NI NÍES

EL NACIONAL - Jueves 24 de Octubre de 2013     Opinión/7
Ni se compra ni se vende
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

Lejos de intentar crear un clima de paz y tranquilidad, el régimen de Maduro insiste en el espinoso camino de la confrontación, expresada en la brutal persecución e intimidación que se realiza en contra de los medios, un ejemplo, el periódico 2001, al que por cumplir con su deber de informar se le ha abierto un procedimiento dirigido por la misma fiscal general, una amenaza que ahora se extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que, según Nicolás Maduro, estarían implicados en la "guerra económica" para justificar el precio del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a quienes se les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo, que ocupan en representación del pueblo, Juan Carlos Caldera, "respetado y apreciado", según palabras de Maduro, y, la diputada Aranguren, del estado Monagas, representativa del número 99; y, en el acorralamiento de que son víctimas los gobernadores de las fuerzas democráticas, Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello, quien ha también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho, y Falcón, quien tenía que "retractarse" en menos de 24 horas, según pedido de Maduro, grosero ultimátum exprés.
La intimidación en práctica por el régimen bolivariano ataca directamente a todos los venezolanos que resultamos objeto de abominables medidas de control: entrega de divisas en forma de dádiva, inspecciones intimidatorias en fábricas y sitios de trabajo, dificultades para la obtención de documentos, férreo control de precios y sanciones por "acaparamiento" y "especulación", entre muchos otras, innecesarias todas, pero útiles, según ellos, para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los "revolucionarios", ignorando deliberadamente la ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez, preparan una ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción que los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a la medida de la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El "ataque" a la corrupción que anuncia el régimen excluye actos que evidentemente constituyen delitos graves contra la cosa pública y la moral, cuya interpretación fiel pondría a más de uno vinculado al régimen, desde dentro o fuera del Ejecutivo, en serio aprietos. Los revolucionarios separan hábil y deliberadamente la "corrupción" de otras prácticas delictivas evidentes como el "tráfico de influencias", el "soborno", el "enriquecimiento ilícito" evidente este último por la "situación patrimonial" del investigado y por la forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el "incremento patrimonial desproporcionado" que no se puede justificar. También ignoran el abuso de funciones; el peculado, especialmente de uso; la concusión, cuando al funcionario público, abusando de sus funciones, constriñe o conduce a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los "investigadores" y "contralores" del régimen no les interesa la declaración jurada del patrimonio, común en épocas de democracia, menos aún compararla con la riqueza evidente de algunos. Tampoco ven a los funcionarios y familiares que usan los bienes públicos en forma indebida, simple peculado de uso; menos a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que utilizan los recursos del Estado, las instituciones, los medios todos, para hacer campaña cuando la Ley contra la Corrupción de 2007 señala muy claramente que no se podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos o proyectos políticos.
Lamentablemente, quienes mandan hoy en el país insisten torpemente en dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el poder, fundándose en la destrucción del país y de las instituciones y del empobrecimiento de los venezolanos.
Pero en vano, como lo veremos el 8-D, otra fecha memorable en este proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en tristes periodos de posguerra superados en otras partes, los venezolanos castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que la dignidad ni se compra ni se vende.

DOS NOTAS SIRIAS

EL NACIONAL - Domingo 22 de Septiembre de 2013     Siete Días/6
Siria y el mercado petrolero
Sí vemos cómo después de elevarse hasta más de 117 dólares por barril, el precio del crudo Brent ha regresado en días recientes a 108 dólares por barril   
LUIS E. GIUSTI L.

