AL MAESTRO CON CARIÑO

Del maestro Njaim (y una nota adicional)
Luis Barragán

Quizá después del foro que hicimos sobre el Esequibo o del recorrido comentado por sus bibliotecas, José Alberto Olivar y el suscrito nos dispusimos a tomar un café para afinar algunas observaciones, en la Universidad Metropolitana. Por casualidad, nos encontramos a Humberto Njaim y, al fin, pudimos estrechar su mano.

Un encuentro breve: “¿Usted es el diputado de COPEI?”, preguntó y, al  responderle de mi afiliación a Vente Venezuela, desde hace  ya varios años, replicó: “!Ah!, está con los radicales”. Por supuesto, no fue el momento de hacer precisiones,  gracias a la amabilidad y cordialidad que nos dispensó con una modestia proverbial.

Justo el jueves 5, próximo pasado, Olivar nos remitió copia de un correo que comentamos inmediatamente por teléfono, relacionado con una  campaña para recoger fondos por la delicada enfermedad de Njaim. Luego, a escasos minutos, volvimos hablar, pues, el ilustre académico había fallecido.

Por lo pronto,  el caso nos remite a las precarias condiciones sociales y económicas en la que se encuentran los académicos, y no constituye un hecho fortuito que la crisis, harto prolongada y agudizada, haya reventado con toda su crudeza en las playas de una intelectualidad largamente macerada, cabalmente acreditada por sus reales y sustanciales aportes a una Venezuela que nunca mereció, por más méritos que acumulara a la sombra de la mentalidad rentista, el socialismo rotulado con amarga ironía por el siglo XXI, sintetizando la impúdica gesta de los ágrafos asaltantes y amasadores del erario público.

Y,  ajenos a la docencia universitaria, por lo menos, celebramos la circunstancia, de haber estrechado la mano del insigne catedrático al que leímos – ávidamente -  desde nuestra más temprana juventud de militantes políticos, coincidiendo y discrepando – además – con  sus textos de prensa, pues, sobre todo, al tratarse de los científicos sociales, jamás está reñida la densidad de sus títulos con el ineludible ejercicio cotidiano de opinión. Para más señas, por otra jugarreta del azar, preparando un trabajo relacionado con la razón de Estado para una conferencia pendiente, entre los pliegues de un libro de Pedro Guevara o de Rafael del Águila, nos conseguimos el recorte de un artículo de Njaim de El Diario de  Caracas (13/06/1995): “La lógica del secreto político”.

Nota adicional

En la sesión de la semana próxima pasada, la Asamblea Nacional deliberó sobre el problema del autismo en el país, ocupando – incluso – la tribuna de oradores los representantes de una meritoria sociedad civil organizada, valerosa y persistente. El diputado Julio Montoya, ante la indiferencia y negligencia de Miraflores, propuso que la ley sobre la materia, sancionada tiempo atrás, fuese remitida a la Gaceta Oficial para su inmediata publicación, siendo aprobada la iniciativa por la cámara. No obstante, nos permitimos una observación que no quisimos ventilar, por razones obvias, en el momento para correr el riesgo innecesario de un malentendido.

Por lo pronto, entendemos: 1) Regulación de varias décadas, la Ley de Publicaciones Oficiales obliga al Ejecutivo a publicar lo que así mayoritariamente acuerde el Legislativo, por lo que una negación acarrea responsabilidades administrativas y penales a las que también debe apuntar la Asamblea; 2) si no hubiese la debida promulgación o devolución presidencial de la ley sancionada, la Constitución prevé la promulgación por la junta directiva, por lo que existe la posibilidad de algo más que de quejarse; 3) reparamos en la tradición reglamentaria de la Gaceta del Congreso para darle publicidad a sus actos, perfeccionando aquellos, además, legislativos a los que se resista el Ejecutivo, por lo que debe reformarse el actual Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional para (re) crearla. Por consiguiente, por muy buenas intenciones que se tengan y ante problemas de una alta sensibilidad, no es fácil despachar el asunto con una remisión de la ley a la Gaceta Oficial para que rebote, evadiendo las otras tareas pendientes.

