve. Un día hablando de la caída y muerte de Allende me comentó que Allende había ordenado que se suprimiera la venta de leche a los fabricantes de helados porque toda la leche posible debía ir a los niños para su alimentación. Le respondí, pana tú no eres más pendejo porque es imposible, esa decisión es solo demagógica; acaso crees que la falta de leche de los niños en Chile se soluciona acabando con los helados?. Los helados no debe ser más del 1% de la leche que se produce. El verdadero problema de Chile es que debe producir más leche para que haya leche para los niños, para los helados y para cualquier vaina que sea necesario. Extraigo el cuento del recuerdo porque eso refleja la manera de razonar de los comunistas. Primero, no saben producir nada de nada, luego ante cualquier contingencia empiezan a pensar en lo más justo para distribuir y a aquello le dan un tonito épico como si fuera producto de una guerra y no de su torpeza, y luego toda decisión se diluye en la incompetencia y la corrupción propios de un régimen planificador en detalle de tonterías y centralista. Pasarán mil años y nunca faltará quien diga esas necedades. Y es lo que viene ahora con los fulanos CLAP. Carajo, como le gusta a los comunistas esas organizaciones de cuatro letras que no sirven para nada, pero suenan marciales. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o CLAPS, una pelusa, suenan a un grupo responsable, militante, abnegado, de guirnalda en el pecho y foto de Lenin en la cartera, dedicado a la distribución de productos imprescindibles del Quinto Regimiento en el Frente de Madrid durante la guerra civil española, o a los responsables de lo mismo en el sitio de Stalingrado o en el Gueto de Varsovia. Algo heroico, mítico, de un militante pagando con su vida la defensa de los potes de leche para los muchachitos mientras el agresor es repelido por los otros camaradas en una operación comando. Aquí nadie recuerda la experiencia del déficit de productos lácteos en una ocasión durante la democracia, que se subsanó rápidamente importando leche de soya y además, como el sabor era algo diferente, la gente estuvo por unos días reacias a tomarla, y los sacos terminaron como almohadillas de las bases de los juegos de béisbol en el Chato Candela, el estadio del 23 de Enero. Esos fulanos CLAP terminaran siendo fuente de corrupción y guisos entre el perraje del chavismo. A la señora del CLAP de Antímano la llamará su hermana avecindada en Catia para decirle, mira Yamilet Coromoto, consígueme unos sacos de leche pa´ los muchachos míos y aquí tengo unas vecinas desesperadas que quieren leche y ellas pagarían más, así que si me los consigues partimos la cochina y nos metemos unos reales mi amor, porque la vaina está muy difícil y no hay trabajo y Cósme mi marido, con su jugadera de Quino y los amigotes, me llega rascao con frecuencia y no se enseria. Total, los sacos de leche de Antímano terminarán con sobreprecio en Catia y con esa plata Yamilet Coromoto comprará su nevera último modelo para cambiar la otra que estaba fallando. Cuando esto se acabe, que se va a acabar, la gente arrecha en los barrios asaltará a sus Yamilet Coromoto respectivas por chavista y enchufada y vaya uno a saber cómo terminará ese drama marginal. No le rindo la ganancia a Yamilet y su nevera por capitalista.

Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208938953531835&set=a.2324650196458.132741.1255727869&type=3&theater