Después de meses de presiones alcistas en el mercado petrolero, derivadas de un potencial conflicto bélico en Siria resultante de la presunción del uso de armas químicas contra la población por parte del gobierno de Bashar al-Assad, actualmente ha quedado claro que no habrá intervención militar en ese país en el futuro previsible. El mercado petrolero ha reflejado las fuerzas que han venido actuando, y así vemos cómo después de elevarse hasta más de 117 dólares por barril, el precio del crudo Brent ha regresado en días recientes a 108 dólares por barril.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había encabezado fervientemente una propuesta de acción militar, declarando que su gobierno había concluido que el Gobierno de Siria ha dado muerte a cientos de civiles usando armas químicas. Sin embargo, frente a una posición menos beligerante de sus principales aliados, el Reino Unido y Francia, Obama decidió tomarse su tiempo para dar oportunidad a que el Parlamento británico se pronunciara. Pero la cámara británica votó en contra de atacar Siria, aparentemente dando credibilidad a muchos reportes de que la cúpula del Gobierno sirio no habría ordenado los ataques. Sin embargo, Obama no abandonó del todo su posición, invocando los protocolos de Ginebra que prohíben claramente el uso de armas químicas, lo cual en su opinión justificaría la acción militar aun sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Para el Presidente de Estados Unidos los acontecimientos se tradujeron en una situación diplomática muy difícil. Aunque en un mensaje televisado trató de persuadir a su país del costo ético para Estados Unidos de no intervenir militarmente en contra de Siria, no tuvo éxito. En efecto, tanto el Congreso como la población rechazaron mayoritariamente su propuesta. Pero en el mismo discurso apeló a la mano que el día anterior le había extendido Vladimir Putin. La propuesta del presidente ruso de una solución convenida entre las partes, apoyándose en la ONU, consistió en que el Gobierno sirio entregue su arsenal de armas químicas.
El procedimiento convenido entre los cancilleres John Kerry y Sergei Lavrov se apoya en una inspección a cargo de expertos internacionales, quienes harían un inventario completo del arsenal y determinarían la manera de destruirlo. Estados Unidos y varios otros países manifestaron su escepticismo acerca de las buenas intenciones del Gobierno sirio. Con su intervención Putin le quitó el peso y el costo de la decisión a Obama de los hombros. El proyecto arrancó elogios entre casi todos los actores en el conflicto sirio. En primer lugar lo celebró el ministro del Exterior de Siria, Walid Muallem, así como también el Gobierno de Irán, su mejor aliado.
La Unión Europea y la Liga Árabe, dos de los mayores detractores de Al-Assad admitieron que podría funcionar, y hasta Israel fue moderadamente optimista, aunque previno acerca de tácticas dilatorias por parte del Gobierno sirio.
Aunque las aguas parecen haberse calmado, se mantiene un gran escepticismo en Washington, no solamente en cuanto a la apertura de Siria a una honesta inspección, sino en cuanto al papel de Putin como partero efectivo del proyecto.
Expertos consultados, quienes cumplieron labores de inspección en Irak cuando Saddam Hussein, opinan que la misión en Siria tardaría meses y tal vez hasta años, en especial en medio de la guerra civil que vive ese país.
No obstante que una intervención militar ahora luce remota, no puede desecharse el potencial de extensión e internacionalización de la guerra civil en Siria, lo cual también ha contribuido a la volatilidad del mercado petrolero. Se manejan escenarios de problemas de transporte y daños a la infraestructura, y en el más largo plazo hasta posibilidades de que el conflicto se extendiera a Arabia Saudita, con severas implicaciones globales. No cabe duda de que el Medio Oriente es una caja de sorpresas. Al iniciarse la "primavera árabe" era muy difícil predecir todo lo que hoy estamos presenciando.


EL NACIONAL - Martes 24 de Septiembre de 2013     Opinión/6
Legalidad y legitimidad del uso de la fuerza
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

