Luis Barragán
La Sala Constitucional y todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pretenden limitar – en nombre de una Constitución que desconocen – las facultades, atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, ignorando – por lo demás – el Reglamento Interior y de Debates. Ha bastado la sola intención de investigar la designación de los magistrados realizada en diciembre próximo pasado, deber inaplazable de un parlamento de mayoría democrática y- por tal - avizor, para articular un ataque artero y desproporcionado, tan afín al agavillamiento, contra las más elementales y universales nociones que explican la existencia y conveniencia del órgano independiente del Poder Público.
Designación francamente inmoral, como lo prueba el informe correspondiente de la Comisión Especial, delata la vocación y estrategia de un gobierno que tampoco acepta las soluciones constitucionales para superarlo, siendo tan evidente e inequívocamente responsable de la quiebra del país. Yendo más allá de la agremiación tribunalicia, el problema es el de la supervivencia en el poder a cualquier precio.
Problema que se desea como una confrontación de poderes que, en propiedad, técnicamente no lo es, coincidiendo con lo expresado por Tulio Alvarez en un reciente foro efectuado en la Universidad Central de Venezuela. El abuso de poder es el signo de un conflicto anti-histórico, pues, en lugar de afrontar los desafíos propios de un diferente siglo, está el empeño de un continuismo asfixiante que ya la sociedad entera no teme enfrentar.
Sentencia tan del gusto de Ortega y Gasset, la moneda falsa no circula sin el aval de la verdadera. Los hay nada merecedores de una posición y una responsabilidad tan elevadas, al lado de los magistrados que cumplieron con un mínimo de los requisitos exigidos en la ya lejana oportunidad del ascenso judicial, pero resulta incomprensible que concursen en agresión a la Asamblea Nacional, intentando darle alguna textura y color jurídico, por lo que no luce nada ociosa la posibilidad de confrontar una severa amenaza del propio gobierno en términos absolutamente individuales que rocen lo indecible.
El TSJ desconoce nuevamente la voluntad de la ciudadanía, golpeando a un parlamento de actualizada legitimidad. Valga reconocer su sinceridad, pues, antes, por cualquier pretexto y subterfugio, ha impedido la renovación de las autoridades de varias universidades públicas y gremios profesionales, obstaculizando los procesos electorales que eviten - precisamente – su descomposición.
07/03/2016