Ilustración: Guillermo Aveledo Coll.
09/04/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/32322-barragan

UN PROBLEMA INADVERTIDO

La arritmia funcional del Estado
Luis Barragán

Haciendo un balance de la gestión parlamentaria del primer período de sesiones de 2015, observamos que, sancionada con suficiente antelación,  la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, por entonces, no fue debidamente promulgada o devuelta por el Ejecutivo Nacional. Por entonces, transcurrieron mucho más que los diez días que ordena la Carta de 1999 para el acto correspondiente, por lo que la junta directiva ha debido materializar su promulgación de conformidad con el artículo 216 constitucional.

Por lo menos, algo semejante había ocurrido con cinco leyes sancionadas entre 2013 y 2014, después presuntamente subsanados los casos con una muy tardía dictación de leyes por la vía habilitante. Sorprendiéndonos, ahora circula la Gaceta Oficial de fecha 28/12/2015 (nr. 40.817), mediante la cual se anuncia la promulgación de más de veinte leyes, muchas de ellas sancionadas con sobrada anticipación, como la referida de Bomberos, y las Orgánica de Recreación, Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, Protección al Nombre y Emblema de la Cruz Roja, y Disciplina Militar.

Esta evidente y recurrente demora del Ejecutivo para tramitar debidamente las leyes que gozaron del apoyo del Legislativo, apunta a una de tres circunstancias, o a todas, trastocadas en características del régimen.  Demora que, por cierto, no suele advertir la oposición.

Por una parte, existe una arritmia en el funcionamiento del Estado, pues, el gobierno que controló la Asamblea Nacional en los términos ya consabidos, no tuvo la coordinación necesaria para cumplir con las oportunidades de los actos – precisamente – de Estado, como la promulgación de las leyes que fueron sancionadas con su total consentimiento. Por improvisación, descuido, displicencia o torpeza en el diario trabajo administrativo, pareció olvidar el jefe de Estado una tarea que pudo o puede viciar de alguna manera la vigencia de los instrumentos legales, cuya prioridad invocó, en el contexto del innecesario agigantamiento y complicación de la burocracia que asfixia la más modesta diligencia.

Por otra, hubo disparidad en el contenido y tratamiento de las  materias que nos remite a la ineficaz dirección del PSUV, partido que monopolizó férreamente la dirección de la instancia legislativa y todavía monopoliza la ejecutiva, pues, siendo numerosas las veces, evidenció la contradicción de las soluciones que pretendía, quizá por no asumir – con las formalidades del caso – una Agenda Legislativa, al menos con la sinceridad necesaria, o por las inciertas políticas públicas adelantadas. Valga el ejemplo, la cámara originalmente aprobó una Ley Orgánica de Cultura en agosto de 2013, estableciendo un Fondo que combatimos, negados al consenso que el Fondo del Deporte suscitó con anterioridad, pero – pretendidamente descalificada la negación por el oficialismo – no sólo que casi año y medio después fue dictado el decreto-ley, por la vía de la habilitante, sino que no contempló la carga parafiscal por la que tanto clamaron sus parlamentarios.

Por último, incluso, agudizado un problema que es de décadas, la dilación apunta a la efectiva publicidad en la Gaceta Oficial, con el ya conocido de su distribución. Además, el actual jefe de gobierno, como su antecesor, acostumbra a anunciar la existencia y muy supuesta vigencia de normas que, muy luego, saben de la imprenta oficial y ni siquiera de la digital que está más a la mano.

Fuente:
http://www.radiowebinformativa.com/opinion/la-arritmia-funcional-del-estado/
Fotografía: LB, buhonería de maniquíes, en la esquina del Gran Café, Sabana Grande (Caracas, 15/04/2015).

LA AUTONOMÍA DE UN PAPEL

Caldera y la Gaceta Oficial
Luis Barragán

Voceros gubernamentales asumen que, cualesquiera decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional, carecerá de vigencia por no cumplir con la formal publicación en la Gaceta Oficial que administran y controlan. Ni siquiera una interpretación literal de la normativa los autoriza, porque ella no sólo expresa a un órgano independiente del Poder Público, sino que goza de una mayor y más reciente legitimidad concedida por los consabidos comicios parlamentarios.