LA DICTADURA ALIMENTARIA: SEGREGACIONISTA E INDEFECTIBLEMENTE HAMBREADORA



Sobre la inconstitucionalidad de los CLAP
José Ignacio Hernández

Desde hace algunas semanas, el Gobierno ha venido hablando de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En el marco del reciente Decreto de estado de excepción, se les asignaron diversas funciones de control e inspección. Ayer  se denunció que la comercialización de cierto productos esenciales solo podrá hacerse a través de los CLAP, lo que desencadenó diversas protestas.
¿Es constitucional asignar a los CLAP estas funciones?
Los CLAP: una vieja novedad
Fue el 3 de abril cuando se anunció una “nueva” medida: la creación de los CLAP, a fin de crear un “nuevo sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”. Los CLAP fueron creados como organizaciones populares para controlar, junto al Gobierno, la distribución de productos regulados.
Sin embargo, lo único nuevo de los CLAP es el nombre. Fuera de eso, en realidad, estamos ante una figura creada hace nueve años, y que tampoco entonces era original.
En 2007, la política de control de precios tenía ya cuatro años. Todo control de precio que alcanza esa duración, inevitablemente, comienza a generar escasez y desabastecimiento, como en efecto sucedió. Sin embargo, el Gobierno entendió que esos problemas eran consecuencia de ciertas deficiencias en el sistema de control, razón por la cual decidió radicalizar ese control dictando, mediante Decreto, la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios.
Ese Decretó creó a los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, como organizaciones populares para controlar, junto al Gobierno, la distribución de productos regulados. Es decir, exactamente lo mismo para lo cual se “crearon” a los CLAP.
Los Comités de Contraloría Social —como los CLAP— actuaron conjuntamente con los Consejos Comunales y el resto de instancias del Poder Popular para controlar ilícitos económicos, como se anunció en ese entonces.
Desde entonces, intermitentemente, los Comités volvieron a surgir cada vez que los efectos del desabastecimiento y escasez se hacían más palpables. En 2011, por ejemplo, el Gobierno informó la creación de Comités para combatir la especulación.  Dos años después, en 2013, el Gobierno anunció la creación de “Comités de Contraloría Social y Brigadas contra la Especulación” para garantizar la seguridad alimentaria. Incluso, en 2010 se dictó la Ley Orgánica de Contraloría Social, que pretendió establecer el marco para la contraloría social de esos Comités.
El Decreto-Ley de 2007 fue derogado por otros Decretos-Leyes dictados con el mismo propósito que justificó su promulgación: combatir los ilícitos económicos y asegurar la seguridad alimentaria. En una de esas reformas el Gobierno decidió eliminar a los Comités de Contraloría Social. Hasta que en 2016 resurgieron con el nombre de CLAP.
Por cierto, tampoco la creación de los Comités de Contraloría Social por el Decreto-Ley de 2007 era una novedad: ya la Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación, de 1947, permitía a la comunidad organizada fiscalizar el control de precio.
La creación de organizaciones populares para fiscalizar el control de precios es, así, una novedad que tiene casi setenta años.
Los CLAP: superpoderes para organizaciones que no existen
Como vimos, los CLAP son organizaciones que fiscalizan la distribución de productos sometidos a control de precio, y que incluso asumen directamente esa distribución. Todo ello —como se anunció en el 2007, en el 2011 y en el 2013— con la intención de proteger la seguridad alimentaria.
Sin embargo, hay un  pequeño detalle: los CLAP no existen. Es decir, no son figuras creadas en alguna regulación, como al menos sucedió con los Comités del 2007. Tampoco parece claro que los CLAP hayan cumplido con las formalidades necesarias para actuar como instancias del Poder Popular, según la Ley que regula esa materia.
Esto quiere decir que el Gobierno ha atribuido superpoderes a organizaciones que no existen, salvo en los hechos. Son, así, organizaciones de facto.