La situación en Siria es sumamente grave.
Decenas de miles de muertos, centenares de miles de desplazados. Una verdadera crisis humanitaria, ante lo cual la comunidad internacional no ha sabido responder. Más parecen interesar los problemas geopolíticos y estratégicos en la región que la vida y la integridad física y la dignidad de millones de seres que sufren las consecuencias de las atrocidades de un régimen que insiste en mantenerse en el poder por todos los medios.
El Consejo de Seguridad, sometido todavía al derecho al veto que le concedió la comunidad internacional a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia en 1945 cuando se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, no ha logrado un consenso para condenar al régimen de Al Assad y detener la masacre. Los intereses individuales de las grandes potencias han prevalecido.
Ante la inacción del Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha amenazado con el uso unilateral de la fuerza para detener la barbarie, en nombre de los "valores y principios"; lo que no ha dejado de ser criticado por la mayoría, porque contrariaría el Derecho Internacional que prohíbe tanto la amenaza como el uso de la fuerza para resolver las controversias y las situaciones internacionales.
Muchos países se han mantenido al margen, aunque hayan coincidido con el llamado del papa Francisco para que el conflicto sea resuelto por la vía pacífica. Algunos pocos, como Venezuela y otros del Alba, han expresado su apoyo al régimen de Al Assad, llegando a negar la existencia de un arsenal de armas químicas, cuyo uso ha sido reconocido por las Naciones Unidas, hoy en examen por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, a la vez que objeto de las negociaciones que se llevan a cabo con la participación de Rusia que, desde fuera del Consejo, trata de recuperar espacios en la región.
Lo que sucede en Siria no es del exclusivo interés de los sirios, como tampoco lo fue lo que ocurría en Libia hace unos años. La ejecución de crímenes internacionales es del interés de todos; por ello es obligación del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional actuar para proteger la vida y la integridad física de civiles sometidos a las atrocidades de un déspota. La soberanía no puede ser argumentada por regímenes inescrupulosos como una coraza para justificar la violación de los derechos humanos ni los crímenes de esta naturaleza que un régimen cometa dentro de su jurisdicción nacional.
Ello responde a la estructura de una sociedad internacional y unas relaciones internacionales distintas. Nuevos actores, incluida la sociedad civil, representada por las ONG, aunque no en forma exclusiva; nuevas formas de relación basadas en la solidaridad y en los intereses comunes, caracterizan los nuevos tiempos, lo que por supuesto incide en la formación y en la concepción del Derecho Internacional cada vez más objetivista que voluntarista.
Es cierto que la amenaza o el uso de la fuerza están prohibidas por el Derecho Internacional, pero ello tiene sus excepciones: el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, establecido en el artículo 51 de la Carta de la ONU, y las acciones del Consejo de Seguridad ante la ruptura de la paz internacional, en el marco del Capítulo VII (artículo 42) de la Carta.
Si aceptamos que el Derecho Internacional evoluciona y se adapta a los cambios en la sociedad internacional y en las relaciones internacionales, habría que considerar que ante situaciones catastróficas, como la que atraviesa Siria, el uso de la fuerza se justificaría para detener la masacre y la destrucción de un país.
Independientemente de la legalidad o ilegalidad, de su legitimidad o ilegitimidad, la amenaza de la fuerza por Estados Unidos habría tenido un efecto positivo en la solución del conflicto y eso quizás pueda representarle un éxito a Obama dentro de su criticada política en relación con Siria, caracterizada por indefiniciones e inconsistencias.
Si las negociaciones no llegaren a buen fin, el Consejo de Seguridad tendrá que cumplir con las obligaciones que le impone la Carta para detener el conflicto y las masacres y restaurar la paz interna que, en definitiva, tiene consecuencias internacionales. Y si el Consejo no logra desbloquearse y adoptar decisiones y medidas coercitivas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para resolver la crisis, la comunidad internacional estaría legitimada para actuar conforme al Derecho Internacional y los intereses de la humanidad para evitar un mayor desastre humanitario.
Sin duda, como lo dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 17 de septiembre: "Siria es el mayor desafío para la paz (...) el sufrimiento debe terminar".

