PLAN ZAMORA

El horror de la Fuerza Armada que narró en la OEA, el M/G Hebert García Plaza

15/09/2017

El Mayor General Hebert García Plaza, quien fungió como viceministro de la Defensa, ministro de Alimentación, ministro de Transporte Aéreo y conocido como el comandante del “Dakazo” declaró este viernes 15 de septiembre ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la segunda audiencia pública sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

García Plaza relató que presentó su renuncia a Jorge Arreaza por los cambios en la distribución de alimentos de zonas identificadas como pobreza y pobreza extrema para comenzar a distribuir los alimentos en parroquias políticamente priorizadas.

El Mayor General explicó que tuvo que huir de país luego que tuviera conocimiento que el presidente de la República, Nicolás Maduro abriría un juicio en su contra.

Al ser cuestionado sobre ¿por qué no trató de esclarecer su inocencia ante el los Tribunales? el exministro de Alimentación indicó que “Es el ejecutivo nacional es quien ordena abrir y cerrar juicio”.

En este sentido, García Plaza considera que la justicia en Venezuela está viciada porque “No creo que del TSJ salga una sentencia sin la revisión de Cilia Flores y Elvis Almoroso”. Además, el General explicó que la Primera Dama, Cilia Flores funge como asesora legal de Nicolás Maduro.

Al ser cuestionado por el jurista Luis Moreno Ocampo sobre Plan Zamora, el General retirado indicó que “este plan consiste en una serie de ordenes para operaciones militares para conmoción interna como actos de deslealtad a los ideales revolucionarios y bolivarianos, participación en partidos políticos de oposición y pronunciamiento contra de la gestión del gobierno nacional.

García Plaza aclaró que los ciudadanos venezolanos que incurrieran en estas acciones eran considerados como enemigos de la nación.

Moreno Ocampo solicitó al General que aclarará si dentro del Plan Zamora se establecía el uso de fuerza letal contra ciudadanos a lo que respondió que la Constitución no lo permite. Sin embargo, García Plaza presentó un material audiovisual donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hace usó de la fuerza letal contra manifestantes.

Pues el Plan Zamora establecía el uso proporcional y referenciados de la fuerza hasta llegar al uso de las armas de fuego en materia de orden público. A pesar que la ley establece que en materia de orden público “los equipos son para la protección de los funcionarios”, expuso el General.

Cuando fue emplazado por Moreno Ocampo sobre ¿cuándo está permitido el uso de armas de fuego contra ciudadano? Gacía Plaza comentó que por instrucciones de la directiva del Ministerio de la Defensa del año 2015 “en cualquier momento” tras permitir el uso progresivo de la fuerza hasta llegar a las armas de fuego.

Posteriormente, el Mayor General Hebert García Plaza explicó que la implementación del “Carnet de la Patria” limitaría los derechos humanos fundamentales como la alimentación y salud. Pues el ciudadano de no tenga el “Carnet de la Patria” corre el riego de convertirse en un enemigo de la nación.

Sobre las declaraciones del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López donde clasificó como una atrocidad la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las manifestaciones de 2017 y exhortó a evitar el uso de las fuerzas letales; García Plaza señaló que estas declaraciones provocó un descontentó dentro de dicha fuerza y se mantuvo el uso de la fuerza letal.

En este sentido, el exministro de Transporte Aéreo, Hebert García Plaza aclaró que existe una estructura informal de mando donde el general Antonio Benavides Torres respondería directamente a la Primera Dama, Cilia Flores.

Por su parte, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López responde ante el diputado Diosdado Cabello.

En relación a la cadena de mando de la Cárcel Militar de Ramo Verde también respondería ante el parlamentario Cabello, especialmente sobre las visitas de Lilian Tintori a su esposo Leopoldo López, narró el mayor general militar retirado.

Fuente.

https://www.lapatilla.com/site/2017/09/15/hebert-garcia-plaza-en-la-oea-del-tsj-no-sale-una-sentencia-sin-la-revision-de-cilia-flores-y-elvis-almoroso/

Imágenes: Cadena de Mando del Plan Zamora 

CENTINELAS LOS DE 1992

Cuarteles flotantes

Luis Barragán

La masiva detención  y procesamiento militar de civiles en el estado Carabobo hasta por la muy simple sospecha - que no, presunción -  del ejercicio de una legítima protesta ciudadana, nuevamente expone la naturaleza más íntima del régimen.  Cual acento prosódico para el no menos inconstitucional Estado de Excepción, el Plan Zamora asoma un curioso catálogo de delitos, destacando – por ahora – el del ataque al centinela y el vilipendio a la Fuerza Armada, apartando el de rebelión.