La inconstitucional asignación de funciones de control a los CLAP: ¿hay ciudadanos más iguales que otros?
En todo caso, como sucedió en el 2007, la intención del Gobierno de asignar funciones de control a los CLAP es inconstitucional, pues sólo el Estado, en el marco de las garantías constitucionales, puede ejercer funciones de control y vigilancia sobre la distribución de productos.
Pretender asignar esas funciones de policía a organizaciones privadas —como los CLAP— implica una delegación inconstitucional de funciones públicas.
Hay una clara razón que impide tal delegación. Un principio constitucional básico es aquel según el cual todos los ciudadanos son iguales frente a la Ley. Pero ese principio se rompe cuando, mediante los CLAP, se permite a unos ciudadanos fiscalizar lo que hacen otros ciudadanos.
Esto es incluso más grave, tomando en cuenta que la integración de los CLAP parte de organizaciones satélites del PSUV, lo que implica un claro supuesto de discriminación política. No solo se crea una desigualdad de ciudadanos, sino que además, esa desigualdad se basa en criterios políticos .
Todo lo cual me recuerda, por cierto, a Orwell: en los CLAP, hay unos ciudadanos “más iguales que otros”.
Los CLAP violan el principio de soberanía del consumidor
La Constitución recoge el principio de soberanía del consumidor: son los consumidores quienes deciden qué bienes y servicios adquirir.
Tal principio constitucional es violado por los CLAP, pues son esas organizaciones las que decidirán qué bienes podrán adquirirse y quién podrá adquirirlos, lo que harán además basado en una discriminación política.  De hecho, se ha denunciado incluso que algunos establecimientos han sido impedidos de comercializar estos productos, los cuales solo podrán adquirirse a través de los CLAP.
En lo que es sin duda una paradoja, la intención de crear un monopolio en los CLAP para la distribución de productos regulados viola la Ley Orgánica de Precios Justos, que prohíbe negar la venta de productos en establecimientos comerciales.
Los CLAP: una regulación ineficiente
Finalmente, los CLAP responden a una regulación ineficiente que, como tal, es inconstitucional, por crear restricciones artificiales a la comercialización de productos esenciales.
Como sucedió en 2007, la creación de los CLAP en 2016 se justificó en la necesidad de atacar la “raíz del problema”, a saber, la existencia de ilícitos económicos que afectan la distribución de alimentos.
Tal diagnóstico, como la evidencia lo demuestra, es falso. La raíz del problema no es cómo se distribuyen esos productos, sino qué productos se distribuyen.
Así, el desabastecimiento y escasez son consecuencia de erradas políticas públicas que han restringido la producción de bienes y la importación de materias primas y productos terminados. Todo ello ha restringido notablemente la oferta de tales productos, lo que lógicamente genera desabastecimiento, escasez e inflación.
Por ello, es ineficiente intentar solucionar ese problema regulando la distribución a través de los CLAP, pues el verdadero problema es que no hay suficientes productos que distribuir. Y ese problema no se solucionará creando inconstitucionales controles para limitar, todavía más, la distribución de productos cada vez más escasos.
Recordando a Einstein
La creación de los CLAP responde a la misma retórica desarrollada desde el 2007, pero en un contexto económico y social mucho más delicado. Si en el 2007 la inconstitucional creación de organizaciones populares para control la distribución de productos afectaba el bienestar de los consumidores, en 2016 tal política puede resultar catastrófica, vista las dimensiones de la crisis.
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, decía Einstein. Al retomar la figura de “comités populares”, el Gobierno está haciendo lo mismo que ha hecho desde el 2007, con lo cual el resultado será exactamente el mismo: más desabastecimiento, mas escasez y más inflación.