TERRORISMO DE ESTADO

EL NACIONAL - Martes 12 de Febrero de 2013     Opinión/5
Amedrentar y perseguir para dominar
El terrorismo de Estado es ejercido por quienes tienen el control del Estado, es decir, por el mismo gobierno o Ejecutivo, generalmente constituido como tal de manera ilegítima e ilegal
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

El terrorismo es un término complejo, difícil de definir, aunque sus elementos resultan claros: crear terror por la violencia o la amenaza de la violencia con fines y objetivos precisos, por lo general, realizados por grupo irregulares que atacan al Estado como institución, para imponer una estructura distinta, en absoluta contradicción con los principios y valores democráticos.
El objetivo del terrorismo es perseguir, amedrentar, castigar a una parte de la población civil con el único fin de dominar por el terror y mantenerse en el poder. Una definición muy próxima a otros crímenes graves, como el genocidio, que son castigados por el Derecho internacional penal.
El terrorismo es en todos los casos condenable. Nada puede justificar la realización de actos terroristas, provengan de entidades distintas de los Estados o de estos mismos.
La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.
El terrorismo tiene varias formas y una de ellas es el de Estado, es decir, el que se ejerce desde el poder, para crear zozobra, acorralar a un grupo e imponerse.
Una primera manifestación del terrorismo aparece con Robespierre a finales del siglo XVIII, cuando impuso el régimen del terror al encarcelar y ejecutar a sus opositores, no muy distinto de lo que hizo Fidel Castro en el año 1959 cuando impuso en Cuba lo que hoy un grupo de aventureros quiere imponer en Venezuela.
El terrorismo de Estado es ejercido por quienes tienen el control del Estado, es decir, por el mismo gobierno o Ejecutivo, generalmente constituido como tal de manera ilegítima e ilegal: pero también, por las otras instituciones del Estado sometidas por el Ejecutivo, el partido político único que penetra la sociedad y otros grupos afines, incluidos paramilitares.
Las actuaciones del régimen chavista podrían reflejar actos propios de terrorismo de Estado.
Son alarmantes los ataques realizados por el Ejecutivo representado por un vicepresidente, Nicolás Maduro, cuya legitimidad ha sido justificadamente cuestionada; por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien actúa en nombre de la institución más representativa de la soberanía popular, como si el 48% de los venezolanos le hubiesen dado con su voto una "autorización" para agredir al otro 52% de los venezolanos; y por los distintos dirigentes segundones y sumisos que repiten al unísono el discurso concebido en La Habana, depósito de las instituciones del Estado venezolano: ministros, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela ­ Partido Socialista Unido de Venezuela­ y un grupo de indignos secuaces que utilizan los medios para sembrar odio y terror.
Enumerar los actos en contra de los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional, de los gobernadores y alcaldes democráticos elegidos, requeriría mucho más espacio del que se ofrece a los columnistas y analistas en un diario.
Acusaciones, ofensas, calumnias respaldadas por las instituciones del Estado sumisas al Ejecutivo, que solamente abre averiguaciones en contra de la disidencia, son comunes y frecuentes desde el poder.
Reabrir expedientes de violaciones de derechos humanos en forma discriminada y crear comisiones de la verdad, que no son tales, constituyen actos que sólo pueden ser calificados de terrorismo de Estado. La violencia en la calle, que deja miles de muertos a lo largo y ancho del país, es consecuencia de esas nefastas y bien elaboradas políticas de terror que los venezolanos debemos rechazar con firmeza, aunque se corra el riesgo de ser calificado de "radical", término que sólo puede ser adjudicado a quienes hoy ejercen el poder en este país.

ENTREABIERTA

EL NACIONAL - Martes 06 de Noviembre de 2012     Opinión/8
Estado comunal, inconstitucional y falaz
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