Lejos de pretender disertar en materia penal y, específicamente, penal militar, la sola consideración pública que hace el ministro Padrino López al tipificar con una elasticidad inaceptable los hechos, nos coloca en el terreno de la mala intención y burla. Un señalamiento y juicio crítico, más de las veces indignado y vehemente, no apunta a ninguna ofensa hacia la entidad castrense, por lo demás, anclada en una concepción anacrónica del vilipendio y del mismo ultraje. Empero, lo más ridículo es el de suponer un ataque al centinela, versionado de acuerdo a los intereses del régimen.

Grosso modo, entendemos que el centinela es un vigilante, defensor, cuidador, observador, custodio de una instalación militar que se puede extender a otras personas y otros objetos muebles aún fuera del cuartel y aún en movimiento.  De concebir el ataque al centinela como la agresión contra aquél que está ejerciendo el control del orden público, como refirió una alta funcionaria del Estado dizque para orientar a los seguidores del canal ocho (http://www.laiguana.tv/articulos/56526-ataque-centinela-civiles-pueden-ser-juzgados-en-tribunal-militar-video-tuit), estaría el propio gobierno en aprietos.

Por un elemental razonamiento, diríamos que los efectivos de la GNB son los que estelarizan todas las tareas de orden público, incluyendo aquellas que competen a una mera labor policial; convertirlos en centinelas de miles de cuarteles imaginarios,  flotantes y deambulantes, porque la protesta prende en todo el país, significaría no sólo abusar de la concepción que se tiene de las labores militares, sino que, concibiéndolas como tales, expondría y agravaría las situaciones de represión en el delicado marco del derecho humanitario internacional con las consecuencias del caso; faltando poco, si mal no recordamos, el Código de Justicia Militar es preconstitucional y tampoco puede pasar por encima de los derechos y garantías que la Constitución de 1999 expresamente establece a los ciudadanos;  por consiguiente, no resulta tan fácil y sencillo militarizar  a la sociedad y resolver por la vía de la jurisdicción militar las diferencias políticas de los venezolanos.  El centinela lo es de una instalación, patrimonio y hasta material rodante, semoviente, o situación exclusiva o estrictamente militar, excepto se diga del velador de los equipos antimotines o cualesquiera abstracciones que se acomoden al interés represivo del gobierno.

Si de centinelas se tratara, los golpistas de 1992 no tildaron de tontos, ni le lanzaron una pedrada a los que estaban en Miraflores y en La Casona, una residencia familiar trastocada en objetivo militar. Entonces,  para qué medir con una vara por la que pueden ser medidos los opresores del momento: la dictadura exhibe una crisis de juristas como ninguna otra la tuvo.

Fotografía: Federico Parra (AFP).

14/05/2017:

http://guayoyoenletras.net/2017/05/14/cuarteles-flotantes/

FAN: ANTES DE LA SESIÓN

La militarización de la justicia agravará nuestros problemas

"Cada vez más incapacitado para responder políticamente ante la grave situación del país que ha generado, Nicolás Maduro y su gente pretende dirimir todas las diferencias que tiene con la ciudadanía empleando inconstitucionalmente la jurisdicción militar”, señaló el diputado Luis Barragán.

En la sesión de hoy, la Asamblea Nacional discutirá en torno al Plan Zamora y la instalación de los tribunales militares que usurpan la jurisdicción civil.

El parlamentario de Vente Venezuela añadió: “Así como la corporación castrense asume tareas económicas y comerciales que la exceden, en áreas como la petrolera, gasífera, banca y construcción civil, este régimen la desea juez y árbitro de la justicia aunque contradiga principios tan caros como los del juez natural, la presunción de inocencia, el debido proceso.  Obviamente, acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas de los funcionarios implicados por  las que Maduro Moros no responderá, muy pendientes de las propias cuando este capítulo tan oscuro de la historia termine, como está ocurriendo. La militarización de la justicia agravará nuestros problemas inmediatos tan fundamentales, como la crisis humanitaria, el desastre presupuestario, la quiebra de PDVSA y la entrega del Esequibo”.

El diputado Barragán comentó que la situación es inherente a la del Estado-Cuartel, una tesis acuñada por la academia que muy bien caracteriza a la realidad venezolana del presente.

Fotografía: Juan Márquez Fortuol, minutos antes de la sesión (AN, 09/05/2017). 

09/05/2017:

https://www.lapatilla.com/site/2017/05/09/luis-barragan-la-militarizacion-de-la-justicia-agravara-nuestros-problemas/

http://www.ventevenezuela.org/luis-barragan-la-situacion-venezuela-inherente-la-del-estado-cuartel/

https://class987fm.com/2017/05/09/pais-luisbarraganj-la-militarizacion-de-la-justicia-agravara-los-problemas/

https://noticion.com.ve/luis-barragan-la-militarizacion-de-la-justicia-agravara-nuestros-problemas/ 

http://www.opinionynoticias.com/noticiasnacionales/29891-fan

http://www.entornointeligente.com/articulo/9962296/VENEZUELA-La-FAN-usurpa-la-jurisdiccion-civil