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EL NACIONAL - Viernes 13 de Abril de 2012 Opinión/9
A puertas cerradas
HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA

Esta semana ha comenzado el esperado juicio en contra de Walid Makled, acusado de tráfico de drogas y de homicidio.

Pero no se trata sólo de eso; el juicio en su contra reviste interés público por sus conexiones con el Gobierno, que se tradujeron en privilegios inimaginables, y que, entre otras cosas, comprometen la responsabilidad de quienes manejan los puertos y aeropuertos venezolanos. Paradójicamente, en momentos en que nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado la falta de independencia del Poder Judicial, la prensa y el público no han tenido acceso a este juicio. No es que, abiertamente, se haya declarado que el juicio sería a puertas cerradas; pero, de hecho, así ha sido, impidiendo que la prensa y el público pudieran ingresar a la sala.

El artículo 257 de la Constitución señala que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, por lo que se garantiza que éste será público. Asimismo, el artículo 271 reitera que, respecto de los delitos de drogas, delincuencia organizada, delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio público, o tráfico de estupefacientes, el procedimiento será público. Además, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requieren que la administración de justicia sea pública.

La justicia secreta no tiene cabida en una sociedad democrática; uno de los rasgos esenciales del proceso es que éste sea público, para que se vea que se hace justicia. No se trata solamente de que las partes tengan acceso al expediente y a las pruebas disponibles; la sociedad en su conjunto también tiene derecho a conocer la verdad, y a poder apreciar las actuaciones procesales, la evidencia disponible, y la transparencia e imparcialidad de las decisiones que tome el tribunal. Gracias a la publicidad procesal, como una garantía del debido proceso, es que podemos confiar en la actividad de los jueces Sólo en un juicio público se podrá determinar la naturaleza de los lazos que el señor Walid Makled tenía, o tiene, con altos funcionarios de este Gobierno. Sólo en un juicio que se desarrolle a la vista de todos, con todas las garantías procesales, se podrá determinar la dimensión de los negocios (o negociados) que el señor Makled tenía con funcionarios del Gobierno. Únicamente en un juicio público se podrá establecer si las actividades de narcotráfico del señor Makled fueron favorecidas por funcionarios de Gobierno. Con este juicio a puertas cerradas, ¿a quién están protegiendo? ¿A qué le temen? ¿Qué se pretende ocultar? No es por mera curiosidad que los ciudadanos podemos interesarnos en el proceso penal que involucra a un tercero. La publicidad procesal, y el acceso a la información de interés público es una garantía de la transparencia de la actividad de los órganos del Estado; sin embargo, el actual Gobierno se ha caracterizado por el culto por el secreto.

La forma como se está desarrollando el juicio de Walid Makled no debe extrañar a nadie. En la Venezuela de hoy, todo se hace a puertas cerradas; por eso, se le niega el acceso a la Comisión Interamericana para que pueda visitar el país, no porque ésta sea un órgano de la OEA, sino porque no se desea que pueda verificar la situación de los derechos humanos; por lo mismo, no se permite que los relatores y grupos de trabajo de la ONU, con competencias en materia de derechos humanos, puedan realizar una visita a Venezuela. En Venezuela, no sólo la salud presidencial es un misterio; también lo son los cómplices necesarios de Walid Makled, que probablemente ocupan altas posiciones de gobierno.

USTED, WALIS, LOS ASUSTA

De la más reciente sesión parlamentaria
Luis Barragán

Breve crónica, la última plenaria de la Asamblea Nacional ilustra muy bien las intenciones y pretensiones del oficialismo. El orden del día contempló la discusión de los proyectos de leyes relacionados con la discriminación racial y la anti-corrupción, entre otras materias no tan menudas como la aprobación de los nombramientos de embajadores en Nicaragua y Cuba, aliados indispensables del régimen.

La bancada opositora planteó incluir el consabido caso de Walid Makled, pero los gubernamentales se negaron vehemente y - acaso – descolocadamente. Hay agendas a las que temen profundamente y, por ello, procurando pdvalizar la vida parlamentaria, confían en la putrefacción de los problemas, traumas y contradicciones que los agobian, como si fuesen fáciles de olvidar u obviar en el curso insobornable de los acontecimientos.

El diputado Pedro Carreño, en un amago de respuesta al diputado Miguel Angel Rodríguez, redujo el asunto al absurdo, colocando una lápida sobre la tradición parlamentaria de la izquierda marxista en Venezuela que, es necesario reconocerlo, contrasta amarga y dramáticamente con su vocería actual. Es el gobierno nacional el que debe responder por las espléndidas relaciones que presuntamente tuvo con Makled, mas no la oposición que jamás ha aspirado a agasajarlo y, menos, defenderlo: hay temeridades descomunales, improvisaciones calamitosas, torpezas agravadas que apuntan al huero escupitazo al cielo.

Negada la aludida inclusión bajo protesta de la oposición, sin pérdida de tiempo entramos en la discusión de un tema difícil, varias veces equívoco y complejo, como el de la discriminación racial. Una persona invitada por la directiva, prolongó su exposición en la tribuna de oradores, acompasada con una barra repleta de consignas, que se creyó en una seccional del PSUV.

Gracias a Dios, la oposición no se retiró inmediatamente del hemiciclo para demostrar su inconformidad con la elusión del caso Makled, pues se hubiese interpretado como un desprecio hacia el ponente. Y en esto, estuvo atenta la maquinaria propagandística del gobierno.

Los diputados de la unidad democrática aprobamos en primera discusión de la Ley Contra la Discriminación, confiados en su adecuación, sinceración y perfeccionamiento en la comisión de Pueblos Indígenas, destino del instrumento, pero el debate se extendió para dar cabida a los más inverosímiles argumentos, añadidos los desplantes contra el capitalismo manchesteriano que se supone tenemos, las vicisitudes de la Comuna de París, hasta arribar al manantial de iluminación del diputado Aristóbulo Istúriz, quien aseguró prácticamente que fue el único en prepararse para este u otros debates, desafiando al mundo como si estuviera en trance de desplazar a Trotsky del mando en el soviet de Petrogrado, por 1905. Y, como la moneda falsa que no circula sin la verdadera, hubo aciertos en los alegatos de ambos bloques parlamentarios, pero todo lo opacó la inmensa manipulación del tema por un gobierno especializado en adulterar las realidades para satisfacer sus más cercanos y también morbosos intereses, no otros que los del poder.

Naturalmente, hubo que postergar el debate respecto a la impropiamente llamada Ley de Anticorrupción, avanzada la hora, aunque el nombramiento de los embajadores se hizo. Quizá discutir éste último punto a fondo, tratándose de países tan privilegiados por la personalísima política exterior de Hugo Chávez, hubiese significado otro cañonazo de descalificaciones de un oficialismo que ha convertido la antipolítica en un buque insignia del continente.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/8147-de-la-mas-reciente-sesion-parlamentaria