El régimen bolivariano insiste en profundizar su "revolución", desprecia no solamente la voluntad popular expresada en 2007 y el mismo 7-O, sino la Constitución Nacional y el orden jurídico, y reitera su vocación de forajido y golpista.
El chavismo adelanta un proceso de destrucción acelerada que abarca el país en su dimensión más amplia, también sus instituciones. De manera ilegal y engañosa se propone ahora, siguiendo las pautas de La Habana, reflejo de la más vil entrega de nuestra soberanía política a otras naciones, la implantación del Estado comunal, una forma de organización que aparenta descentralización en favor del pueblo y de las comunidades, pero que en realidad no lo es.
La concepción del Estado comunal parece fundarse en el pensamiento de P. J. Proudhon, quien se inspira, entre otros, en los socialistas utópicos de comienzos del XIX, Saint Simon y Fourier.
El pensador social francés, que desarrolla sus tesis sobre la economía y la propiedad; el mutualismo; el anarquismo, no como desorden y caos, por cierto, y la organización sindical, fue un crítico del comunismo al que calificó, con razón, de "espantajo".
En su folleto Miseria de la filosofía Marx, en respuesta a la obra de Proudhon El sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria, le critica duramente e, incluso, después de muerto el francés, le ataca y le califica de "pequeñoburgués" y "contradictorio en su pensamiento económico y social".
Si entre Proudhon y Marx se plantean profundas diferencias, más las hay entre el pensamiento de ambos y el chavismo, basado en una "ideología" claramente militarista que nada entre varias aguas con un solo objetivo, la perpetuación en el poder.
Proudhon, distintamente de lo que trata de implantar Chávez ahora, sugería una organización social en favor del autogobierno local, sea en la ciudad, en el campo, en la región, siempre en contra del centralismo, del dominio del poder central, precisamente lo que no quiere perder Chávez ni quisieron perder los soviéticos en su época, pero que terminó con el derrumbe de la Revolución comunista.
Entre el Estado comunal chavista y el planteamiento proudhoniano hay una diferencia fundamental. Proudhon planteaba la idea del federalismo social, es decir, igualdad, autogestión e independencia, mientras que el régimen chavista promueve la "descentralización social" para acabar con la "descentralización administrativa"; pero claramente con fines de dominación centralizada, instrumentada a través de las piezas del partido único y, lo que es más grave aún, con base en la construcción de una sociedad con un pensamiento político único para lo cual tratan de imponer el "nuevo hombre", iniciativa reflejada en las aberrantes reformas que proponen del sistema educativo que contradicen abiertamente los valores y principios democráticos.
El plan chavista supone que el "poder comunal", integrado por "designados" arbitrariamente por el poder central, elegirá los gobernantes regionales y locales, en violación clara de la Constitución y las reglas democráticas en las cuales se funda la República y funciona la sociedad venezolana desde siempre.
Ante ello los venezolanos parecen no entender la gravedad del planteamiento chavista y reaccionan con temor, entrampados en procesos electorales, el juego que propone el régimen para despistar, mientras radicaliza el proceso anticonstitucional y engañoso. El juego está hecho, las instituciones bien estructuradas en favor de la perpetuación de la "revolución" y no podemos aparentemente, sino aceptar las reglas y ejercer el derecho al voto, en medio de un sistema perverso y mal intencionado.
Pero, más que con temor, los opositores actúan con deshonestidad algunos y con torpeza otros.
Los Ojedas, los Ricardo Sánchez, reflejan la irresponsabilidad y el colaboracionismo (in) consciente, ante un vacío de liderazgo que parecía haberse concretado alrededor de Henrique Capriles quien, sin duda, había conquistado el corazón de los venezolanos, al plantear el camino a seguir.
Se destruye el país ante la mirada complaciente de muchos, la conchupancia de otros y las críticas de algunos que, quizás con buenas intenciones, promueven la abstención sin propuestas ni acciones serias y claras, lo que simplemente favorece la estrategia chavista que sólo mira al 16 de diciembre para teñir de una vez por todas de rojo el país y perfeccionar la destrucción de sus instituciones.

DESENCANDAR

EL NACIONAL - Martes 23 de Octubre de 2012     Opinión/6
Diálogo sin condicionamientos
VICTOR RODRÍGUEZ C.