Fuente:
Cfr.

viernes, 3 de junio de 2016

INÉDITO EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA


Genocidio 
Dulce María Tosta
 
Venezuela atraviesa una situación caótica. La escasez de alimentos y de  medicamentos y la abundancia de delitos nos han escamoteado el derecho a vivir y nos recuerdan -cada momento- la ineluctable proximidad de la muerte.
El tornillo del garrote vil que un régimen político perverso puso en el cuello de la República, ha sido apretado lenta pero constantemente; los demenciales métodos aplicados en otras latitudes con resultados humanos y económicos desastrosos, están siendo impuestos en la patria de Bolívar y Miranda con inaudita vesania, provocando miseria y desesperanza; pero la hora del «sálvese quien pueda» parece haber llegado, no para huir despavoridos ante el inminente hundimiento de la nave, sino para ponernos de pie, enarbolar banderas y luchar por la vida.
La situación venezolana no es inédita: Armenia (1915 – 1923), Ruanda (1994), Ucrania (1932 – 1933) y Europa (1939 – 1945) presenciaron la desaparición de millones de personas por motivos de raza, religión o política y que el jurista judío Raphael Lemkin (1900 – 1959), llamara genocidio, provocando que  en diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,  Convención de la cual Venezuela es signataria.
Dicho instrumento comienza señalando que el delito puede cometerse tanto en tiempo de guerra como de paz; muy importante precisión, pues indica que se puede cometer por medios «pacíficos», (no militares) tales como la destrucción de medios de producción de bienes de primera necesidad, la creación de una situación de inestabilidad jurídica que inhiba la inversión o destruya la existente, la persecución de expertos necesarios para la producción de bienes y servicios; la promoción del éxodo de profesionales calificados necesarios para la satisfacción de las necesidades sociales; el rechazo de ayuda internacional requerida por enfermos graves; … y pare de contar.
En la tipificación del genocidio, se lee: «Artículo II (omissis)   c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;». Surge de inmediato una pregunta: ¿Se pueden considerar intencionales y de resultados previsibles las acciones del Poder Ejecutivo que han causado hambruna y mortandad en los últimos años? Creemos que sí, pues no solamente  causaron hechos antijurídicos, sino que las acciones mismas fueron antijurídicas, directamente violatorias de la Constitución y la ley. Citemos, a título de ejemplo, las múltiples expropiaciones que hicieron famoso el término ¡Exprópiese! en boca de Chávez; esa orden constituye un hecho antijurídico por contrariar abiertamente el artículo 115 constitucional que reserva al poder judicial («sentencia firme») la expropiación de cualquier clase de bienes «con pago oportuno de justa indemnización».
Estas acciones confiscatorias no solamente fueron voluntarias, reiteradas y publicitadas, sino que se realizaron en franca desobediencia a la prohibición que encierra el término «Solo» del citado artículo 115; las consecuencias de tal violación eran previsibles: la estampida de capitales nacionales y foráneos por la pérdida de confianza en el sistema económico nacional. Igualmente voluntaria y de resultados previsibles fue la paralización de los planes de electrificación cuyas consecuencias fueron advertidas por expertos en la materia: producción insuficiente ante el crecimiento esperable de la demanda por razones poblacionales. Pero donde la intencionalidad mostró fulgor solar fue en el rechazo a la ayuda internacional para socorrer a los enfermos mediante la donación de medicinas, a pesar de que el Poder Ejecutivo, a través de su servicio aduanero, está habilitado para «Exonerar total o parcialmente de impuestos, y dispensar de restricciones, registros u otros requisitos, el ingreso o la salida temporal o definitiva de mercancías destinadas a socorro con ocasión de catástrofes, o cualquier otra situación de emergencia nacional, que sea declarada como tal por el Ejecutivo Nacional;» (Ley Orgánica de Aduanas, artículo 5°, numeral 12).
Como consecuencia de políticas públicas propias de orates, centenares de niños pequeños y neonatos mueren en nuestros hospitales y a muchísimos otros se le obscurece el futuro a la sombra del cretinismo por mala alimentación, ante la mirada impasible de un régimen capaz de gastar más de 25 millones de dólares en bufas maniobras militares para enfrentar enemigos ficticios, en vez de auxiliarlos y escuchar el ruego de los médicos que se ven impedidos de ejercer con éxito su profesión. Nuestros centros de salud públicos y privados, en vez de ser promesas de vida y salud, son ductos hacia la muerte, suerte de puertas infernales con horrendos letreros: «Perded toda esperanza».
En nuestro criterio, los venezolanos estamos sometidos a genocidio, ideado en el extranjero y ejecutado por fanáticos y delincuentes que se escudan tras tesis políticas rotunda y universalmente fracasadas. Toca a los juristas amantes de esta tierra preparar la denuncia correspondiente ante la Corte Penal Internacional y ante un mundo que mira con incredulidad la tragedia venezolana.
Miles de nuestros compatriotas mueren como moscas en calles y hospitales; como diría Cantinflas: Si esto no es un genocidio, se le parece.
Fuente:
Fotografía: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/02/america/1464897224_380860.html: Adriana Cubillos (AP). “Un agente de policía detiene a un manifestante”. // Juan Barreto (AFP). “Las fuerzas de seguridad se deplegan para intentar contener las protestas”.