El artículo 6 de la vigente Ley de Publicaciones Oficiales que data de 1941 y la cual no ha hecho falta modificar por su ventajosa sencillez, establece: “Los servicios de publicidad de que disponga el Poder Ejecutivo deberán dar preferencia a las publicaciones de los otros actos del Congreso Nacional y de las Cámaras Legislativas que estos organismos o sus Presidentes acuerden publicar; sin perjuicio de que las propias Cámaras efectúen aquellas directamente”.  Y si bien es cierto que no ventila el caso concreto de una discrepancia entre los distintos órganos del Poder Público, como no podemos pretender que cada ley haga un inventario de todas las hipótesis de conflicto, la solución se encuentra en el marco de la Constitución y demás leyes de la República.

Por lo demás, sancionada una ley, el Ejecutivo ha de promulgarla o devolverla para darle continuidad a un trámite que no es infinito, Y la omisión del Presidente de la República no impide que la junta directiva de la Asamblea Nacional haga la promulgación, “sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurriera por su omisión”, según  el artículo 216 constitucional.

¿Acaso no agravará más la situación si el presidente y demás funcionarios del Ejecutivo no publican la ley de exclusivo cuño asambleario en la Gaceta Oficial? ¿Ésta mera formalidad impedirá su vigencia a todo evento? ¿Qué impide que la Asamblea Nacional la publique? ¿E, incluso, que le conceda un estatuto diferente a la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial para garantizar su vital tarea de Estado? Vale decir, ¿la situación probablemente planteada no aconseja la creación de un servicio realmente autónomo respecto a Miraflores?

La hipótesis del conflicto de poderes que tanto fascina al oficialismo, coloca a la Gaceta Oficial en un epicentro inmerecido, pues, son otros los problemas reales y sempiternos que confronta en una era en la que, por una parte, prevalece el criterio del hecho público, notorio y comunicacional que no releva al Estado de la necesaria formalidad de los actos inherentes a su propia existencia; y, por otra, al auge de las nuevas tecnologías de la comunicación e información impone un superior desafío. Hay una publicidad o, mejor, publicitación del Estado que debemos diferenciar muy bien de la que logra en abundancia exagerada el gobierno, a la que debemos atender por las consecuencias políticas y – sobre todo – jurídicas que implica, ya que no se conocen las cifras macroeconómicas que la propia Constitución ordena, ni la misma voluntad del legislador que deben recoger los portales digitales e imprenta convencional del órgano, ocurriendo – hace poco – la desaparición del link correspondiente de la decisión que el Tribunal Supremo de Justicia produjo sobre el consabido caso de los tres parlamentarios que naturalmente calificó y juramento la Asamblea Nacional.

Ha habido preocupación sobre el tema por muchas décadas y, aparentemente baladí, hemos también contado con juristas que lo asumieron desde la curul. Es decir, comprendieron y atendieron esos asuntos que supuestamente no pertenecían a la más estelar y rentable agenda política que tanto cautiva, cumpliendo con su responsabilidad parlamentaria.

El entonces diputado Rafael Caldera, cuyo centenario de nacimiento se cumplirá el venidero 24 de enero, con motivo de la segunda discusión del Proyecto de Ley de la Gaceta Oficial, aludió al problema que suscitaba el retardo de su publicación y – “un mal hábito, es apenas un ligero aspecto del problema”, extendido a la de los Diarios de Debates -  versó sobre el conocimiento público de la jurisprudencia, de la Caja de la Tesorería Nacional, de lo que llamó el “veto de bolsillo” respecto a los proyectos de leyes que demoran sin el Ejecútese, proponiendo toda una comisión especial para profundizar en el estudio de la materia (Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Caracas, nr. 3 del 26/04/1941). El derecho a la información, a su acceso y difusión, hoy desconocido respecto a las cifras del Banco Central de Venezuela, de los servicios oficiales de salud, de los organismos policiales, o de la misma función que debe cumplir la Gaceta, halló una temprana inquietud en el yaracuyano que cumplió una trayectoria que sería mezquino ignorar y, todo lo contrario, reivindicando nuestra tradición parlamentaria, es necesario rescatar y valorar.

Necesario y válido rescate, porque – a propósito de la Gaceta Oficial – importa hallar soluciones que vayan más allá de las simples circunstancias políticas actuales, siendo pertinente la perspectiva que asumió Caldera, como el estadista que fue, en un ámbito peligrosamente subestimado. Significa concederle una diferente dimensión al debate actual, por cierto.

Fuente:
http://www.diariocontraste.com/caldera-y-la-gaceta-oficial-por-luis-barragan-luisbarraganj/