A pocos días de las elecciones, los venezolanos seguimos sorprendidos y confundidos, muchos tristes y probablemente desorientados, aunque confiados en que no es el final de una larga lucha por la democracia y las libertades.
Independientemente del resultado que, sin duda, refleja maniobras oficialistas indignas, antes y durante el proceso, para hacerlo a su favor, vemos una oposición fortalecida bajo un liderazgo al que tenemos que acompañar irrestrictamente. Henrique Capriles mostró ser un líder nacional, con propuestas serias y una postura honesta ante el debate y las realidades del país.
Para Venezuela seis años más de "socialismo bolivariano" no serán fáciles; se avecinan tiempos complicados que tendremos que afrontar unidos con firmeza y sabiduría. El camino "escogido" el 7-O es el de las expropiaciones, el del fin de la descentralización que desaparecerá ante el sistema comunitario, de la imposición de un pensamiento único, del control ciudadano y la exclusión.
Días después del "triunfo" revolucionario y conscientes del significado de los más de 6 millones de voces que critican la implantación de un régimen comunista en el país, Chávez y los suyos hablan de la posibilidad de un "diálogo" con la oposición, lo que debería ser bienvenido por todos, si responde a sentimientos sinceros, enmarcados en la mayor tolerancia y respeto.
Pero el llamado al "diálogo" se presenta con elementos condicionantes que lo afectan muy negativamente. El mismo Chávez advirtió, poco después de que los observadores/amigos abandonaran el país, que podía dialogar "pero sin subordinarse ni subordinar su gobierno a los intereses de la burguesía". Es un llamado torpe o malintencionado, en todo caso bien calculado, que cierra cualquier posibilidad de acercamiento que permita encontrar el hilo común que une a todos los venezolanos, para vencer el retraso y las tensiones y crear un futuro común.
El señor Jaua, hasta hace días segundo en el Ejecutivo, para completar el llamado del jefe, anunció que las expropiaciones continuarán. ¿De qué se trata? ¿Se quiere un diálogo o simplemente imponer un proyecto? ¿Vamos a conversar sobre el futuro del país con nosotros o sin nosotros dentro? ¿O es que simplemente pretenden dialogar sobre la forma de sacrificio de los millones de venezolanos que vemos un camino diferente para alcanzar el progreso y la tranquilidad? El chavismo no parece haber entendido el mensaje que se puede extraer del extraño resultado de estas elecciones, en las que se jugaba todo, como lo dijimos siempre. Los que votaron por el cambio rechazan un sistema comunista en el que las libertades fundamentales sean disminuidas o simplemente ignoradas. Los que votaron por Chávez, la mayoría de ellos, rechazan también ese modelo que se agotó en el siglo XX y que empobreció integralmente a millones de personas que despertaron y encontraron muchos años después el camino. Ante ese panorama se debe cerrar filas en la oposición para ir juntos a ese "diálogo".
Unidos todos, alrededor del liderazgo de Henrique Capriles y de los nuevos dirigentes que le acompañan y que representan, sin duda, la esperanza de los venezolanos y de las nuevas generaciones. Es también el momento para que los chavistas, a los pensantes me refiero, decidan entre seguir enfrascados en una confrontación que nos desgasta a todos y no conduce a nada y encontrar puntos de acercamiento que sean serios y racionales y que permitan avanzar en la resolución de los problemas que afrontamos todos.
Debe incluirse en esa "agenda" todo lo relacionado con la liberación de los presos políticos, civiles y militares. Tenemos que dialogar sobre el sistema electoral que dicen es el más confiable, pero que sigue siendo manejado en forma exclusiva sin que los observadores independientes, los opositores y la gente común puedan tener acceso a él.
Un diálogo verdaderamente constructivo tendría que abarcar los aspectos más complejos, en especial, la economía y sus correctivos, la promoción de las inversiones extranjeras y nacionales y las garantías jurídicas.
No se puede concebir un diálogo simplemente sobre la forma en que el régimen implantará sus políticas. Ello se traduciría en una lamentable negociación para sobrevivir y eso no es lo que quieren los más de 6 millones que votaron por Capriles y la mayoría de los que "votaron" por Chávez. Es el momento de un diálogo franco y sincero. Sería una torpeza ignorar las realidades e insistir en imponer un proyecto que más temprano que tarde implosionará con las consecuencias que ello conllevará.